La Constitución, terreno común. A propósito de la declaración del Parlamento catalán.

                      

 

“Lo que se tiene en el sentimiento es

completamente subjetivo, y sólo existe de un

modo subjetivo. El que dice: ‘yo siento así’, se

ha encerrado en sí mismo. Cualquier otro tiene el

mismo derecho a decir: ‘yo no lo siento así’; y ya

no hay terreno común” (Hegel, 1830).                        

 

La caracterización del pueblo de Cataluña como “sujeto político y jurídico soberano” por parte de ciertos partidos catalanes, desembocaría en la creación de un Estado catalán independiente. Esta es la razón que nos lleva a considerar la Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán como el más grave atentado a la integridad territorial de España y el mayor acto de desestabilización política cometido hasta la fecha bajo el sistema democrático instaurado por la Constitución española de  1978.

 

Para sopesar el alcance del acariciado proyecto independentista es menester realizar una visión retrospectiva y saber de dónde venimos desde el punto de vista político y constitucional.

 

Necesariamente debemos referirnos a que las actuales instituciones catalanas -de amplio autogobierno-, aunque tuvieron el azaroso precedente republicano de 1932, proceden directamente del diligente y generoso reconocimiento que se llevó a cabo en la Transición, aún  antes (1977) de estar aprobado el texto constitucional vigente. Ha sido la democracia que nació del acuerdo de todos y para todos la que ha consagrado un fecundo régimen de libertades, para los individuos y para los pueblos y territorios de España. Inimaginable era, pues, encontrarnos con el panorama que dibujan actualmente los independentistas catalanes, y, menos, con el que avisan que quieren alcanzar. La deslealtad a la Constitución y a la legitimidad democrática del Estado español es palmaria, y, por lo mismo, inadmisible.

 

El llamado proceso soberanista tiene muchos pecados y abultados reparos. En la edad contemporánea Cataluña se ha autodeterminado dos veces, por lo menos, como afirma el profesor Muñoz Machado. Una fue cuando aprobó plebiscitariamente el Estatuto de Nuria (1931); otra cuando el pueblo catalán votó por amplia mayoría la Constitución (1978).

 

Así pues, ¿de qué derecho a decidir se habla? En una democracia legítima como la plasmada en la Constitución de 1978 no caben actuaciones al margen de la legalidad. El derecho a decidir se encuentra reconocido como derecho de participación, por lo que ni existe ni cabe justificar un presunto derecho a decidir al margen del soberano reconocido en la misma Constitución. Sólo cabría hablar de tal derecho en condiciones de opresión en la que no estuvieran reconocidos ni los derechos y libertades individuales ni tampoco los derechos colectivos, lo que evidentemente no es el caso.

 

Mal, por tanto, se puede afirmar que el pueblo catalán es titular de soberanía. Reconocer soberanía a una parte de España, en concreto a Cataluña, como dijera Ortega y Gasset en su imprescindible  -y, por desgracia, de plena actualidad-  discurso ante las Cortes el 13 de mayo de 1932, “sería una catástrofe nacional”. En cambio, continúa el ilustre filósofo, “la autonomía es la solución. La autonomía es el puente tendido entre los dos acantilados”, que es lo que ha permitido que Cataluña disfrute de 35 años de holgada autonomía política.

 

El camino emprendido por CiU y ERC choca frontalmente con el artículo 1.2 CE (“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”) y no conduce más que a una innecesaria, injustificada e irracional confrontación con el Estado y el resto de los españoles (“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española”). Es incomprensible la obcecación y la ceguera de esta élite gobernante catalana. Y causa extrañeza que para justificar sus nada fundadas reivindicaciones acudan a una técnica, la autodeterminación, propia de otras colectividades en nada semejantes a Cataluña, como territorios a descolonizar o  sojuzgados.

 

No llevan razón los independentistas. La CE 1978 consagra una descentralización política de difícil parangón. Instaura un sistema de democracia parlamentaria como la de nuestros socios en la UE, y los derechos y libertades, tanto individuales como colectivos,    son plenos y garantizados judicialmente.

 

        En este sentido se puede decir que las formaciones separatistas no sólo quieren la independencia, que ya hemos visto que no está justificada, sino algo no atendible en política, como es la fractura o mutilación infundada de un Estado.

 

A todos los actores políticos intervinientes les encomendamos que resuelvan los problemas del diario acontecer con sensatez, diálogo y altura de miras. Pedimos la rectificación de las políticas rupturistas y disgregadoras, que sólo generan daño para todos. Exigimos el exacto respeto a la Constitución, a las leyes y al espíritu de la libertad y consenso de la Transición, sin lo que no hay paz, bienestar ni prosperidad.

 

Para terminar, permítasenos que regresemos esperanzadamente a la petición de Ortega: “Los impulsos secesionistas deben evaporarse en la gran Nación que es España”.

(*) Observatorio crítico de la Constitucionalidad. J. Torné-Dombidau y Jiménez, presidente. Luis M. Robles Velasco, secretario. Granada.

Dos delitos contra el crédito que no existen en España (y que quizá deberían)

Sin duda, el proceso judicial  contra  los directivos de Bankia constituye uno de los sucesos más notorios de la  crónica judicial  de finales de 2012, que además se prolongará  durante el año 2013.  Lamentablemente no se trata de un hecho aislado, sino de un escándalo financiero que se une al protagonizado por otras entidades bancarias públicas,  Caja Castilla La Mancha, Caja Sur, etc. ; y que incrementa la desazón que todo español medio sentimos cuando conocemos la gigantesca inversión de capital público que se  está inyectando para impedir la quiebra de los bancos españoles, públicos y privados .
 
A raíz de estos acontecimientos, mi  memoria ha rescatado de mi personal olvido el proyecto de  Código de Eurodelitos del año 2002 . Su  contenido  y explicación doctrinal se recoge en un libro  editado por la Universidad de Castilla La Mancha. Este proyecto   fue realizado por un grupo de ilustres penalistas europeos, dirigidos por el profesor alemán Klaus Tiedemann, catedrático del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Friburgo (Alemania), cuyo curriculum puede consultarse en este enlace.
 
En el momento en que su elaboración -bajo la vigencia del Tratado de Ámsterdam,  que reformó el Tratado de Maastricht y en vísperas del non-nato Tratado Constitucional-  se había consagrado ya la unión política europea, superándose la mera unión económica,  con  el objetivo, entre otros,  de reconocer un mismo status jurídico a todos los ciudadanos de la Unión . Estos ciudadanos europeos son libres para emprender actividades  económicas y  para acceder en igualdad de condiciones a los bienes y servicios  que se ofrecen en un mercado interior único. Este espacio económico único debe  ser  seguro para la plena efectividad de estos derechos cívicos, por  ello se vislumbró ya  la  futura competencia penal europea dentro de un sistema integrado de justicia penal, que,  dado el carácter sensible de la materia, no se consagraría definitivamente  hasta  varios años después con el Tratado de Lisboa de 2007 ( Se puede consultar una síntesis de toda esta normativa europea aquí)
 
Por  estas razones, este proyecto de código de “eurodelitos” tipifica un  catálogo de conductas que  atentan contra  los bienes jurídicos  esenciales del orden económico y financiero  de la UE como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los delitos contra  los derechos de los consumidores y el mercado,  contra la marca comunitaria, el medio ambiente, delitos societarios  etc.
 
Entre estos “ eurodelitos” El Título V  se titula “ protección del crédito, la bolsa y el ahorro “
El artículo 49 trata de la llamada estafa de crédito , castiga  “a quien ante una entidad de crédito, con motivo de la solicitud de un crédito para un negocio o empresa, del mantenimiento o modificación de sus condiciones o con el fin de impedir su revocación, realice declaraciones incorrectas o incompletas o aporte documentos incorrectos relativos a la situación económica del negocio o empresa y relevantes para la concesión de la solicitud
En su segundo apartado sanciona con igual pena a.” …quien tras la presentación de la solicitud no aporte documentos o no comunique hechos a la entidad que resultan relevantes para la solicitud relativa a la concesión de un préstamo, la modificación o el mantenimiento de sus condiciones o revocación“.
(…)
 
Este delito, la estafa de crédito, no existe en nuestra legislación penal. De producirse este tipo de conductas, se  incluirían en el tipo común de la estafa previsto y penado en los artículos 248 a 250 de nuestro Código Penal,  que castiga a quien con  ánimo de lucro, utilice engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Se requiere por lo tanto que el  banco, en virtud del engaño del cliente, acceda a transferir el montante del crédito al estafador, que, de antemano,  no intención de devolver. Protegería un bien jurídico particular, la indemnidad patrimonial del banco como individuo.
 
La estafa de crédito  requiere como resultado el riesgo de insolvencia del mercado de crédito.  El bien jurídico protegido es de naturaleza social o  colectivo. El resultado requerido sería la falta de liquidez de los fondos de las entidades bancarias, que conduzca a una política restrictiva de concesión de créditos. Lógicamente no consiste en ampliar el ámbito penal para incluir la simple mora  del cliente bancario. Parece evidente que su objeto es  sancionar aquellas conductas consistentes en ocultar la verdadera situación financiera de la empresa,  vulnerando de forma ostensible y grave la normativa bancarios sobre limitación  de riesgos; el crédito consiste en una ingente cantidad de dinero, cuyo impago pueda desembocar en la insolvencia de la entidad bancaria.
 
La España actual nos ofrece ejemplos de este tipo de conductas, relacionadas con empresas importantes: por ejemplo, los créditos irregulares concedidos por  la antigua Caja Madrid, a determinadas corporaciones empresariales afines, o por Caja Castilla La Mancha, en la misma forma.
 
Estas operaciones de crédito tan extraordinarias están sometidas a especiales regímenes de autorización   por la cúpula directiva de la entidad bancaria. La realidad nos enseña que, a menudo,  el beneficiario de estos millonarios créditos, que son ruinosos para el banco, está en connivencia con los gestores responsables de las entidades de crédito. Por ello, el artículo 50  castiga, paralelamente,  la administración fraudulenta en la concesión del crédito y sanciona “.. al empleado de una entidad de crédito o a la persona que en ella tiene el poder de decisión que le ocasione  un perjuicio patrimonial mediante el otorgamiento de un crédito o su autorización , la modificación de sus condiciones o la omisión de su revocación, si con ello ha infringido las disposiciones concernientes al otorgamiento de créditos o a la limitación de riesgo y ha obrado de manera contraria a una gestión prudente y cuidadosa(…)”.
 
También se sanciona la administración fraudulenta en la intermediación financiera ( art. 54) la realización no autorizada de operaciones bancarias, de seguros y de prestaciones de servicios de inversión ( art 55) y con la sanción penal a quien suministre falsas informaciones a las autoridades de control en el ejercicio de actividades económicas ( art 56)    Todos ellos magníficamente redactados y explicados doctrinalmente por el profesor italiano Luigi Foffani.
 
Tampoco existe un delito similar a la administración fraudulenta de crédito ni en el Código Penal actual ni en el último anteproyecto de octubre de  2012.  El vigente artículo 295 de nuestro Código Penal castiga al administrador que, en beneficio propio o de tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuenta partícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren. Por lo que resulta una modalidad de apropiación indebida y su tipificación penal  obedece a la necesidad de proteger el patrimonio individual de la entidad o de los individuos  titulares de los bienes administrados
 
En el mismo sentido , el artículo 252 del anteproyecto de Código Penal de octubre de 2012 prevé un tipo penal de administración desleal cometido mediante abuso o deslealtad en el ejercicio de las facultades del administrador del patrimonio de un tercero y causa con ello un perjuicio patrimonial; bien por una disminución del patrimonio o bien por una  falta de incremento del patrimonio administrado; o cuando se crea una situación de peligro de pérdida del mismo, como  la concesión no autorizada de créditos sin garantías.  Aunque se sancionan  conductas de riesgo, su objetivo es proteger el patrimonio individual del sujeto administrado
 
Frente a ello, el mencionado artículo  50 del código de eurodelitos  propone castigar  la conducta del  gestor bancario que, infringiendo las normas de limitación de riesgo,  y los dictados de una prudente gestión económica, concede un crédito con riesgo de insolvencia haciendo peligrar el sistema de crédito. Este se concibe, como un bien jurídico colectivo,  accesible a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad
 
La existencia de una regulación penal semejante en España habría obligado  quizás a las entidades bancarias a desarrollar adecuados programas de gobernanza corporativa, para evitar las responsabilidades  penales. También   habría reforzado la aplicación eficaz de la preexistente normativa administrativa cuya superior vigilancia le corresponde al Banco de España.
 
Esta  propuesta penal habría sido también beneficiosa por su equidad. Sobre la base de un adecuado desarrollo de los derechos del consumidor, que los nivele jurídicamente con el banco contratante, se distribuyen las responsabilidades criminales derivadas de la contratación del crédito  entre las dos partes por igual, según su respectiva conducta.  Esta equidad, virtud de  justicia natural que según la RAE mueve a dar a cada uno lo que se merece, permitiría resarcir a la sociedad perjudicada por las consecuencias de estos actos. Evitaría así  justificar la aportación de   dinero público  a estas entidades bancarias sin que se les imponga  la obligación de devolverlo, con el argumento de que nos corresponde exclusivamente a los contribuyentes impedir  la debacle del sistema de crédito español.