La ciclogénesis explosiva española: política, psicología, religión y maldad

España está viviendo la tormenta perfecta: tres crisis, tres: la económica, la política-secesionista, y la moral-corrupción. Tres crisis que interactúan y se retroalimentan en el mismo espacio-tiempo. Si quisiéramos buscar teorías conspiratorias no nos costaría mucho pensar que nuestros enemigos/competidores (todos aquellos a los que les viene muy bien –económica o políticamente– una España débil, dividida y enfrentada en cuitas internas) estarán muy contentos con esta situación. Claro que también habrá quien diga que España a estas alturas no tiene ya enemigos externos de entidad, a diferencias de épocas pasadas cuando cada vez que nos pasaba alguna desgracia era posible encontrar tras ellas la actuación sigilosa de alguna potencia extranjera o grupo de interés, como cuando mataron a Prim, por cierto un catalán que se sentía muy español, lo que demuestra que este hecho no resulta metafísicamente imposible. En todo caso, sean externos o internos, lo cierto es que España (un país con más de 500 años de historia y que llegó a dominar el mundo por tierra y por mar) camina “despreocupada” a su propia auto-destrucción.

 

Con la intención de contribuir a desentrañar este misterio, seguidamente voy a exponer una tesis un poco rocambolesca y algo provocativa, pero que creo que no desentona con el ambiente y hasta pudiera esconder algo de verdad: que el problema de España es de tipo psicológico (con tientes religiosos), al que podríamos identificar  como mal interno-externo que nos devora poco a poco, alimentado por una baja autoestima como país y un pensamiento de tipo circular-obsesivo-autoreferencial, el cual bloquea nuestra inventiva y voluntad para llevar a cabo proyectos exitosos. De este diagnóstico se salvaría sólo el deporte, constituido como gran excepción a esa dinámica.

 

Sobre el mal se ha escrito mucho, la mayoría de las veces para negar o minusvalorar su existencia o tratar de simplificarlo ubicándolo en algún lugar o agente externo al ser humano. Así, para Hobbes y Nietzsche, el Estado sería el más frío de todos los monstruos, para Victor Hugo y Heidegger el problema era la tecnología, para Marx el Capital, para Melville la Bestia sería una Ballena casi sagrada (Moby Dick), y para los nacionalistas vascos y catalanes, ese monstruo  sería simplemente… España.

 

Ciertamente la Ilustración trató de racionalizar a los dioses y demonios calificándolos de inexistentes, y a la razón le debemos habernos desembarazados de fantasmas, de visiones y espíritus molestos. Cabe recordar a este respecto que a partir de Freud el mal abandona el exterior y se reconduce a la propia mente del ser humano, y así ya en el Leviatán de Julen Green la Bestia “anida en el corazón humano o en el inconsciente, receptáculo de fuerzas instintivas que hacen de cada uno verdugo y víctima, predador y presa”.  En realidad, lo que se produjo fue más una modificación semántica que una superación real de esas “presencias” ciertamente molestas, cambiando por ejemplo “maldad” por “enfermedad mental” o lo “irracional”. Así, la aceptación del mal interior no ha evitado continuar en el intento de caracterizar a algunos individuos singulares (y por tanto presentados como “ajenos” al común de los humanos) como representantes cualificados del mal, llámese Hitler o Pol Pot o los colectivos que representan (nazis o jemeres rojos), tratando de escapar así de la responsabilidad propia que anida, real o en potencia, dentro de cada uno/una.

 

En este contexto, podemos preguntarnos hoy: ¿qué características psicológicas hay que tener para meterse en política? Esta pregunta no es baladí pues en otros países existen cátedras de psicología política. Seguro que hay muchas personas idealistas y con un sentido profundo ético de servicio a lo público (yo conozco personalmente a algunos de ellos/ellas), pero Robert Hare, profesor emérito de la Universidad British Columbia de Vancuver (Canadá), ha sembrado las dudas al demostrar que los psicópatas (habría unos 470.000 sólo en España) suelen tener éxito tanto en el mundo de los negocios como en la política, porque se les da bien acceder al poder y mantenerse en él, no dudando para ello en tratar a los demás como objetos. De hecho, son incapaces de empatizar con los sentimientos o problemas de los demás, carecen de miedo o ansiedad, son impulsivos y amantes de la vida y de los placeres fáciles. ¿Les suena ese perfil? Como consecuencia, según ese estudio, no sería cierto que todos pensemos o sintamos de la misma manera o respondamos de forma parecida a similares estímulos o castigos, o que la gente sea buena si la vida o su familia les tratan bien, o que los demás piensen de forma parecida a nosotros, o que el ambiente familiar-social en que se cría un niño resulte tan fundamental (en todos los casos) para que sea un buen ciudadano. ¡Atentos por tanto al diseñar el sistema de incentivos! Incluso en un mundo utópico, el psicópata sobresaldría pues sería un depredador que sabe manipular a las personas y utilizarlas para su interés. ¡Alerta a navegantes despistados!

 

Más allá de su calificación psicológica, si gran parte (no todos) de las personas que ocupan el poder sucumben a la corrupción y al engaño, incumpliendo su función de dar ejemplo, se produce el fenómeno contrario de mimetismo legitimador: si el que debía dar ejemplo roba o consiente los robos, yo me siento legitimado para hacer lo mismo, se trate de un organismo público o privado. La epidemia de la corrupción queda así garantizada. Siendo bien intencionados, cabe afirmar, que en España (y en sus regiones), algunos de sus dirigentes no habrían sido conscientes del daño que estaban haciendo a toda la sociedad con su comportamiento indebido, por mucho que ellos/ellas pensaran que podían fácilmente controlar su difusión y conocimiento en un país en el que la mayoría de los medios dependen del poder para subsistir. El rumor sustituye a la noticia y se convierte en un virus no menos dañino y eficaz, aunque permanezca en el inconsciente social.

 

Resulta sintomático y paradigmático el caso de Carlos Mulas, ex director de la Fundación IDEAS. No me entiendan mal, no creo que obedezca al perfil de psicópata. De hecho, lo conocí cuando era Subdirector General de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, que entonces dirigía Miguel Sebastián, y me pareció bastante simpático, inteligente y capaz [doctor por Cambridge, y máster de relaciones internacionales por la Universidad de Columbia, más tarde profesor titular de la Universidad Complutense, ver su propia web: http://www.carlosmulasgranados.com/inicio/mi-trayectoria/]. Aunque pensándolo mejor, tal vez fueron estas características las que hicieron que los demás se fiaran de él en exceso, relajando los mecanismos internos de control…, pudiera ser. Conviene recordar que al demiurgo también se le apodaba “trickster” o estafador, lo que relaciona directamente mal con engaño. Salvando la presunción de inocencia, lo cierto es que no era el típico funcionario de partido que no sabe (o no puede) vivir de otra forma que de la política (e.g. Bárcenas). Entonces ¿por qué corromperse y además de manera tan soez y burda? ¿Tal vez porque se movía en un ambiente social que estas cosas las premia y las disculpa? Incluso aunque su mujer tuviera razón, todo esto podría ser parte del “jetismo”,  modelo “moral” fuertemente instalado en nuestra sociedad (¡no te esfuerces, no seas tonto, que si eres más “listo” que los demás, con un poco de morro y algunas influencias se llega muy lejos!), pero que nunca había llegado tan claramente a estar presente en las más altas instancias públicas y privadas. Cabría preguntar a este respecto: ¿qué porcentaje de nuestro déficit público corresponde a la corrupción?

 

Por otra parte, cabe observar que el triunfo del nacionalismo se aprovecha de la crisis de identidad y psicológica que está viviendo el ser humano del mundo globalizado y complejo. El nacionalismo ofrece en este sentido hábilmente un refugio “en apariencia” seguro en medio de la tormenta, dibujando un paraíso en la tierra que llegará “con toda seguridad” pero también milagrosamente una vez el monstruo sea derrotado. John Gray, profesor de pensamiento europeo de la London School of Economics, y uno de los filósofos políticos contemporáneos más relevantes, sostiene que todas las utopías del siglo XX (y el nacionalismo es una de ellas), a pesar de presentarse como ateas o paganas, se fundamentaban en la visión apocalíptica o milenarista procedente de la religión cristiana. (J. Gray, Misa negra: La religión apocalíptica y la muerte de la utopía, ed. Paidós, Barcelona, 2008). En este sentido, probablemente fue un error de los reyes católicos fundar la unidad de España en la religión. Con todo, si hoy levantaran la cabeza, se sorprenderían de que sea precisamente la Iglesia católica la que se ha vuelto un problema para esa unidad, no por ser más católica o ecuménica, sino por todo lo contrario: por haberse vuelto “regionalista” y partidaria de la secesión tanto en el País Vasco como en Cataluña. Hasta el flamante nuevo líder de ERC prefiere citar como influencia a S. Ignacio y no a J. Tarradellas, que fue presidente de su partido en el exilio, sí que pasó ya por esto y salió bastante escaldado (ver entrevista en: http://www.tv3.cat/videos/4344290/Entrevista-al-candidat-Oriol-Junqueras). Claro que en lugar de mencionar su “suave en las formas, duro en el contenido”, podría decir mejor aquello de “en tiempo de turbación no hacer mudanzas”.

 

Resulta llamativo asimismo que gran parte de la izquierda haya dejado de ser internacionalista para volverse nacionalista o que la derecha salga ahora partidaria del pacto fiscal para Cataluña después de apoyar durante la pasada legislatura el gobierno de Artur Mas. Esto de nuevo tiene una explicación psicológica: se llama el modelo de tensar la cuerda.  Si hay dos grupos tirando de una cuerda, cada uno de un extremo y a uno le importa más que al otro que se rompa la cuerda, éste tenderá a moverse hacia el territorio del otro. La estrategia del nacionalismo está clara: cuando vio que en España y en Europa empezaba a cuestionarse el modelo autonómico por el gasto, las duplicidades y los obstáculos al comercio interior que suponía, y que Cataluña aparecía como una de las CCAA con mayor déficit y deuda, sólo tenía dos posibilidades: entonar el mea culpa y hacer autocrítica o tensar la cuerda. Optó lógicamente por esto último, lo que resultaba más fácil y barato, consiguiendo una vez más chantajear y engañar al resto de España con más comodidad de la esperada. A fin de cuentas, aquí se vive cada vez más no sólo a en una mediocracia, el gobierno de los mediocres sino también en una miedocracia, el gobierno del miedo.

 

Y, no obstante, Cui prodest ¿A quién beneficia este conflicto? No a los catalanes ni vascos por cierto, ni muchos menos a las familias que se pretende (directa o indirectamente) dividir o expulsar. De hecho, el mal (como fuerza interior y exterior) por un lado confunde, divide y enfrenta a un ser humano (o grupo de humanos) con otro, buscando debilitarnos y distraernos de nuestro verdadero objetivo. El enfrentamiento (fruto de la confusión y el engaño) y la división aparecen (en presencia o en potencia) como la antesala de la violencia, debilitándonos como sociedad. Los europeos (y los españoles lo somos) no parecemos aprender de nuestros errores, pues la I y la II Guerra mundiales, que se desencadenaron de forma más que sorprendente, lo que produjeron no sólo fueron millones de muertos, sino la decadencia de la propia Europa, y que el liderazgo mundial pasara al otro lado del Atlántico. Es decir, el nacionalísimo (aunque no llegue a producir una guerra) lleva a un juego del tipo: todos nosotros perdemos, otros ganan. Sin embargo, el deporte es un claro ejemplo de que existe otro modelo alternativo ya que cuando actuamos unidos: todos nosotros ganamos y otros pierden.

 

Cabría hacer incluso un análisis comparado, de fondo y formas, a este respecto entre el caso español y el de la UE, entre los efectos del “hispano-escepticismo” y el euroescepticismo británico, y encontraríamos notables semejanzas: miedo a la igualdad de deberes, utilitarismo a ultranza en la pertenencia a modelos de integración, o me das lo que pido o me voy, etc… Aunque reconozco que pudiera ser que tanto España y Europa (que viven crisis paralelas) tuvieran lo que merecen.

 

Permítanme en este sentido, finalizar con una cita de Lao-Tsé:

 

 “Una gran nación es como un gran hombre: cuando comete un error, se da cuenta de ello. Una vez se ha dado cuenta, lo admite. Una vez lo ha admitido, lo enmienda. Considera a aquellos que señalan sus defectos como sus maestros más benévolos”.

 

¿Es esto lo que estamos haciendo?

We the people…pero ¿qué people? (Sobre la declaración de soberanía del Parlamento catalán)

 
A raíz de la reciente declaración del Parlamento de Cataluña, cuyo texto completo pueden encontrar aquí  y sin ánimo de realizar un análisis jurídico de la declaración (además ya se ha encargado un informe, eso sí, urgente, a los Servicios Jurídicos del Estado para ver si lo tiene o no o si es digna de recurso judicial) sí querría recordar unas nociones básicas de Ciencia política y Derecho constitucional, que seguro que muchos lectores ya conocen, por lo que me disculpo por adelantado. Están tomadas básicamente del libro de Giovanni Sartori ¿Qué es la democracia?   de muy recomendable lectura en los revueltos tiempos que corren. Sartori nos recuerda conceptos políticos muy sencillos pero sin los que es difícil manejarse en estos barrizales donde lo subjetivo, lo emotivo,  lo jurídico, lo político y hasta lo sociológico se entremezclan en un ambiente mediático poco proclive a los debates no ya técnicos, sino minímamente racionales. De ahí que no le envidie la tarea a mis compañeros de la Abogacía del Estado a los que se encomienda, nada más y nada menos, que suplir a los gobernantes de nuestro país y asumir sus responsabilidades, para lo que es necesario convertir un conflicto político de primera magnitud en una cuestión técnica casi de despacho ordinario. Lo de siempre.
 
Porque esto de que la democracia es el gobierno del pueblo, está muy bien. El pueblo manda, el pueblo decide, el pueblo se autodetermina, no hay límites frente a la voluntad del pueblo. Pero desde que el pueblo ha crecido tanto y ya no son unos cuantos ciudadanos varones libres de una ciudad-estado griega del siglo V antes de Cristo donde más o menos se conocían todos la pregunta del millón es ¿Quién es el pueblo?  O incluso antes todavía ¿Quién decide quien es el pueblo?
 
Según Sartori, para la primera de las preguntas ha habido en la historia hasta seis respuestas posibles, a saber:
a)      El pueblo como “todos”.
b)      El pueblo como pluralidad aproximada: “los más”.
c)      El pueblo en el sentido de las clases inferiores, el vulgo, el populacho, la plebe.
d)      El pueblo como totalidad orgánica e indivisible.
e)      El pueblo como principio mayoritario absoluto.
f)       El pueblo como principio mayoritario moderado.
 
El autor descarta la primera acepción porque siendo muy intuitiva no nos lleva a ninguna parte, dado que “todos” nunca son todos (incluso en las democracias más avanzadas los menores de edad o los extranjeros no votan). También la segunda, dado que no nos proporciona ningún criterio fijo para el funcionamiento de una democracia, ya que requiere irlo decidiendo en cada caso quienes son “los más” (es un poco el caso de Cataluña ahora con la idea de que voten también menores de edad la autodeterminación pero me imagino que no otras cosas) y claro, así no se puede funcionar mínimamente en serio. La tercera a estas alturas de la historia ya la podemos descartar por antigua.
 
En realidad, solo quedan como posibilidades reales (y son realmente las que hay operativas aquí y ahora) las dos últimas nociones de pueblo, en las que este concepto tan vago se define en función de unas reglas de decisión donde el pueblo es contabilizado con precisión. Pero las dos posibilidades son muy distintas desde el punto de vista democrático. En la cuarta, los más cuentan o deciden como todos, y los menos como nadie. En la quinta, en cambio, los más prevalecen sobre los menos, pero se respeta a los menos.
 
Concluye Sartori, y esto es muy relevante para el caso que nos ocupa, que el pueblo como totalidad indivisible es inaceptable democráticamente. La noción del pueblo como una totalidad indivisible además de haber legitimado unos cuantos totalitarismos sangrientos en el siglo XIX de derechas y de izquierdas es radicalmente contraria a la democracia, al permitir en nombre de la totalidad el aplastamiento de la disidencia y la opresión de los individuos. En una democracia no se puede permitir a la mayoría reducir a la opresión o a la impotencia o al exilio a la minoría. Así que solo es compatible con la democracia la noción del pueblo como principio mayoritario moderado.
 
Con todo esto no quiero entrar ahora a valorar si la declaración del Parlamento catalán tiene una mayoría suficiente detrás para modificar la Constitución española, más allá de que las modificaciones constitucionales hay que hacerlas por los cauces legalmente previstos y no a las bravas como ya hemos explicado muchas veces en este blog y en otros foros. Entre otras cosas porque parece que los mismos que la han promovido consideran que su mayoría no es suficiente. Lo que quería simplemente decir es que esto de que el pueblo decide lo que quiere cuando quiere y como quiere no es tan sencillo como parece a primera vista desde un punto de vista estrictamente político, no digamos ya técnico o jurídico.
 
Y luego está la otra cuestión. ¿Quién decide quien es el pueblo en un momento histórico dado? Pues como adelantaba antes, normalmente esto se escribe en unos textos constitucionales que contienen las reglas para decidir esa y otras cuestiones fundamentales. Textos que pueden modificarse y se modifican, faltaría más, supongo que ya habrán visto o irán a ver la película de Lincoln sobre la famosa decimotercera enmienda para la abolición de la esclavitud (que no para la concesión del voto a los hombres negros, claro está, ni tampoco para las mujeres ).  Pero se modifican también siguiendo unas reglas y a veces conseguir las mayorías suficientes para cambiarlas no es tarea fácil.  Comprendo que estas nociones ya son un poco complicadas para los sencillos esquemas de los promotores de la declaración de soberanía del Parlamento Catalán y sus interesados altavoces mediáticos, pero es que la democracia y la libertad no son asuntos sencillos precisamente ni cuestión de cuantos partidos suscriben o no un determinado texto por muy rimbombantes que sean sus declaraciones. La democracia tiene mucho más que ver con sociedades abiertas, sociedades civiles fuertes, control de los representantes políticos, respeto a las leyes, rendición de cuentas, libertad de expresión, medios independientes..esas cosas.
 
 
 
 
 

We the people…pero ¿qué people? (Sobre la declaración de soberanía del Parlamento catalán)

 

A raíz de la reciente declaración del Parlamento de Cataluña, cuyo texto completo pueden encontrar aquí  y sin ánimo de realizar un análisis jurídico de la declaración (además ya se ha encargado un informe, eso sí, urgente, a los Servicios Jurídicos del Estado para ver si lo tiene o no o si es digna de recurso judicial) sí querría recordar unas nociones básicas de Ciencia política y Derecho constitucional, que seguro que muchos lectores ya conocen, por lo que me disculpo por adelantado. Están tomadas básicamente del libro de Giovanni Sartori ¿Qué es la democracia?   de muy recomendable lectura en los revueltos tiempos que corren. Sartori nos recuerda conceptos políticos muy sencillos pero sin los que es difícil manejarse en estos barrizales donde lo subjetivo, lo emotivo,  lo jurídico, lo político y hasta lo sociológico se entremezclan en un ambiente mediático poco proclive a los debates no ya técnicos, sino minímamente racionales. De ahí que no le envidie la tarea a mis compañeros de la Abogacía del Estado a los que se encomienda, nada más y nada menos, que suplir a los gobernantes de nuestro país y asumir sus responsabilidades, para lo que es necesario convertir un conflicto político de primera magnitud en una cuestión técnica casi de despacho ordinario. Lo de siempre.

 

Porque esto de que la democracia es el gobierno del pueblo, está muy bien. El pueblo manda, el pueblo decide, el pueblo se autodetermina, no hay límites frente a la voluntad del pueblo. Pero desde que el pueblo ha crecido tanto y ya no son unos cuantos ciudadanos varones libres de una ciudad-estado griega del siglo V antes de Cristo donde más o menos se conocían todos la pregunta del millón es ¿Quién es el pueblo?  O incluso antes todavía ¿Quién decide quien es el pueblo?

 

Según Sartori, para la primera de las preguntas ha habido en la historia hasta seis respuestas posibles, a saber:

a)      El pueblo como “todos”.

b)      El pueblo como pluralidad aproximada: “los más”.

c)      El pueblo en el sentido de las clases inferiores, el vulgo, el populacho, la plebe.

d)      El pueblo como totalidad orgánica e indivisible.

e)      El pueblo como principio mayoritario absoluto.

f)       El pueblo como principio mayoritario moderado.

 

El autor descarta la primera acepción porque siendo muy intuitiva no nos lleva a ninguna parte, dado que “todos” nunca son todos (incluso en las democracias más avanzadas los menores de edad o los extranjeros no votan). También la segunda, dado que no nos proporciona ningún criterio fijo para el funcionamiento de una democracia, ya que requiere irlo decidiendo en cada caso quienes son “los más” (es un poco el caso de Cataluña ahora con la idea de que voten también menores de edad la autodeterminación pero me imagino que no otras cosas) y claro, así no se puede funcionar mínimamente en serio. La tercera a estas alturas de la historia ya la podemos descartar por antigua.

 

En realidad, solo quedan como posibilidades reales (y son realmente las que hay operativas aquí y ahora) las dos últimas nociones de pueblo, en las que este concepto tan vago se define en función de unas reglas de decisión donde el pueblo es contabilizado con precisión. Pero las dos posibilidades son muy distintas desde el punto de vista democrático. En la cuarta, los más cuentan o deciden como todos, y los menos como nadie. En la quinta, en cambio, los más prevalecen sobre los menos, pero se respeta a los menos.

 

Concluye Sartori, y esto es muy relevante para el caso que nos ocupa, que el pueblo como totalidad indivisible es inaceptable democráticamente. La noción del pueblo como una totalidad indivisible además de haber legitimado unos cuantos totalitarismos sangrientos en el siglo XIX de derechas y de izquierdas es radicalmente contraria a la democracia, al permitir en nombre de la totalidad el aplastamiento de la disidencia y la opresión de los individuos. En una democracia no se puede permitir a la mayoría reducir a la opresión o a la impotencia o al exilio a la minoría. Así que solo es compatible con la democracia la noción del pueblo como principio mayoritario moderado.

 

Con todo esto no quiero entrar ahora a valorar si la declaración del Parlamento catalán tiene una mayoría suficiente detrás para modificar la Constitución española, más allá de que las modificaciones constitucionales hay que hacerlas por los cauces legalmente previstos y no a las bravas como ya hemos explicado muchas veces en este blog y en otros foros. Entre otras cosas porque parece que los mismos que la han promovido consideran que su mayoría no es suficiente. Lo que quería simplemente decir es que esto de que el pueblo decide lo que quiere cuando quiere y como quiere no es tan sencillo como parece a primera vista desde un punto de vista estrictamente político, no digamos ya técnico o jurídico.

 

Y luego está la otra cuestión. ¿Quién decide quien es el pueblo en un momento histórico dado? Pues como adelantaba antes, normalmente esto se escribe en unos textos constitucionales que contienen las reglas para decidir esa y otras cuestiones fundamentales. Textos que pueden modificarse y se modifican, faltaría más, supongo que ya habrán visto o irán a ver la película de Lincoln sobre la famosa decimotercera enmienda para la abolición de la esclavitud (que no para la concesión del voto a los hombres negros, claro está, ni tampoco para las mujeres ).  Pero se modifican también siguiendo unas reglas y a veces conseguir las mayorías suficientes para cambiarlas no es tarea fácil.  Comprendo que estas nociones ya son un poco complicadas para los sencillos esquemas de los promotores de la declaración de soberanía del Parlamento Catalán y sus interesados altavoces mediáticos, pero es que la democracia y la libertad no son asuntos sencillos precisamente ni cuestión de cuantos partidos suscriben o no un determinado texto por muy rimbombantes que sean sus declaraciones. La democracia tiene mucho más que ver con sociedades abiertas, sociedades civiles fuertes, control de los representantes políticos, respeto a las leyes, rendición de cuentas, libertad de expresión, medios independientes..esas cosas.

 

 

 

 

 

La Constitución, terreno común. A propósito de la declaración del Parlamento catalán.

                      
 
“Lo que se tiene en el sentimiento es
completamente subjetivo, y sólo existe de un
modo subjetivo. El que dice: ‘yo siento así’, se
ha encerrado en sí mismo. Cualquier otro tiene el
mismo derecho a decir: ‘yo no lo siento así’; y ya
no hay terreno común” (Hegel, 1830).                        
 
La caracterización del pueblo de Cataluña como “sujeto político y jurídico soberano” por parte de ciertos partidos catalanes, desembocaría en la creación de un Estado catalán independiente. Esta es la razón que nos lleva a considerar la Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán como el más grave atentado a la integridad territorial de España y el mayor acto de desestabilización política cometido hasta la fecha bajo el sistema democrático instaurado por la Constitución española de  1978.
 
Para sopesar el alcance del acariciado proyecto independentista es menester realizar una visión retrospectiva y saber de dónde venimos desde el punto de vista político y constitucional.
 
Necesariamente debemos referirnos a que las actuales instituciones catalanas -de amplio autogobierno-, aunque tuvieron el azaroso precedente republicano de 1932, proceden directamente del diligente y generoso reconocimiento que se llevó a cabo en la Transición, aún  antes (1977) de estar aprobado el texto constitucional vigente. Ha sido la democracia que nació del acuerdo de todos y para todos la que ha consagrado un fecundo régimen de libertades, para los individuos y para los pueblos y territorios de España. Inimaginable era, pues, encontrarnos con el panorama que dibujan actualmente los independentistas catalanes, y, menos, con el que avisan que quieren alcanzar. La deslealtad a la Constitución y a la legitimidad democrática del Estado español es palmaria, y, por lo mismo, inadmisible.
 
El llamado proceso soberanista tiene muchos pecados y abultados reparos. En la edad contemporánea Cataluña se ha autodeterminado dos veces, por lo menos, como afirma el profesor Muñoz Machado. Una fue cuando aprobó plebiscitariamente el Estatuto de Nuria (1931); otra cuando el pueblo catalán votó por amplia mayoría la Constitución (1978).
 
Así pues, ¿de qué derecho a decidir se habla? En una democracia legítima como la plasmada en la Constitución de 1978 no caben actuaciones al margen de la legalidad. El derecho a decidir se encuentra reconocido como derecho de participación, por lo que ni existe ni cabe justificar un presunto derecho a decidir al margen del soberano reconocido en la misma Constitución. Sólo cabría hablar de tal derecho en condiciones de opresión en la que no estuvieran reconocidos ni los derechos y libertades individuales ni tampoco los derechos colectivos, lo que evidentemente no es el caso.
 
Mal, por tanto, se puede afirmar que el pueblo catalán es titular de soberanía. Reconocer soberanía a una parte de España, en concreto a Cataluña, como dijera Ortega y Gasset en su imprescindible  -y, por desgracia, de plena actualidad-  discurso ante las Cortes el 13 de mayo de 1932, “sería una catástrofe nacional”. En cambio, continúa el ilustre filósofo, “la autonomía es la solución. La autonomía es el puente tendido entre los dos acantilados”, que es lo que ha permitido que Cataluña disfrute de 35 años de holgada autonomía política.
 
El camino emprendido por CiU y ERC choca frontalmente con el artículo 1.2 CE (“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”) y no conduce más que a una innecesaria, injustificada e irracional confrontación con el Estado y el resto de los españoles (“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española”). Es incomprensible la obcecación y la ceguera de esta élite gobernante catalana. Y causa extrañeza que para justificar sus nada fundadas reivindicaciones acudan a una técnica, la autodeterminación, propia de otras colectividades en nada semejantes a Cataluña, como territorios a descolonizar o  sojuzgados.
 
No llevan razón los independentistas. La CE 1978 consagra una descentralización política de difícil parangón. Instaura un sistema de democracia parlamentaria como la de nuestros socios en la UE, y los derechos y libertades, tanto individuales como colectivos,    son plenos y garantizados judicialmente.
 
        En este sentido se puede decir que las formaciones separatistas no sólo quieren la independencia, que ya hemos visto que no está justificada, sino algo no atendible en política, como es la fractura o mutilación infundada de un Estado.
 
A todos los actores políticos intervinientes les encomendamos que resuelvan los problemas del diario acontecer con sensatez, diálogo y altura de miras. Pedimos la rectificación de las políticas rupturistas y disgregadoras, que sólo generan daño para todos. Exigimos el exacto respeto a la Constitución, a las leyes y al espíritu de la libertad y consenso de la Transición, sin lo que no hay paz, bienestar ni prosperidad.
 
Para terminar, permítasenos que regresemos esperanzadamente a la petición de Ortega: “Los impulsos secesionistas deben evaporarse en la gran Nación que es España”.
(*) Observatorio crítico de la Constitucionalidad. J. Torné-Dombidau y Jiménez, presidente. Luis M. Robles Velasco, secretario. Granada.