Deficiente calidad legislativa. El Estado como causante de litigiosidad y las tasas judiciales

Los pleitos son caros, se nos dice repetidamente, y hay que evitarle al Estado, es decir, a los contribuyentes, ese coste mediante la búsqueda de mecanismos disuasorios y alternativos no gratuitos y obligando a los justiciables a pagar al propio Estado por hacer uso de los Tribunales con elevadas tasas, inasumibles para la gran masa de la población y por tanto inconstitucionales. Pero con frecuencia acudir a los tribunales no es un lujo o un capricho, sino un derecho constitucional de primer orden, por definición garantía de todos los demás derechos, y no puede reprocharse que se haga uso de los mecanismos que la Constitución y los convenios internacionales prevén y protegen.

 

Pero en todo esto sorprende que el legislador no reflexione sobre hasta qué punto SU PROPIA ACTUACIÓN causa muchos conflictos innecesarios entre los particulares y con el mismo Estado que ahora pretende que no lleguen a los tribunales esquivando sus propias responsabilidades.

 

Las continuas afirmaciones sobre el gran número de juicios en comparación con otros países, además de estar fundados con frecuencia en datos numéricos y comparativos inexactos (o si se prefiere, manipulados; ver post del Prof. De la Oliva), provocan consternación por la ligereza con la que se reprocha al justiciable el verse en la ingrata situación de reclamar lo que se considera suyo, o de defenderse de los ataques de otros, y por la absoluta falta de autocrítica de los propios legisladores.

 

Es obvio que quien demanda porque su inquilino no le paga o porque quiere divorciarse ejerce su derecho irreprochablemente, pero para alguien que cree en la Justicia y en el Estado de social y democrático de Derecho, ya resulta descorazonador tener que recordar que

  • si un consumidor recibe un  servicio defectuoso de una empresa de telefonía
  • si unos vecinos se   desesperan por el ruido insufrible de una discoteca sin licencia
  • si explota un avión por no  haberse efectuado las revisiones técnicas pertinentes
  • o si se lleva la riada las  casas construidas en el antiguo lecho de un río

mucho tiene que ver la falta de controles administrativos idóneos o de una actuación efectiva por parte del Estado. De los pequeños contratistas arruinados por los Ayuntamientos que no pagan sus facturas, o del silencio administrativo negativo que obliga a demandar ya ni hablamos.

 

Pero además con impactante frecuencia son LAS PROPIAS LEYES EN SÍ MISMAS las que provocan la inseguridad jurídica que obliga a iniciar un pleito, al ser innumerables, permanentemente cambiantes y de muy deficiente técnica legislativa. A lo que se añade el ser complementadas por la jurisprudencia, la cual por sí sola es no solo masiva, sino impredecible y por esencia cambiante. La propia legislación procesal establece mecanismos para el recurso cuando, como es frecuente, existe jurisprudencia no unánime, y prevé recursos para interpretar normas que ha dado lugar a dudas interpretativas. En este panorama es claro que perder un pleito NO significa necesariamente que se trate de un pleito temerario que hubiera sido lógico evitar.

 

Por supuesto, no existe nadie, insisto, absolutamente nadie, que tenga la más remota posibilidad de conocer todas las normas de toda índole y rango; El jurista más dedicado y avezado puede, tal vez, llegar a conocer tan solo un insignificante porcentaje de ellas. El Código Civil, al establecer que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, parte de una ficción, por lo que ni hay obligación en sentido estricto de conocer las leyes, ni tiene relevancia legal si se conoce o no. Pero si tiene relevancia, y MUCHÍSIMA, si consideramos el elevado número de pleitos que derivan del desconocimiento de la ley, por ser imposible conocerla y no digamos ya interpretarla, ni por los propios profesionales del Derecho. Y la inseguridad jurídica derivada de esa abundancia y falta de claridad repercute de forma directa en la litigiosidad.

 

Que ni los propios juristas podamos tener claro siquiera qué es lo vigente, ni sobre la interpretación de una norma, tras analizar exhaustivamente un punto litigioso, es algo tan cotidiano que ya se da por inevitable. Pero si en vez de tener pocas leyes y buenas, tenemos muchas -una marea abrumadora- y malas, la situación de perplejidad interpretativa que deriva en un conflicto que acaba en los juzgados no es imputable al ciudadano, sino al legislador, el mismo legislador que reprocha que se haga uso de los tribunales para dirimir los conflictos.

 

La famosa aceleración legislativa no es indispensable ni inevitable, pero la tenemos encima. Sobre que las leyes son innumerables, expresivo es que el BOE haya dejado de publicarse en papel, por motivos de coste, y a esa legislación nacional y inabarcable haya que añadir la dictada por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos;

 

Es algo tan habitual en los últimos años que ya ni se comenta entre los profesionales que se modifiquen normas sobre unos temas dentro de leyes sobre otros temas absolutamente ajenos y sin que ni siquiera figure tal modificación, no ya en el título de la ley, sino ni siquiera en las exposiciones de motivos, de forma tal que es imposible saber que se ha modificado una ley sin leer todas las que van saliendo de cabo a rabo. Saltan al recuerdo casos clamorosos pero habituales como la reforma de la legislación sobre arrendamientos en una ley de venta de bienes muebles a plazos.

 

El sistema del Código Civil de que las leyes entren en vigor a los 20 días de su publicación está cada vez más en desuso; lo habitual es ahora que entren en vigor al día siguiente e incluso hay casos del mismo día de la publicación. Y ello a pesar de lo indicado en el punto anterior. Los ciudadanos sujetos a la Ley al parecer deben ser verdaderos supermanes.

 

Es muy habitual que las leyes nuevas ya no incluyan una relación detallada de las normas previas a las que deroga. Se soluciona el “problemilla” con una disposición derogatoria genérica de un tenor similar al siguiente: “quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta norma”. Para saber qué es lo vigente, allá se las apañe el jurista para saber cuáles son esa normas derogadas, y para intentar determinar si existe o no contradicción y hasta qué punto.

 

Que esto es así se comprueba cuando en las revistas para los profesionales del Derecho se publican “encuestas jurídicas” entre expertos y especialistas, incluyendo por supuesto jueces [clásicas las de la editorial jurídica SEPIN] sobre puntos de las leyes susceptibles de interpretación; y respecto cualquier punto al azar, considerando diez opinantes, es habitual que cuatro opinen A, tres B y el resto cada cual opine otra cosa, y todos ellos con fundamento. ¿Es un temerario o un despilfarrador de recursos públicos quien demanda o recurre siguiendo cualquiera de esas múltiples posturas de serios juristas?

 

Y además tenemos, claro, las leyes de Presupuestos, o de acompañamiento a los mismos que año tras año se aprovecha por tirios y troyanos para modificar una interminable lista de normas de toda índole, por la única razón de que resulta cómodo al partido de turno con mayoría parlamentaria evitar discusiones individualizadas y conseguir aprobaciones en bloque con “leyes omnibus”. Y no solo la ley de presupuestos estatal: también algunas autonómicas.

 

La confusión es ya indescriptible cuando el legislador se dedica día sí y día no a anunciar en los medios de comunicación, en entrevistas, declaraciones o ruedas de prensa, a modo o no de globo sonda, la inminente aprobación de leyes que finalmente son aprobadas o no lo son, o lo son de forma distinta; cualquier abogado de cualquier sector puede contar casos de consultas cotidianas sobre leyes inexistentes que se creen ya en vigor, no ya por legos en Derecho, sino por profesionales jurídicos. Usted, lector, jurista o no, ¿cree que ya está en vigor la normativa sobre arrendamientos urbanos de la que tanto se ha hablado, que permitirá alquilar pisos por plazos más breves y al arrendador recuperar el piso si lo necesita? No lo está.

 

Cuando tantas veces ni siquiera recurriendo al asesoramiento de profesionales se aclara nada, se pretende que ello no genere conflictos, se llama querulantes a los ciudadanos y el legislador tirio y troyano no se molesta en hacer autocrítica, ni en rectificar esta tendencia. La influencia DIRECTA del caos legislativo en el número de conflictos que acaban en pleitos resulta evidente; es muy escasamente admisible que se reproche al justiciable el resultado, y se cercene el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva con ese pretexto.

 

Y sí, estoy hablando de la inconstitucional Ley de Tasas judiciales.

 

El principio de incertidumbre

En 1927, Werner Heisemberg formuló el principio de incertidumbre, una de las barreras fundamentales del conocimiento humano. En virtud de este principio, no es posible conocer con precisión, al mismo tiempo, la posición y la velocidad de un electrón. Esto se debe a que el fotón de luz que se envía para detectarlo altera su comportamiento. Naturalmente, si no hay luz  no se ve nada, principio de perogrullo.
 
Cuando un inspector de hacienda se enfrenta a una contabilidad en “b”, pagos en sobre… siempre hay que tener en cuenta este principio. Evidentemente, si no hay información sino opacidad, la Hacienda Pública no conocerá las rentas y no podrá cobrar los tributos. En este sentido, el elemento clave de un sistema fiscal es la información. Lo relevante de un sistema de retenciones es, incluso más que el ingreso en Hacienda, la información de que un trabajador ha obtenido unos determinados ingresos, por los que debe tributar.
 
Aún así, no todos los pagos que una empresa realiza a un trabajador son salarios. Si un trabajador tiene que soportar determinados gastos en interés de la empresa, lo que habrá serán gastos de la empresa que el trabajador paga. También es posible que una empresa cubra los gastos de desplazamiento y manutención de un trabajador. Esto constituye una dieta exenta de tributación. En este caso, el tratamiento legal procedente no es ocultar el pago sino declararlo como exento. Otro indicio, además de la opacidad, de que nos encontramos ante un sobre-sueldo y no ante una dieta que cubre gastos de viaje y locomoción, es que la cuantía sea uniforme todos los meses, en un gasto cuya cuantía varía todos los meses.
 
Además de la información directamente facilitada a Hacienda, la forma de pago es relevante, puesto que los pagos en efectivo no son rastreables. En este sentido, el Gobierno del  PP, en la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal ha prohibido, bajo severas multas, los pagos en efectivo por importe superior a 2.500 Euros. Si un pago a un trabajador no se informa a la Hacienda Pública y además se hace en efectivo es muy complicado de descubrir. El problema no se plantea con tanta frecuencia como parece. Esto se debe a que las empresas necesitan justificar los gastos para deducírselos en el impuesto de sociedades, y no tributar por unos beneficios que no tienen.
 
Cuando esto no sucede y una contabilidad “b” apunta a sobre-sueldos en dinero negro, estamos en una situación de incertidumbre. Sin luz, es decir contabilidad “b” no se vería nada, pero la propia contabilidad altera el comportamiento de todos los implicados. Las empresas suelen negar que los documentos sean realmente una contabilidad y suelen considerarlos como estimaciones, en ocasiones, trufadas de datos falsos. A veces, algunos datos contrastables permiten corroborar la verosimilitud del conjunto, pero siempre quedan dudas en cuestiones concretas, lo que es una situación, con todo, preferible a la oscuridad absoluta. Einstein, en respuesta al principio de incertidumbre señalaba que “Dios no juega a los dados”, pero está claro que no somos Dios.

El principio de incertidumbre

En 1927, Werner Heisemberg formuló el principio de incertidumbre, una de las barreras fundamentales del conocimiento humano. En virtud de este principio, no es posible conocer con precisión, al mismo tiempo, la posición y la velocidad de un electrón. Esto se debe a que el fotón de luz que se envía para detectarlo altera su comportamiento. Naturalmente, si no hay luz  no se ve nada, principio de perogrullo.

 

Cuando un inspector de hacienda se enfrenta a una contabilidad en “b”, pagos en sobre… siempre hay que tener en cuenta este principio. Evidentemente, si no hay información sino opacidad, la Hacienda Pública no conocerá las rentas y no podrá cobrar los tributos. En este sentido, el elemento clave de un sistema fiscal es la información. Lo relevante de un sistema de retenciones es, incluso más que el ingreso en Hacienda, la información de que un trabajador ha obtenido unos determinados ingresos, por los que debe tributar.

 

Aún así, no todos los pagos que una empresa realiza a un trabajador son salarios. Si un trabajador tiene que soportar determinados gastos en interés de la empresa, lo que habrá serán gastos de la empresa que el trabajador paga. También es posible que una empresa cubra los gastos de desplazamiento y manutención de un trabajador. Esto constituye una dieta exenta de tributación. En este caso, el tratamiento legal procedente no es ocultar el pago sino declararlo como exento. Otro indicio, además de la opacidad, de que nos encontramos ante un sobre-sueldo y no ante una dieta que cubre gastos de viaje y locomoción, es que la cuantía sea uniforme todos los meses, en un gasto cuya cuantía varía todos los meses.

 

Además de la información directamente facilitada a Hacienda, la forma de pago es relevante, puesto que los pagos en efectivo no son rastreables. En este sentido, el Gobierno del  PP, en la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal ha prohibido, bajo severas multas, los pagos en efectivo por importe superior a 2.500 Euros. Si un pago a un trabajador no se informa a la Hacienda Pública y además se hace en efectivo es muy complicado de descubrir. El problema no se plantea con tanta frecuencia como parece. Esto se debe a que las empresas necesitan justificar los gastos para deducírselos en el impuesto de sociedades, y no tributar por unos beneficios que no tienen.

 

Cuando esto no sucede y una contabilidad “b” apunta a sobre-sueldos en dinero negro, estamos en una situación de incertidumbre. Sin luz, es decir contabilidad “b” no se vería nada, pero la propia contabilidad altera el comportamiento de todos los implicados. Las empresas suelen negar que los documentos sean realmente una contabilidad y suelen considerarlos como estimaciones, en ocasiones, trufadas de datos falsos. A veces, algunos datos contrastables permiten corroborar la verosimilitud del conjunto, pero siempre quedan dudas en cuestiones concretas, lo que es una situación, con todo, preferible a la oscuridad absoluta. Einstein, en respuesta al principio de incertidumbre señalaba que “Dios no juega a los dados”, pero está claro que no somos Dios.

Cuatro preguntas sobre el “caso Bárcenas”

Hace ya meses pensamos que nuestra capacidad de asombro había llegado al límite, pero la realidad española, día a día, casi hora a hora, ofrece nuevas oportunidades para la estupefacción. La filtración –presumiblemente realizada por el propio Bárcenas- de los datos contables que reflejan los ingresos y pagos irregulares (realizados por empresarios y percibidos por la cúpula del partido), junto con lo que ya sabemos acerca de los 22 millones depositados en Suiza a nombre del propio Bárcenas, más la regularización fiscal realizada por éste, plantean toda una serie de cuestiones muy interesantes que los ciudadanos tenemos derecho a preguntar, y que nuestros políticos tiene la obligación de contestar.
 
La primera y más importante pregunta es de dónde han salido los 22 millones de euros. ¿Es un dinero que pertenece al PP –donado irregularmente- y que Bárcenas ha distraído en su propio beneficio? ¿Presupone eso que el PP ha recibido todavía más dinero y que esta cantidad es sólo una parte? ¿O bien el dinero, como dice Bárcenas, es suyo? Curiosamente, aunque estuviésemos en el primer, caso tanto Bárcenas como el PP tienen interés en negarlo. Bárcenas para quedarse con el dinero y el PP para no reconocer una financiación ilegal (triste papel del que ha sido estafado, darle la razón a su estafador). Luego sus testimonios (incluida esa famosa auditoría interna) no son relevantes. Esta es una materia que queda a la investigación de los jueces y nos parece que la tarea será complicada, porque el caso Filesa demostró a los partidos que si querían financiarse ilegalmente no podían contabilizar el dinero de ninguna manera, sino que tenían que dejarlo en un limbo “controlado” y si algo salía mal negar que les perteneciese. Demostrar que ese dinero viene de donaciones al PP sólo sería posible con la colaboración de las empresas que donaron esas cantidades, cosa poco presumible, como estamos viendo.
 
La segunda cuestión que hay que aclarar completamente es la regularización fiscal de Bárcenas. Sus abogados dicen que gracias a la amnistía de Montoro ha blanqueado 11 millones. Montoro lo niega (aquí) pero sus argumentos son endebles. Dice simplemente que si lo ha regularizado a través de testaferros no podrá beneficiarse él directamente y que si se demuestra que el dinero proviene de actividades ilícitas se quedará sin él. Pero eso no viene al caso, desgraciadamente. Primero porque Bárcenas dice que lo ha regularizado a través de una de sus sociedades (Tesedul) de la que él es socio. No se trata de ningún testaferro, sino de una sociedad de su propiedad, por lo que está claro que va a reclamar la titularidad del dinero. Segundo, porque… ¿qué actividades ilícitas? Bárcenas dice que el dinero es suyo y, como hemos visto, el (presunto) estafado, el PP, va a darle la razón, o por lo menos no se la va a poder discutir de verdad.
 
La tercera cuestión es si se entregaron o no sobres, y, en caso afirmativo, si se declararon a Hacienda. Podemos presuponer que si el PP se estaba financiando ilegalmente se entregaron sobres y no se declararon (merecido sobresueldo, no todo va a ir a actos electorales que enriquecen sólo a los contratistas). Con lo cual esta cuestión depende bastante de la primera. Tras la declaración de Cospedal negándolo todo, está claro que no se declararon (en el supuesto de que se hubieran recibido). El PP acusa a Bárcenas de haber falsificado los registros. ¿Qué interés podía tener Bárcenas para meterse en ese lío con sus exjefes? ¿Qué le indulten? No parece el mejor camino. Por otra parte, si no gana nada especial, ¿por qué les odia tanto como para falsificar en su perjuicio unos papeles tan comprometedores? ¿No le habían tratado a cuerpo de rey manteniéndole en Génova, pagándole un abogado casi hasta el final y dándole un trato VIP? Lo curiosos es que al negarlo todo el PP entra en una curiosa esquizofrenia: por un lado no sabe nada de los 22 millones (Bárcenas dice la verdad), por otro lado no sabe nada de los sobres (Bárcenas miente).
 
Esto nos abre la puerta a la última cuestión. Si Bárcenas es un delincuente reconocido -por haber hecho una fortuna de 22 millones de manera ilícita (y no por manejar fondos ilegales del partido), y además por falsificar pacientemente unos registros para incriminar a la cúpula del PP que tan bien le había tratado-, ¿qué responsabilidad política van a asumir los que le nombraron y mantuvieron tanto tiempo a su lado produciendo de esta manera un daño irreparable en la imagen del partido? Porque a nadie se le escapa que este nuevo golpe a la imagen de España –sean las implicaciones de Bárcenas verdaderas o falsas- debería tener un responsable, ¿o quizá no?.