Estafados

Fue el canciller de hierro, Otto Von Bismarck, quien a mediados del siglo  XIX comentaba frívolamente que era maravilloso que Prusia contase con la estafa de las elecciones democráticas, siempre claro está, que el consiguiese ser el estafador.  Dando un salto en el tiempo y el espacio a la España actual, los ciudadanos comenzamos a sentirnos un electorado estafado.

 

La Monarquía, pese a un costoso aparato burocrático sufragado por todos los españoles para ofrecer una imagen digna, no pudo evitar el caballo de Troya de un yerno infame ni lo que es peor, ha sido capaz de romper públicamente y sin rodeos con quien traicionó su confianza y la de todos los españoles.

 

El Ministro de Justicia, procedente de la carrera fiscal y un piquito de oro, ha asestado el mayor ataque al derecho de tutela judicial de la democracia al imponer unas tasas judiciales desproporcionadas que disfrazan de ahorro lo que supone privar a la clase media de su derecho a acudir a los Tribunales.

 

Los partidos políticos, con un estatuto privilegiado de financiación, han abusado del mismo y en algunos casos extremos dejan pequeña a la cueva de Alí-Baba.

 

La todopoderosa banca se vuelve mezquina en la concesión de créditos tras haberse lucrado con el anzuelo de las “preferentes” a costa de la buena fe de ancianos y ahorradores confiados.

 

Los servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad se tambalean ante el empuje de la crisis y amenazan con desplomarse con grandísimos estragos.

 

Los impuestos y los recortes sociales y económicos están dejando en jirones las ilusiones de un pueblo laborioso que ve como se le quita tanto lo que tiene como lo que podría tener en el futuro.

 

Por si fuera poco, los tijeretazos económicos van camino de convertirse en sanguijuelas sobre el enfermo que, como es sabido, de tanto chupar sangre en vez de sanarlo pueden acabar con él. La denominada “clase media” cada día cuenta con menos miembros y cada día la “media” está mas abajo. Empresarios que ven sus inversiones como se van al garete. Trabajadores a los que nadie saca del desempleo. Funcionarios estrangulados en sus condiciones de trabajo. Profesionales liberales que paradójicamente ven como la “liberalización” encadena sus sueños.  Estudiantes que no saben qué ni para qué estudiar. Y miles de profesiones exitosas se han convertido en una trampa para quienes invirtieron tiempo y formación en ellas.

 

Además del natural hartazgo, el ciudadano siente las últimas gotas de la tortura malaya, al constatar  que la corrupción arde por los cuatro costados del país y que son muchos los que han robado ( afines a distintos partidos políticos), han robado mucho ( cifras mareantes) y han robado a muchos (todos los ciudadanos).

 

Para mas inri, ningún partido gobernante ha alzado como prioridad modificar la  justicia penal para que la sensación de impunidad se desvanezca de la mente ciudadana. Algo habrá que hacer, cuando los delincuentes de cuello blanco, con amigos de alto copete o enriquecidos, son capaces de aprovecharse de las holguras del sistema penal para que los delitos de pelaje económico sean impunes ( fraude fiscal, corrupción, falsificación o maquinaciones).

 

Veamos. No todos los delitos económicos son conocidos o denunciados. De los que se denuncian buena parte han prescrito pues llega tarde la alarma y los bomberos. De los que se denuncian y no han prescrito, muchos se libran por insuficiencia probatoria porque han conseguido borrar las huellas del delito o porque hábiles abogados con chequera abultada consiguen exprimir el jugo a la presunción de inocencia hasta el límite. De los que se denuncian, no prescriben y desembocan en condena penal, muchos consiguen pactar con el fiscal la conformidad por una pena inferior a dos años ( o sea, a la calle bajo la angelical promesa de no volver a delinquir en ese tiempo). Y de los que se denuncian, no prescriben, desembocan en condena penal y no hay pacto de conformidad, algunos consiguen que el Tribunal Constitucional deje en papel mojado las bibliotecas completas de actuaciones de los Tribunales penales.

 

Por último, de los que se denuncian, no prescriben, desembocan en condena penal, sin pacto de conformidad, y sin amparo del Tribunal Constitucional, malo será que un Gobierno no los indulte.

 

En suma, los delitos económicos o los delitos de corrupción parecen rentables en términos de riesgo para los delincuentes.

 

Sangrante es la sensación de que existe un mundo de políticos que surfean plácidamente en la crisis. Y que no ataja de frente los problemas porque existe un distanciamiento enorme entre el pueblo elector y los elegidos, entre ciudadanía y gobierno.

 

Me escandalizo como ciudadano cuando escucho al Presidente del Gobierno aquello de “haré lo que tengo que hacer, aunque no lo haya prometido”,  pues encierra un desprecio hacia los electores. Posiblemente en su fuero interno los gobernantes de cualquier ideología piensen lo mismo, pero en vez de decirlo se lo callan, pese a que el deber moral de un político que no cumple lo que promete es tener humildad, pedir perdón e intentar reparar su error. Mal actitud es la de quien se muestra prepotente y se atrinchera en los votos cosechados. No sólo hay que escuchar al pueblo en las urnas electorales y echarse a dormir. Si la situación económica y política es inquietante, razón de más para consultar al pueblo. Si se abusa de los Decretos-leyes (¡28 en el año 2012!), que están constitucionalmente pensados para situaciones de emergencia, razón de más para consultar al pueblo y ver si se avanza en la dirección correcta.

 

Envidio la madurez del Reino Unido que planteará un referéndum sobre la independencia de Escocia en términos claros: “¿Debería Escocia ser un país independiente,¿ sí o no?”. Y no lo digo por plantear en España consultas similares para Cataluña o para Soria, pues considero que no es prioritario con la que está cayendo entrar al juego de maniobras de distracción política. Lo digo porque sin necesidad de plantear costosos plebiscitos en España para marcar las líneas maestras de gobierno, bien estaría sencillamente encargar al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) una encuesta seria (eso que llaman “Barómetros de opinión pública”) para que de forma orientativa capte el sentir popular en cinco cuestiones a mi juicio cruciales:

 

1. ¿ Desea la reforma electoral que palie el bipartidismo bajo criterios de mayor proporcionalidad y se avance hacia listas abiertas para el Congreso?

 

2. ¿Desea que nadie ocupe cargos políticos por más de ocho años para evitar la profesionalización?

 

3. ¿ Desea una reforma de organización territorial que pase por la supresión de las Diputaciones, la reducción del mapa municipal a la mitad y la reversión de las competencias de sanidad y educación hacia el Estado?

 

4. ¿ Desea una reforma de la justicia penal que nos equipare en tiempos de respuesta y eficacia con la justicia penal en los países democráticamente avanzados de Europa?

 

5. ¿ Desea que las tasas judiciales tengan en cuenta la capacidad económica del ciudadano y en ningún caso excedan la décima parte de lo que se juega en el litigio?

 

 

El resultado de tal consulta podrá ser uno u otro, pero al menos marcaría a los gobernantes de turno la dirección correcta si se quiere dar respuesta al sentimiento ciudadano. También se evitaría el viejo truco político de reivindicar un “Gran Pacto” sobre la Justicia, sobre la Educación o sobre el jamón de Guijuelo. Tantos “pactos” como dice la canción, se rompieron de tanto usarlos, porque al final, detrás de un anuncio de Pacto hay una coartada para ganar tiempo así como infinidad de trampas bajo la mesa para ocultar  los intereses inconfesables de los partidos que pactan.

 

Mientras tanto, seguiremos sintiéndonos como los ciudadanos de los pueblos del Oeste a los que les vendían crecepelos inútiles, y lo peor, sin poder reaccionar como ellos cuando descubrían al estafador, sin poder cubrirlos de brea y plumas para ejemplo y escarnio general.

 

Al menos confío en que las analogías con Bismarck se hayan agotado en su concepción del sistema electoral, y que la historia no se repita, pues tan soberbio personaje no vaciló en amordazar la prensa ( que por cierto, hoy día es la mayor garantía de la democracia pues arroja luz y libertad de expresión sobre las cloacas políticas) e incluso llegó a decretar que los funcionarios que votasen a la oposición serían sancionados disciplinariamente. Y es que, una vez que la voz ciudadana no interesa, nadie puede parar a un gobernante desbocado hacia ninguna parte.

 

La reforma pendiente de las Administraciones Públicas: del chocolate del loro a la mina de oro.

 
En los últimos meses estamos escuchando mensajes de diferentes miembros (y miembras que diría la ex ministra Aído) del Gobierno sobre la necesidad de reformar profundamente el sector público y el “sistema” en general. Las ineficiencias del sistema han ido aflorando a consecuencia de la crisis, pero existen desde hace tiempo y son bien conocidas por todos los que participan del sistema: solapamientos en la gestión de servicios públicos, competencias duplicadas y triplicadas, complejidad administrativa excesiva, gastos superfluos diversos, administraciones institucionales sobredimensionadas, etc.
 
Algunas de estas ineficiencias tienen el origen en el actual modelo territorial y en este Blog se ha analizado recientemente su reforma pendiente. Pero no todo son competencias duplicadas o solapamientos y no todas las ineficiencias derivan del modelo territorial, hay más.
 
En los últimos años, los recortes en el Estado de Bienestar que hemos ido padeciendo no han venido acompañados de medidas similares que acaben con las duplicidades e ineficiencias en las AAPP. De hecho, las únicas medidas adoptadas en esta legislatura han sido para recortar de forma discreta algún gasto superfluo (bienvenidas desde luego en cualquier caso, porque en gobiernos anteriores ni eso). Cuando se han aprobado estas medidas de recorte del gasto superfluo, desde el Gobierno se suele acuñar el término “chocolate del loro”, para referirse a la cuantía de los futuros ahorros que se conseguirán. Dentro del “chocolate del loro” podemos situar los 10,5 millones de euros (en dos años) de ahorro anunciados por la reducción de coches oficiales en la AGE y el millón de euros de ahorro en dietas de puestos de consejeros que desaparecerán como consecuencia del plan de racionalización del sector público que se aprobó el año pasado.
 
Como prioridad para este año que acabamos de empezar, el Gobierno se ha fijado la reforma de las administraciones para poner fin al modelo actual “insostenible”. Si en efecto el Gobierno se mete en serio en este tema, encontrará una mina de oro, porque el ahorro que se puede conseguir es brutal. El chocolate del loro se consigue con facilidad, pero para llegar a la mina hace falta “pico pala” y mucho trabajo.
 
En efecto para abordar la “titánica” (según palabras de la Vicepresidenta) tarea que supone reformar el sistema actual, el Gobierno creó a finales del pasado mes de octubre una Comisión que elaborará un dictamen en junio de este año 2013. Esta Comisión va a realizar una auditoría de las AAPP en todos sus niveles, para encontrar esas duplicidades e ineficiencias y proponer medidas para atajarlas. Para ello, la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas está formada por cuatro subcomisiones y el Gobierno ha anunciado recientemente que contará con un Consejo Asesor formado por representantes del ámbito empresarial, académico, sector público… Además ha anunciado la creación de un buzón para que los ciudadanos envíen sus sugerencias para acabar con los problemas actuales y agilizar los trámites administrativos. Parece por tanto que la Comisión va a estar bien representada y que los ciudadanos podemos contribuir con nuestras aportaciones.
 
La teoría está bien, pero la práctica no tanto. En la creación y en la puesta en marcha de esta Comisión se están produciendo a mi juicio una serie de inefiencias (valga la redundancia) que expongo a continuación.
 
En primer lugar, cuando se crea una Comisión de estas características a uno le entra la duda razonable si el dictamen que se elabore servirá para algo o simplemente es una cuestión estética para ganar tiempo y las conclusiones se quedarán en papel mojado. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el dictamen de la Comisión que se creó en la Asamblea para poner fin a las duplicidades existentes entre administración autonómica y local todavía está esperando convertirse en una realidad.
 
 
En segundo lugar, la Comisión está presidida por el Subsecretario del Ministerio de Presidencia pero está adscrita al Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Estado de AAPP (las bicefalias suelen generar problemas).
 
En tercer lugar, el anterior Gobierno de Zapatero encargó un informe similar a la Agencia de Evaluación y Calidad, que depende precisamente ahora del Ministerio de Hacienda y AAPP. Ni rastro de ese informe ni de la participación del personal de esta Agencia en la Comisión que se crea ahora con un fin muy parecido (y si participan desde luego no se ha hecho público).
 
Y en cuarto lugar, porque los que están dentro del sistema conocen muy bien las ineficiencias que existen, por lo que tampoco hay que analizar mucho más durante más tiempo. Lo que toca ahora es poner en marcha medidas para atajarlas, el problema es que estas medidas de reforma chocan contra muchos intereses creados.
 
Un ejemplo ilustrativo de las dificultades existentes para poner en marcha medidas para reformar profundamente el sistema es el proyecto de ley de reforma de la administración local impulsado desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El proyecto ha chocado con las reticencias de los alcaldes del propio PP y ahora se está intentando consensuar un texto con el PSOE (el resto de formaciones parece que no tienen nada que opinar sobre este tema), de la mano de la FEMP (federación española de municipios) y de Génova. Aun así, el Gobierno lleva meses intentando llevar a un Consejo de Ministros la propuesta de reforma y de momento nada. Y eso que estamos metidos en una profunda crisis económica, que el PP cuenta con una amplia mayoría en el Congreso, gobierna en un buen número de CCAA y preside la FEMP. Otros gobiernos ni se plantearon intentarlo claro.
 
Pasar del chocolate del loro a la mina de oro no es fácil, es una patata caliente con la que ningún gobierno ha querido lidiar hasta ahora. El actual Gobierno afirma que este año es el de la reforma de las AAPP para poner coto al actual sistema que no se sostiene… ¿Cumplirán la promesa? Desde luego los primeros pasos, como acabamos de ver, no son alentadores. Pero por el bien de todos esperemos que cumplan (el contexto sociopolítico es el idóneo), porque las ineficiencias del sistema nos cuestan a todos los ciudadanos mucho dinero y no obtenemos ningún beneficio de ellas.
 
 
 
 

La reforma pendiente de las Administraciones Públicas: del chocolate del loro a la mina de oro.

 

En los últimos meses estamos escuchando mensajes de diferentes miembros (y miembras que diría la ex ministra Aído) del Gobierno sobre la necesidad de reformar profundamente el sector público y el “sistema” en general. Las ineficiencias del sistema han ido aflorando a consecuencia de la crisis, pero existen desde hace tiempo y son bien conocidas por todos los que participan del sistema: solapamientos en la gestión de servicios públicos, competencias duplicadas y triplicadas, complejidad administrativa excesiva, gastos superfluos diversos, administraciones institucionales sobredimensionadas, etc.

 

Algunas de estas ineficiencias tienen el origen en el actual modelo territorial y en este Blog se ha analizado recientemente su reforma pendiente. Pero no todo son competencias duplicadas o solapamientos y no todas las ineficiencias derivan del modelo territorial, hay más.

 

En los últimos años, los recortes en el Estado de Bienestar que hemos ido padeciendo no han venido acompañados de medidas similares que acaben con las duplicidades e ineficiencias en las AAPP. De hecho, las únicas medidas adoptadas en esta legislatura han sido para recortar de forma discreta algún gasto superfluo (bienvenidas desde luego en cualquier caso, porque en gobiernos anteriores ni eso). Cuando se han aprobado estas medidas de recorte del gasto superfluo, desde el Gobierno se suele acuñar el término “chocolate del loro”, para referirse a la cuantía de los futuros ahorros que se conseguirán. Dentro del “chocolate del loro” podemos situar los 10,5 millones de euros (en dos años) de ahorro anunciados por la reducción de coches oficiales en la AGE y el millón de euros de ahorro en dietas de puestos de consejeros que desaparecerán como consecuencia del plan de racionalización del sector público que se aprobó el año pasado.

 

Como prioridad para este año que acabamos de empezar, el Gobierno se ha fijado la reforma de las administraciones para poner fin al modelo actual “insostenible”. Si en efecto el Gobierno se mete en serio en este tema, encontrará una mina de oro, porque el ahorro que se puede conseguir es brutal. El chocolate del loro se consigue con facilidad, pero para llegar a la mina hace falta “pico pala” y mucho trabajo.

 

En efecto para abordar la “titánica” (según palabras de la Vicepresidenta) tarea que supone reformar el sistema actual, el Gobierno creó a finales del pasado mes de octubre una Comisión que elaborará un dictamen en junio de este año 2013. Esta Comisión va a realizar una auditoría de las AAPP en todos sus niveles, para encontrar esas duplicidades e ineficiencias y proponer medidas para atajarlas. Para ello, la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas está formada por cuatro subcomisiones y el Gobierno ha anunciado recientemente que contará con un Consejo Asesor formado por representantes del ámbito empresarial, académico, sector público… Además ha anunciado la creación de un buzón para que los ciudadanos envíen sus sugerencias para acabar con los problemas actuales y agilizar los trámites administrativos. Parece por tanto que la Comisión va a estar bien representada y que los ciudadanos podemos contribuir con nuestras aportaciones.

 

La teoría está bien, pero la práctica no tanto. En la creación y en la puesta en marcha de esta Comisión se están produciendo a mi juicio una serie de inefiencias (valga la redundancia) que expongo a continuación.

 

En primer lugar, cuando se crea una Comisión de estas características a uno le entra la duda razonable si el dictamen que se elabore servirá para algo o simplemente es una cuestión estética para ganar tiempo y las conclusiones se quedarán en papel mojado. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el dictamen de la Comisión que se creó en la Asamblea para poner fin a las duplicidades existentes entre administración autonómica y local todavía está esperando convertirse en una realidad.

 

 

En segundo lugar, la Comisión está presidida por el Subsecretario del Ministerio de Presidencia pero está adscrita al Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Estado de AAPP (las bicefalias suelen generar problemas).

 

En tercer lugar, el anterior Gobierno de Zapatero encargó un informe similar a la Agencia de Evaluación y Calidad, que depende precisamente ahora del Ministerio de Hacienda y AAPP. Ni rastro de ese informe ni de la participación del personal de esta Agencia en la Comisión que se crea ahora con un fin muy parecido (y si participan desde luego no se ha hecho público).

 

Y en cuarto lugar, porque los que están dentro del sistema conocen muy bien las ineficiencias que existen, por lo que tampoco hay que analizar mucho más durante más tiempo. Lo que toca ahora es poner en marcha medidas para atajarlas, el problema es que estas medidas de reforma chocan contra muchos intereses creados.

 

Un ejemplo ilustrativo de las dificultades existentes para poner en marcha medidas para reformar profundamente el sistema es el proyecto de ley de reforma de la administración local impulsado desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El proyecto ha chocado con las reticencias de los alcaldes del propio PP y ahora se está intentando consensuar un texto con el PSOE (el resto de formaciones parece que no tienen nada que opinar sobre este tema), de la mano de la FEMP (federación española de municipios) y de Génova. Aun así, el Gobierno lleva meses intentando llevar a un Consejo de Ministros la propuesta de reforma y de momento nada. Y eso que estamos metidos en una profunda crisis económica, que el PP cuenta con una amplia mayoría en el Congreso, gobierna en un buen número de CCAA y preside la FEMP. Otros gobiernos ni se plantearon intentarlo claro.

 

Pasar del chocolate del loro a la mina de oro no es fácil, es una patata caliente con la que ningún gobierno ha querido lidiar hasta ahora. El actual Gobierno afirma que este año es el de la reforma de las AAPP para poner coto al actual sistema que no se sostiene… ¿Cumplirán la promesa? Desde luego los primeros pasos, como acabamos de ver, no son alentadores. Pero por el bien de todos esperemos que cumplan (el contexto sociopolítico es el idóneo), porque las ineficiencias del sistema nos cuestan a todos los ciudadanos mucho dinero y no obtenemos ningún beneficio de ellas.