Como eludir un ERE en el sector público: el modelo UNED

 

Mientras el Gobierno, en las alturas, se esfuerza en elaborar planes para la mejora en la gestión de las diferentes administraciones públicas y racionalizar el gasto, en el nivel intermedio de la administración local, autonómica o universitaria se intenta destejer de noche lo realizado por la Administración central durante el día. Lo hemos visto recientemente cuando, presionados por sus redes clientelares, varias administraciones autonómicas con independencia del color del gobierno de turno han puenteado por diversos medios la supresión de la paga extra a los funcionarios públicos.

 

En ocasiones, la realidad de una disminución en la financiación pública impone, aunque sea a regañadientes tener que realizar recortes. En estos casos,  el gestor público debe tomar decisiones que suponen tener que elegir entre unas opciones u otras. Sin embargo en ese proceso no siempre tienen por qué regir el sentido común y una vocación de mejora del servicio sino que pueden priorizarse otros criterios.

 

Un ejemplo de cómo se pervierten las intenciones de buen gobierno, en principio postuladas desde lo alto, podemos encontrarlo –aunque seguro que existen otros muchos semejantes- en una administración que aunque cuelga directamente del Estado, goza de gran autonomía de gestión en virtud de la denominada “autonomía universitaria”. Nos referimos a las recientes iniciativas en materia de recursos humanos aprobadas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

 

En los Boletines Internos de Coordinación Informativa (el BOE de la Universidad) se han publicado en fechas 3 de diciembre de 2012 y de 21 de enero de 2013 (ver los enlaces), las aprobaciones de sendas reformas de la Relación de puestos de trabajo (RPT) del personal funcionario y laboral no docente de la casa que es una muestra de la manera en la que algunas instituciones que escapan del férreo control de la administración central, aprovechan las oquedades del sistema para desvirtuar los principios de austeridad marcados por el Gobierno.

 

La UNED, como todo el mundo sabe, es una universidad pública especializada en la educación a distancia, caracterizada por la necesidad de incorporar a su forma de actuar las tecnologías más novedosas para el tratamiento de la información y la transmisión del conocimiento, así como por diversas circunstancias como, entre otras, tener un gran número de estudiantes matriculados pero que, prácticamente, nunca están presentes en los campus de su sede central y llevar la coordinación de una red de centros asociados tanto en España como en el extranjero que, aunque tienen personalidad jurídica propia, dependen de la sede central.

 

En principio, una organización de esas características se supone que requeriría, además de un personal docente ducho en la metodología de la educación a distancia, de un personal de administración y servicios (PAS) altamente cualificado para resolver las cuestiones técnicas, organizativas, jurídicas y económicas que exige tanto la gestión diaria de esta naturaleza, como la constante necesidad de innovar para estar al día en los últimos avances tecnológicos y metodológicos aparecidos en la educación superior a distancia, lo que teóricamente debería suponer que la proporción de cuadros pertenecientes a los grupos A1 y A2 de la función pública sería relevante respecto del total de la plantilla.

 

Sin embargo, lo cierto es que de las aproximadamente 800 personas que trabajan como PAS en la UNED, no alcanzan a un 10% del total de la plantilla los que son funcionarios del Grupo A1 y la mayor parte de ese personal pertenece a una escala facultativa de archivos y bibliotecas. La gestión directiva y predirectiva se realiza, al igual que en el resto de las universidades españolas- a través de una pléyade de gestores amateur denominados “cargos académicos” elegidos libremente por el rector entre el personal docente, que compaginan sus labores académicas con cargos denominados vicerrectores, vicerrectores adjuntos, vicesecretarios, vicedecanos, etc; a ellos se unen una decena de vicegerentes y otro personal directivo de origen ecléctico, algunos funcionarios, otros contratados laborales que en la mayoría de  los casos fueron nombrados sin haber tenido que participar en procesos selectivos con concurrencia competitiva; de estos dependen apenas unos cuarenta técnicos intermedios de diversa procedencia. El resto, más de 700 personas, son una legión de administrativos, auxiliares, ordenanzas, limpiadores, personal de oficios, mozos, etc… de los que más de la mitad están vinculados a la UNED mediante contratos laborales de distintos tipos y que, seguramente, realizan una función vital, pero que nadie conoce demasiado bien pues, a pesar de disponer de una plantilla tan grande, la falta de personal cualificado obliga a externalizar a través de contratos de servicios, entre otras cosas, la mayor parte de las necesidades de los servicios informáticos de la universidad, las producciones audiovisuales que realiza la institución, la librería virtual, parte de los servicios de atención al estudiante, parte de la asistencia jurídica, etc…

 

En este estado de cosas, si se observan las reformas que ahora comentamos, podemos ver que la gerencia de la Universidad propone y tanto el Consejo de Gobierno como el Consejo Social –integrado por insignes directivos de empresas privadas punteras- aprueban por unanimidad unas asombrosas reformas de la RPT en la que, mediante la amortización de diversas plazas de personal funcionario de Grupo A1 se financia parcialmente la funcionarización de 40 puestos de trabajo de contratados como personal laboral fijo con la categoría de Ordenanza del grupo profesional IV en 40 puestas de trabajo de la Escala Auxiliar Administrativa de la UNED.

 

También pueden sorprender al lector no avisado (si es funcionario de la administración general del Estado) algunos otros datos que se desprenden de los documentos enlazados, en particular el importe de los complementos específicos de los puestos de trabajo allí recogidos. Así, un “Coordinador de campus”, con nivel de complemento de destino 26, y con un grado de responsabilidad reconocido en el propio documento de 4 sobre 5, tiene (productividad aparte) atribuido un complemento específico de 21.868€, equivalente al de la mayoría de los  subdirectores generales en el resto de las Administraciones públicas.

 

Aunque para algunos la cuestión puede reducirse a una simple cuestión de prioridades al fin y al cabo legítima para conseguir la finalidad de preservar la estabilidad en el trabajo de la mayor cantidad de trabajadores de la “casa” a costa de unos pocos puestos directivos que fácilmente pueden recolocarse,  desde una lógica de gerencia moderna y eficaz, puede resultar más difícil de comprender.

 

En cualquier caso, como mejor se entiende esta reforma es ubicándola dentro de las dinámicas clientelares y cortoplacistas tan frecuentes en la universidad pública española: ante los recortes acaecidos en la financiación que llega del Ministerio, la UNED puede verse abocada a corto o medio plazo a realizar un expediente de regulación de empleo que puede afectar a una plantilla tan sobredimensionada en sus escalones inferiores. La funcionarización de esos cuarenta elegidos, garantizará su estabilidad laboral y, previsiblemente, constituirán cuarenta votos seguros para la candidatura continuista que se presentará a las próximas elecciones a rector que previsiblemente se celebrarán (oh, casualidad) coincidiendo con la culminación de dicho proceso de integración.

 

El descrito es un ejemplo más de los muchos que, seguramente, están intentándose por lo bajo en múltiples ámbitos. El Gobierno deberá estar vigilante para evitar que los recursos que se recaudan esquilmando a la clase media, no se malbaraten con modelos de gestión tan perversos como mediocres.

Estafados

Fue el canciller de hierro, Otto Von Bismarck, quien a mediados del siglo  XIX comentaba frívolamente que era maravilloso que Prusia contase con la estafa de las elecciones democráticas, siempre claro está, que el consiguiese ser el estafador.  Dando un salto en el tiempo y el espacio a la España actual, los ciudadanos comenzamos a sentirnos un electorado estafado.
 
La Monarquía, pese a un costoso aparato burocrático sufragado por todos los españoles para ofrecer una imagen digna, no pudo evitar el caballo de Troya de un yerno infame ni lo que es peor, ha sido capaz de romper públicamente y sin rodeos con quien traicionó su confianza y la de todos los españoles.
 
El Ministro de Justicia, procedente de la carrera fiscal y un piquito de oro, ha asestado el mayor ataque al derecho de tutela judicial de la democracia al imponer unas tasas judiciales desproporcionadas que disfrazan de ahorro lo que supone privar a la clase media de su derecho a acudir a los Tribunales.
 
Los partidos políticos, con un estatuto privilegiado de financiación, han abusado del mismo y en algunos casos extremos dejan pequeña a la cueva de Alí-Baba.
 
La todopoderosa banca se vuelve mezquina en la concesión de créditos tras haberse lucrado con el anzuelo de las “preferentes” a costa de la buena fe de ancianos y ahorradores confiados.
 
Los servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad se tambalean ante el empuje de la crisis y amenazan con desplomarse con grandísimos estragos.
 
Los impuestos y los recortes sociales y económicos están dejando en jirones las ilusiones de un pueblo laborioso que ve como se le quita tanto lo que tiene como lo que podría tener en el futuro.
 
Por si fuera poco, los tijeretazos económicos van camino de convertirse en sanguijuelas sobre el enfermo que, como es sabido, de tanto chupar sangre en vez de sanarlo pueden acabar con él. La denominada “clase media” cada día cuenta con menos miembros y cada día la “media” está mas abajo. Empresarios que ven sus inversiones como se van al garete. Trabajadores a los que nadie saca del desempleo. Funcionarios estrangulados en sus condiciones de trabajo. Profesionales liberales que paradójicamente ven como la “liberalización” encadena sus sueños.  Estudiantes que no saben qué ni para qué estudiar. Y miles de profesiones exitosas se han convertido en una trampa para quienes invirtieron tiempo y formación en ellas.
 
Además del natural hartazgo, el ciudadano siente las últimas gotas de la tortura malaya, al constatar  que la corrupción arde por los cuatro costados del país y que son muchos los que han robado ( afines a distintos partidos políticos), han robado mucho ( cifras mareantes) y han robado a muchos (todos los ciudadanos).
 
Para mas inri, ningún partido gobernante ha alzado como prioridad modificar la  justicia penal para que la sensación de impunidad se desvanezca de la mente ciudadana. Algo habrá que hacer, cuando los delincuentes de cuello blanco, con amigos de alto copete o enriquecidos, son capaces de aprovecharse de las holguras del sistema penal para que los delitos de pelaje económico sean impunes ( fraude fiscal, corrupción, falsificación o maquinaciones).
 
Veamos. No todos los delitos económicos son conocidos o denunciados. De los que se denuncian buena parte han prescrito pues llega tarde la alarma y los bomberos. De los que se denuncian y no han prescrito, muchos se libran por insuficiencia probatoria porque han conseguido borrar las huellas del delito o porque hábiles abogados con chequera abultada consiguen exprimir el jugo a la presunción de inocencia hasta el límite. De los que se denuncian, no prescriben y desembocan en condena penal, muchos consiguen pactar con el fiscal la conformidad por una pena inferior a dos años ( o sea, a la calle bajo la angelical promesa de no volver a delinquir en ese tiempo). Y de los que se denuncian, no prescriben, desembocan en condena penal y no hay pacto de conformidad, algunos consiguen que el Tribunal Constitucional deje en papel mojado las bibliotecas completas de actuaciones de los Tribunales penales.
 
Por último, de los que se denuncian, no prescriben, desembocan en condena penal, sin pacto de conformidad, y sin amparo del Tribunal Constitucional, malo será que un Gobierno no los indulte.
 
En suma, los delitos económicos o los delitos de corrupción parecen rentables en términos de riesgo para los delincuentes.
 
Sangrante es la sensación de que existe un mundo de políticos que surfean plácidamente en la crisis. Y que no ataja de frente los problemas porque existe un distanciamiento enorme entre el pueblo elector y los elegidos, entre ciudadanía y gobierno.
 
Me escandalizo como ciudadano cuando escucho al Presidente del Gobierno aquello de “haré lo que tengo que hacer, aunque no lo haya prometido”,  pues encierra un desprecio hacia los electores. Posiblemente en su fuero interno los gobernantes de cualquier ideología piensen lo mismo, pero en vez de decirlo se lo callan, pese a que el deber moral de un político que no cumple lo que promete es tener humildad, pedir perdón e intentar reparar su error. Mal actitud es la de quien se muestra prepotente y se atrinchera en los votos cosechados. No sólo hay que escuchar al pueblo en las urnas electorales y echarse a dormir. Si la situación económica y política es inquietante, razón de más para consultar al pueblo. Si se abusa de los Decretos-leyes (¡28 en el año 2012!), que están constitucionalmente pensados para situaciones de emergencia, razón de más para consultar al pueblo y ver si se avanza en la dirección correcta.
 
Envidio la madurez del Reino Unido que planteará un referéndum sobre la independencia de Escocia en términos claros: “¿Debería Escocia ser un país independiente,¿ sí o no?”. Y no lo digo por plantear en España consultas similares para Cataluña o para Soria, pues considero que no es prioritario con la que está cayendo entrar al juego de maniobras de distracción política. Lo digo porque sin necesidad de plantear costosos plebiscitos en España para marcar las líneas maestras de gobierno, bien estaría sencillamente encargar al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) una encuesta seria (eso que llaman “Barómetros de opinión pública”) para que de forma orientativa capte el sentir popular en cinco cuestiones a mi juicio cruciales:
 
1. ¿ Desea la reforma electoral que palie el bipartidismo bajo criterios de mayor proporcionalidad y se avance hacia listas abiertas para el Congreso?
 
2. ¿Desea que nadie ocupe cargos políticos por más de ocho años para evitar la profesionalización?
 
3. ¿ Desea una reforma de organización territorial que pase por la supresión de las Diputaciones, la reducción del mapa municipal a la mitad y la reversión de las competencias de sanidad y educación hacia el Estado?
 
4. ¿ Desea una reforma de la justicia penal que nos equipare en tiempos de respuesta y eficacia con la justicia penal en los países democráticamente avanzados de Europa?
 
5. ¿ Desea que las tasas judiciales tengan en cuenta la capacidad económica del ciudadano y en ningún caso excedan la décima parte de lo que se juega en el litigio?
 
 
El resultado de tal consulta podrá ser uno u otro, pero al menos marcaría a los gobernantes de turno la dirección correcta si se quiere dar respuesta al sentimiento ciudadano. También se evitaría el viejo truco político de reivindicar un “Gran Pacto” sobre la Justicia, sobre la Educación o sobre el jamón de Guijuelo. Tantos “pactos” como dice la canción, se rompieron de tanto usarlos, porque al final, detrás de un anuncio de Pacto hay una coartada para ganar tiempo así como infinidad de trampas bajo la mesa para ocultar  los intereses inconfesables de los partidos que pactan.
 
Mientras tanto, seguiremos sintiéndonos como los ciudadanos de los pueblos del Oeste a los que les vendían crecepelos inútiles, y lo peor, sin poder reaccionar como ellos cuando descubrían al estafador, sin poder cubrirlos de brea y plumas para ejemplo y escarnio general.
 
Al menos confío en que las analogías con Bismarck se hayan agotado en su concepción del sistema electoral, y que la historia no se repita, pues tan soberbio personaje no vaciló en amordazar la prensa ( que por cierto, hoy día es la mayor garantía de la democracia pues arroja luz y libertad de expresión sobre las cloacas políticas) e incluso llegó a decretar que los funcionarios que votasen a la oposición serían sancionados disciplinariamente. Y es que, una vez que la voz ciudadana no interesa, nadie puede parar a un gobernante desbocado hacia ninguna parte.