Algunas medidas contra la corrupción

Ante el piélago de corrupciones que literalmente ahoga a la sociedad española, los ciudadanos como auténticos titulares de la democracia debemos promover la adopción de medidas para tratar de cortar en lo posible esta incontenible marea de corrupción. Personalmente considero que el  mejor antídoto contra la corrupción es la honestidad; pero como ésta es una cualidad humana que no puede predicarse de todo hombre público, es urgente adoptar ya medidas de orden sustantivo y procesal, para atajar la corrupción.
 
Entre las primeras se encuentra la de modificar el vigente régimen electoral, eliminándose si no en todo, al menos en parte, el sistema proporcional de listas cerradas, bloqueadas y dirigidas, causa última de la corrupción política e ideológica existente en España, que se ha llevado por delante la credibilidad del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Se trataría de buscar un equilibrio entre la vigente representación proporcional con el sistema mayoritario, juxtaponiéndolos. Caso típico es el del régimen electoral alemán, en el que la mitad de los escaños del Bundestag son asignados mediante mayoría simple en distritos unipersonales y la segunda mitad de sus miembros son elegidos mediante voto proporcional utilizando listas bloqueadas en cada Land, variando el número de escaños atribuidos en cada Land en virtud de su población; de esta forma cada elector deposita dos votos: uno de libre elección del elector y otro para una lista. Este sistema propicia la entrada de aire fresco en la siempre viciada vida política.
 
Tomando lo anterior como punto de partida, habría que modificar el Código Penal, incluyendo un tipo específico de responsabilidad criminal sobre el delito de corrupción política, que hoy no aparece con perfiles claros, estableciéndose penas suficientemente duras como para disuadir en lo posible comportamientos corruptos.
 
Otra medida de carácter sustantivo podría afectar a la financiación de los partidos políticos, que constituye uno de los problemas más espinosos en las democracias modernas. Las vigentes Leyes Orgánicas de Régimen Electoral Español y de Financiación de los Partidos Políticos, han optado claramente por la financiación pública, relegándose la financiación privada, que es la seguida en los sistemas anglosajones y nórdicos. Eso supone cargar sobre las espaldas del contribuyente español un importante gasto anual que se calcula en función del número de escaños obtenidos por cada partido en el Congreso o en el Senado, mas una cantidad por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura al Congreso y al Senado, además de cuantiosas subvenciones para cubrir gastos electorales, tales como sobres, papeletas, propaganda,  publicidad, y otros. La propuesta consistiría en cambiar este sistema por una financiación estrictamente privada controlada por la Junta Electoral Central y, en su caso, por el Tribunal de Cuentas, no en un enjuiciamiento estrictamente consuntivo y finalista sino mas bien mediante técnicas propias de las auditorias modernas. Se trata de liberar a los ciudadanos de esta carga tributaria, sirviendo de paso para amenguar los exorbitantes gastos estatales. Como el paso de la financiación pública a la privada no puede hacerse de la noche a la mañana habría que otorgar a los partidos políticos (y también a los sindicatos), un periodo transitorio de 3 a 5 años para que se fueran adaptando a su nueva realidad económica. Y, finalmente, habría que caminar hacia la eliminación de los aforamientos intuitu personae, que hoy carece de fundamento. España es el país del mundo con mayor número de aforados por número de habitantes. Hay que recordar que el aforamiento de los parlamentarios constituye hoy una antigualla que trae causa de las técnicas de defensa de los parlamentarios frente al Rey en el Antiguo Régimen, a través del llamado “freedom from arrest”, pero que hoy carece de significado político y lo único que pone de manifiesto es el carácter de casta de la clase política dominante.
 
Junto a esas medidas, propongo cuatro más de carácter procesal. La primera de ellas, que los juicios abiertos por corrupción política estén inspirados en los principios de preferencia y sumariedad; es decir, que gocen estos juicios de las mismas prorrogativas que la protección de los derechos fundamentales y del contencioso electoral, en cuya virtud, la sustanciación de esos procesos gozarían de preferencia absoluta frente a cualquier otro y su sustanciación se haría de forma urgente. Esto tendría una gran ventaja para el justiciable, ya que, no habría que esperar, a veces años, para obtener una sentencia, y desde luego, para los ciudadanos que, como contribuyentes netos de todo el sistema, verían satisfechas sus expectativas en una justicia garantista pero rápida y eficaz en la identificación y condena de los corruptos.
 
Otra medida procesal podría venir dada por incorporar el Jurado Popular en todos los procesos por corrupción política. Nada hay más justo que hacer partícipes a los ciudadanos en la Administración de Justicia, cuando se trate de enjuiciar asuntos relacionados con la corrupción política. Eso sí, habría que exigir que se dotase al poder judicial de los medios personales y materiales, como viene reclamando, para hacer efectivas sus resoluciones sin dilaciones indebidas.
 
Asimismo, la ejemplariedad pública que se demanda en un Estado de Derecho moderno exige que los condenados por sentencia firme en procesos judiciales por corrupción política no obtengan ningún beneficio penitenciario hasta tanto no devuelvan al Tesoro Público las cantidades defraudadas.
 
Finalmente, no se podría aplicar para las sentencias firmes recaídas en casos de corrupción política, la exótica Ley para el Ejercicio de la Gracia de Indulto de 1870, a mi juicio inconstitucional; pues en mor de esta norma los Gobiernos de turno vienen indultando a convictos de corrupción política a según su conveniencia ideológica.

Algunas medidas contra la corrupción

Ante el piélago de corrupciones que literalmente ahoga a la sociedad española, los ciudadanos como auténticos titulares de la democracia debemos promover la adopción de medidas para tratar de cortar en lo posible esta incontenible marea de corrupción. Personalmente considero que el  mejor antídoto contra la corrupción es la honestidad; pero como ésta es una cualidad humana que no puede predicarse de todo hombre público, es urgente adoptar ya medidas de orden sustantivo y procesal, para atajar la corrupción.

 

Entre las primeras se encuentra la de modificar el vigente régimen electoral, eliminándose si no en todo, al menos en parte, el sistema proporcional de listas cerradas, bloqueadas y dirigidas, causa última de la corrupción política e ideológica existente en España, que se ha llevado por delante la credibilidad del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Se trataría de buscar un equilibrio entre la vigente representación proporcional con el sistema mayoritario, juxtaponiéndolos. Caso típico es el del régimen electoral alemán, en el que la mitad de los escaños del Bundestag son asignados mediante mayoría simple en distritos unipersonales y la segunda mitad de sus miembros son elegidos mediante voto proporcional utilizando listas bloqueadas en cada Land, variando el número de escaños atribuidos en cada Land en virtud de su población; de esta forma cada elector deposita dos votos: uno de libre elección del elector y otro para una lista. Este sistema propicia la entrada de aire fresco en la siempre viciada vida política.

 

Tomando lo anterior como punto de partida, habría que modificar el Código Penal, incluyendo un tipo específico de responsabilidad criminal sobre el delito de corrupción política, que hoy no aparece con perfiles claros, estableciéndose penas suficientemente duras como para disuadir en lo posible comportamientos corruptos.

 

Otra medida de carácter sustantivo podría afectar a la financiación de los partidos políticos, que constituye uno de los problemas más espinosos en las democracias modernas. Las vigentes Leyes Orgánicas de Régimen Electoral Español y de Financiación de los Partidos Políticos, han optado claramente por la financiación pública, relegándose la financiación privada, que es la seguida en los sistemas anglosajones y nórdicos. Eso supone cargar sobre las espaldas del contribuyente español un importante gasto anual que se calcula en función del número de escaños obtenidos por cada partido en el Congreso o en el Senado, mas una cantidad por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura al Congreso y al Senado, además de cuantiosas subvenciones para cubrir gastos electorales, tales como sobres, papeletas, propaganda,  publicidad, y otros. La propuesta consistiría en cambiar este sistema por una financiación estrictamente privada controlada por la Junta Electoral Central y, en su caso, por el Tribunal de Cuentas, no en un enjuiciamiento estrictamente consuntivo y finalista sino mas bien mediante técnicas propias de las auditorias modernas. Se trata de liberar a los ciudadanos de esta carga tributaria, sirviendo de paso para amenguar los exorbitantes gastos estatales. Como el paso de la financiación pública a la privada no puede hacerse de la noche a la mañana habría que otorgar a los partidos políticos (y también a los sindicatos), un periodo transitorio de 3 a 5 años para que se fueran adaptando a su nueva realidad económica. Y, finalmente, habría que caminar hacia la eliminación de los aforamientos intuitu personae, que hoy carece de fundamento. España es el país del mundo con mayor número de aforados por número de habitantes. Hay que recordar que el aforamiento de los parlamentarios constituye hoy una antigualla que trae causa de las técnicas de defensa de los parlamentarios frente al Rey en el Antiguo Régimen, a través del llamado “freedom from arrest”, pero que hoy carece de significado político y lo único que pone de manifiesto es el carácter de casta de la clase política dominante.

 

Junto a esas medidas, propongo cuatro más de carácter procesal. La primera de ellas, que los juicios abiertos por corrupción política estén inspirados en los principios de preferencia y sumariedad; es decir, que gocen estos juicios de las mismas prorrogativas que la protección de los derechos fundamentales y del contencioso electoral, en cuya virtud, la sustanciación de esos procesos gozarían de preferencia absoluta frente a cualquier otro y su sustanciación se haría de forma urgente. Esto tendría una gran ventaja para el justiciable, ya que, no habría que esperar, a veces años, para obtener una sentencia, y desde luego, para los ciudadanos que, como contribuyentes netos de todo el sistema, verían satisfechas sus expectativas en una justicia garantista pero rápida y eficaz en la identificación y condena de los corruptos.

 

Otra medida procesal podría venir dada por incorporar el Jurado Popular en todos los procesos por corrupción política. Nada hay más justo que hacer partícipes a los ciudadanos en la Administración de Justicia, cuando se trate de enjuiciar asuntos relacionados con la corrupción política. Eso sí, habría que exigir que se dotase al poder judicial de los medios personales y materiales, como viene reclamando, para hacer efectivas sus resoluciones sin dilaciones indebidas.

 

Asimismo, la ejemplariedad pública que se demanda en un Estado de Derecho moderno exige que los condenados por sentencia firme en procesos judiciales por corrupción política no obtengan ningún beneficio penitenciario hasta tanto no devuelvan al Tesoro Público las cantidades defraudadas.

 

Finalmente, no se podría aplicar para las sentencias firmes recaídas en casos de corrupción política, la exótica Ley para el Ejercicio de la Gracia de Indulto de 1870, a mi juicio inconstitucional; pues en mor de esta norma los Gobiernos de turno vienen indultando a convictos de corrupción política a según su conveniencia ideológica.

El regulador británico FSA pone en evidencia al Banco de España y la CNMV

Vivimos en un mundo globalizado y en el sector en el que más ha avanzado la globalización es en el financiero. Grandes bancos de inversión marcan el paso del mercado. Deciden que productos se ofrecen en cada momento, generando si es necesario el apetito del cliente.
 
Un ejemplo de creación artificial de la demanda de un producto financiero es el de los swaps vendidos a las pymes. Al comienzo de la crisis, en 2007, se inicia la colación indiscriminada de swaps (*) entre las pequeñas y medinas empresas. Se les ofrece este producto como si fuera una  cobertura gratuita que permite estabilizar el coste financiero de los préstamos. La oferta se realiza por quien se presenta como asesor del cliente. Su recomendación destaca las ventajas del producto silenciado los riesgos. No informa de que se trata de un producto autónomo al préstamo con costes de cancelación que pueden ser muy elevados. Tampoco informa de que existen costes ocultos que desequilibran el producto a favor del banco. En suma no informa de que el swap vendido en esas circunstancias constituye una apuesta trucada a favor del banco. En lugar de un servicio de cobertura se crea un riesgo al cliente.
 
Estamos ante un problema de orden público financiero que no solo se plantea en España. Como decimos las pautas de la banca son globales y el mismo problema también se ha reproducido en otros países, por ejemplo en el Reino Unido.
 
Ante este problema la respuesta de los supervisores financieros ha sido muy diferente. En el Reino Unido, la Financial Services Authority (FSA) realizó una investigación detectando graves incumplimientos de las normas de comercialización de swaps entre pymes, requiriendo a 11 bancos la revisión de 40.000 contratos. En la primera encuesta de seguimiento de esta revisión la FSA ha comprobado que en el 90 % de los casos la comercialización de swaps ha sido inadecuada. Los bancos no habían informado del precio de cancelar anticipadamente el producto y no se habían preocupado de verificar que el cliente comprendía los riesgos. Los bancos se presentaban sin serlo como asesores y colocaban swaps por nocionales superiores a la financiación recibida del banco, convirtiendo al cliente sin saberlo en apostante sobre la evolución de los tipos de interés. Todo esto resulta muy técnico pero baste aquí apuntar que son malas prácticas que también se dan en la comercialización de swaps en España como podemos comprobar de la lectura de las numerosas sentencias judiciales que condenan a los bancos por estas conductas.
 
Ante estas evidencias de malas prácticas, la FSA ha logrado que los principales bancos del Reino Unido se comprometan a indemnizar a las pymes por el daño causado, fijando el procedimiento para lograr este resultado. Según este procedimiento los bancos deben nombrar un revisor independiente aprobado por la FSA para que determine que clientes deben ser indemnizados. En esta revisión se debe atender a la importancia de la empresa y a su capacidad para comprender los riesgos financieros, así como a la información comunicada a al cliente, en particular sobre el coste de cancelación anticipada del producto. La revisión es gratuita para el cliente salvo que recurra a una compañía que se encargue de la gestión de la reclamación. Los bancos se han comprometido a través de su asociación (BBA) a no realizar nuevos cargos en concepto de liquidaciones de swaps cuando se detecte un incumplimiento normativo.
 
El panorama en España es muy distinto. Ante el problema de los swaps colocados de forma indiscriminada entre empresas y particulares, el Banco de España presentó, el 27 de abril de 2010, un informe en el Senado para alertar de su alcance y de las consecuencias que tendría para la solvencia bancaria y para la estabilidad del sistema financiero revisar los contratos. A continuación, el Banco de España llegó a un acuerdo con la CNMV para sacar del ámbito de la Ley del mercado de valores, y por tanto de las normas de protección del inversor, todos los swaps cuyo nocional (**) no superara la financiación bancaria recibida por el cliente. En consecuencia, las reclamaciones sobre este tipo de swaps pasarían a ser resueltas por el Banco de España, quien prima la protección de la solvencia del banco sobre la tutela del cliente, quedando la CNMV para tramitar las reclamaciones de los swaps más especulativos.
 
Tras esta comparación podemos concluir que frente a la reacción de la FSA, que se ha puesto del lado del cliente obligando a revisar los contratos por expertos independientes y a reparar el daño causado en los casos en que se constate una mala praxis en la comercialización del swap, los supervisores españoles han apañado las cosas para proteger a la banca de las demandas de sus clientes.
 
Glosario
(*) Swap (permuta financiera): contrato en el que las obligaciones asumidas por las partes no están determinadas en el momento de su conclusión, sino que son determinables en función de los criterios establecidos por las partes por referencia a las oscilaciones futuras de tipos de interés, dentro de ciertos límites cuantitativos. Los swap son instrumentos financieros derivados incluidos en el ámbito de la Ley del Mercado de Valores.
(**) Nocional: Referencia sobre la que se calculan las liquidaciones del swap, tratándose de un producto de cobertura, el principal del préstamo bancario.

El regulador británico FSA pone en evidencia al Banco de España y la CNMV

Vivimos en un mundo globalizado y en el sector en el que más ha avanzado la globalización es en el financiero. Grandes bancos de inversión marcan el paso del mercado. Deciden que productos se ofrecen en cada momento, generando si es necesario el apetito del cliente.

 

Un ejemplo de creación artificial de la demanda de un producto financiero es el de los swaps vendidos a las pymes. Al comienzo de la crisis, en 2007, se inicia la colación indiscriminada de swaps (*) entre las pequeñas y medinas empresas. Se les ofrece este producto como si fuera una  cobertura gratuita que permite estabilizar el coste financiero de los préstamos. La oferta se realiza por quien se presenta como asesor del cliente. Su recomendación destaca las ventajas del producto silenciado los riesgos. No informa de que se trata de un producto autónomo al préstamo con costes de cancelación que pueden ser muy elevados. Tampoco informa de que existen costes ocultos que desequilibran el producto a favor del banco. En suma no informa de que el swap vendido en esas circunstancias constituye una apuesta trucada a favor del banco. En lugar de un servicio de cobertura se crea un riesgo al cliente.

 

Estamos ante un problema de orden público financiero que no solo se plantea en España. Como decimos las pautas de la banca son globales y el mismo problema también se ha reproducido en otros países, por ejemplo en el Reino Unido.

 

Ante este problema la respuesta de los supervisores financieros ha sido muy diferente. En el Reino Unido, la Financial Services Authority (FSA) realizó una investigación detectando graves incumplimientos de las normas de comercialización de swaps entre pymes, requiriendo a 11 bancos la revisión de 40.000 contratos. En la primera encuesta de seguimiento de esta revisión la FSA ha comprobado que en el 90 % de los casos la comercialización de swaps ha sido inadecuada. Los bancos no habían informado del precio de cancelar anticipadamente el producto y no se habían preocupado de verificar que el cliente comprendía los riesgos. Los bancos se presentaban sin serlo como asesores y colocaban swaps por nocionales superiores a la financiación recibida del banco, convirtiendo al cliente sin saberlo en apostante sobre la evolución de los tipos de interés. Todo esto resulta muy técnico pero baste aquí apuntar que son malas prácticas que también se dan en la comercialización de swaps en España como podemos comprobar de la lectura de las numerosas sentencias judiciales que condenan a los bancos por estas conductas.

 

Ante estas evidencias de malas prácticas, la FSA ha logrado que los principales bancos del Reino Unido se comprometan a indemnizar a las pymes por el daño causado, fijando el procedimiento para lograr este resultado. Según este procedimiento los bancos deben nombrar un revisor independiente aprobado por la FSA para que determine que clientes deben ser indemnizados. En esta revisión se debe atender a la importancia de la empresa y a su capacidad para comprender los riesgos financieros, así como a la información comunicada a al cliente, en particular sobre el coste de cancelación anticipada del producto. La revisión es gratuita para el cliente salvo que recurra a una compañía que se encargue de la gestión de la reclamación. Los bancos se han comprometido a través de su asociación (BBA) a no realizar nuevos cargos en concepto de liquidaciones de swaps cuando se detecte un incumplimiento normativo.

 

El panorama en España es muy distinto. Ante el problema de los swaps colocados de forma indiscriminada entre empresas y particulares, el Banco de España presentó, el 27 de abril de 2010, un informe en el Senado para alertar de su alcance y de las consecuencias que tendría para la solvencia bancaria y para la estabilidad del sistema financiero revisar los contratos. A continuación, el Banco de España llegó a un acuerdo con la CNMV para sacar del ámbito de la Ley del mercado de valores, y por tanto de las normas de protección del inversor, todos los swaps cuyo nocional (**) no superara la financiación bancaria recibida por el cliente. En consecuencia, las reclamaciones sobre este tipo de swaps pasarían a ser resueltas por el Banco de España, quien prima la protección de la solvencia del banco sobre la tutela del cliente, quedando la CNMV para tramitar las reclamaciones de los swaps más especulativos.

 

Tras esta comparación podemos concluir que frente a la reacción de la FSA, que se ha puesto del lado del cliente obligando a revisar los contratos por expertos independientes y a reparar el daño causado en los casos en que se constate una mala praxis en la comercialización del swap, los supervisores españoles han apañado las cosas para proteger a la banca de las demandas de sus clientes.

 

Glosario

(*) Swap (permuta financiera): contrato en el que las obligaciones asumidas por las partes no están determinadas en el momento de su conclusión, sino que son determinables en función de los criterios establecidos por las partes por referencia a las oscilaciones futuras de tipos de interés, dentro de ciertos límites cuantitativos. Los swap son instrumentos financieros derivados incluidos en el ámbito de la Ley del Mercado de Valores.

(**) Nocional: Referencia sobre la que se calculan las liquidaciones del swap, tratándose de un producto de cobertura, el principal del préstamo bancario.