“Cambiemos las reglas del juego” artículo en El Mundo de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

En la gran película de Charles Chaplin “el gran dictador” hay una escena que creo que resume bastante bien lo que estamos experimentando los españoles ante los sucesos de estos días.
 
Charles Chaplin interpreta a un barbero judío que ha pasado veinte años en un hospital con amnesia, a consecuencia de un gran golpe sufrido durante la Primera Guerra Mundial. Por esa razón desconoce que su país (Tomania) ha sufrido una gran crisis, a consecuencia de la cual ha tomado el poder un dictador, Hynkel (también interpretado por Chaplin) que ha implantado un sistema totalitario y antisemita. El barbero (y el espectador) se dan cuenta a la vez, con sorpresa y miedo, de la nueva situación cuando el barbero llama a la policía para que le proteja de los asaltantes que están destrozando la barbería y se encuentra con que la policía ya no está para defenderle, sino que, al contrario, se muestra muy tolerante con los antisemitas.
 
Efectivamente, los españoles nos estamos damos cuenta con cierta angustia de que nuestros gobernantes son muy complacientes con personajes que parecen sacados de una serie de gángsters y que parecen tener el poder de derrumbar con sus apuntes instituciones enteras, empezando por los propios partidos políticos, mientras que son muy duros con los ciudadanos y con los medios de comunicación que les exigen transparencia y honestidad. Y más allá de las inevitables y larguísimas vicisitudes judiciales que atravesará previsiblemente el asunto de los “papeles de Bárcenas” lo cierto es que el lamentable cierre de filas del partido en el Gobierno pone de manifiesto con enorme crudeza la existencia de una brecha ya probablemente irreparable entre ciudadanía y clase política.  Al menos la actual clase política.
 
Una clase política que ya nos ha dejado claro que no es capaz de iniciar un proceso de regeneración en el que tiene todo que perder y nada que ganar si cambian las reglas del juego, incluso en circunstancias extremas como las que atraviesa nuestro país. Porque cambiar las reglas de juego requeriría jugadores que supieran jugar con las nuevas, claro está. Pero es que eso es precisamente lo que los ciudadanos queremos, unas reglas de juego distintas y mejores que permitan la aparición de jugadores distintos y mejores. Unas reglas que traigan consigo más democracia y no menos, como se nos quiere hacer creer por los interesados en defender el “statu quo”. Unas reglas que permitan restablecer los controles hoy desaparecidos en el manejo y gestión del dinero público, que permitan devolver a las instituciones la independencia y profesionalidad que han perdido por culpa de su colonización por los partidos políticos, que permitan establecer la imprescindible rendición de cuentas ante los ciudadanos, instaurar la transparencia como regla general y no como excepción siempre que se trate de instituciones públicas y del dinero del contribuyente, que aseguren que los poderosos y los políticos son iguales ante la Ley y que pueden ser juzgados y condenados como todos los españoles de a pie. Y esto, ahora lo sabemos, no lo quiere hacer la actual clase política sencillamente porque no le interesa cambiar unas reglas que les permiten seguir jugando aún a costa de llevarse por delante el juego democrático.
 
¿Qué hacemos entonces? Pues habrá que empezar desde el principio. Y en el principio están los partidos políticos, su falta de transparencia, su falta de democracia interna, su financiación irregular y su falta de compromiso con los electores. Empecemos por forzar -aunque solo sea como un primer pasito- su inclusión en el Proyecto de Ley de Transparencia que se tramita ahora mismo en el Congreso (junto con la Casa del Rey, a la que tampoco le vendría nada mal un cambio de reglas de juego y de jugadores). Aunque no seamos demasiado ingenuos, porque para que una entidad o un político sea transparente no es en absoluto necesario que la Ley  le obligue. Lo que hace falta es tener la voluntad de ser transparente. Sin Ley aprobada ya hay partidos que publican sus cuentas y políticos que publican sus nóminas y sus declaraciones fiscales. Hasta hay organismos públicos (no muchos, lamentablemente) que detallan puntualmente en qué se gastan el dinero de nuestros impuestos. Probablemente porque no tienen nada que ocultar ni nada que temer del escrutinio ciudadano.
 
En cualquier caso, el gesto de incluir a los partidos políticos en la Ley de Transparencia  puede ser un buen comienzo para empezar a cambiar las reglas del juego, aunque desde luego no es en absoluto suficiente, especialmente si los controles para garantizar el cumplimiento de la ley siguen en sus manos, como ocurre ahora mismo.
 
Así que hay que seguir con pasos un poco más difíciles, pero a estas alturas ya imprescindibles. A mi juicio es necesaria una modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos para implantar la democracia interna y acabar con la autorregulación que, como suele suceder con toda autorregulación en ausencia de auténticos controles, ha fracasado estrepitosamente. Y como todo está inventado, copiemos lo que funciona en otros países. Obliguemos a nuestros partidos a celebrar congresos cada dos años, a que los delegados sean elegidos por votación secreta entre los afiliados, a que los candidatos a cualquier cargo público sean elegidos mediante un sistema de primarias, a que haya auditorías externas que garanticen el funcionamiento democrático. Fomentemos en definitiva la competencia, tan sana en política como en economía.
 
Una ley de estas características, por ejemplo, permitiría que en el PSOE hubiera una alternativa al imposible liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba, o en el PP una alternativa a una cúpula bajo sospecha, por poner dos ejemplos clarísimos de cómo la falta de democracia interna puede acabar hasta con el propio partido, y de paso con el juego, al bloquear la posibilidad de una renovación interna. Necesitamos acabar con la cooptación, con las listas cerradas, con los dedazos y los congresos a la búlgara. Necesitamos que personas de valía y mérito puedan competir para presentarse a las elecciones y que la carrera política no dependa de la fidelidad y servilismo al líder, sino de la capacidad de crítica, de reflexión y de debate.  Y ya puestos a pedir, que la carrera política dependa de la capacidad de ganar elecciones sin necesidad de campañas electorales mastodónticas, financiaciones irregulares, dinero B, compra o devolución de favores, clientelismo, caciquismo y, en definitiva, corrupción.
 
Y terminemos con el paso más difícil porque necesitamos también una reforma de la Ley Electoral que favorezca una renovación total de la vida política española, y que garantice que los representantes rindan cuentas ante los electores y no ante la cúpula de sus partidos.
 
Y cuando hayamos conseguido todo eso, lo que no será fácil, convoquemos elecciones y empecemos de nuevo el juego democrático con estas reglas distintas. Y entonces modifiquemos todo lo que sea necesario, que es mucho, empezando por la Constitución. ¿Tendremos entonces una nueva clase política? Pues seguramente ocurrirá como al final del franquismo, algunos políticos de la vieja escuela serán capaces de adaptarse a estas nuevas reglas de juego, otros no. Ya se verá. Unas reglas nuevas de juego en todo caso obligarán a renovar mucho la plantilla, los equipos que presenten demasiados jugadores amortizados tendrán menos posibilidades. ¿De dónde saldrán los nuevos políticos? Pues sinceramente espero que muchos ciudadanos preocupados decidan dar un paso al frente aunque sea por una temporada. La ventaja que van a tener es, precisamente, la de no ser profesionales de la política.  Pero es que la democracia, aunque sea representativa, no es tanto una cuestión de profesionales como una cuestión de ciudadanos. Sin los primeros todavía podría existir, sin los segundos es evidente que no. ¿Que da miedo? Pues sinceramente, mucho más miedo da seguir como hasta ahora.
 
Como es bien sabido, la película de Chaplin tiene un final feliz. Gracias a una confusión entre Hynkel y el barbero que ha escapado del campo de concentración (dado que los dos son idénticos) corresponde al falso Hynkel hacer el discurso final después de su victoria sobre el Estado vecino que acaba de invadir. Un discurso sobre la libertad y la esperanza en tiempos muy difíciles, mucho más de los que nos han tocado a nosotros.
 
“A  los que puedan oirme, les digo: no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El poder que se le quitó al pueblo se le reintegrará al pueblo, y, así, mientras el Hombre exista, la libertad no perecerá.”
 
 
 
 
 

“Cambiemos las reglas del juego” artículo en El Mundo de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

En la gran película de Charles Chaplin “el gran dictador” hay una escena que creo que resume bastante bien lo que estamos experimentando los españoles ante los sucesos de estos días.

 

Charles Chaplin interpreta a un barbero judío que ha pasado veinte años en un hospital con amnesia, a consecuencia de un gran golpe sufrido durante la Primera Guerra Mundial. Por esa razón desconoce que su país (Tomania) ha sufrido una gran crisis, a consecuencia de la cual ha tomado el poder un dictador, Hynkel (también interpretado por Chaplin) que ha implantado un sistema totalitario y antisemita. El barbero (y el espectador) se dan cuenta a la vez, con sorpresa y miedo, de la nueva situación cuando el barbero llama a la policía para que le proteja de los asaltantes que están destrozando la barbería y se encuentra con que la policía ya no está para defenderle, sino que, al contrario, se muestra muy tolerante con los antisemitas.

 

Efectivamente, los españoles nos estamos damos cuenta con cierta angustia de que nuestros gobernantes son muy complacientes con personajes que parecen sacados de una serie de gángsters y que parecen tener el poder de derrumbar con sus apuntes instituciones enteras, empezando por los propios partidos políticos, mientras que son muy duros con los ciudadanos y con los medios de comunicación que les exigen transparencia y honestidad. Y más allá de las inevitables y larguísimas vicisitudes judiciales que atravesará previsiblemente el asunto de los “papeles de Bárcenas” lo cierto es que el lamentable cierre de filas del partido en el Gobierno pone de manifiesto con enorme crudeza la existencia de una brecha ya probablemente irreparable entre ciudadanía y clase política.  Al menos la actual clase política.

 

Una clase política que ya nos ha dejado claro que no es capaz de iniciar un proceso de regeneración en el que tiene todo que perder y nada que ganar si cambian las reglas del juego, incluso en circunstancias extremas como las que atraviesa nuestro país. Porque cambiar las reglas de juego requeriría jugadores que supieran jugar con las nuevas, claro está. Pero es que eso es precisamente lo que los ciudadanos queremos, unas reglas de juego distintas y mejores que permitan la aparición de jugadores distintos y mejores. Unas reglas que traigan consigo más democracia y no menos, como se nos quiere hacer creer por los interesados en defender el “statu quo”. Unas reglas que permitan restablecer los controles hoy desaparecidos en el manejo y gestión del dinero público, que permitan devolver a las instituciones la independencia y profesionalidad que han perdido por culpa de su colonización por los partidos políticos, que permitan establecer la imprescindible rendición de cuentas ante los ciudadanos, instaurar la transparencia como regla general y no como excepción siempre que se trate de instituciones públicas y del dinero del contribuyente, que aseguren que los poderosos y los políticos son iguales ante la Ley y que pueden ser juzgados y condenados como todos los españoles de a pie. Y esto, ahora lo sabemos, no lo quiere hacer la actual clase política sencillamente porque no le interesa cambiar unas reglas que les permiten seguir jugando aún a costa de llevarse por delante el juego democrático.

 

¿Qué hacemos entonces? Pues habrá que empezar desde el principio. Y en el principio están los partidos políticos, su falta de transparencia, su falta de democracia interna, su financiación irregular y su falta de compromiso con los electores. Empecemos por forzar -aunque solo sea como un primer pasito- su inclusión en el Proyecto de Ley de Transparencia que se tramita ahora mismo en el Congreso (junto con la Casa del Rey, a la que tampoco le vendría nada mal un cambio de reglas de juego y de jugadores). Aunque no seamos demasiado ingenuos, porque para que una entidad o un político sea transparente no es en absoluto necesario que la Ley  le obligue. Lo que hace falta es tener la voluntad de ser transparente. Sin Ley aprobada ya hay partidos que publican sus cuentas y políticos que publican sus nóminas y sus declaraciones fiscales. Hasta hay organismos públicos (no muchos, lamentablemente) que detallan puntualmente en qué se gastan el dinero de nuestros impuestos. Probablemente porque no tienen nada que ocultar ni nada que temer del escrutinio ciudadano.

 

En cualquier caso, el gesto de incluir a los partidos políticos en la Ley de Transparencia  puede ser un buen comienzo para empezar a cambiar las reglas del juego, aunque desde luego no es en absoluto suficiente, especialmente si los controles para garantizar el cumplimiento de la ley siguen en sus manos, como ocurre ahora mismo.

 

Así que hay que seguir con pasos un poco más difíciles, pero a estas alturas ya imprescindibles. A mi juicio es necesaria una modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos para implantar la democracia interna y acabar con la autorregulación que, como suele suceder con toda autorregulación en ausencia de auténticos controles, ha fracasado estrepitosamente. Y como todo está inventado, copiemos lo que funciona en otros países. Obliguemos a nuestros partidos a celebrar congresos cada dos años, a que los delegados sean elegidos por votación secreta entre los afiliados, a que los candidatos a cualquier cargo público sean elegidos mediante un sistema de primarias, a que haya auditorías externas que garanticen el funcionamiento democrático. Fomentemos en definitiva la competencia, tan sana en política como en economía.

 

Una ley de estas características, por ejemplo, permitiría que en el PSOE hubiera una alternativa al imposible liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba, o en el PP una alternativa a una cúpula bajo sospecha, por poner dos ejemplos clarísimos de cómo la falta de democracia interna puede acabar hasta con el propio partido, y de paso con el juego, al bloquear la posibilidad de una renovación interna. Necesitamos acabar con la cooptación, con las listas cerradas, con los dedazos y los congresos a la búlgara. Necesitamos que personas de valía y mérito puedan competir para presentarse a las elecciones y que la carrera política no dependa de la fidelidad y servilismo al líder, sino de la capacidad de crítica, de reflexión y de debate.  Y ya puestos a pedir, que la carrera política dependa de la capacidad de ganar elecciones sin necesidad de campañas electorales mastodónticas, financiaciones irregulares, dinero B, compra o devolución de favores, clientelismo, caciquismo y, en definitiva, corrupción.

 

Y terminemos con el paso más difícil porque necesitamos también una reforma de la Ley Electoral que favorezca una renovación total de la vida política española, y que garantice que los representantes rindan cuentas ante los electores y no ante la cúpula de sus partidos.

 

Y cuando hayamos conseguido todo eso, lo que no será fácil, convoquemos elecciones y empecemos de nuevo el juego democrático con estas reglas distintas. Y entonces modifiquemos todo lo que sea necesario, que es mucho, empezando por la Constitución. ¿Tendremos entonces una nueva clase política? Pues seguramente ocurrirá como al final del franquismo, algunos políticos de la vieja escuela serán capaces de adaptarse a estas nuevas reglas de juego, otros no. Ya se verá. Unas reglas nuevas de juego en todo caso obligarán a renovar mucho la plantilla, los equipos que presenten demasiados jugadores amortizados tendrán menos posibilidades. ¿De dónde saldrán los nuevos políticos? Pues sinceramente espero que muchos ciudadanos preocupados decidan dar un paso al frente aunque sea por una temporada. La ventaja que van a tener es, precisamente, la de no ser profesionales de la política.  Pero es que la democracia, aunque sea representativa, no es tanto una cuestión de profesionales como una cuestión de ciudadanos. Sin los primeros todavía podría existir, sin los segundos es evidente que no. ¿Que da miedo? Pues sinceramente, mucho más miedo da seguir como hasta ahora.

 

Como es bien sabido, la película de Chaplin tiene un final feliz. Gracias a una confusión entre Hynkel y el barbero que ha escapado del campo de concentración (dado que los dos son idénticos) corresponde al falso Hynkel hacer el discurso final después de su victoria sobre el Estado vecino que acaba de invadir. Un discurso sobre la libertad y la esperanza en tiempos muy difíciles, mucho más de los que nos han tocado a nosotros.

 

“A  los que puedan oirme, les digo: no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El poder que se le quitó al pueblo se le reintegrará al pueblo, y, así, mientras el Hombre exista, la libertad no perecerá.”

 

 

 

 

 

A propósito del artículo de Miguel Angel Aguilar “El dinero perdido de Rajoy”

El pasado día 5 se publicó en la versión digital de El País un artículo del periodista Miguel Ángel Aguilar titulado “El dinero perdido de Rajoy” que fue posteriormente eliminado de la web, lo que suscitó la correspondiente curiosidad en las redes sociales y muchas preguntas de los lectores de este blog. Hemos conseguido localizarlo (aquí) porque ya se sabe que lo que parece una vez en internet nunca muere para siempre. Lo reproducimos a continuación, pero antes queremos compendiar y aclarar la información disponible al respecto.
 
El artículo toma como punto de referencia la declaración del presidente en su comparecencia del sábado en la que, como recordarán, a raíz de las acusaciones de recibir sobresueldos del partido, manifestó que si hubiera querido ganar dinero se hubiera dedicado a su profesión de registrador. El periodista apela a los votos de transparencia y honradez del presidente para que explique si ha habido alguna simultaneidad en el ejercicio de sus funciones políticas y como registrador y para que aclare si ha cobrado alguna cantidad como tal. Lo cierto es que esta cuestión ha sido objeto de una pregunta parlamentaria por parte de Cayo Lara (Izquierda Unida) y la respuesta del gobierno ha sido negativa, al afirmarse taxativamente que “por tanto, D. Mariano Rajoy no ha recibido retribución alguna por su condición de Registrador en el tiempo señalado”. Sin embargo, las preguntas que hace Aguilar, como verán, no contradicen esta afirmación, sino que se refieren a aspectos colaterales
 
Hay una segunda cuestión, muy interesante, y que también toca Aguilar tangencialmente, y es la de si la situación actual del presidente es completamente reglamentaria. Existen dos preceptos, el art. 541 y el art. 552 del Reglamento Hipotecario que pudieran ser aplicables al caso, si bien uno permitiría cobrar y otro no. El primero aparece mencionado un el escalafoncillo del colegio (aquí 1) y el segundo es alegado por el sustituto, sr. Riquelme (aquí 2).
 
Por esa razón, no resulta evidente la situación administrativa del sr. Rajoy y sería muy conveniente que se aclarara. Máxime cuando se da una circunstancia más: toda esta normativa hipotecaria parece incompatible con la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado y particularmente con su artículo 5, que establece la incompatibilidad de su “actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado”. Es más, el art. 11 de dicha norma exige una declaración de actividades que en el caso del sr. Rajoy no recoge su situación de “servicios especiales” cuando, en realidad ha sido “renombrado” registrador de Santa Pola recientemente.
 
Reproducimos a continuación el artículo de Miguel Ángel Aguilar:
 
El dinero perdido de Mariano Rajoy
Rajoy debería contestar a algunas cuestiones relevantes que permitirían confirmar su desprendimiento y su entrega sacrificada a la política
 
La intervención del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ante el comité ejecutivo nacional de su partido el pasado sábado, 2 de febrero, ha agravado la situación en que se encuentra el caso Gürtel-Bárcenas. Primero, por el formato elegido de máximo blindaje y mínima credibilidad. “Quiero”, dijo el presidente, “que en este asunto operemos con la máxima transparencia, el máximo rigor y la máxima diligencia”. Pero a continuación las maneras venían a desmentirle. Porque de las ruedas de prensa sin preguntas, lo que Esteban González Pons, vicesecretario del PP, llamaba notas de prensa audiovisuales, se ha pasado a un escalón superior. Ahora, los periodistas han dejado de ser testigos, ni siquiera comparten lugar con el compareciente. Recluidos en otra sala, solo les llega una señal de televisión realizada por los servicios del partido. Una cámara fija ofrece el plano único del presidente Rajoy, que lee en un atril. Pero nadie ajeno al comité ejecutivo nacional pudo dar fe de cómo sucedió.
 
Segundo, porque si Rajoy proclama nada tener que ocultar, no temer a la verdad, no haber venido a la política ni a ganar dinero ni a engañar a Hacienda; ser a los 23 años, en 1978, Registrador de la Propiedad con una plaza; ganarse muy bien la vida; ingresar más dinero en su profesión que como político; haber venido a la política perdiendo dinero porque para él, el dinero no es lo más importante en esta vida; todas estas protestas nos obligan a reclamar que se muestre “con máxima transparencia, máximo rigor y máxima diligencia” toda su trayectoria como Registrador. Por eso, queremos saber, por ejemplo:
 
1.- Si es cierto que siguió disfrutando de los beneficios del Registro de Villafranca, provincia de León, y de Padrón, provincia de la Coruña, cuando fue elegido diputado al Parlamento de Galicia en 1981, director general de Relaciones Institucionales de la Xunta en 1982. .
 
2.- Si al concursar voluntariamente y obtener en 1982 el registro de Berga en el Pirineo catalán, contraviniendo entre otras la obligación de residir en la localidad donde tiene su sede el Registro, continuó obteniendo ingresos de esa plaza, que se encuentra a más de mil kilómetros de Pontevedra, ciudad donde seguía teniendo su residencia efectiva y sus responsabilidades políticas como concejal del Ayuntamiento, presidente de la Diputación y Diputado al Congreso desde 1986 y vicepresidente de la Xunta en 1987. Porque si Rajoy como político concursaba buscando mejores plazas y figuraba como registrador en activo, debemos saber cuánto cobraba de sus cargos políticos y cuánto recibía de los registros.
 
3.- Si es cierto que nunca solicitó la declaración de compatibilidad del Ministerio de la Presidencia, a que estaba obligado por la Ley de Incompatibilidades de los funcionarios públicos, porque en ese caso alardear de ser persona escrupulosa con el cumplimiento de la legalidad resultaría excesivo.
 
4.- Si los registros de Elche y Santa Pola, que solicitó y le fueron adjudicados en sucesivos concursos, los atendió alguna vez personalmente, cuánto cobró hasta 1990 y si simultaneaba esa tarea con otras responsabilidades políticas.
 
5.- Si, cuando a partir de marzo 1990 pide que se le declare en servicios especiales y su plaza en Santa Pola, queda encomendada a su buen amigo Francisco Riquelme, titular del Registro de Elche, esa designación a título de “sustituto accidental permanente”, era la que correspondía según el cuadro legal de sustituciones de la Dirección de Registros y del Notariado.
 
6.- Si a partir de ese momento y siguiendo ejemplos acreditados se repartía al 50% los beneficios del Registro de Santa Pola con el sustituto que le hacía el trabajo.
 
7.- Si después 1998 a partir de algunos cambios legales, aprobados en el Consejo de Ministros donde él se sentaba, los beneficios del Registro de Santa Pola se han partido entre el amigo Riquelme y el Colegio de Registradores al 50%.
 
Son cuestiones relevantes porque permitirían confirmar cuanto es el dinero perdido de Mariano Rajoy y evaluar su desprendimiento y su entrega sacrificada a la política, sin atender a las pérdidas que ese afán de servicio le acarreaba. Se impone despejar de manera indiscutida la incógnita y los malos pensamientos de quienes sostienen que en el caso de Rajoy mas que renuncia hubo pluriempleo. De momento, en la Declaración de Actividades presentada en el Congreso de los Diputados el 1 de diciembre de 2011 el punto segundo “Ejercicio de la función pública o de cualquier puesto al servicio de una Administración Pública” figura en blanco y tampoco especifica la Administración para la que presta sus servicios, ni si ha solicitado el pase a la situación de servicios especiales o equivalente
 

A propósito del artículo de Miguel Angel Aguilar “El dinero perdido de Rajoy”

El pasado día 5 se publicó en la versión digital de El País un artículo del periodista Miguel Ángel Aguilar titulado “El dinero perdido de Rajoy” que fue posteriormente eliminado de la web, lo que suscitó la correspondiente curiosidad en las redes sociales y muchas preguntas de los lectores de este blog. Hemos conseguido localizarlo (aquí) porque ya se sabe que lo que parece una vez en internet nunca muere para siempre. Lo reproducimos a continuación, pero antes queremos compendiar y aclarar la información disponible al respecto.

 

El artículo toma como punto de referencia la declaración del presidente en su comparecencia del sábado en la que, como recordarán, a raíz de las acusaciones de recibir sobresueldos del partido, manifestó que si hubiera querido ganar dinero se hubiera dedicado a su profesión de registrador. El periodista apela a los votos de transparencia y honradez del presidente para que explique si ha habido alguna simultaneidad en el ejercicio de sus funciones políticas y como registrador y para que aclare si ha cobrado alguna cantidad como tal. Lo cierto es que esta cuestión ha sido objeto de una pregunta parlamentaria por parte de Cayo Lara (Izquierda Unida) y la respuesta del gobierno ha sido negativa, al afirmarse taxativamente que “por tanto, D. Mariano Rajoy no ha recibido retribución alguna por su condición de Registrador en el tiempo señalado”. Sin embargo, las preguntas que hace Aguilar, como verán, no contradicen esta afirmación, sino que se refieren a aspectos colaterales

 

Hay una segunda cuestión, muy interesante, y que también toca Aguilar tangencialmente, y es la de si la situación actual del presidente es completamente reglamentaria. Existen dos preceptos, el art. 541 y el art. 552 del Reglamento Hipotecario que pudieran ser aplicables al caso, si bien uno permitiría cobrar y otro no. El primero aparece mencionado un el escalafoncillo del colegio (aquí 1) y el segundo es alegado por el sustituto, sr. Riquelme (aquí 2).

 

Por esa razón, no resulta evidente la situación administrativa del sr. Rajoy y sería muy conveniente que se aclarara. Máxime cuando se da una circunstancia más: toda esta normativa hipotecaria parece incompatible con la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado y particularmente con su artículo 5, que establece la incompatibilidad de su “actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado”. Es más, el art. 11 de dicha norma exige una declaración de actividades que en el caso del sr. Rajoy no recoge su situación de “servicios especiales” cuando, en realidad ha sido “renombrado” registrador de Santa Pola recientemente.

 

Reproducimos a continuación el artículo de Miguel Ángel Aguilar:

 

El dinero perdido de Mariano Rajoy

Rajoy debería contestar a algunas cuestiones relevantes que permitirían confirmar su desprendimiento y su entrega sacrificada a la política

 

La intervención del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ante el comité ejecutivo nacional de su partido el pasado sábado, 2 de febrero, ha agravado la situación en que se encuentra el caso Gürtel-Bárcenas. Primero, por el formato elegido de máximo blindaje y mínima credibilidad. “Quiero”, dijo el presidente, “que en este asunto operemos con la máxima transparencia, el máximo rigor y la máxima diligencia”. Pero a continuación las maneras venían a desmentirle. Porque de las ruedas de prensa sin preguntas, lo que Esteban González Pons, vicesecretario del PP, llamaba notas de prensa audiovisuales, se ha pasado a un escalón superior. Ahora, los periodistas han dejado de ser testigos, ni siquiera comparten lugar con el compareciente. Recluidos en otra sala, solo les llega una señal de televisión realizada por los servicios del partido. Una cámara fija ofrece el plano único del presidente Rajoy, que lee en un atril. Pero nadie ajeno al comité ejecutivo nacional pudo dar fe de cómo sucedió.

 

Segundo, porque si Rajoy proclama nada tener que ocultar, no temer a la verdad, no haber venido a la política ni a ganar dinero ni a engañar a Hacienda; ser a los 23 años, en 1978, Registrador de la Propiedad con una plaza; ganarse muy bien la vida; ingresar más dinero en su profesión que como político; haber venido a la política perdiendo dinero porque para él, el dinero no es lo más importante en esta vida; todas estas protestas nos obligan a reclamar que se muestre “con máxima transparencia, máximo rigor y máxima diligencia” toda su trayectoria como Registrador. Por eso, queremos saber, por ejemplo:

 

1.- Si es cierto que siguió disfrutando de los beneficios del Registro de Villafranca, provincia de León, y de Padrón, provincia de la Coruña, cuando fue elegido diputado al Parlamento de Galicia en 1981, director general de Relaciones Institucionales de la Xunta en 1982. .

 

2.- Si al concursar voluntariamente y obtener en 1982 el registro de Berga en el Pirineo catalán, contraviniendo entre otras la obligación de residir en la localidad donde tiene su sede el Registro, continuó obteniendo ingresos de esa plaza, que se encuentra a más de mil kilómetros de Pontevedra, ciudad donde seguía teniendo su residencia efectiva y sus responsabilidades políticas como concejal del Ayuntamiento, presidente de la Diputación y Diputado al Congreso desde 1986 y vicepresidente de la Xunta en 1987. Porque si Rajoy como político concursaba buscando mejores plazas y figuraba como registrador en activo, debemos saber cuánto cobraba de sus cargos políticos y cuánto recibía de los registros.

 

3.- Si es cierto que nunca solicitó la declaración de compatibilidad del Ministerio de la Presidencia, a que estaba obligado por la Ley de Incompatibilidades de los funcionarios públicos, porque en ese caso alardear de ser persona escrupulosa con el cumplimiento de la legalidad resultaría excesivo.

 

4.- Si los registros de Elche y Santa Pola, que solicitó y le fueron adjudicados en sucesivos concursos, los atendió alguna vez personalmente, cuánto cobró hasta 1990 y si simultaneaba esa tarea con otras responsabilidades políticas.

 

5.- Si, cuando a partir de marzo 1990 pide que se le declare en servicios especiales y su plaza en Santa Pola, queda encomendada a su buen amigo Francisco Riquelme, titular del Registro de Elche, esa designación a título de “sustituto accidental permanente”, era la que correspondía según el cuadro legal de sustituciones de la Dirección de Registros y del Notariado.

 

6.- Si a partir de ese momento y siguiendo ejemplos acreditados se repartía al 50% los beneficios del Registro de Santa Pola con el sustituto que le hacía el trabajo.

 

7.- Si después 1998 a partir de algunos cambios legales, aprobados en el Consejo de Ministros donde él se sentaba, los beneficios del Registro de Santa Pola se han partido entre el amigo Riquelme y el Colegio de Registradores al 50%.

 

Son cuestiones relevantes porque permitirían confirmar cuanto es el dinero perdido de Mariano Rajoy y evaluar su desprendimiento y su entrega sacrificada a la política, sin atender a las pérdidas que ese afán de servicio le acarreaba. Se impone despejar de manera indiscutida la incógnita y los malos pensamientos de quienes sostienen que en el caso de Rajoy mas que renuncia hubo pluriempleo. De momento, en la Declaración de Actividades presentada en el Congreso de los Diputados el 1 de diciembre de 2011 el punto segundo “Ejercicio de la función pública o de cualquier puesto al servicio de una Administración Pública” figura en blanco y tampoco especifica la Administración para la que presta sus servicios, ni si ha solicitado el pase a la situación de servicios especiales o equivalente