El proyecto de Ley de Transparencia: opacidad de la Casa Real y (groucho)marxismo gubernamental

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 25 de enero  la Vicepresidenta ha declarado, a propósito del Proyecto de Ley de Transparencia, que el Gobierno ha elaborado una Ley de Transparencia de las Administraciones Públicas, que es lo que le “corresponde”; también que hay un convenio internacional que establece “la no obligatoriedad de las Casas Reales” de estar sujetas a las leyes de transparencia.

 

Ante estas palabras conviene recordar algunas cosas: también en materia de transparencia y acceso a la información pública España ha venido siendo diferente y hasta 2012 no se ha empezado a tramitar una Ley de transparencia y acceso a la información como la que tienen desde hace años países como Albania, Alemania, Bélgica, Bosnia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Macedonia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Suiza, y decenas de países en el conjunto del planeta.

 

Y eso sin olvidar que, primero, en 2001 el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea reconocía que los ciudadanos “tienen cada vez menos confianza en las Instituciones y en los políticos, o simplemente no están interesados en ellos… Por ello,… las Instituciones deberían trabajar de una forma más abierta… La democracia depende de la capacidad de los ciudadanos para participar en el debate público. Para ello, deben tener acceso a una información fiable sobre los asuntos europeos y estar en condiciones de seguir con detalle cada una de las etapas del proceso político… La Comisión deberá facilitar una información actualizada y en línea sobre la elaboración de las políticas en todas las etapas del proceso de decisión”.

 

En segundo lugar, en 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que forma parte del derecho reconocido en el artículo 10 del Convenio (libertad de expresión e información) el acceso a la información (asuntos Tarsasag  a Szabadsagjogokert contra Hungría, de 14 de abril de 2009, y Kenedi contra Hungría, de 26 de mayo de 2009.

 

En ese mismo ámbito jurídico, en el año 2009 se aprobó el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, que parte de la consideración de que “el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos: i) proporciona una fuente de información para el público; ii) ayuda al público a formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas; iii) fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de autoridades públicas, ayudando así a que se afirme su legitimidad”. La premisa básicas es que “todos los documentos son en principio públicos y solamente pueden ser retenidos para proteger otros derechos e intereses legítimos”.

 

En tercer lugar, y volviendo al ámbito de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales reconoce, como derecho de ciudadanía, que todo ciudadano o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión” y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha recordado (sentencia de la Gran Sala de 21 de septiembre de 2010) que “el derecho de acceso del público a los documentos de las instituciones está ligado al carácter democrático de éstas”.

 

Pues bien, esa anomalía española, no colmada por las previsiones incluidas en la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, ha venido dificultando el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, al que alude el artículo 105.b) de la Constitución, pero, sobre todo, ha obstaculizado el ejercicio del derecho fundamental a recibir información del artículo 20.1.d) y el no menos fundamental de participación política del artículo 23.

 

Y, como ya dijo Karl-Peter Sommermann, la información sobre el funcionamiento de las instituciones y los actores responsables (transparencia institucional), sobre los procesos de formación de la voluntad (transparencia procedimental) y sobre el contenido de las decisiones y sus motivos (transparencia material) ayudan a los particulares a controlar mejor la actuación de los órganos públicos, a participar en los asuntos públicos y a facilitar la realización de sus derechos. La transparencia es un elemento esencial en la estrategia de restablecer la confianza en el sistema democrático y de salvaguardar el Estado de Derecho en una realidad cada vez más compleja.

 

Aunque la promesa de una Ley de esta índole estuvo recogida en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español para las elecciones de los años 2004 y 2008, lo único tangible fue un comunicado de prensa del día 29 de julio de 2011, donde se dijo que “el Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de la Presidencia sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que configura, por primera vez en España, el derecho universal a acceder a la información elaborada o adquirida por los Poderes Públicos en el ejercicio de sus funciones, cualquiera que sea su soporte y su forma de expresión”. Curiosamente, ese mismo día el Presidente del Gobierno anunció  la fecha de disolución de las Cortes y la de celebración de las elecciones generales.

 

Ha tenido que comenzar una nueva Legislatura y reiterarse la expresión de indignación social que genera la corrupción que crece al calor de la opacidad administrativa para que, por fin, el 23 de marzo de 2012 el Gobierno salido de las urnas el 20 de noviembre de 2011 presentara su Anteproyecto de Ley de Transparencia, que ha ido acompañado de un novedoso proceso público de consulta electrónica.

 

No obstante, si de lo que se trataba en realidad era de promover la transparencia, la participación y el acceso ciudadano esa excepcional llamada gubernamental a la ciudadanía tendría que haberse hecho de manera más abierta: con más tiempo para participar y no únicamente 15 días; con más posibilidades y no el límite de 1024 caracteres, y con verdadera interacción y comunicación, pues a la hora de participar no se podía ver qué era lo que ya habían dicho y sugerido otras personas.

 

En suma, nada que ver con lo previsto en esta materia por la Comisión Europea, en Estados Unidos en el proyecto Open Congress o lo que propone en España la Coalición Pro Acceso.

 

Por limitarme al no sometimiento de la Casa Real a la futura Ley, en el que parece haberse empecinado el Gobierno –tampoco se ha escuchado nada en sentido contrario por parte de la propia Casa Real-, es oportuno recordar lo siguiente: si tomamos como parámetro el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, vemos que su artículo 3.1 prevé que “los Estados interesados, a la hora de la firma o al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, mediante una declaración enviada al Secretario General del Consejo de Europa, pueden declarar que las comunicaciones oficiales con la Familia Real y su Casa Real o el Jefe de Estado también están incluidas entre las posibles limitaciones”.

 

Así pues, el Convenio contempla a la Casa Real como un ámbito que puede quedar sujeto a limitaciones al acceso público pero, en primer lugar, es una posibilidad, no un mandato; en segundo lugar, lo que puede excluirse son las comunicaciones oficiales con la Familia Real, la Casa Real o el Jefe del Estado pero no a toda la institución y en todo caso.

 

Por otra parte, resulta  infundada la justificación ofrecida al respecto por la Vicepresidenta de que dicha exclusión se basa en la circunstancia de la Casa Real “no es Administración Pública”. No importa que no sea Administración Pública sino un órgano constitucional, como también lo son, por mencionar algunos ejemplos, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, a los que sí prevé su aplicación el Proyecto.

 

Quizá todo se deba a la progresiva deriva marxista del Gobierno y de la Casa Real: si con carácter general su guía de comportamiento es buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados, en materia de transparencia la máxima se resume en: ¿a quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?

 

Las fundadas “ideas” de Amy Martin

En la cascada imparable de irregularidades en el gasto público o, lo que es lo mismo, con cargo a los sufridos bolsillos del contribuyente, surge la figura de esta mujer que, con vocación creativa hiperactiva, fichó la fundación “Ideas” de donde -al parecer- se nutre el mensaje político del socialismo español.
 
A una edad precoz (por el buen aspecto que presenta en sus imágenes actuales), esta mujer -como otras muchas- se acogió al palio protector de un partido político, como mejor forma de “buscarse la vida” en el proceloso mundo de la creación y, el socialismo español, siempre en apoyo de la inteligencia y, al parecer, siempre falto de recursos humanos con que abastecer los cientos de miles de cargos con que se engordaron nuestras administraciones públicas, la fichó de inmediato.
 
De lo que hemos conocido, ésta mujer ya se instaló en las brumas frías de Suecia al frente del Instituto Cervantes en Estocolmo, con un cargo de esos que proporcionan pocas responsabilidades públicas, pero sustanciosos estipendios en ese convenio laboral elitista y poco publicado de los “directivos públicos”, cuyo número al parecer alcanza casi el medio millón de almas. Almas entregadas a la causa que las mantiene (como a las “mantenidas”) con cargo a los deteriorados y recortados presupuestos públicos.
 
Sus méritos intelectuales y genialidad creativa le ha permitido dedicarse a recibir otras subvenciones en el dudoso marco de las ayudas a la “creación”, pesebre o ubre de la que se alimentan todavía la gran parte de nuestros numerosos creadores cualquiera que sea su especialidad. Eso sí, siempre que sean de “los nuestros” como ha sido -y quizá siga siendo- nuestra protagonista, lo que le ha permitido mantener un alto tren de vida tal como parece haber reconocido.
 
Con el cambio de régimen podía darse el caso de pérdida de “chollos” y “subvenciones” a menos de convertirse en renegada o desleal con la mano que la había alimentado. Tenía buenos contactos establecidos y unas relaciones políticas en la primera línea del anterior gobierno que, naturalmente, antes de sucumbir ante la mayoría absoluta que se avecinaba, dejaba colocados convenientemente a sus leales, aún a costa de hacer trampas en el crucigrama. Los ingenuos populares ni siquiera se darían cuenta.
 
Entre las muchas posibilidades con que cuentan los partidos políticos para el desempeño de su función y, por si no fuera suficiente tener el organigrama lleno de asesores de toda especie o de personal especializado, existen las fundaciones. Esas en las que se debate con los ciudadanos las líneas políticas de acción de los gobiernos, abiertas a cualquier participación, llenas de altruismos intelectuales y materiales, mantenidas ¿cómo no? por nuestras magníficas subvenciones públicas con cargo a los presupuestos.
 
Siempre me ha llamado la atención la enorme proliferación de entidades altruistas y sin ánimo de lucro con que se ha llenado el panorama nacional pero que, como es lógico, se adaptan mejor a la fórmula de tener ingresos públicos para actividades subsidiarias a lo que debían ser las actividades institucionales. No he entendido que el Estado, los ciudadanos, pudiendo y debiendo atender a situaciones sociales o humanitarias con mejores herramientas y situación, derivaran fondos a través de intermediarios que (no todo es altruismo), viven de ellas.
 
Una cosa son las iniciativas privadas de ayuda a los demás desde la generosidad de sus agentes y otra las iniciativas privadas nacidas como excrecencias institucionales al amparo de las subvenciones públicas. En algún sitio debía estar la trampa.
 
La trampa era lo que se ha conocido (una ligera punta de iceberg en el mar helado del saqueo a las arcas públicas): el pago de servicios externos desde esas fundaciones y organizaciones, -muchas de las cuales abanderan la lucha contra la privatización de los servicios públicos-, a pesar de tener toda una plantilla de expertos bien pagados para que hagan estudios, análisis, dictámenes, informes, encuestas o cualquier otro documento de trabajo que -al parecer- no pueden hacerse desde las secretarías de estudios de los partidos; que no pueden hacer los asesores y personal de confianza de los gobiernos; ni siquiera los muchos consejos consultivos de diferente índole sufragados por el dinero público; menos aún los muchísimos empleados públicos de todas las administraciones.
 
Es el conocido sistema de la subcontratación en cascada, donde todos son intermediarios y los resultados finales pasan por tantas manos puestas que, al final, lo que debía valer 10 vale 100 (en el mejor de los casos). No nos extrañe pues la cifra de 3.000.- euros por artículo facturada no directamente, sino a través de un agente literario que también tiene que comer.
 
Pero, eso no es todo, la facilidad de esta mujer para crear toda una campaña publicitaria, de su persona y de sus capacidades variopintas sin soltar un duro para ello, es digna de quitarse el sombrero. No sólo ha llenado con su imagen las portadas mediáticas con mayor abundancia que los últimos premios Nobel, sino que le espera un largo “calvario” de entrevistas, promociones, subvenciones y ¿porqué no? fichajes estrella, al igual que le ha pasado a quien se le ocurrió repintar una mala pintura en la pared, en una desconocida iglesia, de un remoto pueblo español, al frente de una empresa de imagen  y…. es que “¡España y nosotros somos así, señora! “.

Las fundadas “ideas” de Amy Martin

En la cascada imparable de irregularidades en el gasto público o, lo que es lo mismo, con cargo a los sufridos bolsillos del contribuyente, surge la figura de esta mujer que, con vocación creativa hiperactiva, fichó la fundación “Ideas” de donde -al parecer- se nutre el mensaje político del socialismo español.

 

A una edad precoz (por el buen aspecto que presenta en sus imágenes actuales), esta mujer -como otras muchas- se acogió al palio protector de un partido político, como mejor forma de “buscarse la vida” en el proceloso mundo de la creación y, el socialismo español, siempre en apoyo de la inteligencia y, al parecer, siempre falto de recursos humanos con que abastecer los cientos de miles de cargos con que se engordaron nuestras administraciones públicas, la fichó de inmediato.

 

De lo que hemos conocido, ésta mujer ya se instaló en las brumas frías de Suecia al frente del Instituto Cervantes en Estocolmo, con un cargo de esos que proporcionan pocas responsabilidades públicas, pero sustanciosos estipendios en ese convenio laboral elitista y poco publicado de los “directivos públicos”, cuyo número al parecer alcanza casi el medio millón de almas. Almas entregadas a la causa que las mantiene (como a las “mantenidas”) con cargo a los deteriorados y recortados presupuestos públicos.

 

Sus méritos intelectuales y genialidad creativa le ha permitido dedicarse a recibir otras subvenciones en el dudoso marco de las ayudas a la “creación”, pesebre o ubre de la que se alimentan todavía la gran parte de nuestros numerosos creadores cualquiera que sea su especialidad. Eso sí, siempre que sean de “los nuestros” como ha sido -y quizá siga siendo- nuestra protagonista, lo que le ha permitido mantener un alto tren de vida tal como parece haber reconocido.

 

Con el cambio de régimen podía darse el caso de pérdida de “chollos” y “subvenciones” a menos de convertirse en renegada o desleal con la mano que la había alimentado. Tenía buenos contactos establecidos y unas relaciones políticas en la primera línea del anterior gobierno que, naturalmente, antes de sucumbir ante la mayoría absoluta que se avecinaba, dejaba colocados convenientemente a sus leales, aún a costa de hacer trampas en el crucigrama. Los ingenuos populares ni siquiera se darían cuenta.

 

Entre las muchas posibilidades con que cuentan los partidos políticos para el desempeño de su función y, por si no fuera suficiente tener el organigrama lleno de asesores de toda especie o de personal especializado, existen las fundaciones. Esas en las que se debate con los ciudadanos las líneas políticas de acción de los gobiernos, abiertas a cualquier participación, llenas de altruismos intelectuales y materiales, mantenidas ¿cómo no? por nuestras magníficas subvenciones públicas con cargo a los presupuestos.

 

Siempre me ha llamado la atención la enorme proliferación de entidades altruistas y sin ánimo de lucro con que se ha llenado el panorama nacional pero que, como es lógico, se adaptan mejor a la fórmula de tener ingresos públicos para actividades subsidiarias a lo que debían ser las actividades institucionales. No he entendido que el Estado, los ciudadanos, pudiendo y debiendo atender a situaciones sociales o humanitarias con mejores herramientas y situación, derivaran fondos a través de intermediarios que (no todo es altruismo), viven de ellas.

 

Una cosa son las iniciativas privadas de ayuda a los demás desde la generosidad de sus agentes y otra las iniciativas privadas nacidas como excrecencias institucionales al amparo de las subvenciones públicas. En algún sitio debía estar la trampa.

 

La trampa era lo que se ha conocido (una ligera punta de iceberg en el mar helado del saqueo a las arcas públicas): el pago de servicios externos desde esas fundaciones y organizaciones, -muchas de las cuales abanderan la lucha contra la privatización de los servicios públicos-, a pesar de tener toda una plantilla de expertos bien pagados para que hagan estudios, análisis, dictámenes, informes, encuestas o cualquier otro documento de trabajo que -al parecer- no pueden hacerse desde las secretarías de estudios de los partidos; que no pueden hacer los asesores y personal de confianza de los gobiernos; ni siquiera los muchos consejos consultivos de diferente índole sufragados por el dinero público; menos aún los muchísimos empleados públicos de todas las administraciones.

 

Es el conocido sistema de la subcontratación en cascada, donde todos son intermediarios y los resultados finales pasan por tantas manos puestas que, al final, lo que debía valer 10 vale 100 (en el mejor de los casos). No nos extrañe pues la cifra de 3.000.- euros por artículo facturada no directamente, sino a través de un agente literario que también tiene que comer.

 

Pero, eso no es todo, la facilidad de esta mujer para crear toda una campaña publicitaria, de su persona y de sus capacidades variopintas sin soltar un duro para ello, es digna de quitarse el sombrero. No sólo ha llenado con su imagen las portadas mediáticas con mayor abundancia que los últimos premios Nobel, sino que le espera un largo “calvario” de entrevistas, promociones, subvenciones y ¿porqué no? fichajes estrella, al igual que le ha pasado a quien se le ocurrió repintar una mala pintura en la pared, en una desconocida iglesia, de un remoto pueblo español, al frente de una empresa de imagen  y…. es que “¡España y nosotros somos así, señora! “.