¿Cómo debería ser una auditoría rigurosa de una entidad con sospechas de contabilidad B?

Lo cierto es que las llamadas auditorías financieras, o lo que conocemos como auditoria de cuentas, no son precisamente una herramienta adecuada para detectar operaciones fraudulentas, y mucho menos si quien está involucrado en estas operaciones es la estructura de dirección de la organización.

 

Básicamente, el objetivo del examen de cuentas no es otro que informar a los socios-propietarios de una organización, así como a posibles terceros con interés, sobre si los estados financieros de dicha entidad representan razonablemente la imagen fiel del patrimonio y los resultados del ejercicio, y para ello se sirve de “técnicas de auditoría” generalmente aceptadas.

 

Para entenderlo mejor, estas “técnicas de auditoría” se basan sobre todo en la colaboración de la dirección y los empleados de la entidad auditada, así tanto en los procedimientos de gestión como de registro contable. Y si en una entidad falla alguno de estos parámetros, los auditores no podrán emitir opinión.

 

En la fase de planificación del examen de cuentas, los auditores evalúan el control interno de la entidad auditada, valoran el riesgo de auditoría y, a partir de ahí, diseñan las pruebas de auditoría necesarias para poder emitir su opinión. Si una vez realizada dicha evaluación se concluye que pudiera existir una contabilidad B, las técnicas de autoría generalmente aceptadas dejan de ser útiles y una herramienta eficaz.

 

Por eso, cuando se esgrime la existencia de auditorías, ya sean internas o externas, o se propone su realización, como garantía de la inexistencia de contabilidad B, estamos ante un argumento sin validez alguna.

 

Recurrir a técnicas policiales y judiciales

 

Detectar la existencia de contabilidad B no es tarea de un examen de cuentas normal y, si existiese esa sospecha, se tendría que trabajar en el ámbito de la investigación, más propia de técnicas policiales y judiciales que de auditores de cuentas.

 

El origen de las sospechas de doble contabilidad, se deben casi exclusivamente a la denuncia, ya sea de algún implicado o de terceras personas más vinculadas con la actividad que se quiera ocultar, y no tanto a la actividad normal de la entidad.

 

En cualquier caso, si pensamos en procedimientos que podrían servir para detectar la existencia de contabilidad B o de un hilo de donde poder tirar, podemos hacer un pequeño esbozo de algunas prácticas que podrían ser útiles y que, de entrada, exigen la total colaboración de la dirección y empleados de la entidad o, en su caso, el mandato judicial.

 

El área que más trabajo exigiría es la tesorería. Para ello tendría que solicitarse la colaboración de la totalidad de entidades bancarias que actúan en España y, si es posible, de aquellas de los países a través de los cuales se sospecha que pueden haberse movido los fondos B –a ello ayudaría el cruce y verificación de transacciones de las cuentas bancarias con las que opera la entidad, así como de las operaciones realizadas mediante tarjetas de crédito.

 

Investigación en diferentes campos

 

Pero para que la prueba sea eficaz, no bastaría con investigar las cuentas y tarjetas cuya titularidad corresponda a la entidad, sino también las de empleados y directivos e incluso de terceros, sobre los que recae sospecha de que pudieran actuar como testaferros ­–prueba de muy difícil realización, no solo por el ingente trabajo que puede suponer, sino porque exige la colaboración de los implicados, o el mandato judicial–. Cuando hablamos de titularidad nos quedamos cortos, dado que la investigación debe alcanzar no solo a la titularidad de las cuentas, sino también a firmas autorizadas.

 

Además, sería necesaria la realización de entrevistas con la dirección y empleados de la entidad que, llegado el caso, tendrían más que ver con un interrogatorio que con una mera entrevista. Esta prueba es también de muy difícil realización y exige la total colaboración de los implicados o, en su caso, el mandato judicial.

 

De igual modo, sería necesaria la colaboración de la Agencia Tributaria, facilitando información de sus bases de datos que afecten a empleados,  directivos y terceros de los que se sospecha que pudieran actuar como testaferros. La realización de esta prueba solo es viable bajo mandato judicial.

 

La investigación en los registros de la propiedad y el análisis de la evolución de las propiedades de empleados, directivos y terceros bajo sospecha también podría ser útil.

 

La colaboración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), podría además aportar información sobre consejeros y otros cargos de organizaciones que pudieran tener relación con la entidad auditada y que podrían estar vinculadas con personas vinculadas con empleados, directivos y terceros bajo sospecha.

 

Y si la entidad que se está investigando es pública o pudiera tener influencia en las decisiones que toma cualquiera de las administraciones públicas (AAPP), también sería necesaria la investigación de los contratos que hubieran podido adjudicarse como consecuencia de la relación con la entidad auditada.

 

Este trabajo es también de muy difícil realización, no solo por su gran volumen, sino porque requeriría la colaboración de las unidades de contratación y de las responsables de la contabilidad de las distintas AAPP, así como de las diversas entidades a través de las que operan, como pueden ser entidades públicas empresariales, organismos, agencias, fundaciones, institutos…Además, no hay que olvidar que, cuando las AAPP, con la disculpa de mejorar la agilidad y eficacia de su gestión, operan a través de este tipo de entidades, lo que pretenden en esencia es evitar los controles que la normativa impone a la actuación de las AAPP.

 

Y tras estas reflexiones, solo cabe reiterar que los procedimientos de investigación descritos no se incluyen en el ámbito de la ejecución de un trabajo de auditoría, sino que pertenecen más al ámbito de una investigación bajo  mandato judicial.

El proyecto de Ley de Transparencia: opacidad de la Casa Real y (groucho)marxismo gubernamental

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 25 de enero  la Vicepresidenta ha declarado, a propósito del Proyecto de Ley de Transparencia, que el Gobierno ha elaborado una Ley de Transparencia de las Administraciones Públicas, que es lo que le “corresponde”; también que hay un convenio internacional que establece “la no obligatoriedad de las Casas Reales” de estar sujetas a las leyes de transparencia.
 
Ante estas palabras conviene recordar algunas cosas: también en materia de transparencia y acceso a la información pública España ha venido siendo diferente y hasta 2012 no se ha empezado a tramitar una Ley de transparencia y acceso a la información como la que tienen desde hace años países como Albania, Alemania, Bélgica, Bosnia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Macedonia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Suiza, y decenas de países en el conjunto del planeta.
 
Y eso sin olvidar que, primero, en 2001 el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea reconocía que los ciudadanos “tienen cada vez menos confianza en las Instituciones y en los políticos, o simplemente no están interesados en ellos… Por ello,… las Instituciones deberían trabajar de una forma más abierta… La democracia depende de la capacidad de los ciudadanos para participar en el debate público. Para ello, deben tener acceso a una información fiable sobre los asuntos europeos y estar en condiciones de seguir con detalle cada una de las etapas del proceso político… La Comisión deberá facilitar una información actualizada y en línea sobre la elaboración de las políticas en todas las etapas del proceso de decisión”.
 
En segundo lugar, en 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que forma parte del derecho reconocido en el artículo 10 del Convenio (libertad de expresión e información) el acceso a la información (asuntos Tarsasag  a Szabadsagjogokert contra Hungría, de 14 de abril de 2009, y Kenedi contra Hungría, de 26 de mayo de 2009.
 
En ese mismo ámbito jurídico, en el año 2009 se aprobó el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, que parte de la consideración de que “el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos: i) proporciona una fuente de información para el público; ii) ayuda al público a formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas; iii) fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de autoridades públicas, ayudando así a que se afirme su legitimidad”. La premisa básicas es que “todos los documentos son en principio públicos y solamente pueden ser retenidos para proteger otros derechos e intereses legítimos”.
 
En tercer lugar, y volviendo al ámbito de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales reconoce, como derecho de ciudadanía, que todo ciudadano o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión” y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha recordado (sentencia de la Gran Sala de 21 de septiembre de 2010) que “el derecho de acceso del público a los documentos de las instituciones está ligado al carácter democrático de éstas”.
 
Pues bien, esa anomalía española, no colmada por las previsiones incluidas en la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, ha venido dificultando el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, al que alude el artículo 105.b) de la Constitución, pero, sobre todo, ha obstaculizado el ejercicio del derecho fundamental a recibir información del artículo 20.1.d) y el no menos fundamental de participación política del artículo 23.
 
Y, como ya dijo Karl-Peter Sommermann, la información sobre el funcionamiento de las instituciones y los actores responsables (transparencia institucional), sobre los procesos de formación de la voluntad (transparencia procedimental) y sobre el contenido de las decisiones y sus motivos (transparencia material) ayudan a los particulares a controlar mejor la actuación de los órganos públicos, a participar en los asuntos públicos y a facilitar la realización de sus derechos. La transparencia es un elemento esencial en la estrategia de restablecer la confianza en el sistema democrático y de salvaguardar el Estado de Derecho en una realidad cada vez más compleja.
 
Aunque la promesa de una Ley de esta índole estuvo recogida en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español para las elecciones de los años 2004 y 2008, lo único tangible fue un comunicado de prensa del día 29 de julio de 2011, donde se dijo que “el Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de la Presidencia sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que configura, por primera vez en España, el derecho universal a acceder a la información elaborada o adquirida por los Poderes Públicos en el ejercicio de sus funciones, cualquiera que sea su soporte y su forma de expresión”. Curiosamente, ese mismo día el Presidente del Gobierno anunció  la fecha de disolución de las Cortes y la de celebración de las elecciones generales.
 
Ha tenido que comenzar una nueva Legislatura y reiterarse la expresión de indignación social que genera la corrupción que crece al calor de la opacidad administrativa para que, por fin, el 23 de marzo de 2012 el Gobierno salido de las urnas el 20 de noviembre de 2011 presentara su Anteproyecto de Ley de Transparencia, que ha ido acompañado de un novedoso proceso público de consulta electrónica.
 
No obstante, si de lo que se trataba en realidad era de promover la transparencia, la participación y el acceso ciudadano esa excepcional llamada gubernamental a la ciudadanía tendría que haberse hecho de manera más abierta: con más tiempo para participar y no únicamente 15 días; con más posibilidades y no el límite de 1024 caracteres, y con verdadera interacción y comunicación, pues a la hora de participar no se podía ver qué era lo que ya habían dicho y sugerido otras personas.
 
En suma, nada que ver con lo previsto en esta materia por la Comisión Europea, en Estados Unidos en el proyecto Open Congress o lo que propone en España la Coalición Pro Acceso.
 
Por limitarme al no sometimiento de la Casa Real a la futura Ley, en el que parece haberse empecinado el Gobierno –tampoco se ha escuchado nada en sentido contrario por parte de la propia Casa Real-, es oportuno recordar lo siguiente: si tomamos como parámetro el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, vemos que su artículo 3.1 prevé que “los Estados interesados, a la hora de la firma o al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, mediante una declaración enviada al Secretario General del Consejo de Europa, pueden declarar que las comunicaciones oficiales con la Familia Real y su Casa Real o el Jefe de Estado también están incluidas entre las posibles limitaciones”.
 
Así pues, el Convenio contempla a la Casa Real como un ámbito que puede quedar sujeto a limitaciones al acceso público pero, en primer lugar, es una posibilidad, no un mandato; en segundo lugar, lo que puede excluirse son las comunicaciones oficiales con la Familia Real, la Casa Real o el Jefe del Estado pero no a toda la institución y en todo caso.
 
Por otra parte, resulta  infundada la justificación ofrecida al respecto por la Vicepresidenta de que dicha exclusión se basa en la circunstancia de la Casa Real “no es Administración Pública”. No importa que no sea Administración Pública sino un órgano constitucional, como también lo son, por mencionar algunos ejemplos, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, a los que sí prevé su aplicación el Proyecto.
 
Quizá todo se deba a la progresiva deriva marxista del Gobierno y de la Casa Real: si con carácter general su guía de comportamiento es buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados, en materia de transparencia la máxima se resume en: ¿a quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?