De la incorrecta liquidación de la plusvalía municipal, en perjuicio del contribuyente

La sentencia del Tribunal Superior de Castilla La Mancha de fecha 17 de abril de 2012 ha puesto de manifiesto que la mayor parte de los Ayuntamientos Españoles vienen liquidando desde hace años de forma incorrecta el  Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos (Plus- valía Municipal), generando un perjuicio para el contribuyente que podría cuantificarse en torno a un 35 %.

 

La filosofía del Impuesto es gravar el aumento de valor del suelo urbano en cada transmisión en función del plazo en que el mismo se genere, mediante la aplicación de un porcentaje fijo de revalorización anual. Hasta ahora el cálculo de la plusvalía municipal se hacía mediante una operación matemática que consistía en aplicar el citado porcentaje anual de revalorización sobre el valor catastral del suelo (entre un 2,5 y un 3 por ciento, según lo establecido en cada ordenanza municipal), y ello a su vez multiplicado por el número de años transcurridos desde la última transmisión del inmueble (con un máximo de 20 años). Así se determinaba la base imponible del impuesto, a la que se aplica el tipo determinado por la ordenanza municipal en cada caso (entre un 15 y un 30 por ciento).

 

Tras el fin de la burbuja, la pérdida de ingresos municipales derivados de la actividad inmobiliaria se suplió en parte mediante una notable elevación de los valores  catastrales en los grandes municipios españoles, realizada  en el año 2008.  En esta revisión se elevó de forma más que notable el valor catastral del suelo, lo que unido a la bajada real del valor de los inmuebles, hace que en la actualidad los valores catastrales se acerquen en muchos casos a los valores reales de mercado.

 

Para evitar un brusco aumento de las plusvalías municipales las respectivas ordenanzas municipales suelen establecer una bonificación en los cinco años siguientes a la revisión catastral de entre un 40 y 60 por ciento, lo cual ha atenuado hasta ahora la subida. Sin embargo, a partir del  1 de Enero de 2013, desaparecida la bonificación y manteniéndose el elevado tipo máximo del tipo del 30 % que es el más común en los grandes Ayuntamientos, la plusvalía se ha convertido en un impuesto de enorme trascendencia, que puede ser de cuantía superior incluso a la que paga el comprador por IVA o ITP, alcanzando en muchos caso el 10 por ciento del importe de la venta.

 

La cuestión se agrava al conocer ahora  que los cálculos matemáticos que realizan los Ayuntamientos en las liquidaciones de plusvalía son incorrectos y no se ajustan a lo dispuesto en los artículos 104 á 107 de la Ley de Haciendas Locales, al tomar como valor inicial el valor catastral del suelo en el momento de la transmisión. Así lo establece la Sentencia citada del TSJ de Castilla La Mancha, (ratificando la dictada en su día por el Juzgado Contencioso –Administrativo nº 1 de Cuenca de fecha 21 de Septiembre de 2010),  al establecer que ….“ Por lo que se refiere al otro motivo de impugnación, la fórmula de cálculo, en este aspecto sí que hay que dar la razón a la parte actora, por cuanto la misma, en base a los informes matemáticos que acompaña con sus escritos de recursos de reposición presentados en vía administrativa, sí que ofrece argumentos lógicos y coherentes para entender que la fórmula aplicada por el mismo y que ha determinado el resultad de la autoliquidación practicada por el recurrente, tal como el mismo refiere en su escrito de demanda, esto es, plusvalía = valor final x nº de años x coeficiente de incremento/1+(número de años x coeficiente de incremento), se ofrece como correcta, en base a las explicaciones contenidas en el escrito de demanda, a los efectos de gravar de manera correcta la plusvalía generada durante el período de tenencia del bien, tal como se aplica gráficamente en dicho escrito de demanda, partiendo de un valor de suelo de 100 euros, y las diferencias de aplicar una u otra fórmula, 54 de aplicar la fórmula del Ayuntamiento, 35,06 de aplicar la fórmula de la parte actora, pues de aplicar la fórmula del Ayuntamiento, lo que se estaría calculando sería el incremento de valor del suelo en años sucesivos no en años pasados, al aplicar el incremento sobre el valor final, el de devengo,”…

 

La diferencia en este caso, como puede comprobarse, es de   35,06  a  54 € por cada 100 € de valor catastral, lo que equivale a una minoración en la cuota del impuesto del 35,08 por ciento.

 

La formula empleada por los Ayuntamientos es la siguiente:

 

Valor cat. actual  x  ( nºde años x  coeficiente)

Base imponible = __________________________________________________________

100

 

Sin embargo,  la formula que debería aplicarse, conforme a lo establecido por la Sentencia comentada, debería ser:

 

Valor cat. actual  x  ( nºde años x  coeficiente)

Base imponible = __________________________________________________________

100  +     (nº de años   x   coeficiente)

Un ejemplo práctico:

 

Se vende un inmueble en el que el valor catastral actual del suelo es de 200.000 euros, el tiempo de permanencia veinte años y el coeficiente de revalorización 3% anual.

 

Con la primera fórmula el resultado de la base imponible se determina multiplicando 200.000 por 3 (índice de revalorización) por 20 años, y dividiéndolo por 100. La base, 120.000 euros, será gravada con el tipo del 30%, y la deuda tributaria será de 36.000 euros.

 

Por el contrario, con la segunda fórmula, al dividir los mismos 120.000 € por 160 (100 + (nº de años x coeficiente)),  la base imponible será de 75.000 euros y la cuota tributaria de 22.500 €. Comparada esta cifra, con  los 36.000 € que resultaban con la primera fórmula, podemos ver que la disminución de la cuota en este caso es  del 37,5 %.

 

La cuestión tiene enorme trascendencia tributaria, y ha sido ampliamente divulgada en diversos medios de comunicación, ahora bien: ¿Cabe esperar una rectificación de los criterios de cálculo por parte de los Ayuntamientos o la consabida lucha contra el déficit público lo impedirá? En Diciembre de 2012 la Federación Española de Municipios ya  declaró su desacuerdo con la Sentencia y, aunque sin explicación convincente alguna, proclamó que las liquidaciones se practican con arreglo a la Ley de Haciendas locales.

 

En todo caso, no faltarán despachos jurídicos dispuestos a presentar recursos  por un coste módico, que se  incrementa después si se obtiene la devolución de lo indebidamente pagado. Algunos ya se anuncian en Internet.

Más información sobre plusvalía en este post: ¿Se debe pagar la plusvalía municipal cuando la transmisión ha generado una minusvalía?>

 

 

El indultómetro

Para que digan que la sociedad civil no se mueve en España. Sin duda no se mueven los grandes patrimonios a la hora de financiar proyectos que ayuden a la regeneración del país (quizá porque tengan algo, o mucho, que perder) pero las pequeñas iniciativas propulsadas por ciudadanos responsables no están esperando a que salga el sol por Antequera, afortunadamente.
 
Hace unos días les informamos de una parecida (aquí). Pues bien, hoy mismo la Fundación ciudadana Civio -una organización sin ánimo de lucro que busca fomentar la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública mediante la apertura de datos a través del uso de la tecnología- acaba de lanzar una nueva página web: el indultómetro.
 
La página permite descubrir cuántos indultos se concedieron cada año, a condenados por qué delitos y acceder a una base de datos histórica desde 1996. Les recomendamos que comiencen por la sección de destacados, no sólo porque es una maravilla técnica, sino por la información que ofrece y los comentarios que acompañan a los indultos más importantes. Sinceramente, no tiene desperdicio. La plataforma, además, es abierta, por lo que si ustedes quieren incluir en la lista de destacados alguno especialmente relevante no duden en solicitarlo. Se agradece la colaboración.
 
Por cierto, Civio es también la autora de otras páginas de las que ya hemos hablado aquí, como España en llamas y Tu derecho a saber.

El indultómetro

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¿Cómo debería ser una auditoría rigurosa de una entidad con sospechas de contabilidad B?

Lo cierto es que las llamadas auditorías financieras, o lo que conocemos como auditoria de cuentas, no son precisamente una herramienta adecuada para detectar operaciones fraudulentas, y mucho menos si quien está involucrado en estas operaciones es la estructura de dirección de la organización.
 
Básicamente, el objetivo del examen de cuentas no es otro que informar a los socios-propietarios de una organización, así como a posibles terceros con interés, sobre si los estados financieros de dicha entidad representan razonablemente la imagen fiel del patrimonio y los resultados del ejercicio, y para ello se sirve de “técnicas de auditoría” generalmente aceptadas.
 
Para entenderlo mejor, estas “técnicas de auditoría” se basan sobre todo en la colaboración de la dirección y los empleados de la entidad auditada, así tanto en los procedimientos de gestión como de registro contable. Y si en una entidad falla alguno de estos parámetros, los auditores no podrán emitir opinión.
 
En la fase de planificación del examen de cuentas, los auditores evalúan el control interno de la entidad auditada, valoran el riesgo de auditoría y, a partir de ahí, diseñan las pruebas de auditoría necesarias para poder emitir su opinión. Si una vez realizada dicha evaluación se concluye que pudiera existir una contabilidad B, las técnicas de autoría generalmente aceptadas dejan de ser útiles y una herramienta eficaz.
 
Por eso, cuando se esgrime la existencia de auditorías, ya sean internas o externas, o se propone su realización, como garantía de la inexistencia de contabilidad B, estamos ante un argumento sin validez alguna.
 
Recurrir a técnicas policiales y judiciales
 
Detectar la existencia de contabilidad B no es tarea de un examen de cuentas normal y, si existiese esa sospecha, se tendría que trabajar en el ámbito de la investigación, más propia de técnicas policiales y judiciales que de auditores de cuentas.
 
El origen de las sospechas de doble contabilidad, se deben casi exclusivamente a la denuncia, ya sea de algún implicado o de terceras personas más vinculadas con la actividad que se quiera ocultar, y no tanto a la actividad normal de la entidad.
 
En cualquier caso, si pensamos en procedimientos que podrían servir para detectar la existencia de contabilidad B o de un hilo de donde poder tirar, podemos hacer un pequeño esbozo de algunas prácticas que podrían ser útiles y que, de entrada, exigen la total colaboración de la dirección y empleados de la entidad o, en su caso, el mandato judicial.
 
El área que más trabajo exigiría es la tesorería. Para ello tendría que solicitarse la colaboración de la totalidad de entidades bancarias que actúan en España y, si es posible, de aquellas de los países a través de los cuales se sospecha que pueden haberse movido los fondos B –a ello ayudaría el cruce y verificación de transacciones de las cuentas bancarias con las que opera la entidad, así como de las operaciones realizadas mediante tarjetas de crédito.
 
Investigación en diferentes campos
 
Pero para que la prueba sea eficaz, no bastaría con investigar las cuentas y tarjetas cuya titularidad corresponda a la entidad, sino también las de empleados y directivos e incluso de terceros, sobre los que recae sospecha de que pudieran actuar como testaferros ­–prueba de muy difícil realización, no solo por el ingente trabajo que puede suponer, sino porque exige la colaboración de los implicados, o el mandato judicial–. Cuando hablamos de titularidad nos quedamos cortos, dado que la investigación debe alcanzar no solo a la titularidad de las cuentas, sino también a firmas autorizadas.
 
Además, sería necesaria la realización de entrevistas con la dirección y empleados de la entidad que, llegado el caso, tendrían más que ver con un interrogatorio que con una mera entrevista. Esta prueba es también de muy difícil realización y exige la total colaboración de los implicados o, en su caso, el mandato judicial.
 
De igual modo, sería necesaria la colaboración de la Agencia Tributaria, facilitando información de sus bases de datos que afecten a empleados,  directivos y terceros de los que se sospecha que pudieran actuar como testaferros. La realización de esta prueba solo es viable bajo mandato judicial.
 
La investigación en los registros de la propiedad y el análisis de la evolución de las propiedades de empleados, directivos y terceros bajo sospecha también podría ser útil.
 
La colaboración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), podría además aportar información sobre consejeros y otros cargos de organizaciones que pudieran tener relación con la entidad auditada y que podrían estar vinculadas con personas vinculadas con empleados, directivos y terceros bajo sospecha.
 
Y si la entidad que se está investigando es pública o pudiera tener influencia en las decisiones que toma cualquiera de las administraciones públicas (AAPP), también sería necesaria la investigación de los contratos que hubieran podido adjudicarse como consecuencia de la relación con la entidad auditada.
 
Este trabajo es también de muy difícil realización, no solo por su gran volumen, sino porque requeriría la colaboración de las unidades de contratación y de las responsables de la contabilidad de las distintas AAPP, así como de las diversas entidades a través de las que operan, como pueden ser entidades públicas empresariales, organismos, agencias, fundaciones, institutos…Además, no hay que olvidar que, cuando las AAPP, con la disculpa de mejorar la agilidad y eficacia de su gestión, operan a través de este tipo de entidades, lo que pretenden en esencia es evitar los controles que la normativa impone a la actuación de las AAPP.
 
Y tras estas reflexiones, solo cabe reiterar que los procedimientos de investigación descritos no se incluyen en el ámbito de la ejecución de un trabajo de auditoría, sino que pertenecen más al ámbito de una investigación bajo  mandato judicial.