Hacia la ‘inclusividad’ en España

El libro ‘Why nations fail’, de Daron Acemoglu y James A. Robinson, ha suscitado un buen número de interesantes reflexiones tanto en este blog como en Nada es Gratis, Politikon o Sintetia, por citar algunos referentes de pensamiento crítico actual.
 
Si concluimos, como es mi caso, que el diagnóstico de los autores es certero y las instituciones políticas y económicas vigentes –en contraposición con supuestas ‘dotaciones fundacionales’ u otros factores– son el factor principal a la hora de explicar el relativo éxito o fracaso de distintos sistemas de organización política, una de las cuestiones que cobran mayor importancia es de índole eminentemente práctico: ¿cómo avanzar hacia esas benéficas instituciones denominadas ‘inclusivas’?
 
Enfrentarse a esas élites denominadas tan acertadamente como ‘extractivas’ por Acemoglu y Robinson requiere identificar los principales factores de los que éstas se han beneficiado históricamente para la consecución de sus objetivos. Ese, creo, debe ser nuestro punto de partida.
 
Sin ánimo de exhaustividad, en el caso español aquí se sugieren cuatro:
 
1)     La gran opacidad fiscal reinante.
2)     El recelo general hacia la evaluación y fiscalización administrativas.
3)     La inexistencia de incentivos para la denuncia.
4)     El mal funcionamiento de la justicia procesal penal.
 
Vayamos por partes.
 
La gran opacidad fiscal reinante.
 
¿Sabían ustedes que en un país de nuestro entorno como Noruega las declaraciones impositivas de sus contribuyentes –tanto personas físicas como jurídicas– son en gran medida públicas?
 
Pocos presupuestos se me ocurren como más alejados de la cultura política española como esta posibilidad, tan polémica, de que cada contribuyente pueda contrastar libremente la contribución al sostenimiento de la administración y servicios públicos de cada uno de sus conciudadanos.
 
Sin embargo, pocas o ninguna medida resultarían tan efectivas a la hora de dificultarle su operativa a los defraudadores. En los años ochenta del siglo pasado las campañas públicas de concienciación ciudadana popularizaron el lema “Hacienda somos todos”. ¡Hágase pues! Impleméntese, con menores o mayores cautelas, un sistema de control a coste cero –o casi cero– que permita al sufrido asalariado contrastar sus temores, lugar común casi, de ser el hazmerreír del sistema impositivo patrio.
 
Y si en el caso de las personas físicas nuestros reparos culturales, relativos a la seguridad ciudadana o de otra naturaleza nos sugieren cautela, empecemos entonces por las personas jurídicas. ¿Es demasiado pedir que toda persona jurídica que contrate con el Estado tenga que publicitar de forma abierta, clara, completa y accesible sus cuentas con Hacienda?
 
Este podría ser un primer paso hacia la necesaria concienciación de que obras son amores e impuestos pagados la mejor política de RSC que pueden poner en marcha el gran mosaico de pequeñas, medianas y grandes empresas que operan en nuestro país; hacia posicionar los impuestos pagados, en definitiva, como una suerte de badge of honour requerido y altamente valorado por todos los stakeholders y la sociedad en general.
 
El recelo general hacia la evaluación y fiscalización administrativas.
 
Yendo más allá de la transparencia fiscal, también cabe reclamar la acumulación, apertura y explotación de la panoplia de datos relativos al ámbito de actuación de todas las administraciones públicas.
 
Pensemos, por ejemplo, en desterrar viejas nociones de falso igualitarismo hiperproteccionista y profundizar en un análisis abierto de los datos disponibles en ámbitos tan críticos para el progreso como la educación, habilitando así la evaluación competitiva. Pocas medidas podrían tener un impacto de calado similar al servicio de la igualdad de oportunidades –o de recursos de partida, más bien–, pilar fundamental para la construcción de esas instituciones abiertas e inclusivas.
 
Ese recelo generalizado frente a las actuaciones de una administración percibida como no fiable o, peor, sospechosa, también conduce al desaprovechamiento por parte del Estado de numerosas oportunidades de combatir las ilegalidades ligadas al fraude.
 
Por poner algún ejemplo, parece muy poco razonable aceptar hoy la legitimidad de los títulos de propiedad al portador. No hay mejor ‘tecnología’ para habilitar el fraude que unos papelillos –tan frecuentes en cualquier paraíso fiscal que se precie– cuya titularidad puede variar a conveniencia entre su verdadero dueño y el acomodaticio testaferro de turno.
 
También podríamos hablar aquí de inversiones en formación y recursos. ¿Qué peor noticia para un integrante de esas élites extractivas que una policía y una judicatura con los mejores sistemas informáticos interconectados y la formación necesaria para poder comprender la continua y bien financiada evolución de los mecanismos disponibles para eludir la igualdad ante la ley? Esta bandera, sin embargo, nunca ha sido levantada en campaña electoral que se recuerde.
 
Los países que apuestan por la transparencia –y sus primos hermanos, la objetividad y el enforcement, añadiríamos– como base del funcionamiento de sus instituciones aciertan. Aquí el chileno Alejandro Ferreiro lo sintetiza a la perfección: “Si se miran los 20 países más transparentes del mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, 17 coinciden con el listado de los más competitivos según el Competitiveness Index del Foro Económico Mundial. Solo Corea del Sur, Taiwan e Israel aparecen entre los más competitivos sin ser igualmente transparentes.”
 
La inexistencia de incentivos para la denuncia.
 
Componiendo los efectos perversos de la falta de transparencia y los recelos frente a la evaluación y fiscalización administrativas nos encontramos la clamorosa ausencia de whistleblowers nacionales.
 
Hagamos un sencillo test. ¿A cuántas personas conocen cada uno de ustedes, señores lectores, que estén al corriente de flagrantes irregularidades relativas al uso de los dineros públicos? Vamos, piensen. Si la respuesta es ninguna, concluiré que no tienen relación con nadie que haya estado vinculado al mundo de la construcción civil en España en las últimas décadas.
 
Frente a esta realidad, ¿a cuántos conocen que hayan tirado de la manta y hayan acudido a la policía, guardia civil, fiscalía anticorrupción o instancia similar a interponer una denuncia? A ninguno, ¿verdad? Los motivos son tan sencillos como comprensibles: el miedo a poner en peligro el modo de sustento de los posibles denunciantes y sus familias.
 
Si este país y sus gobernantes se tomasen en serio a sí mismos esta sería una de las primeras medidas a implementar: establecer un programa de recompensa, protección y reinserción laboral a aquellos directivos o trabajadores que pongan en conocimiento de las autoridades casos de fraude o corruptelas varias.
 
El mal funcionamiento de la justicia procesal penal.
 
Sigamos. Una vez posicionado del lado de los cotillas, los inquisidores y los chivatos, ¿cabe algún atrevimiento mayor? Sí, lo hay: atacar parte del dogma de tantos buenos profesionales del derecho y hacerlo precisamente aquí, en este blog sobre la actualidad jurídica y política.
 
Uno, que pese a haber estudiado la carrera de derecho nunca ha ejercido labores de abogacía, y desde su simple óptica de ciudadano, no puede dejar de cuestionar la pertinencia de esa institución tan odiosa denominada prescripción.
 
Sí, ya sabemos que la seguridad jurídica es un bien digno de protección y demás. Pero, señores penalistas, ¿de verdad nos quieren convencer de que la prescripción de los delitos ligados al fraude fiscal y a la mala gestión de los recursos públicos es más importante que ponerle coto a tanto desmán?
 
¿Qué gana el común de los ciudadanos avalando un sistema legal que incrementa los incentivos para la comisión de los delitos ligados a la corrupción? Además de intentar dotar de recursos a la administración de justicia para acortar los inaceptables plazos actuales, ¿no podríamos eliminar esta venerable institución procesal de nuestro ordenamiento jurídico, al menos en todo lo relativo a la esfera de lo público?
 
Concluyendo, en la próxima conversación en la que participen sobre los supuestamente incurables males de esta nación nuestra, por favor tengan presente esa frase que quizá no haya marcado lo suficiente la educación de tantas generaciones de españoles: no decidir es decidir. Con todas sus consecuencias.