De mujeres e (o de) imputados

 

A primera vista la única cosa en común que tienen la Infanta Cristina y la todavía Ministra de Sanidad Ana Mato es su relación conyugal presente o pasada (aunque en puridad parece que jurídicamente al menos la Ministra sigue casada con el sr. Sepúlveda al no haberse divorciado) con personas que están imputadas en sendos procesos judiciales. Pero si ahondamos un poco más en el tema, veremos que tienen otras cosas en común.

 

Así llama la atención la sorprendente pretensión ya sea propia (Mato) o ajena (Fiscalía en el caso de la Infanta) de que pese a la existencia de una relación conyugal más (Infanta) o menos (Mato) intensa estas señoras no se enteraban de nada de lo que hacían sus maridos, especialmente cuando estas conductas eran de dudosa legalidad. Más sorprendente todavía cuando parece que en los dos casos se beneficiaban tranquilamente del  “producto” de dichas actividades, ya sea en dinero o en especie, y que en los dos casos, bien por su puesto en un órgano directivo bien por su condición de madre de una familia agasajada por una trama corrupta resulta de sentido común pensar que algo tenían que barruntar.

 

En cualquier caso, si la Infanta se enteraba o no de lo que hacía su marido en el Instituto Noos es una cuestión a dilucidar en el procedimiento de instrucción, aunque esperemos que los jueces tengan presente lo que suele ser habitual en un matrimonio normal y corriente, aunque este no sea –por su relación con la Casa Real-  un matrimonio normal y corriente. Particularmente cuando la Infanta se sentaba en la misma Junta Directiva del Instituto Noos que los otros cuatro imputados en el caso, su marido Iñaki Urdangarín, su secretario personal, Carlos García Revenga, el “socio”  Diego Torres y el cuñado del socio, Miguel Terceiro. Es también interesante destacar que la mujer del socio Diego Torres, Ana María Terceiro, que no formaba parte de la Junta Directiva sí que está imputada en la causa, por alzamiento de bienes.

 

Conviene recordar que, si para dilucidar cual fue su participación o su conocimiento de los hechos hay que llamar a declarar a la Infanta como imputada, así tendrá que hacerse, dado que no goza de ninguna especial inmunidad, a diferencia de lo que ocurre con su padre.  Evidentemente, las consecuencias de esta declaración como imputada para la Casa Real (por mucho que los políticos nos digan que es mucho mejor ir a declarar a un Juzgado en tal concepto por aquello de la tranquilidad que da ir con abogado) son muy relevantes, y es comprensible que el Juez de Instrucción tenga mucho cuidado a la hora de adoptar una decisión así.  Pero la pregunta es si al final no será peor el remedio que la enfermedad, dado que si ella es la única persona a la que no se llama a declarar como imputada cuando ya lo han hecho todos los demás miembros de la Junta Directiva del Instituto Noos,  cunda la opinión (o más bien la certeza) de que esto se debe a la exclusiva razón de ser la hija del Rey.  Lo que no parece muy conveniente en un momento en que todas las instituciones están bajo sospecha, y en que la mayoría de los españoles piensan que la Ley no es igual para todos.

 

El caso de la Ministra, al estar prescritas las posibles responsabilidades penales, por lo menos según esta noticia, es un poco más complejo, dado que estaríamos hablando sencillamente de una responsabilidad política, nada menos que por haberse beneficiado de regalos de una trama corrupta. Lo supiera o no su situación es insostenible, incluso para el nivel de impunidad política existente en España. El que lo supiera supondría que estaba dispuesta a aceptar regalos cuya contrapartida sólo podían ser favores políticos o peor aún, incluso aunque no se pueda demostrar ningún trato de favor (el cohecho impropio, por prescrito que esté). Si no lo sabía, queda en ridículo y no puede desempeñar un cargo como el de Ministra de Sanidad,  por muy devaluado que esté el cargo gracias a alguna antecesora.

 

Los ciudadanos españoles –entre los que me incluyo- hemos preferido “hacerle el favor” de pensar que no es tan limitada intelectualmente como para no saber lo que pasaba en su propia casa ni de donde salía el dinero para coches de lujo, fiestas y viajes que ella y su familia disfrutaba  y que estamos ante un caso más de un político que niega lo evidente simplemente porque ha tenido la suerte de escapar de una condena judicial, normalmente por la lentitud de la Administración de la Justicia. Porque esto es lo que significa que un posible delito esté prescrito.

 

Pero, como ya hemos explicado varias veces, no podemos tolerar de nuevo que nos den gato por liebre y que nuestros políticos limiten la responsabilidad política a la responsabilidad penal. Comparar este caso con otro de Ministros de países de la UE que dimiten por asuntos infinitamente menos graves y por supuesto sin que haya mediado ningún juicio, más allá del muy severo de la opinión pública, produce sonrojo. La única comparación posible es con Ministros acusados de corrupción en países del tercer mundo que se aferran a la silla hasta que no hay una acusación formal o incluso una condena penal y ya ni siquiera en todos los casos, para ser justos, dado que en algunos países ya se dimite mucho antes. El dato de que se haya nombrado a Ana Mato Ministra con pleno conocimiento de estos antecedentes no hace sino reforzar esta sensación de vergüenza y deterioro institucional.

 

En cualquier caso, la responsabilidad política es distinta a la responsabilidad jurídica, ya sea penal o no, y empieza mucho antes en el tiempo y en la intensidad. Si nuestros políticos no dimiten hasta que no están espaciotemporalmente a dos pasos de la cárcel (vean por ejemplo a la alcaldesa de Alicante) apaga y vámonos.

 

Volviendo a las similitudes entre los dos casos, quiero terminar con otra que, como mujer, me parece especialmente preocupante. Es la tendencia a tratar a estas personas como irresponsables o menores de edad, aunque sea con la intención de exculparlas, y no como lo que son o deberían ser, dos mujeres adultas, de mediana edad, con plena capacidad jurídica, con una posición institucional muy relevante y –“a priori”- perfectamente conscientes de sus actos. En el caso de la Ministra, son las palabras de apoyo –a mi juicio ofensivas desde ese punto de vista- de sus propios compañeros de partido o incluso del Presidente del Gobierno que podríamos resumir en la frase “pobre Ana”.  En el caso de la Infanta, quizá no ha sido tan explícito al no haber existido declaraciones públicas similares, pero ciertamente sí ha habido o hay un clima tendente a considerarla como una “pobre Cristina”, una mujer enamorada e inconsciente y una madre de familia que lo está pasando muy mal.

 

A la vista de esta actitud, todavía resulta más curioso el que la Ministra de Sanidad se atrinchere en el puesto alegando, entre otras cosas, su condición de mujer que la sujetaría a este tipo de  “ataques machistas”. El ataque machista consiste, al parecer, en tratarle como si fuera una mujer adulta y responsable y no una menor inconsciente de las idas y venidas del cabeza de familia, varón, por supuesto.

 

Sinceramente, creo que un gesto por parte de estas dos señoras, dimitiendo la Ministra y renunciando la Infanta a la condición de miembro de la Casa Real, condición que sin duda la está protegiendo procesalmente, haría un gran favor a las instituciones que representan, liberándolas de un lastre que puede acabar siendo insoportable. Y, de paso, les devolvería un poco de dignidad.

Conferencia sobre preferentes, swaps y estructurados del editor Fernando Gomá en el Colegio Notarial de Madrid

El día 7 de febrero de 2013  el notario Fernando Gomá, coeditor del blog,  dictó en el Colegio Notarial de Madrid una conferencia sobre preferentes, swaps, estructurados y otros productos financieros que tantos problemas están causando en los últimos años entre los españoles, en un lenguaje claro y accesible para cualquier persona.
 
En ella se responden preguntas que están al cabo de la calle, como  ¿por qué se explicaron tan deficientemente?  ¿por qué estaban tan interesados los bancos en vender este tipo de productos?, ¿a qué tipo de clientes fueron vendidos?, ¿qué reparto de responsabilidades cabría hacer? ¿qué podemos esperar para el futuro? ¿cuál debería ser nuestra actitud?
 
Resumiendo, sus ideas y propuestas son:
 
– Las entidades financieras han comercializado productos, como preferentes y swaps, que les eran extremadamente útiles para ellas mismas, pero que para el cliente minorista en muchas ocasiones eran muy perjudiciales y hasta tóxicos. Lo hicieron sin informar de su verdadera naturaleza. Los clientes delegaron su confianza en los bancos y cajas, los cuales incumplieron sistemáticamente toda la normativa de protección al consumidor, sin que los reguladores Banco de España y CNMV, o el Gobierno o el Parlamento, lo impidieran.
 
– No hay ningún indicio serio de que esta actitud vaya a cambiar en el futuro por parte de los bancos.
 
– La mejor prevención para que no vuelvan a suceder este tipo de situaciones no son las reformas -sin duda necesarias- tanto en las normas de protección o las instituciones, sino en la propia actitud del cliente, del consumidor. Debe aprender a decir “no” a lo que no le interesa. A no delegar su confianza.
 
– Para ayudar en este cambio de actitud del ciudadano, que en todo caso ha de partir de su propio convencimiento, hace varias propuestas novedosas:
 
* Que en los cursos de bachiller se estudie una asignatura que podría llamarse algo similar a  Derecho Práctico para la vida diaria, en la que se enseñe qué es un préstamo, una hipoteca, la TAE, un crédito, una compraventa, un leasing, qué significa avalar, etc.
 
* Que existan instituciones salidas de la iniciativa privada destinadas a ofrecer claridad y un lenguaje comprensible para todos de los productos financieros. Las preferentes y swaps pueden explicarse sencillamente. Si no se hizo fue para poder venderlos sin que se supiera qué eran realmente. Para ello sugiere la constitución de una Fundación para la Claridad Jurídica y Financiera, de carácter privado, que deconstruya el complejo lenguaje financiero y ofrezca al consumidor la información que necesita y en un formato que pueda entender.
 
* Que se cree un sistema electrónico por medio del cual se pueda impedir el “spam financiero”, es decir que los bancos no puedan ni siquiera ofrecer al cliente productos que a éste no le convengan en absoluto, aunque los disfracen de nombre atrayentes pero muy engañosos. Esta propuesta ya se hizo extensamente en el post: “Un registro de autolimitación del riesgo financiero”.
 

Conferencia sobre preferentes, swaps y estructurados del editor Fernando Gomá en el Colegio Notarial de Madrid

El día 7 de febrero de 2013  el notario Fernando Gomá, coeditor del blog,  dictó en el Colegio Notarial de Madrid una conferencia sobre preferentes, swaps, estructurados y otros productos financieros que tantos problemas están causando en los últimos años entre los españoles, en un lenguaje claro y accesible para cualquier persona.

 

En ella se responden preguntas que están al cabo de la calle, como  ¿por qué se explicaron tan deficientemente?  ¿por qué estaban tan interesados los bancos en vender este tipo de productos?, ¿a qué tipo de clientes fueron vendidos?, ¿qué reparto de responsabilidades cabría hacer? ¿qué podemos esperar para el futuro? ¿cuál debería ser nuestra actitud?

 

Resumiendo, sus ideas y propuestas son:

 

– Las entidades financieras han comercializado productos, como preferentes y swaps, que les eran extremadamente útiles para ellas mismas, pero que para el cliente minorista en muchas ocasiones eran muy perjudiciales y hasta tóxicos. Lo hicieron sin informar de su verdadera naturaleza. Los clientes delegaron su confianza en los bancos y cajas, los cuales incumplieron sistemáticamente toda la normativa de protección al consumidor, sin que los reguladores Banco de España y CNMV, o el Gobierno o el Parlamento, lo impidieran.

 

– No hay ningún indicio serio de que esta actitud vaya a cambiar en el futuro por parte de los bancos.

 

– La mejor prevención para que no vuelvan a suceder este tipo de situaciones no son las reformas -sin duda necesarias- tanto en las normas de protección o las instituciones, sino en la propia actitud del cliente, del consumidor. Debe aprender a decir “no” a lo que no le interesa. A no delegar su confianza.

 

– Para ayudar en este cambio de actitud del ciudadano, que en todo caso ha de partir de su propio convencimiento, hace varias propuestas novedosas:

 

* Que en los cursos de bachiller se estudie una asignatura que podría llamarse algo similar a  Derecho Práctico para la vida diaria, en la que se enseñe qué es un préstamo, una hipoteca, la TAE, un crédito, una compraventa, un leasing, qué significa avalar, etc.

 

* Que existan instituciones salidas de la iniciativa privada destinadas a ofrecer claridad y un lenguaje comprensible para todos de los productos financieros. Las preferentes y swaps pueden explicarse sencillamente. Si no se hizo fue para poder venderlos sin que se supiera qué eran realmente. Para ello sugiere la constitución de una Fundación para la Claridad Jurídica y Financiera, de carácter privado, que deconstruya el complejo lenguaje financiero y ofrezca al consumidor la información que necesita y en un formato que pueda entender.

 

* Que se cree un sistema electrónico por medio del cual se pueda impedir el “spam financiero”, es decir que los bancos no puedan ni siquiera ofrecer al cliente productos que a éste no le convengan en absoluto, aunque los disfracen de nombre atrayentes pero muy engañosos. Esta propuesta ya se hizo extensamente en el post: “Un registro de autolimitación del riesgo financiero”.

 

¿Por qué los partidos creen que somos tontos?

Esta pregunta me surge a la vista de la reacción de los partidos frente a los casos de corrupción. Uno, el PP, tiene el perjuicio del estado permanente de sospecha y, el otro, el PSOE, del eterno beneficio de la presunción de inocencia: presunción de culpabilidad frente a la presunción de inocencia. Aquél no puede redimirse de esta sospecha. Todo juega en su contra. Las acusaciones de corrupción se le acumulan, pero es un exceso que se publiquen unos papeles de autoría desconocida y se eleven a la condición de documento incriminatorio. Miles de personas se lanzan a la calle acusando, incluso al Presidente del Gobierno, de robar. En cambio, hay un Auto judicial, el de la Magistrada Mercedes Alaya, Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en relación con el denominado caso de los ERE, de 24 de abril de 2012 donde se dice:
 
“El diseño de este instrumento [un convenio entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía] pretendería además institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de las ayudas públicas, y por ende, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos, pues al no existir controles y estar las citadas ayudas huérfanas del procedimiento legalmente exigible, podían regalarse las mismas fraudulentamente a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco, afiliación política u otro tipo de interés, actuación bien alejada de los propios principios de actuación de la Junta de Andalucía según el artículo 133 de su Estatuto de Autonomía que recoge entre otros el de servir con objetividad al interés general, el principio de eficacia, de racionalidad, de imparcialidad, de lealtad institucional, de buena fe, de protección de la confianza legítima de los ciudadanos y de no discriminación a los mismos”.
 
Hay otras tres referencias directas al PSOE en esta operación delictiva por la que se llegaron a conceder, al menos, casi 500 millones de euros en ayudas. Esta acusación-imputación judicial no es suficiente para romper aquella presunción de inocencia. Al contrario. Tampoco impide que el secretario general del PSOE, en su legítimo y positivo esfuerzo por combatir la corrupción, la limite, desgraciadamente, al partido contrario, al enemigo político, y no comprenda el suyo. La rueda de prensa de PSOE el pasado día 4 en Sevilla pasará a los anales de la historia de España como el mejor síntoma de que algo mal se ha debido hacer después de más de 34 años de democracia. Ya nadie se sonroja. Se ha perdido el sentido del ridículo y de la vergüenza. Es posible exigirle al otro que haga aquello que no vale para el reclamante. Se puede denunciar la corrupción del otro, mientras que nada se dice ni se critica ni se cuestiona sobre la que afecta a los míos. Esta asimetría moral hace un daño terrible a la democracia. Se va asentando el convencimiento de que todos son iguales; todos son igual de corruptos, igual de ladrones, … porque la única directriz contra la corrupción es la de amigo– enemigo. La politización del combate contra la corrupción lo neutraliza aún a costa de generar entre los ciudadanos un hartazgo “sistemático”; un hartazgo hacia el sistema y, por extensión, hacia la democracia. Los ciudadanos observamos con estupor cómo se nos trata como estúpidos, como tontos que nos debemos limitar a depositar el voto y ser engañados una y mil veces por unos políticos que son todos iguales.
 
Nadie se sonroja,… se ha perdido la vergüenza. No sólo se ha perdido la honradez, sino la capacidad para sonrojarse cuando les pillan. Cuando esto sucede, la consigna es ganar tiempo. Enredarlo todo, ensuciarlo todo,… porque los ciudadanos, transcurrido el tiempo, se olvidarán. No se dan cuenta de que los ciudadanos de hoy tienen acceso a mil fuentes de información, las cuales no entienden de tiempo. Hoy en Google podemos revivir perfectamente lo sucedido hace unos meses o años. Basta buscar ERE de Sevilla y se revive toda la podredumbre. Y te vuelven las arcadas. Y éstos son los que luego, en boca del presidente del PSOE, presidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Economía durante el escándalo de los ERE “critica que en el PP piden dimisiones, permanentemente, pero se escandalizan cuando les pedimos a ellos que dimitan”. Y añade: ¡¡”No podemos sólo mirar la paja en el ojo ajeno, también hay que mirarla en el propio y ser contundentes contra la corrupción, pero no aceptamos dobles varas de medir ni jerarquías sociales”!!! Y esto lo dice quien ni ha asumido ninguna responsabilidad, ni se la ha exigido a nadie. Nada de nada. Habla bajo la pureza de la santidad. Y la secretaria general del PSOE de Sevilla afirma en el mismo acto que “garanti[za] al secretario general socialista que el PSOE de Sevilla está detrás de nuestro secretario general para que el partido en su conjunto mire a los ojos a los ciudadanos desde la decencia y la honestidad para salir de la crisis.” Un mundo Orwelliano: dos Sevillas, dos Andalucias, dos Españas, dos realidades, … 500 millones de razones de “decencia y honestidad”. El sectarismo aplicado a la corrupción es la mejor cortina tras la que ocultarla. Esta politización les interesa porque alimenta las dudas sobre la verdad de las acusaciones.
 
Los ciudadanos estamos hartos de que nos traten como tontos, a los que se les puede mentir, engañar, manipular, … menospreciar y, luego, pedir el voto porque, como los bebés, somos olvidadizos. En esto se ha convertido la política española, en un gran lodazal en la que los partidos juegan tirándose la porquería porque creen que los ciudadanos se olvidan de las cosas; y cuanto más fangoso sea el asunto, más dudas y, ante las dudas, la costumbre,… el autómata que se acerca a la urna con resignación. Hasta que se hartan y dejan de olvidarse, cuando comprenden que la corrupción no es un fenómeno personal o circunstancial sino un rasgo del sistema, es el sistema mismo.
 
La mayoría no hemos perdido, ni la honra, ni la vergüenza. Y nos produce vergüenza que todo valga, que la democracia “popular” practicada por algunos tenga mayor legitimidad: que la calle ponga y quite honras, sentencie y ejerza el poder del Estado. Es una estrategia muy querida por los anti-demócratas. Aún resuena la enfática afirmación del Conseller Puig de CiU que contraponía la “legalidad jurídica”, la de la Constitución, a la “legalidad democrática”, la de democracia popular, la de las manifestaciones. No nos puede extrañar que, para él, ésta tenga mayor legitimidad. El pueblo, su pueblo,… el de los borregos frente a los ciudadanos. Aquél podrá ser manipulado; éste, no. Señores políticos, ¿por qué creen que somos tontos? A lo mejor, les hemos dado motivos,… hasta que nos hartemos. Y estamos hartos. La comparecencia del Griñán y Rubalcaba el pasado lunes en Sevilla denunciando la corrupción del PP a cientos de metros de donde se había cocinado, según el Auto, la que ha afectado a su partido, es la mejor y más intensa demostración de que algo malo, muy malo se ha estado haciendo en esta democracia nuestra. Este proceso de centrifugación que ha sufrido el Estado para creer los micro-Estados llamados Comunidades Autónomas también ha centrifugado la moralidad en el ámbito público. Se ha perdido hasta la vergüenza. Ya nadie se pone colorado.
 

¿Por qué los partidos creen que somos tontos?

Esta pregunta me surge a la vista de la reacción de los partidos frente a los casos de corrupción. Uno, el PP, tiene el perjuicio del estado permanente de sospecha y, el otro, el PSOE, del eterno beneficio de la presunción de inocencia: presunción de culpabilidad frente a la presunción de inocencia. Aquél no puede redimirse de esta sospecha. Todo juega en su contra. Las acusaciones de corrupción se le acumulan, pero es un exceso que se publiquen unos papeles de autoría desconocida y se eleven a la condición de documento incriminatorio. Miles de personas se lanzan a la calle acusando, incluso al Presidente del Gobierno, de robar. En cambio, hay un Auto judicial, el de la Magistrada Mercedes Alaya, Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en relación con el denominado caso de los ERE, de 24 de abril de 2012 donde se dice:

 

“El diseño de este instrumento [un convenio entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía] pretendería además institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de las ayudas públicas, y por ende, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos, pues al no existir controles y estar las citadas ayudas huérfanas del procedimiento legalmente exigible, podían regalarse las mismas fraudulentamente a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco, afiliación política u otro tipo de interés, actuación bien alejada de los propios principios de actuación de la Junta de Andalucía según el artículo 133 de su Estatuto de Autonomía que recoge entre otros el de servir con objetividad al interés general, el principio de eficacia, de racionalidad, de imparcialidad, de lealtad institucional, de buena fe, de protección de la confianza legítima de los ciudadanos y de no discriminación a los mismos”.

 

Hay otras tres referencias directas al PSOE en esta operación delictiva por la que se llegaron a conceder, al menos, casi 500 millones de euros en ayudas. Esta acusación-imputación judicial no es suficiente para romper aquella presunción de inocencia. Al contrario. Tampoco impide que el secretario general del PSOE, en su legítimo y positivo esfuerzo por combatir la corrupción, la limite, desgraciadamente, al partido contrario, al enemigo político, y no comprenda el suyo. La rueda de prensa de PSOE el pasado día 4 en Sevilla pasará a los anales de la historia de España como el mejor síntoma de que algo mal se ha debido hacer después de más de 34 años de democracia. Ya nadie se sonroja. Se ha perdido el sentido del ridículo y de la vergüenza. Es posible exigirle al otro que haga aquello que no vale para el reclamante. Se puede denunciar la corrupción del otro, mientras que nada se dice ni se critica ni se cuestiona sobre la que afecta a los míos. Esta asimetría moral hace un daño terrible a la democracia. Se va asentando el convencimiento de que todos son iguales; todos son igual de corruptos, igual de ladrones, … porque la única directriz contra la corrupción es la de amigo– enemigo. La politización del combate contra la corrupción lo neutraliza aún a costa de generar entre los ciudadanos un hartazgo “sistemático”; un hartazgo hacia el sistema y, por extensión, hacia la democracia. Los ciudadanos observamos con estupor cómo se nos trata como estúpidos, como tontos que nos debemos limitar a depositar el voto y ser engañados una y mil veces por unos políticos que son todos iguales.

 

Nadie se sonroja,… se ha perdido la vergüenza. No sólo se ha perdido la honradez, sino la capacidad para sonrojarse cuando les pillan. Cuando esto sucede, la consigna es ganar tiempo. Enredarlo todo, ensuciarlo todo,… porque los ciudadanos, transcurrido el tiempo, se olvidarán. No se dan cuenta de que los ciudadanos de hoy tienen acceso a mil fuentes de información, las cuales no entienden de tiempo. Hoy en Google podemos revivir perfectamente lo sucedido hace unos meses o años. Basta buscar ERE de Sevilla y se revive toda la podredumbre. Y te vuelven las arcadas. Y éstos son los que luego, en boca del presidente del PSOE, presidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Economía durante el escándalo de los ERE “critica que en el PP piden dimisiones, permanentemente, pero se escandalizan cuando les pedimos a ellos que dimitan”. Y añade: ¡¡”No podemos sólo mirar la paja en el ojo ajeno, también hay que mirarla en el propio y ser contundentes contra la corrupción, pero no aceptamos dobles varas de medir ni jerarquías sociales”!!! Y esto lo dice quien ni ha asumido ninguna responsabilidad, ni se la ha exigido a nadie. Nada de nada. Habla bajo la pureza de la santidad. Y la secretaria general del PSOE de Sevilla afirma en el mismo acto que “garanti[za] al secretario general socialista que el PSOE de Sevilla está detrás de nuestro secretario general para que el partido en su conjunto mire a los ojos a los ciudadanos desde la decencia y la honestidad para salir de la crisis.” Un mundo Orwelliano: dos Sevillas, dos Andalucias, dos Españas, dos realidades, … 500 millones de razones de “decencia y honestidad”. El sectarismo aplicado a la corrupción es la mejor cortina tras la que ocultarla. Esta politización les interesa porque alimenta las dudas sobre la verdad de las acusaciones.

 

Los ciudadanos estamos hartos de que nos traten como tontos, a los que se les puede mentir, engañar, manipular, … menospreciar y, luego, pedir el voto porque, como los bebés, somos olvidadizos. En esto se ha convertido la política española, en un gran lodazal en la que los partidos juegan tirándose la porquería porque creen que los ciudadanos se olvidan de las cosas; y cuanto más fangoso sea el asunto, más dudas y, ante las dudas, la costumbre,… el autómata que se acerca a la urna con resignación. Hasta que se hartan y dejan de olvidarse, cuando comprenden que la corrupción no es un fenómeno personal o circunstancial sino un rasgo del sistema, es el sistema mismo.

 

La mayoría no hemos perdido, ni la honra, ni la vergüenza. Y nos produce vergüenza que todo valga, que la democracia “popular” practicada por algunos tenga mayor legitimidad: que la calle ponga y quite honras, sentencie y ejerza el poder del Estado. Es una estrategia muy querida por los anti-demócratas. Aún resuena la enfática afirmación del Conseller Puig de CiU que contraponía la “legalidad jurídica”, la de la Constitución, a la “legalidad democrática”, la de democracia popular, la de las manifestaciones. No nos puede extrañar que, para él, ésta tenga mayor legitimidad. El pueblo, su pueblo,… el de los borregos frente a los ciudadanos. Aquél podrá ser manipulado; éste, no. Señores políticos, ¿por qué creen que somos tontos? A lo mejor, les hemos dado motivos,… hasta que nos hartemos. Y estamos hartos. La comparecencia del Griñán y Rubalcaba el pasado lunes en Sevilla denunciando la corrupción del PP a cientos de metros de donde se había cocinado, según el Auto, la que ha afectado a su partido, es la mejor y más intensa demostración de que algo malo, muy malo se ha estado haciendo en esta democracia nuestra. Este proceso de centrifugación que ha sufrido el Estado para creer los micro-Estados llamados Comunidades Autónomas también ha centrifugado la moralidad en el ámbito público. Se ha perdido hasta la vergüenza. Ya nadie se pone colorado.