Iniciativas legislativas populares: una forma legítima de diálogo con el Parlamento
En el último momento, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados votó a favor de la toma en consideración de la Proposición de Ley de regulación de la dación en pago, paralización de los desahucios y alquiler social, que había conseguido el respaldo de 1.402.854 personas. La toma en consideración no implica más que la Mesa de la Cámara acordará su envío a la Comisión competente y la apertura del plazo de presentación de enmiendas. Conviene no olvidar lo mezquino que es el sistema constitucional español con las iniciativas ciudadanas.
En primer lugar, no se admiten para la reforma de la propia Constitución y tampoco pueden ejercerse en “materias propias de Ley Orgánica”, con lo que se veda a esta institución el acceso a cuestiones relacionadas con el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, además de todos aquellos ámbitos cuya regulación exige la aprobación de una Ley Orgánica (Defensor del Pueblo, Consejo General del Poder Judicial, sucesión a la Jefatura del Estado,…).
Parece evidente que con todas estas limitaciones lo que se pretende es ahorrarle al Legislador eventuales presiones externas respecto a un conjunto de materias muy sensibles. Pues bien, de lo que se trata en un sistema democrático es, precisamente, de que las personas destinatarias de las decisiones políticas y normas jurídicas puedan dialogar con el Legislador, al menos en la forma de petición legislativa sujeta a reglas sustanciales y formales, y si en algún ámbito deben poder hacerlo, sin que eso suponga presión ilegítima alguna, es en las materias política, social o económicamente más importantes. Lo que parece profundamente antidemocrático es que se excluyan de esa forma mínima de debate materias tan relevantes para la ciudadanía como las normas electorales o derechos fundamentales como la vida, la libertad personal, la tutela judicial, la educación, la huelga, las reuniones y asociaciones,…
Por si las exclusiones materiales no ejercieran ya un fuerte efecto disuasorio para las iniciativas legislativas populares, el constituyente añadió otra barrera: la exigencia de que sea respaldada por, al menos, 500.000 firmas ciudadanas. La importancia de esta limitación se evidencia si acudimos al derecho comparado: en Italia, un país con mucha más población que España, el número mínimo requerido son 50.000 firmas y en Polonia, con una población un poco menor que la española, el respaldo se reduce a la quinta parte: 100.000 firmas. Y no deja de llamar la atención que en la reciente regulación de la iniciativa legislativa europea se haya fijado el número total de firmas en 1.000.000, el doble que en España, pero mucho más fácil de alcanzar si se tiene en cuenta el número potencial de firmantes, incluso con las exigencias de que provengan al menos de 7 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y cuenten con un número mínimo de firmantes en cada uno de ellos.
Que existan todas estas limitaciones y que una iniciativa con el respaldo y la incidencia social de la relativa a la vivienda haya pasado por tantas dificultades confirma, en mi opinión, la escasavitalidad de nuestro sistema democrático pues si es obvio que se puede rechazar la dación en pago o el alquiler social también lo es que al menos merece que se haga en un debate parlamentario, permitiendo la expresión de otras opiniones y asumiendo ante la opinión ciudadana el consiguiente coste político.
Jürgen Habermas recuerda que es esencial a la democracia que los procesos de formación de la voluntad política institucionalizada estén conectados con la opinión pública y esa conexión tiene que producirse tanto en la actuación general de los poderes del Estado como, en particular, a lo largo del procedimiento legislativo, de manera que no solo a través de los representantes sino también de manera inmediata la ciudadanía pueda colaborar en las fases de iniciativa, debate y, en su caso, ratificación de las normas.
Ahora que tanto se habla de regeneración democrática parece tarea imposible que se recupere lo que Hanna Arendt llamó la promesa de la política si lo que parece interesar a los que gobiernan las instituciones no es la implicación de la ciudadanía en el gobierno de los asuntos públicos sino su reducción a la categoría de idiotas e inútiles, al menos en el sentido clásico de despreocupados por los asuntos públicos.
Nos recuerda Tucídides lo que decía Pericles en su Discurso fúnebre en honor de los atenienses muertos durante el primer año de guerra: “en la elección de los cargos públicos no anteponemos las razones de clase al mérito personal y tampoco nadie, en razón de su pobreza, encuentra obstáculos debido a su condición social si está en condiciones de prestar un servicio a la ciudad… Nos servimos de la riqueza más como oportunidad para la acción que como pretexto para la vanagloria, y entre nosotros no es un motivo de vergüenza para nadie reconocer su pobreza, sino que lo es más bien no hacer nada por evitarla. Las mismas personas pueden dedicar a la vez su atención a sus asuntos particulares y a los públicos, y gentes que se dedican a diferentes actividades tienen suficiente criterio respecto a los asuntos públicos. Somos los únicos que a quien no toma parte en estos asuntos lo consideramos no un despreocupado, sino un inútil”.
Es probable que en la España de hoy el Discurso fúnebre de Pericles fuera por la propia democracia.
Doctor en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Oviedo. Es Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y está acreditado como Catedrático de Derecho Constitucional.
Ha sido Magistrado Suplente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y Asesor del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en el Ministerio de la Presidencia. Sus líneas de investigación giran en torno a:
Estado democrático, representación política, partidos políticos, derecho electoral y derecho de asociación, extranjería e inmigración.
Ha comparecido como experto en la Comisión creada en el Senado para el estudio de la clarificación del sistema de voto.
Es autor, entre otros, de los siguientes libros: Los partidos y las distorsiones jurídicas de la democracia; Los partidos políticos en el sistema constitucional español; El derecho de voto; Elecciones municipales y gobierno local, y El derecho europeo de familia.
Ha impartido cursos y conferencias en varias universidades españolas y de Italia, México, Cuba, Brasil, Argentina, Bolivia y Colombia. Además, ha realizado estancias de investigación en universidades de Italia, Portugal, Alemania y Estados Unidos.
Ha participado en la elaboración de la propuesta Porlademocraciadirecta.org, para promover el cambio constitucional en materia de iniciativa legislativa popular, referendos y reforma constitucional.
Vivimos un proceso demagógico atizado por sucesivos gobiernos que han creado el problema pensando en la próxima encuesta y desplazando los efectos hacia el mañana. Aquel mañana ya es hoy.
En nuestras dimensiones y para determinados problemas que afectan a situaciones humanamente importantes –“basic goods”– no tenemos buenos procesos decisorios. Como dice el profesor, todo lo más tratamos de avisar de que “hay problemas, hagan algo”
Al cambiar la cantidad cambia la cualidad. Por ello lo que tenemos por delante es complicado y nuevo.
Es complicado porque estamos tratando situaciones en una escala “supermasiva” (en lo referente a poblaciones afectadas por decisiones políticas y por los procesos electivos y de representación) con la lógica, los conceptos y los instrumentos culturales de otros tiempos.
Lo que resulta es muy deficiente en todos los sentidos.
De remate nuestros cimientos intelectuales son referencias a la democracia Ateniense, a los 2500 “citoyens de Genève” o incluso a los muy limitados cuerpos de electores hasta que se alcanzan grados de sufragio universal (en Francia en 1944).
Sumémosle que en esta situación de masificación el proceso del voto (voto partidario, no decisión concreta) se apoya cada vez más en bases instintivas, subliminales. En emociones primarias tan primitivas que algunos neurólogos llegan a datarlas hace más de 1500 millones de años. Cuando la Aplysia y sus neuronas se constituyen en nuestro eslabón primigenio. Compartimos neuronas y los mismos miedos motores.
Por ello la comunicación política se mueve más por vericuetos neurales que por argumentos y debates mínimamente racionales.
Lógicamente cada vez resulta más difícil alinear la masificación de un proceso globalizador –basado en factores comunes mínimos– y la propia palabra “democracia” entendida como participación de los ciudadanos en “decidir” las cosas que a su propia vida afectan y en “protegerse” de las decisiones que les afecten negativamente.
De alguna forma la masa “amorfa” destruye la base del concepto de democracia y su legitimidad. El resultado es malo y tendemos a rechazarlo.
¿Por qué se ha sostenido en la segunda mitad del siglo XX?
Probablemente porque hemos trasladado al futuro un montón de problemas reales y escondido la realidad a las poblaciones.
Lo hemos hecho huyendo en múltiples direcciones y gravando con una montaña de deudas (no sólo monetarias) muchas décadas por delante. Pero está reventando.
El cliché que lo resume es antiguo: el menú está claro cuando tres lobos hambrientos entran en un ascensor con dos ovejas y el proceso decisorio es el de las mayorías absolutas.
Y eso si los lobos son retrasados mentales porque si son listos serán perfectamente capaces de mantener indefinidamente el menú en condiciones de inferioridad numérica abrumadora.
Habría que tener un horizonte mejor. Este es de color oscuro.
Buenos días
Estoy de acuerdo con todo lo que dices. Pero, ¿qué se puede esperar de un país donde la mayoría de la clase política está metida en un lodazal de corrupción y, según las últimas informaciones, se dedican a espiarse unos a otros? Los políticos españoles, muy autoritarios, son refractarios a cualquier clase de participación ciudadana. Transparencia, Gobierno abierto, etc les trae al pairo. Para ellos ya es suficiente y un logro democrático el que podamos votar(les) cada cierto tiempo.
Sr. Presno, su entrada plantea un asunto sumamente interesante que, junto con el derecho de petición, el concejo abierto y los referenda, además de con la transparencia y buen gobierno, unido a las posibilidades que al ejercicio democrático directo dan las nuevas tecnologías (si se invierte en sistemas automatizados para multar ipso facto vía León, ¿por qué no en sistemas de voto seguro y directo?), regulación de los efectos exactos de la abstención y voto en blanco, etc. nos pone frente a la democracia real en vez de frente a la democracia formal adulterada partitocráticamente a la que hemos llegado. En Internet hay muchos recursos que cualquier interesado puede revisar. En la Unión Europea hay 14 iniciativas, si no me equivoco, registradas (http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=es). El umbral de votos en California, por ejemplo, es el 5% de los necesarios para la elección del último Gobernador de dicho Estado, en el que hay una tradición amplia, como en Europa en Suiza, de votar. El número de firmas, además de con la población, tiene que relacionarse con las necesarias para cualquier iniciativa legislativa, en mi opinión, a tener del Tit. III de la Constuitución. Así, o propone el Gobereno (que necesita unos 8.000.000 de votos usualmente, como mínimo, para serlo), o bien un grupo parlamentario, 25 senadores, 15 diputados o una Comunidad Autónoma (art. 126 Reg Congreso, art. 108 Regl.Senado), con el “coste” en votos correspondiente como trasfondo (art. 87 CE). Nada mejor que remontarse al sg.V antes de nuestra Era, como Ud. hace, para , por otro lado, tener clara conciencia de que ser ciudadano requiere esfuerzo continuado, individual y colectivo y Sociedad Civil, para lo cual se requieren decenios, sino siglos de educación y ejercicio efectivo de los derechos. CReo que Ud. propone que profundicemos : estoy de acuerdo. Internet nos da una oportunidad adicional.
Jesús:
Citas el Derecho de petición, que está reconocido como derecho fundamental en el artículo 29 de nuestra Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
Resulta diáfano, según su exposición de motivos y su artículo 2 que los destinatarios de las peticiones pueden ser cualquier autoridad pública con competencia en la materia y que el objeto (artículo 3) puede versar sobre cualquier asunto o materia competencia de la autoridad destinataria. Parece claro que si el Gobierno tiene la iniciativa legislativa, según la Constitución, sea destinatario natural de peticiones de reforma legislativa.
Pues bien, el Ministerio de Justicia ha elaborado lo que podríamos denominar la DOCTRINA GALLARDÓN; que consiste en declarar la inadmisión de las peticiones que se dirigen al Gobierno sugiriendo alguna reforma legal, bajo el pretexto de que deben remitirse a las Cortes Generales. El que conozca algo de esto sabe que cuando se dirige una petición al Congreso o al Senado las cámaras suelen remitirlas al Gobierno.
Lo peor de todo es que esta doctrina antidemocrática ha sido avalada por la señora Defensora del Pueblo.
Esta es una buena muestra de cómo entienden las autoridades políticas la participación ciudadana en nuestro país, asunto al que se refiere el post y tu comentario.
Claro es que los frutos del parlamento, los BOE’s, ya están plagados de leyes nefastas votadas prácticamente por unanimidad porque nadie del arco parlamentario se atreve a exponerse a posturas que pueden ser fáciles víctimas de la demagogia más falaz.
Hay ejemplos en todas las legislaturas y decisiones del poder público. Caso Bolinaga, por ejemplo, o la de pasar de curso con cuatro suspendidas. Por quedarnos en dos de naturaleza “menor” y con rechazo abrumadoramente mayoritario. El 87%.
Es un problema que el sistema no puede manejar.
Si hubiese una iniciativa popular rechazando la Ley de la Gravedad, –tan dañina ella que nos impide ser aves voladoras y desplegar nuestros sueños en toda su extensión– y esta legítima ambición humana llegase al parlamento, pocas dudas podemos tener de que saldría adelante la moción con todos los votos presentes y una dotación económica para financiarla a determinadas minorías que deberán pagar los que nunca pueden decidir nada.
¿Y qué decir de la desigual distribución de la belleza? ¿Es justo que “ella sí y yo no”, es justo?
Por cierto, la belleza es de lo poco que socialmente no hemos conseguido expropiar.
Habrá que darle un par de vueltas porque no hay derecho. Aquí hay una mina de votos. El mío para empezar.
Como por otra parte el sistema de poder reparte los fondos para investigación a unos proyectos –y no a otros–, al poco tiempo veríamos sesudos estudios publicados en “Econometric Psychology Today and Tomorrow” avalando la legitimidad de dichos sueños, lo justo de establecerlos como derechos fundamentales del ser humano de todos los santos sexos imaginables (perdón, géneros) y lo imprescindible de protegerlos doblemente en el caso de las minorías indígenas.
Sospecho que a esto le quedan pocos telediarios.
Se ha buscado a pulso y me parece que ya es tarde para iniciativas populares.
Es necesario decidir –cada uno– sobre lo que quiere pagar y no pagar más allá de un mínmo razonable y sostenible. También para esto tenemos Internet.
Como de costumbre el sistema se nos queda muy por detrás del momento y hay momentos en la historia en los cuales no queda mucha vuelta atrás porque ya hemos visto las tristes entretelas del tinglado.
Ya lo decían los grafitti del 68. “La imaginación al poder”. ¡Menudo éxito!.
Resulta que los franceses y los holandeses votaron en el 2005 que no querían Constitución europea y ya han visto: Dos tazas.
Al menos en el pagar más allá del diezmo (o de los dos diezmos, vale) deberíamos decidir cada uno.
¿O no? ¿Por qué no? ¿Alguien puede explicarlo o, tampoco?
Bon appetit
Hay que tener cierto cuidado con las iniciativas legislativas populares. Existe un precedente histórico muy disuasorio, que es el de la República de Weimar, en la que diversos demagogos y grupos de presión usaron y abusaron de las iniciativas populares para socavar el poder legislativo. Estoy convencido de que en el 78, los “padres de la patria”, que tenían buenos contactos con socialdemócratas y democristianos alemanes, tuvieron muy en cuenta ese precedente al poner tantas trabas a las iniciativas populares en la Constitución.
Más cuidado hay que tener con los políticos ladrones, estafadores y espías que llevan décadas robándonos.
La palabra escrita y firmada no hace daño a nadie.
Es posible porque hasta frau Merkel parece haber aludido a este esunto en esos términos.
Sin embargo hay tratadistas que no piensan así. Afirman que el parlamentarismo alemán tuvo fallos bastante más graves que las iniciativas populares durante aquellos años (1919–1930).
Por ejemplo la llegada de Hitler al poder fue un acto parlamentario, no popular.
Rolf Hochhuth. 1994. en Wessis in Weimar. “Szenen aus einem besetzten Land”. (Escenas desde una tierra ocupada) dice lo siguiente al respecto.
“The refusal of the Founding Fathers in Germany (Bonn) to implement a referendum in the constitution of 1949 resulted from a guilty conscience: politicians who had co-authored the constitution – for example Theodor Heuss, who then became the first president of the Federal Republic of Germany -, as members of parliament, had made Hitler dictator (…) by adopting the “Enabling Act”. (…) It is a lie to claim that the German people is politically not mature enough for “being allowed” to have a referendum: during the Weimar Republic the people have never caused nearly as much damage as the parliamentarians, which were responsible for Hitler’s ascent to power.”
Tampoco sabemos de las conversaciones entre las potencias vencedoras y los constituyentes. Estaban las cosas como para que los vencidos tuvieran prerrogativas que ni Rusos, Ingleses o Franceses tenían (ni tienen).
No me cabe la menor duda de que la historia pasará un durísimo juicio sobre nuestra constitución del 78 y sobre la legislación promulgada desde entonces por electos que, por muy correcta y democráticamente que hayan sido elegidos, no lo han hecho nada bien por decirlo educadamente.
Los problemas de la iniciativa popular son otros. Por ejemplo cuando se trata de generalizar o llevarlo a extremos; pero en muchas ocasiones correctamente delimitadas (como en los procesos locales de los cantones suizos) son imbatibles y una gran escuela de participación democrática. La clave es una ciudadanía culturalmente involucrada. (Supongo. Porque a mí tampoco me han preguntado nunca nada).
Saludos
Sr. RC, Si pudiera aportar datos objetivos sobre los abusos de las ILP’s en la República de Weimar, serian de gran ayuda para los participantes en el foro, tanto para los pro-demócratas como para los anti-demócratas, que de todo hay en la ciña del Señor.
Los referentes a su posición política no son necesarios, por lo evidentes,
Parece claro que nuestros constittuyentes se fiaban bastante más de los partidos políticos que del pueblo soberano a juzgar por esta cicatera regulación. Pero cuando los ciudadanos ocupan las calles y los políticos se preocupan ¿no sería más sensato abrir los cauces de participación institucional que tenemos disponibles? El caso de la ILP es claramente uno. El de la transparencia es otro. Y mas vale hacerlo cuanto antes. En todo caso, la popularidad de las ILP es una muestra no de decadencia de la democracia, frente a lo que dice el establishment, sino de todo lo contrario. Lo que sí me parece poco democrático es tener miedo a la participación ciudadana a través de las ILPS o de cualquier otro mecanismo o procedimiento más o menos formal. ¿O prefieren las vallas y los gritos?
Parece claro que nuestros constittuyentes se fiaban bastante más de los partidos políticos que del pueblo soberano a juzgar por esta cicatera regulación. Pero cuando los ciudadanos ocupan las calles y los políticos se preocupan ¿no sería más sensato abrir los cauces de participación institucional que tenemos disponibles? El caso de la ILP es claramente uno. El de la transparencia es otro. Y mas vale hacerlo cuanto antes. En todo caso, la popularidad de las ILP es una muestra no de decadencia de la democracia, frente a lo que dice el establishment, sino de todo lo contrario. Lo que sí me parece poco democrático es tener miedo a la participación ciudadana a través de las ILPS o de cualquier otro mecanismo o procedimiento más o menos formal. ¿O prefieren las vallas y los gritos?
Estoy completamente de acuerdo con el autor en la necesidad y el beneficio de que las sociedad pueda dialogar, como él dice, a través de las ILP con el legislador. pero no hay que olvidar que ese derecho a dialogar exige también un comportamiento, un respeto a las atribuciones del propio Parlamento, no es un cheque en blanco ni “la voluntad popular”, impone a su vez unas obligaciones y un modo de comportarse.
La experiencia de esta ILP desde luego no anima a muchas más. la PAH ha enviado a los grupos políticos una carta amenazante y antidemocrática, en la que se les exige que se comprometan por escrito a no tocar ni una coma de la ILP o de lo contrario serán los culpables de todo el sufrimiento y dolor de miles de familias (sic).
Lean los dos últimos párrafos. Una carta así, desmadrada, aunque pueda tener mucha la razón en el planteamiento del problema de muchísimas personas, lo pierde precisamente por que es lo contrario de lo que se pretende con una ILP: es una carta como digo profundamente antidemocrática.
http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/94073
Estoy completamente de acuerdo con el autor en la necesidad y el beneficio de que las sociedad pueda dialogar, como él dice, a través de las ILP con el legislador. pero no hay que olvidar que ese derecho a dialogar exige también un comportamiento, un respeto a las atribuciones del propio Parlamento, no es un cheque en blanco ni “la voluntad popular”, impone a su vez unas obligaciones y un modo de comportarse.
La experiencia de esta ILP desde luego no anima a muchas más. la PAH ha enviado a los grupos políticos una carta amenazante y antidemocrática, en la que se les exige que se comprometan por escrito a no tocar ni una coma de la ILP o de lo contrario serán los culpables de todo el sufrimiento y dolor de miles de familias (sic).
Lean los dos últimos párrafos. Una carta así, desmadrada, aunque pueda tener mucha la razón en el planteamiento del problema de muchísimas personas, lo pierde precisamente por que es lo contrario de lo que se pretende con una ILP: es una carta como digo profundamente antidemocrática.
http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/94073
Creo que el autor pretende que miremos la luna, no el dedo que la señala
Creo que el autor pretende que miremos la luna, no el dedo que la señala
Acabo de leer el escrito que remite la Plataforma de afectados por la hipoteca a UPyD y que supongo ha remitido también al resto de Grupos Parlamentarios.
El escrito es barriobajero y chabacano y, además, inaceptable. Deslegitima y descalifica a quien lo escribe. Pero, vuelvo a insistir, no podemos aprovechar este tipo de escritos-basura para deslegitimar una institución, la ILP, que es de lo más democrática.
El constituyente trató -de forma equivocada- de cimentar nuestro sistema político en la democracia de partidos, anclandola de forma preponderante en la democracia representativa y tratando de minimizar la democracia participativa, cuando ambas han de complementarse. La democracia “representativa” nos ha traido hasta aquí: a la corrupción de la democracia.
Acabo de leer el escrito que remite la Plataforma de afectados por la hipoteca a UPyD y que supongo ha remitido también al resto de Grupos Parlamentarios.
El escrito es barriobajero y chabacano y, además, inaceptable. Deslegitima y descalifica a quien lo escribe. Pero, vuelvo a insistir, no podemos aprovechar este tipo de escritos-basura para deslegitimar una institución, la ILP, que es de lo más democrática.
El constituyente trató -de forma equivocada- de cimentar nuestro sistema político en la democracia de partidos, anclandola de forma preponderante en la democracia representativa y tratando de minimizar la democracia participativa, cuando ambas han de complementarse. La democracia “representativa” nos ha traido hasta aquí: a la corrupción de la democracia.