El discurso del Presidente sobre el estado de la nación: Un discurso impecable

Impecable, claro, si leyéndolo uno quiere tomar clara conciencia del lamentable estado de la nación en general, como consecuencia del lamentable estado de nuestra clase política en particular. Porque, efectivamente, si con la crítica situación institucional que atravesamos y después de todo lo que se ha publicado sobre la imperiosa necesidad de reformas estructurales básicas (incluso por los medios tradicionalmente más “prudentes”), lo único que es capaz de avanzar el Presidente del Gobierno en tres párrafos, es que se va a reforzar el Tribunal de Cuentas, se van a tasar las escalas de retribución de los cargos públicos, se van a endurecer las penas y se va a regular la actividad parlamentaria de los lobbies, entonces, Houston, tenemos un problema.

 

Y ese problema, señor Presidente, es que los dos lobbies más poderosos del país, su partido y el del señor Rubalcaba, están descontrolados, totalmente fuera de madre, y nadie dentro del Parlamento, empezando por usted, según acabamos de ver, tiene el más mínimo interés en ponerles límites. Ni reforma legal para impulsar la democracia interna dentro de los partidos, ni reforma electoral para acabar con la desproporción del valor del voto de los españoles, ni listas abiertas para fomentar la rendición de cuentas de los políticos con sus electores, ni reformas institucionales que garanticen la independencia de nuestras instituciones de control más importantes, ni adelgazamiento de las clientelas vía drástica reducción del sector público, ni nada de nada que perjudique la perniciosa influencia sobre el sistema de las cúpulas de los partidos mayoritarios, es decir, de su influencia, Sr. Presidente.

 

Sabemos que elevar las penas no es suficientemente disuasorio, no sólo porque muchos corruptos terminarán indultados, sino porque gran parte de la lacra de corrupción que atenaza a España no puede ni debe ser sancionada penalmente. Algo se corrompe cuando se traiciona su finalidad. No estamos ya hablando de percibir o distraer dinero de marea ilegal, tampoco de delitos o faltas de carácter penal, sino de la naturaleza de las instituciones y de la razón por la cual han sido creadas. Colocar al amigo, desvirtuar los organismos de control en beneficio del partido, aprovecharse del cohecho del cónyuge o incluso percibir sobres, son prácticas intolerables, pero que no pueden castigarse penalmente. Tampoco plagiar la tesis doctoral, Sr. Presidente.

 

No sirve de nada decir que se va a reforzar el Tribunal de Cuentas cuando no se cambian los incentivos que hagan pensar que de verdad va a hacerse. Lo mismo ocurre con la transparencia, con la reforma de la Administración, con la educación y con todo lo que usted quiera. Ese es el problema clave de la democracia española: abundancia de palabras que no van a ningún sitio porque los que deberían pilotar el proceso no están ni interesados ni incentivados para llegar a la meta anunciada. No hace falta esperar a la letra pequeña, la letra grande ya será lo suficientemente decepcionante. Y lo será porque no habrá posibilidad de SANCIÓN. Porque cuando esas propuestas se concreten en nada no existirá ninguna forma de exigir cuentas y pedir responsabilidades.

 

Las casas no se construyen por el tejado, sino que se construyen por los cimientos. Por eso, para afrontar con garantías cualquier reforma que pretenda solucionar nuestra lamentable situación institucional (y también económica, no lo olvidemos) primero es necesario reformar el régimen de incentivos de los que deben diseñarlas y ejecutarlas. Pues bien, sobre ese tema el discurso ha sido impecable, inmaculado, absolutamente virgen (ah, y sobre los desahucios lo mismo, ni una palabra). Felicitaciones por dejar las cosas tan claras, Sr. Presidente.

Las tasas judiciales, en los Tribunales

Este blog ya ha recogido numerosas entradas, de alta calidad técnica, sobre la inconstitucionalidad de las tasas judiciales implantadas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, contribuciones en las que se ha destacado su incompatibilidad con la jurisprudencia constitucional y europea (señaladamente, con la jurisprudencia del TEDH que citaba, entre otras, la STC 20/2012), en la medida en la que nuestro ordenamiento obvia la posibilidad de que cada justiciable en el caso concreto pueda acreditar que el pago de la tasa dificulta de manera grosera o impide su acceso a la jurisdicción o al recurso correspondiente.
 
La Ley 10/2012, en este punto, remite el tratamiento de la cuestión al régimen de exenciones al pago de la tasa, en el que incluye a “las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora” –artículo 4.2.a)-.
 
Esta exención, entre otras cuestiones a las que aludirá a continuación, es muestra de la muy deficiente calidad técnica de la norma. El desprecio por las categorías jurídicas y por las necesidades inherentes a la ordenada tramitación de las normas y la ajustada inserción de cada una de ellas en el grupo normativo en el que están llamadas a integrarse –en feliz construcción de VILLAR PALASÍ- hacen de la Ley 10/2012 un compendio de malas decisiones y soluciones normativas.
 
El esperpento, como no podía ser de otra manera, se prolonga en la norma dictada en su desarrollo, la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.
 
Muchos son los defectos que cabe imputar a esta orden, heredados de la mala técnica de su norma de cobertura, pudiendo destacarse los siguientes:
 
1. La Orden es nula de pleno derecho por ausencia del dictamen del Consejo de Estado (art. 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril).
 
La exigencia del dictamen del Consejo de Estado no es una cuestión ligada al nomen de la norma reglamentaria, sino a su contenido. Valga de ejemplo el dictamen 576/2012, de 24 de mayo de 2012 (emitido sobre un proyecto de Orden por la que se aprueba el modelo 750, Declaración tributaria especial establecida en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público), en el que se sostuvo la preceptividad del dictamen en atención al contenido de la orden proyectada.
 
Es cierto que la Orden 2662/2012 se ha dictado por el Ministro de Hacienda de conformidad con lo previsto en los artículos 8.1 y 9 de la Ley 10/2012, pero cabe sostener que esas habilitaciones no han sido empleadas dentro de los márgenes que la Ley impone, pues la Orden no se limita a establecer una reglamentación puramente técnica y organizativa, sino que regula la actividad de los sujetos pasivos del tributo, o de quienes presenten los modelos por ellos, imponiéndoles un régimen de cargas y obligaciones que parece exceder de las posibilidades de una mera orden ministerial.
 
La Orden establece el régimen de devengo de intereses de demora del artículo 31.2 de la Ley General Tributaria, regla que por su entidad ha de considerarse sustantiva y no meramente accesoria, ni procedimental.
 
La Orden, además, establece el régimen de “tramitación en la Oficina Judicial del modelo 696”,en el que desarrolla de manera directa y precisa los contenidos del artículo 8.2 de la Ley 10/2012, incluyendo precisiones al régimen de subsanación en caso de falta de presentación del justificante del pago de la tasa.
 
Y en su disposición final segunda (“entrada en vigor”) prevé que todas las disposiciones que contiene sobre el régimen de devoluciones previsto en el artículo 8 de la Ley 10/2012 y el modelo 695 (artículos 2, 4, 5, 9, 10 y 11, 12.3, 13.2 y 14), no entrarán en vigor hasta el 1 de abril de 2013. Es decir, que una orden ministerialpospone la entrada en vigor de una parte esencial del régimen de la Ley 10/2012, esgrimiendo a tal efecto la falta de existencia de una adecuada interconexión informática entre los Tribunales de Justicia y la AEAT, según la nota informativa de la AEAT sobre la entrada en vigor de la nueva tasa judicial, que a día de la fecha puede leerse en la página web de la Agencia Tributaria en el siguiente enlace:
 
En suma, la Orden HAP/2662/2012introduce elementos (como la determinación del momento de nacimiento del derecho ala devolución recogido en el artículo 2.2.b o la completa postergación de la entrada en vigor del régimen de devoluciones, con afectación del derecho a la devolución, que posterga injustificadamente) que, además de poder resultar ilegales, pueden considerarse sustanciales y no meramente accesorios de la Ley 10/2012.
 
Las cuestiones expuestas revelan que la Orden HAP/2662/2012 es una disposición de carácter general, que establece el régimen de desarrollo de ciertos aspectos de las tasas reguladas por la Ley 10/2012, completando el régimen de ésta e introduciendo “ex novo” regulaciones para la ejecución de aquélla con vocación de permanencia y generalidad. Por todos estos motivos, la Orden HAP/2662/2012 debió haber sido sometida a la preceptiva intervención del Consejo de Estado.
 
2. LA Orden es nula por omisión del preceptivo Informe del Consejo Generaldel Poder Judicial (art. 108 de la Ley Orgánica 6/1985,de 1 de julio, del Poder Judicial)
 
Sin duda, determinaban la intervención preceptiva del CGPJ disposiciones de la Orden como las relativas al derecho a la devolución (artículo 2.2.b) o a la tramitación en la Oficina Judicial (artículo 12).
 
3. La Orden infringe la prohibición de la analogía a efectos tributarios.
 
La Ley 10/2012, como ya se ha indicado, tiene una construcción defectuosa, que tiene en la determinación de los elementos esenciales del tributo uno de sus peores indicadores.
 
La articulación entre los hechos imponibles y las exenciones objetivas y subjetivas está generando numerosos problemas prácticos, con la consiguiente aplicación del régimen del artículo 8 de la Ley 10/2012, sobre la falta de presentación del justificante de pago de la tasa y la concesión de un plazo de subsanación por el secretario judicial para que se efectúe dicha presentación.
 
Baste citar, a título de ejemplo, el caos que la Ley 10/2012 está provocando en el orden jurisdiccional civil, en el que incluye en el hecho imponible “la interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos” –art. 2.a)-, y en las exenciones “la interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores” –art. 4.1.a)-.
 
El artículo 14 (“Prohibición de la analogía”) de la Ley General Tributaria dispone que “no se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales”. Como ha señalado el Tribunal Supremo, aunque no siempre sea sencillo trazar la línea divisoria entre la analogía prohibida y la interpretación integradora, no es admisible en la aplicación de los tributos extender el presupuesto objetivo de los mismos de manera que se extienda reflejamente el hecho imponible más allá de los términos definidos por el legislador (STS 8-11-1989, RJ 1989\8498).
 
Por ello, si la Ley define como hecho imponible la interposición de demanda en toda clase de procesos declarativos, ha de acudirse a la LEC para identificar como tales única y exclusivamente a los juicios verbales y ordinarios; y ello porque todos los demás procesos no lo son, como resulta de la propia LEC, que les dedica su Libro IV, en cuanto procesos especiales.
 
Partiendo de esta base, la configuración de la mencionada exención del art. 4.1.a) tiene la virtualidad de configurar un supuesto en el que a juicio del legislador concurren los elementos del hecho imponible (la interposición de demanda y probablemente la entidad del proceso legalmente previsto que asemeja ciertos procesos especiales a los declarativos) y, como elemento diferenciador, la decisión legislativa de exclusión de tributación.
 
En esta situación, no se considera acertada la práctica consistente en entender que todo proceso no incluido de manera expresa en las exenciones lo está en el hecho imponible; semejante proceder obvia la figura tributaria de los supuestos de no sujeción, en los que no concurren los diferentes elementos configuradores del hecho imponible. Así ocurriría con la división judicial de patrimonios o el juicio cambiario, que deberían quedar excluidos.
 
Llama sin embargo la atención cómo en algunos juzgados se utilizan argumentos diferentes según el tipo de proceso (así, en el Acuerdo de la Junta Provincial de Secretarios Judiciales de Santa Cruz de Tenerife, de 24 de enero de 2013, se afirma que en el procedimiento cambiario “se exigirá la presentación de la tasa ya que no está incluido dentro de las exenciones”, para señalar a continuación que en los procedimientos sucesorios y en la liquidación de gananciales no exigirá tasa “al no estar incluidos en los procesos declarativos” [es decir, en el hecho imponible], pues “se inician con una solicitud que no es demanda y la remisión al verbal es un procedimiento incidental”), sin que esos criterios coincidan con los de otros Juzgados (en Madrid, determinados actos en el procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial, como la solicitud de formación de inventario o la solicitud de liquidación, devengarán tasa).
 
4. Indefinición técnica de la Orden, que puede producir indefensión.
 
A diferencia del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que concedía un plazo de diez días para subsanar la falta de presentación del justificante de pago de la tasa, la Ley 10/2012 guarda silencio, limitándose a apoderar a tal efecto a los Secretarios Judiciales. La omisión ha tratado de paliarse a través de la Orden 2662/2012, que remite a lo que en cada caso establezcan las leyes procesales.
 
Pues bien, éstas no establecen regla en la materia (nada precisa el art. 231 LEC), lo que está haciendo de la posibilidad de subsanar una auténtica lotería de plazos de la más variada duración. Si bien con carácter general se ha podido constatar cómo en muchos casos aún se hace referencia al plazo de la Ley derogada, en otros, se conceden sólo cinco días o, incluso dos, por aplicación de la regla de la DA 15ª, regla 7ª, de la LOPJ, en materia de constitución de depósitos. Lo curioso del caso es que esta reducción a la quinta parte se hace por decisión del secretario, sin apoyatura legal directa en las leyes procesales.
 
Y tampoco se ha resuelto de manera adecuada la relación entre la Ley 10/2012 y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996. La primera prevé que la exención del pago de la tasa sólo alcanza a aquellas personas físicas que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita; la segunda prevé (art. 16) que la solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso, si bien “a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el Juez, de oficio o a petición de éstas, podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente, o la designación provisional de abogado y procurador si su intervención fuera preceptiva o requerida en interés de la justicia, siempre que la solicitud del derecho se hubiera formulado en los plazos establecidos en las Leyes procesales”.
 
Una vez más, cada Juzgado interpreta la exención de una manera, primando hasta la fecha la línea en virtud de la cual lo determinante de la exención es la resolución administrativa de reconocimiento del derecho, que de ordinario no se producirá en el exiguo plazo de 10 días que se concede para subsanar la falta de presentación del justificante de pago de la tasa. Puede imaginarse sin especial esfuerzo el devastador efecto que está teniendo esta desafortunada interpretación de la Ley 10/2012 en materia de procedimientos de expulsión de extranjeros del territorio nacional.
 
En suma, la Orden perpetúa el desastre comenzado con la Ley 10/2012; esperemos que la Audiencia Nacional y en su momento el Tribunal Constitucional arreglen el desaguisado

Las tasas judiciales, en los Tribunales

Este blog ya ha recogido numerosas entradas, de alta calidad técnica, sobre la inconstitucionalidad de las tasas judiciales implantadas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, contribuciones en las que se ha destacado su incompatibilidad con la jurisprudencia constitucional y europea (señaladamente, con la jurisprudencia del TEDH que citaba, entre otras, la STC 20/2012), en la medida en la que nuestro ordenamiento obvia la posibilidad de que cada justiciable en el caso concreto pueda acreditar que el pago de la tasa dificulta de manera grosera o impide su acceso a la jurisdicción o al recurso correspondiente.

 

La Ley 10/2012, en este punto, remite el tratamiento de la cuestión al régimen de exenciones al pago de la tasa, en el que incluye a “las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora” –artículo 4.2.a)-.

 

Esta exención, entre otras cuestiones a las que aludirá a continuación, es muestra de la muy deficiente calidad técnica de la norma. El desprecio por las categorías jurídicas y por las necesidades inherentes a la ordenada tramitación de las normas y la ajustada inserción de cada una de ellas en el grupo normativo en el que están llamadas a integrarse –en feliz construcción de VILLAR PALASÍ- hacen de la Ley 10/2012 un compendio de malas decisiones y soluciones normativas.

 

El esperpento, como no podía ser de otra manera, se prolonga en la norma dictada en su desarrollo, la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.

 

Muchos son los defectos que cabe imputar a esta orden, heredados de la mala técnica de su norma de cobertura, pudiendo destacarse los siguientes:

 

1. La Orden es nula de pleno derecho por ausencia del dictamen del Consejo de Estado (art. 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril).

 

La exigencia del dictamen del Consejo de Estado no es una cuestión ligada al nomen de la norma reglamentaria, sino a su contenido. Valga de ejemplo el dictamen 576/2012, de 24 de mayo de 2012 (emitido sobre un proyecto de Orden por la que se aprueba el modelo 750, Declaración tributaria especial establecida en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público), en el que se sostuvo la preceptividad del dictamen en atención al contenido de la orden proyectada.

 

Es cierto que la Orden 2662/2012 se ha dictado por el Ministro de Hacienda de conformidad con lo previsto en los artículos 8.1 y 9 de la Ley 10/2012, pero cabe sostener que esas habilitaciones no han sido empleadas dentro de los márgenes que la Ley impone, pues la Orden no se limita a establecer una reglamentación puramente técnica y organizativa, sino que regula la actividad de los sujetos pasivos del tributo, o de quienes presenten los modelos por ellos, imponiéndoles un régimen de cargas y obligaciones que parece exceder de las posibilidades de una mera orden ministerial.

 

La Orden establece el régimen de devengo de intereses de demora del artículo 31.2 de la Ley General Tributaria, regla que por su entidad ha de considerarse sustantiva y no meramente accesoria, ni procedimental.

 

La Orden, además, establece el régimen de “tramitación en la Oficina Judicial del modelo 696”,en el que desarrolla de manera directa y precisa los contenidos del artículo 8.2 de la Ley 10/2012, incluyendo precisiones al régimen de subsanación en caso de falta de presentación del justificante del pago de la tasa.

 

Y en su disposición final segunda (“entrada en vigor”) prevé que todas las disposiciones que contiene sobre el régimen de devoluciones previsto en el artículo 8 de la Ley 10/2012 y el modelo 695 (artículos 2, 4, 5, 9, 10 y 11, 12.3, 13.2 y 14), no entrarán en vigor hasta el 1 de abril de 2013. Es decir, que una orden ministerialpospone la entrada en vigor de una parte esencial del régimen de la Ley 10/2012, esgrimiendo a tal efecto la falta de existencia de una adecuada interconexión informática entre los Tribunales de Justicia y la AEAT, según la nota informativa de la AEAT sobre la entrada en vigor de la nueva tasa judicial, que a día de la fecha puede leerse en la página web de la Agencia Tributaria en el siguiente enlace:

 

En suma, la Orden HAP/2662/2012introduce elementos (como la determinación del momento de nacimiento del derecho ala devolución recogido en el artículo 2.2.b o la completa postergación de la entrada en vigor del régimen de devoluciones, con afectación del derecho a la devolución, que posterga injustificadamente) que, además de poder resultar ilegales, pueden considerarse sustanciales y no meramente accesorios de la Ley 10/2012.

 

Las cuestiones expuestas revelan que la Orden HAP/2662/2012 es una disposición de carácter general, que establece el régimen de desarrollo de ciertos aspectos de las tasas reguladas por la Ley 10/2012, completando el régimen de ésta e introduciendo “ex novo” regulaciones para la ejecución de aquélla con vocación de permanencia y generalidad. Por todos estos motivos, la Orden HAP/2662/2012 debió haber sido sometida a la preceptiva intervención del Consejo de Estado.

 

2. LA Orden es nula por omisión del preceptivo Informe del Consejo Generaldel Poder Judicial (art. 108 de la Ley Orgánica 6/1985,de 1 de julio, del Poder Judicial)

 

Sin duda, determinaban la intervención preceptiva del CGPJ disposiciones de la Orden como las relativas al derecho a la devolución (artículo 2.2.b) o a la tramitación en la Oficina Judicial (artículo 12).

 

3. La Orden infringe la prohibición de la analogía a efectos tributarios.

 

La Ley 10/2012, como ya se ha indicado, tiene una construcción defectuosa, que tiene en la determinación de los elementos esenciales del tributo uno de sus peores indicadores.

 

La articulación entre los hechos imponibles y las exenciones objetivas y subjetivas está generando numerosos problemas prácticos, con la consiguiente aplicación del régimen del artículo 8 de la Ley 10/2012, sobre la falta de presentación del justificante de pago de la tasa y la concesión de un plazo de subsanación por el secretario judicial para que se efectúe dicha presentación.

 

Baste citar, a título de ejemplo, el caos que la Ley 10/2012 está provocando en el orden jurisdiccional civil, en el que incluye en el hecho imponible “la interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos” –art. 2.a)-, y en las exenciones “la interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores” –art. 4.1.a)-.

 

El artículo 14 (“Prohibición de la analogía”) de la Ley General Tributaria dispone que “no se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales”. Como ha señalado el Tribunal Supremo, aunque no siempre sea sencillo trazar la línea divisoria entre la analogía prohibida y la interpretación integradora, no es admisible en la aplicación de los tributos extender el presupuesto objetivo de los mismos de manera que se extienda reflejamente el hecho imponible más allá de los términos definidos por el legislador (STS 8-11-1989, RJ 19898498).

 

Por ello, si la Ley define como hecho imponible la interposición de demanda en toda clase de procesos declarativos, ha de acudirse a la LEC para identificar como tales única y exclusivamente a los juicios verbales y ordinarios; y ello porque todos los demás procesos no lo son, como resulta de la propia LEC, que les dedica su Libro IV, en cuanto procesos especiales.

 

Partiendo de esta base, la configuración de la mencionada exención del art. 4.1.a) tiene la virtualidad de configurar un supuesto en el que a juicio del legislador concurren los elementos del hecho imponible (la interposición de demanda y probablemente la entidad del proceso legalmente previsto que asemeja ciertos procesos especiales a los declarativos) y, como elemento diferenciador, la decisión legislativa de exclusión de tributación.

 

En esta situación, no se considera acertada la práctica consistente en entender que todo proceso no incluido de manera expresa en las exenciones lo está en el hecho imponible; semejante proceder obvia la figura tributaria de los supuestos de no sujeción, en los que no concurren los diferentes elementos configuradores del hecho imponible. Así ocurriría con la división judicial de patrimonios o el juicio cambiario, que deberían quedar excluidos.

 

Llama sin embargo la atención cómo en algunos juzgados se utilizan argumentos diferentes según el tipo de proceso (así, en el Acuerdo de la Junta Provincial de Secretarios Judiciales de Santa Cruz de Tenerife, de 24 de enero de 2013, se afirma que en el procedimiento cambiario “se exigirá la presentación de la tasa ya que no está incluido dentro de las exenciones”, para señalar a continuación que en los procedimientos sucesorios y en la liquidación de gananciales no exigirá tasa “al no estar incluidos en los procesos declarativos” [es decir, en el hecho imponible], pues “se inician con una solicitud que no es demanda y la remisión al verbal es un procedimiento incidental”), sin que esos criterios coincidan con los de otros Juzgados (en Madrid, determinados actos en el procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial, como la solicitud de formación de inventario o la solicitud de liquidación, devengarán tasa).

 

4. Indefinición técnica de la Orden, que puede producir indefensión.

 

A diferencia del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que concedía un plazo de diez días para subsanar la falta de presentación del justificante de pago de la tasa, la Ley 10/2012 guarda silencio, limitándose a apoderar a tal efecto a los Secretarios Judiciales. La omisión ha tratado de paliarse a través de la Orden 2662/2012, que remite a lo que en cada caso establezcan las leyes procesales.

 

Pues bien, éstas no establecen regla en la materia (nada precisa el art. 231 LEC), lo que está haciendo de la posibilidad de subsanar una auténtica lotería de plazos de la más variada duración. Si bien con carácter general se ha podido constatar cómo en muchos casos aún se hace referencia al plazo de la Ley derogada, en otros, se conceden sólo cinco días o, incluso dos, por aplicación de la regla de la DA 15ª, regla 7ª, de la LOPJ, en materia de constitución de depósitos. Lo curioso del caso es que esta reducción a la quinta parte se hace por decisión del secretario, sin apoyatura legal directa en las leyes procesales.

 

Y tampoco se ha resuelto de manera adecuada la relación entre la Ley 10/2012 y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996. La primera prevé que la exención del pago de la tasa sólo alcanza a aquellas personas físicas que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita; la segunda prevé (art. 16) que la solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso, si bien “a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el Juez, de oficio o a petición de éstas, podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente, o la designación provisional de abogado y procurador si su intervención fuera preceptiva o requerida en interés de la justicia, siempre que la solicitud del derecho se hubiera formulado en los plazos establecidos en las Leyes procesales”.

 

Una vez más, cada Juzgado interpreta la exención de una manera, primando hasta la fecha la línea en virtud de la cual lo determinante de la exención es la resolución administrativa de reconocimiento del derecho, que de ordinario no se producirá en el exiguo plazo de 10 días que se concede para subsanar la falta de presentación del justificante de pago de la tasa. Puede imaginarse sin especial esfuerzo el devastador efecto que está teniendo esta desafortunada interpretación de la Ley 10/2012 en materia de procedimientos de expulsión de extranjeros del territorio nacional.

 

En suma, la Orden perpetúa el desastre comenzado con la Ley 10/2012; esperemos que la Audiencia Nacional y en su momento el Tribunal Constitucional arreglen el desaguisado