Los efectos de nuestra legislación de protección contra la “violencia de género” (I).

Hemos asistido hace pocos días a la fuerte polémica generada por las declaraciones de un conocido diputado relativas a la abundancia de denuncias falsas de malos tratos. A esta peliaguda cuestión legal y, en general, a las medidas de protección de las víctimas de violencia doméstica que establece nuestro ordenamiento, hay que aproximarse para su adecuado análisis con prudencia y cabeza fría, y evitando en lo posible la fuerte carga emocional que suele envolver la cuestión.

 

La orientación general de la vigente Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley 1/2004, de 28 de diciembre), fue objeto de un interesante análisis en este Blog por Patricia Cuadrado en este post  y en éste.

 

Como Patricia nos contaba, la Ley, ya desde su propia denominación, se fundamenta en una ideología denominada “feminismo de género”, que sostiene, y cito literalmente su post, que ” no existen, fuera de las físicas, diferencias entre sexos, sino diferencias de “género”, esto es, que cualquier distinción entre características de unos y otras está ideológicamente sesgada o socialmente construida y que la situación femenina es consecuencia de una histórica discriminación, desigualdad y relaciones de poder de los hombres sobre ellas“.

 

Por cierto, estas conclusiones desde un punto de vista puramente científico pueden ponerse en duda, si vemos este recomendable reportaje  recientemente emitido por la televisión noruega, y que ha generado allí considerable polémica. Su impactante final es buena prueba de la fuerza del sesgo de confirmación entre los partidarios de este feminismo de género frente a las evidencias.

 

Consecuencia de esta particular concepción del problema,  su artículo 1.1 establece que “La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.” Se deduce, por tanto, una difusa “responsabilidad colectiva” de los hombres en esta situación, y se presupone que los actos de violencia responden necesariamente a (“son manifestación de”) esta “situación de desigualdad” y “relaciones de poder”.

 

Patricia Cuadrado critica en esos muy recomendables citados posts las consecuencias jurídicas que se deducen de esta visión tan sesgada. El principio de igualdad y no discriminación, la presunción de inocencia y otros pilares básicos del Estado de Derecho quedan gravemente en entredicho. No deja de ser paradójico que la que quizá sea la norma más ideologizada de nuestro ordenamiento haya tenido el raro privilegio de ser aprobada por unanimidad y sin apenas debate, lo que dice mucho sobre el valor y la categoría intelectual de nuestros legisladores, y sobre su incapacidad de liderar una opinión pública que por definición debería ser plural.

 

En este post y en el siguiente quiero tratar sobre la eficacia de esta ley, y sobre sus posibles efectos colaterales negativos, siete años después de su promulgación, plazo que nos da ya una considerable perspectiva. Aun consciente de que cualquier intento de tratamiento de esta materia, por objetivo que quiera ser, es probable que tope con una fuerte corriente de corrección política que rechaza la legitimidad de cualquier debate sobre la norma y sobre sus medidas. Corriente, por cierto, en la que sin duda militan personas de buena fe en la convicción de estar defendiendo una causa justa, pero que también ha sido en gran parte alimentada por Instituciones financiadas con fondos públicos entre cuyos fines “de interés general” parece dudoso que puedan incluirse la censura de debates públicos y el “linchamiento mediático” de los discrepantes. De nuevo, como en el caso del reportaje noruego, podemos dudar de la objetividad de quienes han hecho de la defensa de este “feminismo de género” un modo de ganarse la vida.

 

Sin embargo me atrevo desde aquí a hacer al menos unas pocas preguntas. Al margen de lo muy discutibles que, como Patrica Cuadrado nos expuso, puedan ser desde un punto de vista dogmático y de principios  las medidas contenidas en la ley, éstas, ¿han sido eficaces? ¿Y en qué podrían ser mejoradas? Y, ¿es verdad que se producen frecuentes abusos en la utilización de los medios exorbitantes que la ley provee? Y más es concreto, ¿es verdad que se utilizan abusivamente las denuncias falsas como estrategia procesal?

 

Es preciso antes de entrar en ello el insistir en el drama que supone para muchas mujeres el vivir bajo el terror de los malos tratos. La intimidad en que estos aberrantes comportamientos se producen, y las especiales relaciones que existen entre víctimas y agresores hace que, aunque no dispongamos de demasiados datos, podamos suponer que muchas de estas agresiones, sin duda demasiadas, no se denuncian. Menos de la tercera parte de las mujeres asesinadas en España en los últimos diez años había denunciado a su pareja. Y en algunos de los casos en que las asesinadas habían presentado denuncia, las habían retirado posteriormente.

 

Hecha esta salvedad, también hay que decir que el índice de agresiones y asesinatos en este ámbito, en contra de lo que pueda creerse, es afortunadamente en España bastante inferior a la que existe en los países de nuestro entorno. Las cifras medias europeas casi doblan a las españolas, y destaca el caso de Finlandia, que multiplica por cuatro nuestras estadísticas. Lo que demuestra la gran relación que existe entre el consumo excesivo de alcohol (que en ese país es un grave problema) y este tipo de violencias. Los datos pueden consultarse aquí .

 

Otro dato es que el número de casos de violencia doméstica contra mujeres  denunciados, y el número de mujeres muertas por esta violencia, conforme a los datos aportados por el Instituto de la Mujer, ha permanecido bastante estable a lo largo de los últimos años, con una ligera tendencia creciente.

 

Esto podría llevarnos a la conclusión de que las medidas adoptadas por la ley han servido en realidad de poco. Sin embargo hay que tener también en cuenta dos importantes factores que pueden haber tenido una gran importancia en estas cifras.

 

Por una parte, en indudable aumento de inmigrantes recibidos por España durante esos años, muchos de ellos provenientes de países con culturas más machistas. En las redes sociales he podido leer que estos delitos en la población inmigrante multiplica por siete la media de los españoles aborígenes. Y ello a pesar de la casi absoluta falta de denuncias entre la población musulmana, lo que muy probablemente no excluye que tales abusos se cometen, sino que factores culturales y hasta religiosos impiden que salgan a la luz. Desgraciadamente no he podido encontrar estadísticas oficiales que respalden estas cifras. No sé si de nuevo la corrección política supone de nuevo una barrera para que se pueda investigar sobre ello.

 

Por supuesto, si hemos criticado la tendencia a criminalizar a todos los hombres, a los que se pretende responsabilizar colectivamente a pesar de que la mayoría de ellos sea respetuoso con sus parejas y no cometa abusos, lo mismo debemos decir de los inmigrantes, a los que no debe imputarse ninguna responsabilidad colectiva.

 

El segundo factor a considerar es socioeconómico: diversos estudios, como éste que he encontrado gracias a la referencia del post de Manuel Bagues en Nada es Gratis demuestran que las agresiones son más frecuentes cuando la mujer está en una posición económica desfavorable, lo que es comprensible pues ello acentúa su dependencia y su indefensión. Es lógico suponer que la crisis y el enorme aumento del paro hayan incrementado estas situaciones.

 

Aun considerando estas circunstancias, podemos preguntarnos si las medidas de la ley han sido suficientemente efectivas, si se podrían mejorar, y también si los recursos de la misma están siendo utilizados abusivamente con excesiva frecuencia, generando problemas que el legislador no previó. Pero ello queda para el siguiente post.

 

 

De la transición a la transacción ¿donde están los grandes hombres?

Maiora enim post omnia anteacta saecula et sperandi et tentandi tempus”

[“Ha llegado realmente la hora tanto de esperar como de intentar algo más grande”]

(J.A. Comenio, 1639)

 
Perdónenme la osadía de empezar este post con una frase en latín en un mundo post-moderno. Es un pequeño homenaje (indirecto) a un gesto de normalidad humana en una institución que no es famosa precisamente por ello. Ratzinger ha dimitido de su papado. Más allá de las razones (reales o potenciales) que lo hayan animado, lo cierto es que este hecho ha supuesto un revulsivo, una innovación, que ha removido las aguas (algo oscuras) del poder vaticano. Otros más cercanos tal vez deberían ir pensando en tomar nota, tener altitud de miras y saber marcharse antes de que sean devorados por su propia sombra y devoren en su (rápida o lenta) agonía a las instituciones y grupos que representan, y por ello a todo el país. Se habla en este sentido cada vez más de regeneración. Regenerar implica, en términos biológicos, producir nuevo tejido para reemplazar al viejo o suplir la que falta. Pero en términos políticos también implica cambiar de generación (sobre todo si llevan mandando demasiado tiempo los mismos): “re-generación” o “transgeneracion”, si ustedes prefieren. Y es que, como vulgarmente se dice: los cementerios están llenos de gente que se consideraba imprescindible.
 
Muchas veces se ha hablado en este blog (y en otros muchos sitios) del carácter modélico que tuvo la transición y de cómo se echa de menos el perfil de aquellos políticos. Lo cierto es que tal vez no todo el mérito fue suyo, sino también del “espíritu de la época” que soplaba con suficiente determinación en otra dirección. Después de una guerra civil y cuarenta años de dictadura existían unas expectativas y ganas enormes de no repetir errores pasados y de estar a la altura de las exigencias de un momento histórico crucial. Por ello, hasta los procuradores en Cortes mostraron una tal vez sorprendente altitud de miras, aceptando hacerse el famoso harakiri y marcharse a su casa, incluso sin las pensiones que hoy se gastan. Por ello, también los miembros del primer gobierno Suárez aceptaron generosamente dejar su puesto de ministros tras las primeras elecciones democráticas (para no contaminar el proceso). Por ello (tal vez) también dimitió Suárez, el único presidente por cierto que ha dimitido en nuestro periodo democrático. Por ello, Calvo-Sotelo aceptó renunciar a ir de primero en las listas de UCD a pesar de ser Presidente del Gobierno. ¿Qué queda hoy de eso? ¿Dónde está esa generosidad? ¿Dónde están los grandes hombres y mujeres?
 
Pues bien, ahora nos encontramos en un momento no menos crucial que aquél de 1975. No pretendo sumarme a la cortina de humo interesada de un republicano catalanista como Pere Navarro que juega probablemente al despiste. Pero en una democracia (real y no virtual) no deben existir asuntos excluidos oficialmente del derecho a debate. De la generación que pilotó modélicamente la transición sólo queda el Rey, pero éste ha perdido su obligación de ejemplaridad (esencial para poder ejercer la “auctoritas”) y difícilmente va a poder recuperarla, por mucho que lo lamentemos o cueste verlo en la/s Corte/s. Si mantiene una buena imagen internacional y unas relaciones privilegiadas y muy trabajadas que puede beneficiar a nuestro país, mejor que se la pase en vida a su hijo, y que se le otorgue un Estatuto especial de embajador extraordinario, con todas las garantías que se quiera.
 
Lo cierto es que de aquella transición fundada en ideales y en la voluntad de compromiso, donde todos supieron renunciar a algo importante para ellos ─poder absoluto, centralismo, república, secesionismo…─ en aras del bien común, la concordia y la convivencia, hemos pasado a un modelo de transacción basada en el negoci-o. Del “Todo por la patria”, que todavía figura en las puertas de algunas casa-cuarteles, hemos pasado al “Todo por la pasta”. Y por la pasta se está dispuesto a todo, hasta a romper al país o la baraja, como ustedes prefieran.
 
Y sin embargo…, a grandes males, grande remedios. Grandes problemas y retos requieren grandes hombres y mujeres para hacerlos frente. Hegel decía que los grandes hombres no son solo los grandes inventores, sino aquellos que cobraron conciencia de lo que era necesario en un determinado momento de la historia. Y a pesar de nuestra tendencia a despreciar nuestra historia, lo cierto es que algunos personajes hemos tenido, basta recuperar su memoria, por de pronto en las escuelas (sobre grandes hombres en lo público ver mi post sobre Gaspar de Bracamonte y en el ámbito privado ver: Eugenio Torres (dir) Los 100 Empresarios Españoles del siglo XX, ed LID Editorial, 2000. Madrid).
 
Y ¿qué es necesario en este momento de la historia? Pues por de pronto, volver a poner el interés público, de país o de la institución que se dirige o en la que se trabaja, por encima de la carrera, los privilegios de unos, el corporativismo mal entendido de otros, la impunidad, la imagen o el enriquecimiento o vanidad personal.
 
Debemos cambiar el sistema de promoción social, dentro y fuera de los partidos políticos, privilegiando el mérito, esfuerzo y valía personal por encima de la fortuna, el juego de favores o las puras relaciones sociales. En otras palabras: en lugar de nepotismo, profesionalidad y esfuerzo.
 
Debemos recuperar el sentido de nuestra historia, la dignidad y confianza en nuestro país, superando los comportamientos mecánicos y gregarios y preguntarnos por qué hemos llegado a pensar lo que pensamos y actuar como actuamos y no de otra manera. No podemos permitir que potencias extranjeras se aprovechen de nuestra debilidad, luchas intestinas y cortedad de miras para robarnos la cartera (desde IBERIA hasta las empresas expropiadas). Mientras nosotros nos peleamos, otros sacan partidos. Todos perdemos.
 
Debemos acordar entre todos el Estado de bienestar que estamos dispuestos a pagar, y luego hacerlo intocable, dejarlo fuera del debate partidista, enfocando si acaso ese debate en cómo puede mejorar su calidad y gestión.
 
Debemos cambiar una democracia virtual por una democracia real, rediseñando los elementos del control internos (incentivos para denunciar corruptelas y cacicadas) y externos (una justicia despolitizada, un Tribunal de Cuentas profesional…), eliminando zonas y “expectativas” de impunidad, para que quede claro que “quien la hace, la paga”, así como reduciendo el indulto (una medida que más que de gracia hace poca/mucha gracia, según los casos) para supuestos muy excepcionales, con informe vinculante del juez juzgador.
 
Debemos distinguir entre Política (así, con mayúsculas) y la “politización” que todo lo contamina, lo incrementa y lo paraliza, entre otras cosas la Administración pública cada vez más “pagana” de estos excesos. Debemos seleccionar/elegir a los mejores de entre nosotros para gobernarnos y dirigir las políticas públicas, para enseñar en las escuelas y universidades, recuperando el “valor” del ejemplo, los incentivos para innovar, el pensamiento estratégico y la capacidad de gestión y superación.
 
Debe desarrollarse el Título II de la Constitución y aprobar  la ley orgánica que se prevé en su art. 57.5. Hasta que no se desarrolle ese artículo no estaremos realmente en una monarquía parlamentaria. Empecemos por cumplir y hacer cumplir la Constitución en todos sus artículos pues los procedimientos y el estado de derecho traen más sensatez y derriban más murallas que las quejas o las declaraciones.
 
En definitiva, necesitamos un nuevo proyecto ilusionante. Tenemos el tercer idioma más hablado del mundo, aprovechémoslo para salir de la crisis política y económica. ¿Por qué no constituir la Comunidad pan-hispánica, que incluiría por de pronto a los Estados Unidos? ¿No existe la francophonie, a pesar de que Francia tiene también a catalanes y vascos)?  Eliminemos el triste espectáculo de las inútiles Cumbres iberoamericanas que se las ven y se la desean para rellenar su agenda. De este proyecto, por cierto, pueden beneficiarse todos los países donde se habla español, incluidos los catalanes y vascos que no se sienten españoles  (¿no están algunas de las mayores editoriales que publican en español en Cataluña?, ¿no quieren exportar sus empresas a Latinoamérica?). Es nuestro hecho diferencial, saquémosle partido. Nos lo merecemos.
 
Pero ideas y actitudes nuevas requieren personas nuevas. Una nueva generación pide paso. Hagámosla sitio. Todo esto si nos interesa nuestro país, si no sigamos mirándonos el ombligo, cada uno al suyo…, obviamente.