Políticos honestos, pero silentes

Fui colaborador cercano de Mariano Rajoy en su primer ministerio (1996-1999). Era de Administraciones Públicas. Yo, recién llegado al Congreso, era portavoz del PP en esa comisión. Mi oponente en el PSOE era un tal José Luis Rodríguez Zapatero (que llevaba 10 años). Ambos llegarían a ser presidentes del Gobierno. Yo abandonaría la política. Aunque como abogado del Estado tenía muchas posibilidades en el ámbito privado, decidí volver al servicio público. Me fui con el honor de haber sido representante de los ciudadanos y la decepción de haber conocido el lado oscuro de la política. Mi alejamiento comenzó por mi desacuerdo público sobre la guerra de Irak y el alejamiento del centrismo por el PP. Pero también por la observación de actitudes humanas que nada me gustaban.
 
Eran los míos, como los contrarios, una secta. No bastaba votar sino que era obligado jalear y tener un pensamiento casi único, sin matices. Incluso en conversaciones privadas con compañeros, apenas nadie criticaba a los dirigentes, cuya corrupción exponía ya alguna prensa. El Gran Hermano existía, el riesgo era letal y la sumisión, elevada. Ya entonces escribiría artículos en diversos medios, como EL MUNDO, mostrando públicamente mi distanciamiento.
 
Conocí numerosos políticos a todos los niveles. Creo en la honradez de muchos de ellos. Pero también constaté el deterioro progresivo de cada nivel. Veía que, voluntariamente o empujados, caían de las candidaturas personas muy interesantes. Otros continuaban, pero ese espacio era mayoritariamente ocupado, y cada vez más, por vividores de la política que nunca antes trabajaron ni nada harían en un futuro fuera de ese mundo y su entorno de amistades y favores. En etapas anteriores probablemente así fue también, aunque menos. Todos, pues, progresivamente alejados de los políticos de la Transición que frecuentemente tenían una acreditada cualificación. En aquellos dedicados entonces sólo a la política, el compromiso ideológico era muy superior al de ahora, donde los intereses priman sobre las convicciones.
 
La enorme crisis económica, social y ética se produce -no es casualidad- con una dirigencia mayoritariamente súperprofesionalizada, amarrada durante muchos años (muchos desde jóvenes) a vivir de la política, con colocaciones familiares y evitando que personas de cualificación ética y profesional se incorporen. El grupo es muy cerrado y la gestión interna es asumida por quienes creen que lo importante es el poder y lo que le rodea. Entre ello, el dinero.
 
La corrupción surgida en la financiación de los partidos -y también aprovechando ésta- se ha extendido y consolidado. También la utilización del cargo público para enriquecerse. La impunidad (ningún político fue nunca a la cárcel) ha multiplicado comportamientos inmorales y delictivos. Eso no es monopolio de nadie, ni siquiera del PP, aun siendo abundante el estiércol en lugares como Valencia, Baleares y Madrid o la transversalidad y gravedad del caso Bárcenas. Éste era de su total confianza. Ahora aseguran que nunca le conocieron, como sucede con Camps y Matas, que eran modelos a seguir, según decían, aunque al guardián del tesoro y los secretos le siguieron pagando grandemente para comprar su silencio. Pero casi todos los partidos tienen su propia podredumbre, como es el caso del PSOE, CiU (abundante en éste), en algunos casos institucionalizada en la organización y, en otros, en el ejercicio abusivo del poder. De ahí la timidez vergonzante de Rubalcaba.
 
Ante tanto sinvergüenza, el pueblo, muy escandalizado y con muchos sacrificios, reclama urgentemente una regeneración. Más que hartazgo, siente ira. No pueden seguir los mismos dirigentes, mirando para otro lado o dando un titular o unas medidas que absolutamente nadie cree. Como un escándalo tapa al surgido dos días antes, la clave es aguantar.
 
Pero quiero referirme particularmente a los abundantes políticos honestos. ¿Pueden seguir silentes, convertidos en encubridores? ¿No valoran que su silencio propicia esa generalización ciudadana de censura? Ellos, los honestos, deberían sentirse indignados con sus jefes. Pero siguen callados.
 
Estar en la política siempre implicó cierto desprestigio. Pero ahora es algo más: la presunción de que todos son corruptos. Toda generalización es injusta, pero los miles de cargos públicos honestos que hay tienen que alzar la voz a sus propios dirigentes pues la pestilencia afecta ya a todos. Especialmente a quienes promovieron y defendieron tipos como Bárcenas.
 
Cuando estaba en el PP, de cuya Junta Directiva formaba parte, era inusual que alguien interviniese. Quien pedía la palabra era mal mirado. Incluso quien pretendía hacer loas a los sumos sacerdotes. Pero jamás hubo una reflexión mínimamente crítica y leal sobre cualquier asunto, y menos sobre corrupción.
 
Aunque son abundantes los casos actuales superpuestos, los más relevantes son, sin duda, el caso Bárcenas y la trama Gürtel que afectan de raíz al PP. La reacción pretende sólo minimizar los daños para el partido, más que depurar y limpiar. Se ha apelado y conseguido la unidad de la familia, prietas las filas, sumándose toda la dirigencia. Pero, que no les engañen: sólo pretenden ganar tiempo y hacer ver que era la actuación irregular y aislada de alguien, como si hubiese amasado tal fortuna fuera de las cañerías de la organización.
 
De quien sobre la corrupción dice que «a veces no tomar decisión alguna es la mejor decisión», ¿qué se puede esperar cuando el pueblo está más que indignado? Y mientras el coro aplaudía la frase y nadie pedía la palabra.
 
Un gran problema en España es la nula ejemplaridad. Tristemente, el jefe del Estado no quiere ni puede asumir, al no actuar en consecuencia, el liderazgo contra esa plaga corrosiva de nuestra democracia. Igualmente, muy poco puede esperarse de los máximos dirigentes de los dos partidos principales españoles que amparan las actividades corruptas del entorno o de políticos importantes.
 
Junto a la reacción airada del pueblo, quisiera soñar que los numerosos cargos públicos honestos abandonan su silencio -que supone aquiescencia o encubrimiento- y empiezan a alzar la voz clamando dignidad y ejemplaridad. Aunque fuese por su honorabilidad y sus familias. Aunque soy poco optimista. Tampoco tienen coraje ni otras cosas.
 
Si los corderos siguen callados, esta etapa de Mariano Rajoy pasará tristemente a la historia no sólo como la de gran retroceso democrático y social sino también como la de la mayor corrupción generalizada y consentida en España.

Políticos honestos, pero silentes

Fui colaborador cercano de Mariano Rajoy en su primer ministerio (1996-1999). Era de Administraciones Públicas. Yo, recién llegado al Congreso, era portavoz del PP en esa comisión. Mi oponente en el PSOE era un tal José Luis Rodríguez Zapatero (que llevaba 10 años). Ambos llegarían a ser presidentes del Gobierno. Yo abandonaría la política. Aunque como abogado del Estado tenía muchas posibilidades en el ámbito privado, decidí volver al servicio público. Me fui con el honor de haber sido representante de los ciudadanos y la decepción de haber conocido el lado oscuro de la política. Mi alejamiento comenzó por mi desacuerdo público sobre la guerra de Irak y el alejamiento del centrismo por el PP. Pero también por la observación de actitudes humanas que nada me gustaban.

 

Eran los míos, como los contrarios, una secta. No bastaba votar sino que era obligado jalear y tener un pensamiento casi único, sin matices. Incluso en conversaciones privadas con compañeros, apenas nadie criticaba a los dirigentes, cuya corrupción exponía ya alguna prensa. El Gran Hermano existía, el riesgo era letal y la sumisión, elevada. Ya entonces escribiría artículos en diversos medios, como EL MUNDO, mostrando públicamente mi distanciamiento.

 

Conocí numerosos políticos a todos los niveles. Creo en la honradez de muchos de ellos. Pero también constaté el deterioro progresivo de cada nivel. Veía que, voluntariamente o empujados, caían de las candidaturas personas muy interesantes. Otros continuaban, pero ese espacio era mayoritariamente ocupado, y cada vez más, por vividores de la política que nunca antes trabajaron ni nada harían en un futuro fuera de ese mundo y su entorno de amistades y favores. En etapas anteriores probablemente así fue también, aunque menos. Todos, pues, progresivamente alejados de los políticos de la Transición que frecuentemente tenían una acreditada cualificación. En aquellos dedicados entonces sólo a la política, el compromiso ideológico era muy superior al de ahora, donde los intereses priman sobre las convicciones.

 

La enorme crisis económica, social y ética se produce -no es casualidad- con una dirigencia mayoritariamente súperprofesionalizada, amarrada durante muchos años (muchos desde jóvenes) a vivir de la política, con colocaciones familiares y evitando que personas de cualificación ética y profesional se incorporen. El grupo es muy cerrado y la gestión interna es asumida por quienes creen que lo importante es el poder y lo que le rodea. Entre ello, el dinero.

 

La corrupción surgida en la financiación de los partidos -y también aprovechando ésta- se ha extendido y consolidado. También la utilización del cargo público para enriquecerse. La impunidad (ningún político fue nunca a la cárcel) ha multiplicado comportamientos inmorales y delictivos. Eso no es monopolio de nadie, ni siquiera del PP, aun siendo abundante el estiércol en lugares como Valencia, Baleares y Madrid o la transversalidad y gravedad del caso Bárcenas. Éste era de su total confianza. Ahora aseguran que nunca le conocieron, como sucede con Camps y Matas, que eran modelos a seguir, según decían, aunque al guardián del tesoro y los secretos le siguieron pagando grandemente para comprar su silencio. Pero casi todos los partidos tienen su propia podredumbre, como es el caso del PSOE, CiU (abundante en éste), en algunos casos institucionalizada en la organización y, en otros, en el ejercicio abusivo del poder. De ahí la timidez vergonzante de Rubalcaba.

 

Ante tanto sinvergüenza, el pueblo, muy escandalizado y con muchos sacrificios, reclama urgentemente una regeneración. Más que hartazgo, siente ira. No pueden seguir los mismos dirigentes, mirando para otro lado o dando un titular o unas medidas que absolutamente nadie cree. Como un escándalo tapa al surgido dos días antes, la clave es aguantar.

 

Pero quiero referirme particularmente a los abundantes políticos honestos. ¿Pueden seguir silentes, convertidos en encubridores? ¿No valoran que su silencio propicia esa generalización ciudadana de censura? Ellos, los honestos, deberían sentirse indignados con sus jefes. Pero siguen callados.

 

Estar en la política siempre implicó cierto desprestigio. Pero ahora es algo más: la presunción de que todos son corruptos. Toda generalización es injusta, pero los miles de cargos públicos honestos que hay tienen que alzar la voz a sus propios dirigentes pues la pestilencia afecta ya a todos. Especialmente a quienes promovieron y defendieron tipos como Bárcenas.

 

Cuando estaba en el PP, de cuya Junta Directiva formaba parte, era inusual que alguien interviniese. Quien pedía la palabra era mal mirado. Incluso quien pretendía hacer loas a los sumos sacerdotes. Pero jamás hubo una reflexión mínimamente crítica y leal sobre cualquier asunto, y menos sobre corrupción.

 

Aunque son abundantes los casos actuales superpuestos, los más relevantes son, sin duda, el caso Bárcenas y la trama Gürtel que afectan de raíz al PP. La reacción pretende sólo minimizar los daños para el partido, más que depurar y limpiar. Se ha apelado y conseguido la unidad de la familia, prietas las filas, sumándose toda la dirigencia. Pero, que no les engañen: sólo pretenden ganar tiempo y hacer ver que era la actuación irregular y aislada de alguien, como si hubiese amasado tal fortuna fuera de las cañerías de la organización.

 

De quien sobre la corrupción dice que «a veces no tomar decisión alguna es la mejor decisión», ¿qué se puede esperar cuando el pueblo está más que indignado? Y mientras el coro aplaudía la frase y nadie pedía la palabra.

 

Un gran problema en España es la nula ejemplaridad. Tristemente, el jefe del Estado no quiere ni puede asumir, al no actuar en consecuencia, el liderazgo contra esa plaga corrosiva de nuestra democracia. Igualmente, muy poco puede esperarse de los máximos dirigentes de los dos partidos principales españoles que amparan las actividades corruptas del entorno o de políticos importantes.

 

Junto a la reacción airada del pueblo, quisiera soñar que los numerosos cargos públicos honestos abandonan su silencio -que supone aquiescencia o encubrimiento- y empiezan a alzar la voz clamando dignidad y ejemplaridad. Aunque fuese por su honorabilidad y sus familias. Aunque soy poco optimista. Tampoco tienen coraje ni otras cosas.

 

Si los corderos siguen callados, esta etapa de Mariano Rajoy pasará tristemente a la historia no sólo como la de gran retroceso democrático y social sino también como la de la mayor corrupción generalizada y consentida en España.

Tres preguntas sobre el anteproyecto de “reforma integral de los registros”

El Ministerio de Justicia tiene preparado un anteproyecto de “reforma integral de los registros” que supone una bomba de profundidad en todo el sistema jurídico civil – lo que nos debe importar a todos- y al bolsillo del ciudadano –lo que seguro que nos importa a todos-sin que haya motivo alguno para semejante zarandeo.
 ¿Cuál es el contenido de la reforma? Si uno se lee el texto del anteproyecto, la complejidad de su articulado – modificador de varias normas a salto de mata- no le permitirá conocer el alcance de la reforma si no es un especialista; y si se lee la laudatoria “Exposición de Motivos” pensará que la norma nos va a salvar de todos los males. Pero lo que hay es lo siguiente:
El cuerpo de Registradores absorbe el Registro Civil, el de cooperativas, el de fundaciones y el de últimas voluntades.
Se amplían enormemente los actos y negocios inscribibles en el Registro Civil, ¡incluyendo los apoderamientos otorgados por personas físicas y el domicilio!
Se extienden al Registro Civil los principios de funcionamiento del Registro de la Propiedad, lo que significa que lo que antes era un hecho inscribible con las mínimas formalidades –el nacimiento, la defunción- ahora tendrá que ser tamizado por la calificación registral, con todo lo que ello supone.
Se potencia en los demás registros (propiedad y mercantil) la calificación registral y se consagra su autonomía, pues no podrá ya ser revisada por la Administración al desaparecer el sencillo y rápido recurso gubernativo, lo que implica que habrá que acudir a la vía judicial, abonando la tasa correspondiente.
Se alteran los principios básicos de nuestro sistema inmobiliario (vgr. reforma de las tercerías de dominio) para intentar implantar otro principio que no existe ni debe existir: el de que “lo que no está en el registro no está en el mundo” o, desde otro punto de vista, “el ciudadano no tiene/adquiere derechos; se los asigna el registro”.
Y, por último, se informatiza el registro, desapareciendo el libro físico que se sustituye por archivos electrónicos.
Pros y contras
Dicho esto, cabe preguntarse: ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes de la reforma? Sinceramente, no soy capaz de ver qué ventajas podría tener para el ciudadano esta norma, más allá de una presunta mejora -que está por demostrar- del funcionamiento del registro civil y de los otros registros implicados en esta cuestión que, por otro lado, no parecen haber generado ningún problema hasta el momento. Es más, acaba de aprobarse (ley 20/2011 de 21 de julio) una importantísima reforma del registro civil que iba a entrar en vigor en 2014 y que ya establecía su –pensábamos- definitiva modernización.
Tampoco es ventaja la informatización del registro, puesto que, en lo que al ciudadano interesa -no en cuanto a la naturaleza del libro registral- ésta ya estaba prevista en la ley 24/2005, que imponía un “acceso directo” a los libros del registro “sin intermediación del registrador”; norma que por reticencias, por desacuerdo o por imposibilidad del cuerpo de registradores no se desarrolló, al punto de que todavía no es posible dicho acceso. Y ahora la ley pretende dar un paso atrás: eliminar ese acceso directo y que el contenido del registro solo se conozca por medio de certificaciones on line  del registrador.
Problemas
Inconvenientes, en cambio, a mi entender, tiene muchos. El económico, el primero pues, querámoslo o no, estamos ante una privatización del registro civil y de los que le acompañan que, sean o no ciertas las cifras que se barajan (300 millones de euros para la adaptación del registro civil –cuando el Estado lleva ya invertidos 100 en la digitalización- y otros tantos para su mantenimiento, se dice) lo que a nadie se le oculta es que este coste -y el previsiblemente más alto excedente para los registradores- no se cubrirá ya por los Presupuestos Generales del Estado, sino por los usuarios.
El segundo inconveniente va a ser la complicación innecesaria del tráfico jurídico –que funciona muy bien- mediante la proliferación de nuevas trabas propiciadas por la ahora potenciada y extendida calificación registral que ya había suscitado críticas por su tendencia restrictiva en los últimos años, y que ahora se consagra legislativamente. ¿Nos arriesgamos al esquema que proponía Noam Chomsky, el “problema-reacción-solución”, consistente en descubrir un problema nimio o inexistente que se salva con la calificación negativa quedando, eso sí, realzado quien lo descubre?
Y el tercero es la creación de un nuevo pseudo poder del Estado, omnisciente y omnipotente que, a modo de Gran Hermano orwelliano, todo lo ve y todo lo registra –lo personal, lo patrimonial y lo societario-, que solo responde ante los jueces y que es el que nos “asigna” los derechos, que no tenemos hasta la inscripción.
¿Y por qué ahora? Porque este es el momento que estaba esperando desde hace mucho tiempo el sector más radicalizado del cuerpo de registradores para capturar al regulador -cosa que ahora pueden hacer por razones obvias- y así blindar su profesión ante las corrientes liberalizadoras y pro competencia de Europa, donde no existe un esquema registral parecido.
Una apuesta de máximos que quiere convertir una profesión muy digna y útil en algo nuevo y excesivo, que muchos registradores no desean, al punto que más de un tercio de ellos ha provocado la convocatoria de una Asamblea para discutirlo. Esperemos que se imponga el sentido común.

Tres preguntas sobre el anteproyecto de “reforma integral de los registros”

El Ministerio de Justicia tiene preparado un anteproyecto de “reforma integral de los registros” que supone una bomba de profundidad en todo el sistema jurídico civil – lo que nos debe importar a todos- y al bolsillo del ciudadano –lo que seguro que nos importa a todos-sin que haya motivo alguno para semejante zarandeo.

 

¿Cuál es el contenido de la reforma? Si uno se lee el texto del anteproyecto, la complejidad de su articulado – modificador de varias normas a salto de mata- no le permitirá conocer el alcance de la reforma si no es un especialista; y si se lee la laudatoria “Exposición de Motivos” pensará que la norma nos va a salvar de todos los males. Pero lo que hay es lo siguiente:

 

El cuerpo de Registradores absorbe el Registro Civil, el de cooperativas, el de fundaciones y el de últimas voluntades.

 

Se amplían enormemente los actos y negocios inscribibles en el Registro Civil, ¡incluyendo los apoderamientos otorgados por personas físicas y el domicilio!

 

Se extienden al Registro Civil los principios de funcionamiento del Registro de la Propiedad, lo que significa que lo que antes era un hecho inscribible con las mínimas formalidades –el nacimiento, la defunción- ahora tendrá que ser tamizado por la calificación registral, con todo lo que ello supone.

 

Se potencia en los demás registros (propiedad y mercantil) la calificación registral y se consagra su autonomía, pues no podrá ya ser revisada por la Administración al desaparecer el sencillo y rápido recurso gubernativo, lo que implica que habrá que acudir a la vía judicial, abonando la tasa correspondiente.

 

Se alteran los principios básicos de nuestro sistema inmobiliario (vgr. reforma de las tercerías de dominio) para intentar implantar otro principio que no existe ni debe existir: el de que “lo que no está en el registro no está en el mundo” o, desde otro punto de vista, “el ciudadano no tiene/adquiere derechos; se los asigna el registro”.

 

Y, por último, se informatiza el registro, desapareciendo el libro físico que se sustituye por archivos electrónicos.

 

Pros y contras

 

Dicho esto, cabe preguntarse: ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes de la reforma? Sinceramente, no soy capaz de ver qué ventajas podría tener para el ciudadano esta norma, más allá de una presunta mejora -que está por demostrar- del funcionamiento del registro civil y de los otros registros implicados en esta cuestión que, por otro lado, no parecen haber generado ningún problema hasta el momento. Es más, acaba de aprobarse (ley 20/2011 de 21 de julio) una importantísima reforma del registro civil que iba a entrar en vigor en 2014 y que ya establecía su –pensábamos- definitiva modernización.

 

Tampoco es ventaja la informatización del registro, puesto que, en lo que al ciudadano interesa -no en cuanto a la naturaleza del libro registral- ésta ya estaba prevista en la ley 24/2005, que imponía un “acceso directo” a los libros del registro “sin intermediación del registrador”; norma que por reticencias, por desacuerdo o por imposibilidad del cuerpo de registradores no se desarrolló, al punto de que todavía no es posible dicho acceso. Y ahora la ley pretende dar un paso atrás: eliminar ese acceso directo y que el contenido del registro solo se conozca por medio de certificaciones on line  del registrador.

 

Problemas

 

Inconvenientes, en cambio, a mi entender, tiene muchos. El económico, el primero pues, querámoslo o no, estamos ante una privatización del registro civil y de los que le acompañan que, sean o no ciertas las cifras que se barajan (300 millones de euros para la adaptación del registro civil –cuando el Estado lleva ya invertidos 100 en la digitalización- y otros tantos para su mantenimiento, se dice) lo que a nadie se le oculta es que este coste -y el previsiblemente más alto excedente para los registradores- no se cubrirá ya por los Presupuestos Generales del Estado, sino por los usuarios.

 

El segundo inconveniente va a ser la complicación innecesaria del tráfico jurídico –que funciona muy bien- mediante la proliferación de nuevas trabas propiciadas por la ahora potenciada y extendida calificación registral que ya había suscitado críticas por su tendencia restrictiva en los últimos años, y que ahora se consagra legislativamente. ¿Nos arriesgamos al esquema que proponía Noam Chomsky, el “problema-reacción-solución”, consistente en descubrir un problema nimio o inexistente que se salva con la calificación negativa quedando, eso sí, realzado quien lo descubre?

 

Y el tercero es la creación de un nuevo pseudo poder del Estado, omnisciente y omnipotente que, a modo de Gran Hermano orwelliano, todo lo ve y todo lo registra –lo personal, lo patrimonial y lo societario-, que solo responde ante los jueces y que es el que nos “asigna” los derechos, que no tenemos hasta la inscripción.

 

¿Y por qué ahora? Porque este es el momento que estaba esperando desde hace mucho tiempo el sector más radicalizado del cuerpo de registradores para capturar al regulador -cosa que ahora pueden hacer por razones obvias- y así blindar su profesión ante las corrientes liberalizadoras y pro competencia de Europa, donde no existe un esquema registral parecido.

 

Una apuesta de máximos que quiere convertir una profesión muy digna y útil en algo nuevo y excesivo, que muchos registradores no desean, al punto que más de un tercio de ellos ha provocado la convocatoria de una Asamblea para discutirlo. Esperemos que se imponga el sentido común.