No es porque sean abogados, es porque son políticos. Respuesta al profesor Sala i Martín

Recientemente, el afamado profesor Sala i Martín, publicó un artículo titulado “En España hay demasiados abogados”. En él, basándose en un gráfico publicado por The Economist, consideraba que España es el país de la OCDE que más juristas tiene entre los líderes de la clase política. Deducía que tiene sentido que una parte importante de los parlamentarios de un país sean abogados ya que quien escribe las leyes tiene que saber de ellas. Sin embargo, un número excesivo puede acabar no funcionando. Porque los colegas de profesión tienden a ver las cosas de forma similar y porque la falta de riqueza intelectual que da la variedad reduce la creatividad para encontrar soluciones. Además, argumentaba que el monopolio letrado de la política comporta que, como todos, defienda sus intereses. Y son ellos los que se benefician de sistemas económicos y legales extraordinariamente complicados, para que todo el mundo tenga la necesidad de contratarles. Sala i Martín referenciaba también otro artículo, por el cual esas barreras y la ultraregulación perjudican la economía, algo indiscutible, y además producirían que jóvenes de más talento se dediquen a la abogacía como “apropiación de rentas” y no a otros sectores, por lo que “la actividad productiva colapsa y la economía deja de funcionar”. Según este estudio, en aquellos países donde hay más estudiantes de derecho, el crecimiento es inferior.
 
Como seguidor del reputado académico, y joven jurista por mi parte, me hice varias preguntas: ¿Es verdad que el leviatán legislativo se debe a que los políticos son abogados, se autobenefician y así defienden intereses corporativos? ¿Sobran abogados?
 
Comenzaré por la última: ¿Sobran abogados? La respuesta es que con nuestra actual economía, sí. Hay más licenciados y estudiantes en las universidades españolas que nunca, porcentaje cercano al 40%, por encima de la media de la OCDE y de países como Alemania o Austria que tienen un 25%. Para encontrar un nivel superior hay que buscar en economías como las nórdicas o las asiáticas, con un alto nivel de inversión en I+D+i, y en sectores de alto valor añadido. Por tanto, mientras nuestro país no desarrolle una economía de alta competitividad seguiremos teniendo el récord de paro juvenil de alta formación (11,8%)
 
No es que haya demasiados abogados, es que evidentemente hay demasiados ingenieros, informáticos, médicos, enfermeros, economistas…
 
Nunca he escuchado a nadie que su madre le diga: “Haz derecho que el superávit normativo nunca te va a faltar en la vida”. Sí, por el contrario, el clásico: “Hijo, estudia Derecho que tiene muchas salidas. Además, la abogacía es una profesión de difícil emigración. Pocos juristas y despachos pueden ejercer en países extranjeros o transnacionalmente, por lo que permanencia es casi obligada.
 
Respecto al gráfico mencionado en The Economist, pertenece al Informe The Technical Competence of Economic Policy-Makers in Developed Democracies” de los profesores Mark Hallerberg y Joachim Wehner. Este estudio no analiza cuántos abogados tiene la clase política de cada país, ni si los parlamentarios son en su mayoría abogados u ostentan el monopolio legislativo. Sólo estudia las profesiones de tres cargos de cada una de las 40 democracias desde 1973 hasta 2010: el Presidente, el Ministro de Finanzas, y el Banquero Central. Así sí, sólo Calvo-Sotelo era ingeniero y encima fue el más breve.
 
Tampoco es cierto que la mayoría de políticos sean letrados porque desconocemos su número total. Sí sabemos, que de los 350 diputados, 150 son Licenciados en Derecho, mas en su mayoría son no ejercientes.
 
La profesión predominante es la función pública con 126. En segundo puesto, la abogacía con 51, aunque sólo cerca de una treintena tienen reconocida la compatibilidad para el ejercicio (pueden consultarse las variaciones de incompatibilidades en la Comisión del Estatuto de Diputados del Congreso, aquí las principales). Es decir, sólo cerca de un 9% podría dictar leyes en su beneficio directo y en el de su colectivo. No se trata de un porcentaje tan aplastante y lo cierto es que el predominio de los juristas (que no abogados) se da en las principales democracias del mundo según “International Who’s Who”, estudiada también por The Economist y no por ello su situación económica es tan dramática como la española.
 
Los expolíticos menos aún suelen ejercer de picapleitos. Difícilmente alguien puede reincorporarse tras muchos años con las modificaciones que ellos mismos provocan. Salvo contadas excepciones, la mayoría acaban de asesores o consultores, destino cotizado por todos en bufetes, pero también en auditoras, eléctricas, bancos, o en otras importantes empresas.
 
Lo cierto es que Sala i Martín lleva razón en la falta de pluralidad académica de nuestros señorías, de ahí la necesidad de mayor transparencia, audiencia, reflexión y participación de los sectores afectados en la potestad legislativa. Y también en la falta de diversidad profesional, porque la gran mayoría tienen la misma: la política.  No hay profesionales en la política, sino profesionales de la política.  Más que nunca necesitamos a los primeros.  Y con todo eso sólo quizás, con menos políticos, y reprochándoles que la ley no es la solución para todo y reprendiendo el mal uso de ella podríamos tener algo de éxito.
 
Para acabar respondo a la primera pregunta que formulé al principio, ¿beneficia el sistema a los abogados? Si preguntamos o vemos las últimas protestas de todos los operadores jurídicos, parece que no. Si leemos este blog, parece que tampoco. La sobreabundancia legislativa es una queja habitual, y repetida incansablemente entre todos los profesionales legales. Hace poco mostré mi preocupación por el ámbito penal, recientemente Inés María Herreros planteaba si era necesario nuestro actual código de delitos, y Verónica del Carpio denunciaba la deficiente calidad legislativa. Los reputados Javier Gomá o Francisco J. Laporta también llevan tiempo avisándolo. Son los juristas los primeros en denunciar este problema desde antiguo, algo lógico por otra parte.
 
La superinflación legislativa no sólo produce perjuicios económicos, también daña el Estado de Derecho, y aumenta las desigualdades sociales. Aumenta la corrupción, disminuye la transparencia y fomenta el clientelismo. Los estados corruptos son países con abundancia normativa, estructuras complejas, sistemas opacos y dificultosos que obligan al empresario a corromper porque pasar legalmente se antoja sobrehumano. Como juristas vemos a diario leyes que faltan, leyes que sobran, unas que deberían modificarse y no se modifican, y otras que se reforman y no deberían.
 
En definitiva, la abundancia legal no beneficia a nadie, salvo a los políticos: sirve para justificar gasto público, duplicidades, cargos, 17 asambleas o para vanagloria medida en cantidad y no calidad. También suelen calmar a la opinión pública, y evitar así resolver los problemas de una manera mucho más seria, reflexiva y costosa”. Igualmente, sirve  para restringir la libertad, controlar más a una mayoría, y privilegiar a unos pocos. Tantas normas le otorgan un poder discrecional.


Para los abogados, sin embargo, tanta cantidad y velocidad de leyes de baja talla aumenta los costes en formación, actualización y materiales, con resultados poco productivos. Nadie puede conocer todas las leyes y sus jurisprudencias. La especialización se hace imprescindible, siendo también peligroso depender de un solo sector. Aunque aumenten los litigios (principalmente a causa de AAPP, aseguradoras y bancos), también lo hace la inseguridad jurídica, y esto unido a la ausencia de medios en Justicia, el eterno colapso judicial y su gran lentitud, todo ello repercute en menor demanda letrada. Ocurre que un 84% está de acuerdo en que la administración de Justicia es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella, y un 76% cree que en muchas ocasiones no sirve de nada ganar un pleito pues en la práctica la sentencia es papel mojado ya que o no se cumple, o se cumple tarde y mal. ¿Qué cliente querría algo lento, difícil, inseguro y ahora muy costoso con las tasas judiciales? Nadie, huirían despavoridos. Y eso sólo lleva al aumento de las injusticias por el poder público y los poderosos, la renuncia de los más desfavorecidos a su protección de derechos y libertades o a la utilización de la propia fuerza. Summum Ius, Summa injuria.
 
En definitiva, ni creo que los abogados sean los culpables de la hipertrofia normativa, ni sus beneficiarios, ni los políticos legislan demasiado porque sean abogados, sino porque son políticos. Son el resto de verdaderos letrados los que ejercen su oficio, ayudar a solucionar conflictos. Conflictos que siempre existirán.

No es porque sean abogados, es porque son políticos. Respuesta al profesor Sala i Martín

Recientemente, el afamado profesor Sala i Martín, publicó un artículo titulado “En España hay demasiados abogados”. En él, basándose en un gráfico publicado por The Economist, consideraba que España es el país de la OCDE que más juristas tiene entre los líderes de la clase política. Deducía que tiene sentido que una parte importante de los parlamentarios de un país sean abogados ya que quien escribe las leyes tiene que saber de ellas. Sin embargo, un número excesivo puede acabar no funcionando. Porque los colegas de profesión tienden a ver las cosas de forma similar y porque la falta de riqueza intelectual que da la variedad reduce la creatividad para encontrar soluciones. Además, argumentaba que el monopolio letrado de la política comporta que, como todos, defienda sus intereses. Y son ellos los que se benefician de sistemas económicos y legales extraordinariamente complicados, para que todo el mundo tenga la necesidad de contratarles. Sala i Martín referenciaba también otro artículo, por el cual esas barreras y la ultraregulación perjudican la economía, algo indiscutible, y además producirían que jóvenes de más talento se dediquen a la abogacía como “apropiación de rentas” y no a otros sectores, por lo que “la actividad productiva colapsa y la economía deja de funcionar”. Según este estudio, en aquellos países donde hay más estudiantes de derecho, el crecimiento es inferior.

 

Como seguidor del reputado académico, y joven jurista por mi parte, me hice varias preguntas: ¿Es verdad que el leviatán legislativo se debe a que los políticos son abogados, se autobenefician y así defienden intereses corporativos? ¿Sobran abogados?

 

Comenzaré por la última: ¿Sobran abogados? La respuesta es que con nuestra actual economía, sí. Hay más licenciados y estudiantes en las universidades españolas que nunca, porcentaje cercano al 40%, por encima de la media de la OCDE y de países como Alemania o Austria que tienen un 25%. Para encontrar un nivel superior hay que buscar en economías como las nórdicas o las asiáticas, con un alto nivel de inversión en I+D+i, y en sectores de alto valor añadido. Por tanto, mientras nuestro país no desarrolle una economía de alta competitividad seguiremos teniendo el récord de paro juvenil de alta formación (11,8%)

 

No es que haya demasiados abogados, es que evidentemente hay demasiados ingenieros, informáticos, médicos, enfermeros, economistas…

 

Nunca he escuchado a nadie que su madre le diga: “Haz derecho que el superávit normativo nunca te va a faltar en la vida”. Sí, por el contrario, el clásico: “Hijo, estudia Derecho que tiene muchas salidas. Además, la abogacía es una profesión de difícil emigración. Pocos juristas y despachos pueden ejercer en países extranjeros o transnacionalmente, por lo que permanencia es casi obligada.

 

Respecto al gráfico mencionado en The Economist, pertenece al Informe The Technical Competence of Economic Policy-Makers in Developed Democracies” de los profesores Mark Hallerberg y Joachim Wehner. Este estudio no analiza cuántos abogados tiene la clase política de cada país, ni si los parlamentarios son en su mayoría abogados u ostentan el monopolio legislativo. Sólo estudia las profesiones de tres cargos de cada una de las 40 democracias desde 1973 hasta 2010: el Presidente, el Ministro de Finanzas, y el Banquero Central. Así sí, sólo Calvo-Sotelo era ingeniero y encima fue el más breve.

 

Tampoco es cierto que la mayoría de políticos sean letrados porque desconocemos su número total. Sí sabemos, que de los 350 diputados, 150 son Licenciados en Derecho, mas en su mayoría son no ejercientes.

 

La profesión predominante es la función pública con 126. En segundo puesto, la abogacía con 51, aunque sólo cerca de una treintena tienen reconocida la compatibilidad para el ejercicio (pueden consultarse las variaciones de incompatibilidades en la Comisión del Estatuto de Diputados del Congreso, aquí las principales). Es decir, sólo cerca de un 9% podría dictar leyes en su beneficio directo y en el de su colectivo. No se trata de un porcentaje tan aplastante y lo cierto es que el predominio de los juristas (que no abogados) se da en las principales democracias del mundo según “International Who’s Who”, estudiada también por The Economist y no por ello su situación económica es tan dramática como la española.

 

Los expolíticos menos aún suelen ejercer de picapleitos. Difícilmente alguien puede reincorporarse tras muchos años con las modificaciones que ellos mismos provocan. Salvo contadas excepciones, la mayoría acaban de asesores o consultores, destino cotizado por todos en bufetes, pero también en auditoras, eléctricas, bancos, o en otras importantes empresas.

 

Lo cierto es que Sala i Martín lleva razón en la falta de pluralidad académica de nuestros señorías, de ahí la necesidad de mayor transparencia, audiencia, reflexión y participación de los sectores afectados en la potestad legislativa. Y también en la falta de diversidad profesional, porque la gran mayoría tienen la misma: la política.  No hay profesionales en la política, sino profesionales de la política.  Más que nunca necesitamos a los primeros.  Y con todo eso sólo quizás, con menos políticos, y reprochándoles que la ley no es la solución para todo y reprendiendo el mal uso de ella podríamos tener algo de éxito.

 

Para acabar respondo a la primera pregunta que formulé al principio, ¿beneficia el sistema a los abogados? Si preguntamos o vemos las últimas protestas de todos los operadores jurídicos, parece que no. Si leemos este blog, parece que tampoco. La sobreabundancia legislativa es una queja habitual, y repetida incansablemente entre todos los profesionales legales. Hace poco mostré mi preocupación por el ámbito penal, recientemente Inés María Herreros planteaba si era necesario nuestro actual código de delitos, y Verónica del Carpio denunciaba la deficiente calidad legislativa. Los reputados Javier Gomá o Francisco J. Laporta también llevan tiempo avisándolo. Son los juristas los primeros en denunciar este problema desde antiguo, algo lógico por otra parte.

 

La superinflación legislativa no sólo produce perjuicios económicos, también daña el Estado de Derecho, y aumenta las desigualdades sociales. Aumenta la corrupción, disminuye la transparencia y fomenta el clientelismo. Los estados corruptos son países con abundancia normativa, estructuras complejas, sistemas opacos y dificultosos que obligan al empresario a corromper porque pasar legalmente se antoja sobrehumano. Como juristas vemos a diario leyes que faltan, leyes que sobran, unas que deberían modificarse y no se modifican, y otras que se reforman y no deberían.

 

En definitiva, la abundancia legal no beneficia a nadie, salvo a los políticos: sirve para justificar gasto público, duplicidades, cargos, 17 asambleas o para vanagloria medida en cantidad y no calidad. También suelen calmar a la opinión pública, y evitar así resolver los problemas de una manera mucho más seria, reflexiva y costosa”. Igualmente, sirve  para restringir la libertad, controlar más a una mayoría, y privilegiar a unos pocos. Tantas normas le otorgan un poder discrecional.


Para los abogados, sin embargo, tanta cantidad y velocidad de leyes de baja talla aumenta los costes en formación, actualización y materiales, con resultados poco productivos. Nadie puede conocer todas las leyes y sus jurisprudencias. La especialización se hace imprescindible, siendo también peligroso depender de un solo sector. Aunque aumenten los litigios (principalmente a causa de AAPP, aseguradoras y bancos), también lo hace la inseguridad jurídica, y esto unido a la ausencia de medios en Justicia, el eterno colapso judicial y su gran lentitud, todo ello repercute en menor demanda letrada. Ocurre que un 84% está de acuerdo en que la administración de Justicia es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella, y un 76% cree que en muchas ocasiones no sirve de nada ganar un pleito pues en la práctica la sentencia es papel mojado ya que o no se cumple, o se cumple tarde y mal. ¿Qué cliente querría algo lento, difícil, inseguro y ahora muy costoso con las tasas judiciales? Nadie, huirían despavoridos. Y eso sólo lleva al aumento de las injusticias por el poder público y los poderosos, la renuncia de los más desfavorecidos a su protección de derechos y libertades o a la utilización de la propia fuerza. Summum Ius, Summa injuria.

 

En definitiva, ni creo que los abogados sean los culpables de la hipertrofia normativa, ni sus beneficiarios, ni los políticos legislan demasiado porque sean abogados, sino porque son políticos. Son el resto de verdaderos letrados los que ejercen su oficio, ayudar a solucionar conflictos. Conflictos que siempre existirán.