Chipre: flirteando con el desastre

Chipre está siendo noticia estos días en todos los medios de comunicación. Mucha gente no entiende nada de lo que está pasando y otros, incluyendo algunos “creadores de opinión” están difundiendo una historia buenos y malos. Los buenos son, por supuesto, los chipriotas que, indudablemente, van a ser las víctimas del “rescate”. Los malos son los Gobiernos Europeos, la troika y en un papel estelar, Merkel y los alemanes. Esta historia, como casi todas las historias “infantiles” no se ajusta a la realidad.

 

Lo primero que hay que tener presente es que Chipre es un territorio de muy baja fiscalidad para las empresas (tipo del 10%), con un secreto bancario casi absoluto, con una escasa colaboración con otros países en materia fiscal y que algunos organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) consideran que podría hacer bastante más en la lucha contra el blanqueo de capitales. Un territorio que cumple estas características es un paraíso fiscal. España lo había incluido en la lista de paraísos fiscales, pero, recientemente hemos firmado un convenio para evitar la doble imposición, que está pendiente de ratificación, por el que Chipre saldrá de la lista en breve plazo.

 

La razón por la que hemos firmado este acuerdo internacional no es porque Chipre se comprometa a eliminar completamente el  secreto bancario y vaya a cooperar intensamente en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. De hecho, la cláusula de cooperación administrativa incluida en el Convenio es muy operativa. La razón de que se firme el convenio es que Chipre es miembro de la Unión Europea desde 2004. Por esta razón, no puede haber limitaciones a las empresas y particulares para mover su dinero a Chipre, libertad de circulación de capitales, ni para establecerse allí, libertad de establecimiento. Varios países europeos ya han ratificado convenios con Chipre. Esto ha supuesto para el resto de Europa una pérdida de impuestos recaudados a las empresas y a los grandes patrimonios.

 

Por otra parte, Chipre es también miembro de la Unión Monetaria con lo que también tiene el euro como moneda. Estas facilidades han hecho de Chipre un “centro financiero offshore”, es decir un centro financiero que atrae capitales del exterior, reinvirtiéndolos también fuera de Chipre. El tamaño del sistema financiero chipriota es de más del 500% del PIB de Chipre, y se ha financiado básicamente con depósitos, lo que complica la resolución de cualquier crisis financiera. A todo esto, si una empresa o particular constituye una sociedad en Chipre y se deposita el dinero en un banco chipriota, el depósito se considera de un “residente”. Esto quiere decir que el porcentaje de depósitos que realmente está en manos de no residentes excede con mucho del 30% que se lee en muchos medios de comunicación.

 

Un esquema como éste genera infinitos problemas, pero uno de los más evidentes es que los bancos fallen en sus inversiones. En general, cualquier inversor suele elegir para colocar el dinero que maneja aquellos mercados que conoce bien. Como la parte de Chipre no ocupada ni por Turquía ni por los británicos está habitada mayoritariamente por griegos, no es nada extraño que los bancos chipriotas hayan invertido masivamente en deuda griega. Además, la deuda griega daba una elevada rentabilidad, lo que permitía a los bancos chipriotas ofrecer buenos intereses en la denodada lucha por el dinero caliente (hot money) entre los paraísos fiscales. Todo este esquema se vino literalmente abajo con las quitas de la deuda griega: ahora mismo, la banca de Chipre es insolvente.

 

Un sencillo ejemplo puede aclarar la magnitud del desastre: Un banco griego con capital de 10 capta 90 euros en depósitos, compromentiéndose a devolver 100. Si esta inversión de 100 en deuda griega da unos intereses de 10, el negocio parece redondo. Sin embargo, si los griegos sólo devuelven 75, el Banco perderá todo su capital, y aún así no podrá devolver los depósitos. Como el sistema financiero chipriota es “off-shore” (es decir, literalmente, de fuera de la Isla), los contribuyentes chipriotas no pueden cubrir el desfase. De hecho, el sistema financiero chipriota necesita unos 17.000 millones de euros para recuperar su solvencia, que es una cifra equivalente más o menos al PIB de Chipre, es decir, todo lo que los chipriotas producen en un año. Por esta razón, la “troika” y, fundamentalmente, el Gobierno Alemán, se niegan a aportar más de 10.000 millones en forma de préstamo a Chipre, para que con este dinero sanee sus bancos.

 

En conclusión, que la gestión de la crisis chipriota ha sido una inmensa chapuza, lo que a menudo genera muchos más problemas que la pura malicia. Esto no quiere decir que la resolución de una crisis financiera sea sencilla. Veamos, la banca chipriota está quebrada y tiene un tamaño varias veces superior al PIB de Chipre. En consecuencia, el contribuyente chipriota no puede hacerse cargo de la factura. Esto supone que los acreedores de los bancos de Chipre tendrán que afrontar pérdidas, salvo que los gobiernos  europeos consientan que las pérdidas corran a cargo de todos los contribuyentes europeos.

 

En este caso hay dos errores gravísimos de partida. En primer lugar dejar entrar a un paraíso fiscal en la Unión Europea. Esto hace perder recaudación a todos los Estados Miembros, porque la capacidad de aplicar medidas anti-paraíso está limitada por las libertades de circulación de capitales y libertad de establecimiento en la Unión Europea. Además, una situación de este tipo hace afluir capitales hacia Chipre. El segundo error de gravedad es que no existe ningún tipo de unión bancaria en Europa. Esto hace que casi no haya reglas comunes en la supervisión bancaria. Si los dos factores coinciden en un Estado que no puede garantizar a su Banca, porque su Banca es mucho más grande que el Estado, la situación se vuelve explosiva.

 

Bien la situación es explosiva para Chipre, pero no debería serlo para Europa. El coste total del rescate a Chipre asciende a 17.000 millones de euros, de los que se pretende que paguen los depositantes chipriotas alrededor de 6.000 millones de euros. Para hacernos una idea, sólo las perdidas consolidadas del Banco Financiero y de Ahorros, la matriz de Bankia, en 2012 han sido de 21.000 millones de euros. Si este rescate de Chipre a nivel español no sería tanto dinero, a nivel europeo, lo es aún menos. La opción menos mala para una situación como la de Chipre sería mutualizar parte de la deuda de los bancos a nivel europeo a cambio de obligar a Chipre a establecer una fiscalidad razonable y acabar con el secreto bancario. Pagar 6.000 millones de euros a cambio de acabar con una crisis financiera y un paraíso fiscal dentro de la UE al mismo tiempo es, a medio plazo, un buen negocio.

 

La situación de Chipre presenta muchísimas similitudes con la irlandesa, que también tenía una bajísima fiscalidad para empresas y cuyos bancos llevaron a la quiebra al país entero. Los irlandeses también se han visto sometidos a un durísimo rescate, pero también salvaron de la quema su impuesto de sociedades. Cuando vemos que muchas multinacionales apenas tributan en Europa y desvían su dinero a paraísos fiscales, no resulta sorprendente que muchas de ellas utilicen sus filiales en Irlanda. Lo que sí resulta sorprendente es que el resto de los europeos les hayamos dejado seguir haciéndolo: Un rescate más asumible para los irlandeses a cambio de desmontar esta estructura hubiese sido un buen negocio para casi todos.

 

Volviendo a Chipre, si ni el Estado de Chipre, ni los Europeos están dispuestos a asumir las pérdidas de la Banca Chipriota, esta banca está quebrada, literalmente en bancarrota. Esto quiere decir que como esta banca está financiada con depósitos, los depositantes van a perder una parte de su dinero. La quita es inevitable. Ahora bien, esto se puede hacer de varias formas: en primer lugar, se puede realizar una quita sobre el capital no residente, off-shore (esencialmente, no europeo, fundamentalmente, ruso). También se puede gravar exclusivamente a los depósitos superiores a 100.000 Euros, que son lo que teóricamente no están garantizados por la Unión Europeo. Por último, se puede realizar una quita indiscriminada a todos los depósitos. Cualquiera de las dos primeras opciones supone ocasionar tales pérdidas al capital extranjero que son el fin de Chipre como Paraíso Fiscal y Centro Financiero off-shore. La tercera alternativa supone un castigo durísimo y muy visible al chipriota de a pie.

 

Pues bien, el gobierno de Chipre optó por una alternativa cercana a la tercera opción, con una quita del 6,75% a los depósitos inferiores a 100.000 Euros y de un 9,9% a los superiores: prefirió el castigo a su propia población que perjudicar excesivamente al capital de otros países. Ésta es la peor opción posible para la economía europea, con lo que resulta inexplicable que los gobiernos de la Unión Europea, incluyendo el español, estuviesen dispuestos a aceptarla. Esta decisión convierte en papel mojado la garantía europea de los depósitos inferiores a 100.000 euros, lo que supone que los europeos, especialmente los del sur de Europa, no podemos estar seguros de nuestros depósitos en los bancos. El riesgo para el conjunto del sistema es elevado como reconocen, 48 horas después, todos los ministros de Economía de Europa.

 

El riesgo se deriva de que en una economía moderna y bancarizada, el papel de la moneda como medio de pago lo ejercen fundamentalmente los bancos, y cada vez menos el papel moneda. La destrucción de la confianza en la banca supone, en la práctica, corromper la moneda, que como señalaba Keynes es la forma más rápida y segura de destruir las bases del capitalismo. Si comienzan las retiradas de dinero de los bancos, aumentarán la economía sumergida y las quiebras de empresas y disminuirá la inversión. Tristemente, a este escenario parece que se asoma Chipre con una quiebra desordenada de sus entidades financieras, si no hay una solución a corto plazo: rechazar el plan europeo, por “injusto”, que lo es, sin proponer una alternativa no es una solución. Los principales perdedores de todo esto serían los propios chipriotas, pero de los efectos negativos tampoco nos libraríamos el resto de los europeos. El Presidente del BCE, Mario Draghi decía que la crisis de Bankia se había gestionado “de la peor forma posible”. Los hechos están demostrando , en la crisis chipriota, que toda gestión es susceptible de empeorar: estamos flirteando con el desastre.

 

 

 

Comparecencia de la coeditora Elisa de la Nuez en la Comisión Constitucional del Congreso

Nuestra coeditora Elisa de la Nuez compareció ayer ante la Comisión Constitucional del Congreso para informar de un tema que conoce bien, la transparencia, en relación con el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
 
Pueden ver su intervención en este link, a partir del minuto 31 hasta el 53, aproximadamente, y al final de la grabación.
 
 
 

Comparecencia de la coeditora Elisa de la Nuez en la Comisión Constitucional del Congreso

Nuestra coeditora Elisa de la Nuez compareció ayer ante la Comisión Constitucional del Congreso para informar de un tema que conoce bien, la transparencia, en relación con el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

 

Pueden ver su intervención en este link, a partir del minuto 31 hasta el 53, aproximadamente, y al final de la grabación.

 

 

 

Cenicienta y los contratos blindados

Es llamativo lo que sucede en nuestro Derecho con las remuneraciones de los altos directivos. Por un lado, a algunos se les niega el pan y la sal, cuando son administradores. En cambio a otros, se les da el oro y el moro, sean o no administradores, y parece que no haya forma de remediarlo. En definitiva, pagan justos por pecadores y ello en razón de ciertas interpretaciones que parecen muy “técnicas” pero son erróneas.
 
Comencemos ilustrando la suerte de los “justos”, con dos de ejemplos. El Sr. Pérez empieza como botones, asciende y llega a DG de una empresa. Un día el dueño, a modo de distinción, lo nombra Consejero; luego, para dotarle de representación ante terceros, el Consejo lo designa Consejero-delegado. El Sr. Martínez es Director Comercial de un Grupo societario. Su Departamento se filializa y a Martínez también lo nombran Consejero-delegado de la nueva Compañía, aunque sigue siendo un mandado y tiene el aliento del Gerente del Grupo en el cogote. Ambos Sres. cobran un sueldo por su contrato (de alta dirección) y nada por su cargo societario. Un buen día son despedidos y reclaman la cantidad acordada, la cual (porque así se pactó) es la misma que establece el ET para los empleados ordinarios.
 
Pues bien, aunque la jurisprudencia es compleja y en sus fallos pondera las circunstancias de cada caso concreto, lo cierto es que aquella, en su tenor literal, ampararía el panorama desolador que a continuación describo. Frente a la demanda por despido, los Tribunales sociales se declaran incompetentes. No hay relación laboral, dicen. ¿Motivo? Una razón técnica: el administrador es un “órgano” de la persona jurídica, su boca y brazo ejecutor, parte de la misma y no puede pelear con ella. ¿Y no importa que nuestros amigos ostenten un plus de actividad, no se limiten a lo “esencial” (alta estrategia; designar y supervisar a la dirección; formular las cuentas…) sino que desciendan a la gestión cotidiana, pencando 12 horas al día? No, diría la sala 4ª del TS, porque lo hacen en virtud del vínculo societario, “en el desempeño de su cargo de administradores”. Curiosamente, a veces esto se interpreta de modo harto formalista: el Consejero-delegado dirigiría en calidad de administrador, mientras que un apoderado general, con amplísimas facultades, lo haría como alto directivo.
 
Y si  no existe contrato laboral, ¿al menos lo hay civil? Tampoco. La sala 1ª del TS empezó declarando que la Junta puede revocar ad nutum (sin alegar justa causa) a los administradores y esa libertad no debe quedar coartada por la necesidad de pagar una indemnización por ruptura contractual. Pero, es más, últimamente también los Tribunales civiles se adhieren a la mencionada “doctrina del vínculo”. Y obsérvese que esta tesis cuestiona la legalidad no solo de una indemnización por cese, sino de la remuneración corriente del administrador-directivo, en tanto y cuanto no tenga amparo en los Estatutos sociales.
 
Si la empresa en cuestión fuera una SL, a lo mejor Pérez y Martínez tenían suerte, pues al fin y al cabo el art. 20 LSC asume la licitud de los contratos de servicios de los administradores, si los aprueba la Junta General. Pero si el empleador es una SA, los reclamantes lo tendrán crudo, vaya Usted a saber por qué.
 
¿Quid de las prestaciones sociales? El tema ha tenido un recorrido sinuoso. Al hilo de las Sentencias sociales, la Seguridad Social cambió su criterio tradicional y dictó unas revolucionarias Circulares, que inspiraron un cambio normativo (Ley 66/1997), que se corrigió al año siguiente (50/1998). Hoy está así la cosa: si el directivo tiene el control de la Compañía, cotiza como autónomo; si no lo tiene, se integra en el Régimen General, pero si es administrador carece de protección por desempleo y de la cobertura del FOGASA siempre que “el desempeño de su cargo conlleve la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad”. Lo cual parece interpretarse también en clave formalista: los Consejeros apoderados podrían escabullirse, pero Pérez o Martínez, por ser Consejeros-delegados, caerían en la trampa.
 
Como no podía ser menos, Hacienda también se ha apuntado a la fiesta. Así la sala 3ª del TS ha validado una interpretación según la cual no es deducible en el IS todo abono a los administradores societarios que no tenga amparo estatutario, pues ese pago constituiría –para pasmo de los Sres. Pérez y Martínez- una “liberalidad”.
 
Pasemos ahora a los “pecadores”. El Sr. D. Antonio Pérez de Ulloa y Martínez de Valgaluenga pertenece a una de las familias que controlan una Sociedad cotizada. Es directivo, aunque no Consejero. Tras una OPA, es destituido, si bien el Consejo acuerda abonarle una indemnización de 2 millones €. Como no es administrador, nada de lo anterior le afecta. Pero su hermano Ramón María sí era Consejero-delegado y a él le pagan 20 millones. Y los cobra tranquilamente, por la sencilla razón de que no tiene que acudir a los Tribunales, ya que la nueva dirección está encantada de desprenderse de esta forma, con un golden handshake, de una presencia molesta.
 
A todo esto, la Ley 16/2012 ha introducido en materia fiscal dos limitaciones cuantitativas, que no me parecen mal:
 
No es deducible en el Impuesto sobre Sociedades el importe por el que la indemnización exceda de 1 millón € (o de la suma exenta en el IRPF).
 
– Las indemnizaciones por despido están exentas del IRPF por la parte que es “obligatoria” (según el ET), pero el alto directivo, incluso aunque no sea administrador, no disfruta de esta ventaja, pues en su caso toda indemnización se reputa como “convencional”. Lo que sí cabe es la aplicación de una reducción del 40%, si la indemnización encaja como rendimiento irregular. No obstante,  la citada Ley introduce varias restricciones cuantitativas, cuya guinda es que desaparece la reducción para cuantías superiores a  1 millón €.
 
Ahora bien, el Gobierno ha circunscrito su intervención al ámbito fiscal y no ha osado proponer una reforma mercantil, esto es, un tope a la propia obligación de pagar los blindajes. Al parecer, en esta decisión late la idea de que ello sería un imposible jurídico. Sí se admite la limitación para los cargos de organismos y empresas públicas, pero no en el ámbito de la empresa privada. La barrera técnica sería aquí la autonomía de la voluntad, que se presupone sagrada cuando quien paga es un particular.
 
Pues bien, se preguntarán Ustedes: ¿qué pinta Cenicienta en toda esta historia? Es el meollo de la cuestión. Imagínese que el Príncipe, al que suponemos heterosexual, aparece de la mano de un señor con bigote, a quien presenta como su prometida, Cenicienta. Para justificar su elección, el muchacho aduce un sinfín de argumentos: que si baila divinamente, que si le ha probado la famosa zapatilla y le encaja a la perfección… ¿Qué le diríamos? Pues obviamente que todo eso será verdad, que semejantes indicios, tales “argumentos técnicos” suenan muy bien pero el sentido común dicta que ha metido la pata. Lo mismo pasa aquí.  Las zapatillas son, por un lado, la  “condición de órgano social” y, por otro, la “autonomía de la voluntad”. Valiosos conceptos, mas si su aplicación conduce a resultados inicuos, es que algo falla.
 
En lo que toca a Pérez y Martínez:
 
El pacto por el que la empresa, para atraer o retener a un ejecutivo de mérito, se compromete a pagarle una indemnización en caso de despido, cumple una función legítima. Y el hecho de que el directivo sea, además, administrador no cambia nada per se. Ciertamente, ese cargo societario puede ser una “zapatilla”, esto es, un indicio de que, como sugiere la jurisprudencia, la dualidad de partes anda descafeinada. Por ejemplo, porque el administrador se ha auto-elevado a su puesto merced a una posición de control político de la Sociedad. O, aun sin ostentar él mismo esa posición, es persona de confianza del grupo de control, que ha tenido a bien blindarle no por sus méritos, sino porque es de la cuerda. O bien es un sinvergüenza que se ha auto-contratado.  O nada de eso, porque en efecto el cargo societario solo es un elemento de juicio, que puede ser desvirtuado por otros. Lo mismo pasa con el tratamiento fiscal y de Seguridad Social: si las cuantías son razonables, no repugna al sentido común que un alto directivo, sea o no administrador, disfrute de las mismas ventajas que un trabajador ordinario, siempre que no se sospeche que se ha auto-despedido.
 
En lo que concierne a los Pérez de Ulloa y Martínez de Valgaluenga:
 
La autonomía de la voluntad es un dogma en horas bajas. La Ley puede alterar el estatuto de los funcionarios precisamente porque se presume que el interés público prevalece sobre la promesa con la que el Estado los atrajo a su servicio. En cuanto a los trabajadores ordinarios, también la Ley entra a saco en su estatuto con padecimiento de lo pactado, en principio para proteger al propio trabajador pero también (como demuestra la reciente reforma laboral) en contra del mismo y por razones de interés general (favorecer la competitividad de la economía). Así las cosas, ¿tiene sentido mantener un santuario donde el pacta sunt servanda goza de inmunidad absoluta? Pienso que no.
 
Para empezar, porque, como hemos visto, a menudo en estos casos no hay tal cosa: el que pacta no es el empresario, sino el propio ejecutivo que se auto-regala privilegios o se los brinda a sus amigos o a enemigos incómodos.
 
En segundo lugar, porque –si se quiere cohesión social– tampoco hay que pasarse: es ridículo decir que un individuo tiene tanto valor como para merecer cobrar más indemnización que 20 mil personas juntas. Si tanto mérito tiene el gachó, que se consiga otro empleo en un periquete.
 
Por fin, si quien regala su dinero es el tendero de la esquina, este podrá argüir que con su peculio hace “lo que le da la gana” (aunque hasta él se arriesga a que sus parientes pretendan una declaración de prodigalidad…). Pero si hablamos de una sociedad de capital, ya no es cuestión de ganas. Ganas las que nos dan a los accionistas de exigir responsabilidades a los administradores por dilapidar el patrimonio social, con merma de nuestro dividendo.
 
El problema es que nuestro Derecho es cicatero con los remedios. Los socios que no reúnen el 5% del capital tienen vedada la acción social de responsabilidad (239 LSC). Aquí defendí que semejante limitación tiene pinta de inconstitucional en casos extremos: no cuando solo está en juego el deber de diligencia (pues ahí es razonable restringir la legitimación), sino cuando se infringe el deber de lealtad. Y los actos de despilfarro (el waste de los anglosajones) están, a mi juicio, a caballo entre ambos conceptos, porque una enorme liberalidad huele a conflicto de interés. No en vano la vía penal (por administración desleal ex 295 CP) sigue abierta y todo delito conlleva una responsabilidad civil. También se ha defendido que los pactos de indemnizaciones exorbitantes pueden carecer de causa o tener un objeto contrario a las buenas costumbres (Martín Pallín).
 
Mas ganar un pleito con apoyo en todas estas sutilezas sería para nota. De lege ferenda habría que tomar el toro por los cuernos y poner coto a los blindajes. La  Recomendación de la Comisión Europea de 2009 pedía un cap de 2 anualidades de sueldo fijo. Recientemente en Holanda se ha colocado el límite, para los administradores de cotizadas, en 1 año de salario. Yo sería más directo: lo mismo, ni más ni menos, que establezca el Estatuto de los trabajadores ordinarios, para los cuales la cuantía máxima en España es 24 mensualidades, pero se modula en función de la antigüedad. Y solo permitiría dos tipos de mejoras, en los supuestos de cambio de empleador:  mantener en la nueva empresa la antigüedad que se tenía en la de origen, siempre y cuando no se haya cobrado ya una indemnización de la misma, o una compensación razonable por pacto de no competencia, si viene al caso.