¿Pecunia non olet?

 

Se cuenta que durante el mandato del emperador Vespasiano (69-79 d.C.) se estableció en Roma un gravamen sobre los orines (prueba evidente de que en materia tributaria ya está todo inventado) que, vertidos en la “cloaca máxima”, eran utilizados por artesanos -curtidores, lavanderos, …- en sus manufacturas. La “olorosa” peculiaridad de ese nuevo hecho imponible mereció la reprobación del hijo del emperador, Tito, que criticaba que las arcas públicas se lucraran con un origen tan poco lustroso como las propias letrinas; y fue entonces cuando Vespasiano, ofreciéndole unas monedas para comprobar su olor, ciertamente inexistente, habría pronunciado esa expresión -“pecunia non olet” que ya pasó así a la historia con el sentido que aún tiene en nuestros días: el dinero vale lo que vale, con independencia de que su origen sea lícito o no.

 

-. El día del Pilar de 2012 unos agentes de la Policía Municipal de Madrid hallaron 600.000€ al registrar el doble fondo de un coche al que dieron el alto durante un rutinario control de alcoholemia.

 

-. El pasado 7 de febrero, en la frontera franco-suiza, dos agentes de aduanas franceses descubrieron que un pasajero español del tren Zurich-París llevaba ocultos más de 1.800.000€ en metálico.

 

-. Al día siguiente, el 8 de febrero, en Madrid, una extraña maniobra de un todoterreno derivó en un accidente de tráfico que levantó las sospechas de la Policía Nacional que, en un primer registro, localizó 10.000€ en metálico escondidos en la tapicería y sus pesquisas, poco después, le llevó a encontrar otros 215.000€ ocultos en el maletero de otro vehículo.

 

-. Este último 26 de febrero, también la Policía Nacional detuvo en Santiago de Compostela a dos personas que llevaban 1.800.000€ ocultos en un camión.

 

En todos estos casos (cuya llamativa reiteración ya es merecedora de cierta atención mediática), y en otros similares también recientemente acontecidos, hay un elemento en común: los poseedores de esas elevadas sumas no alcanzaron a dar ninguna explicación plausible acerca del origen del dinero incautado. Así las cosas, muy sintetizadamente, cabría señalar dos posibles escenarios jurídicos:

 

-. Si la investigación concluye con pruebas de que esos fondos provienen de actividades delictivas, además de proceder la imputación por esos presuntos delitos, también cabría por el de blanqueo de capitales, pero no así por el de delito fiscal habida cuenta de que ya parece pacífico que el erario público no se nutre, vía impuestos, de las actividades penalmente reprobables (parece que no podría decirse lo mismo en EE.UU., donde el IRS -su equivalente a nuestra AEAT-, según daba cuenta www.money.cnn.com el pasado 1/3, habría incluido en las instrucciones de un impreso tributario que “la renta procedente de actividades ilegales, tales como el dinero con origen en el tráfico de drogas, debe ser incluida en su renta en el Formulario 1040, línea 21”), siendo así que si se hubiera hecho tal uso de la Declaración Tributaria Especial (“amnistía”, en el argot), esa práctica debiera motivar que la AEAT devolviera lo así abonado por tratarse de un ingreso indebido; ó

 

-. Si no siendo dable concluir la existencia de actividad irregular alguna, más allá de la propia constancia de la existencia de esa elevada suma de origen incierto, cabría (si la cuantía así lo permitiera) una imputación por la comisión de un presunto delito contra la Hacienda Pública, siendo así que aquí es dónde se suscitaría si ese único reproche penal podría sustentar, además, una imputación por blanqueo. Ni tan siquiera los penalistas parecen tener una opinión unánime al respecto, si bien es cierto que la reciente reforma del artículo 305 CP (delito fiscal) podría venir a aportar alguna relevante novedad al respecto: en efecto, el hecho de que la regularización abordada por el contribuyente se introduzca ahora -no sin una encendida polémica doctrinal- como un elemento definitorio del propio tipo penal, para negar su propia existencia, introduce un elemento relevante en la siempre delicada convivencia entre el delito fiscal y el de blanqueo pues parecería que, de este modo, ya no cabría la persecución por blanqueo una vez regularizada la situación tributaria, situación que antes de esta modificación del CP no estaba tan clara y que, además, abocaba al presunto “blanqueador” a un laberinto de no fácil salida pues tal pareciera que el delito de blanqueo fuera cuasimprescriptible habida cuenta de que podría tener  ingredientes propios de los delitos continuados.

 

Además, esa controvertida introducción de la regularización fiscal como un elemento definitorio (para negar su existencia) del tipo del delito contra la Hacienda Pública, también ha alumbrado un agrio debate acerca de su eventual incidencia sobre el propio cómputo de la prescripción penal pues hay quien entiende que ahora el delito fiscal se consumaría una vez que la Administración tributaria inicie sus actuaciones investigadoras pues sólo entonces ya no cabría regularización alguna que impidiera la comisión del delito. Si esto fuera así, el inicio del cómputo de la prescripción penal coincidiría, precisamente, con el comienzo de las actuaciones inspectoras, de modo y manera que su plazo podría prolongarse sensiblemente desde los cinco años actuales hasta los nueve (4 de prescripción administrativa + 5 penal) o, incluso, hasta los catorce (4 + 10, para los nuevos subtipos agravados).

 

De este particular extremo de nuestro sistema fiscal, y de muchos otros -tan apasionantes como vidriosos- se ocupa el blog “Espacio Tributario” (www.fiscal.blogsiga.net), en el que están invitados a participar todos aquellos que tengan interés en el siempre voluble universo impositivo.

¿Creemos al gobierno?

Podemos constatar que la corrupción es una preocupación fundamental de los españoles, según las encuestas del CIS, y tema de conversación absolutamente general en la calle. En estas conversaciones Bárcenas y sus sobres ocupan, lógicamente, un lugar estelar. Por el contrario, en el Congreso de los Diputados el presidente puede defender que la corrupción no está generalizada o -un tanto contradictoriamente- enumerar una batería de medidas para atajarla en el futuro sin mencionar al misterioso ex tesorero de su partido.
 
Para colmo, la clase política nos reprocha la enorme injusticia que cometemos los que afirmamos que la corrupción está no sólo generalizada sino, lo que es peor, absolutamente institucionalizada. Ni se les pasa por la cabeza que la enorme injusticia es la que están cometiendo ellos cuando se niegan a reconocer que estamos ante un cáncer terminal que amenaza con llevarse por delante no ya la democracia sino también el futuro de los españoles, desde un punto de vista institucional, político, económico y moral. Y que cuando nos proponen por enésima vez medidas anticorrupción que, además de confundir interesadamente la responsabilidad política con la responsabilidad penal, no servirán para nada nos están faltando al respeto. Así la ministra Mato o el ex ministro Blanco pueden aplaudirlas con la total tranquilidad de que su aplicación en un futuro lejano -suponiendo que se apliquen- es perfectamente compatible con que ellos sigan sentados donde están.
 
A esta falta de respeto contribuyen los periodistas e intelectuales orgánicos que nos dicen que lo que pasa en España no es tan grave, o que en todos los países de nuestro entorno hay los mismos niveles de corrupción. Pero es que esto sencillamente no es cierto, salvo que hablemos de países como Argentina, Rusia o Nigeria. Lo que nos diferencia de otros países «de nuestro entorno» no es que los políticos alemanes o los suecos o los británicos sean menos proclives a la corrupción que los nuestros. Lo que nos diferencia es que en esos países las instituciones de control funcionan, la transparencia funciona, la rendición de cuentas funciona, y hasta la mera vergüenza torera funciona. Sin olvidar unos medios de comunicación y una opinión pública que no toleran esas conductas. Es decir, no hay impunidad y la corrupción política se castiga mucho antes de que lleguen las siguientes elecciones o las sentencias condenatorias de los tribunales penales, que pueden demorarse muchos años. Por ejemplo, acabamos de ver el caso del ministro inglés que ha dimitido por haber mentido en el asunto de una multa de tráfico.
 
Los ciudadanos creemos firmemente que el sistema político instaurado en la Transición está profundamente corrompido y que no puede aguantar más. Y creemos también que ni el Gobierno ni la oposición tienen la credibilidad y la fuerza o el valor necesarios para regenerarlo, aunque quisieran, porque esto requeriría acabar con todos los resortes que permiten a las cúpulas de los partidos políticos el control casi total de la vida pública y de la sociedad española y que les convierten, en la afortunada expresión de César Molinas, en unas auténticas «élites extractivas». Es decir, regenerar el sistema de verdad y adoptar medidas efectivas de verdad contra la corrupción supondría abrir un enorme boquete en su línea de flotación y no lo harán salvo que cualquier otra alternativa sea realmente mucho peor.
 
Para demostrarlo, basta con analizar las medidas enunciadas por el presidente del Gobierno en su discurso del estado de la Nación. Lo primero que sorprende es que necesitemos tantas leyes. Porque si algo caracteriza a España es la hiperregulación. Todo está regulado, dada la querencia nacional por el papel del boletín oficial, y la confusión entre gobernar y hacer leyes. Porque los vacíos normativos o la alegalidad de la que tanto hablan los políticos cuando se trata de corrupción solo existen -salvo en el caso de normas imperativas de democracia interna para los partidos políticos- en su imaginación. Lo que hay no son espacios de alegalidad, lo que hay son espacios de impunidad, que es algo muy distinto. Espacios que cada vez son más grandes y que están provocados por la ausencia de mecanismos de control y sanción efectivos de las conductas relativas o/y favorecedoras de la corrupción al estar dichos mecanismos de control en manos directa o indirectamente de los propios controlados, que son, en último término los partidos políticos. Lo único que queda todavía (parcialmente al menos) fuera de su control son los tribunales de Justicia, pero son muy lentos y además los partidos han aprendido también cómo soslayar las sentencias condenatorias que no les interesan mediante la concesión de indultos escandalosos.
 
Lo segundo que también sorprende es que insistan en ligar la responsabilidad política a la jurídica, y en particular, a la responsabilidad jurídica penal. Señores políticos, puede y debe haber responsabilidad política aunque no haya responsabilidad penal. De nuevo, en las medidas propuestas se hace hincapié en los mecanismos procesales (reforzar las penas para los corruptos, lo que se ha hecho en varias ocasiones con el éxito que puede apreciarse) en la modificación de los procedimientos, judiciales, en la ampliación de los plazos de prescripción para que haya más tiempo para investigar y en su caso sancionar, etc. De paso empaquetan algunas medidas con el formato de Ley Orgánica, no sé si para darles más empaque o para que se tarde más en aprobarlas. En fin, son medidas que, sin estar mal, no servirán para mucho siempre que los mecanismos de control sigan desmontados. Conviene decir alto y claro que es imposible que sean los jueces penales los que tengan que luchar y acabar solos contra la plaga de la corrupción generalizada, incluso aunque se extienda un movimiento de manoslimpias similar al de Di Pietro en Italia.
 
El resto de las medidas tampoco parece muy impresionante, siempre partiendo de la idea de que los partidos no renuncian a la ocupación de las instituciones de control. Son las relativas a la financiación de los partidos (se ve que la modificación de hace menos de un año de la Ley Orgánica de financiación ya no sirve), al reforzamiento del Tribunal de Cuentas, ocupado sistemáticamente por la partitocracia, a la «estandarización» de las declaraciones de bienes e intereses, pasando por alguna casi surrealista, como la de obligar a los tesoreros de los partidos a explicar en el Parlamento como han gestionado sus recursos. Lástima que Bárcenas ya no sea el tesorero del PP, lo que se han perdido sus señorías.
 
Lo cierto es que las medidas de verdad necesarias que modificarían las conductas de los políticos al cambiar su régimen de incentivos ni están ni se las espera. Y no será porque no estén perfectamente identificadas y recogidas en manifiestos regeneracionistas, artículos de opinión y blogs. Son las referentes a la necesidad de regular la democracia interna de los partidos, de la recuperación de todas y cada una las instituciones de control empezando por el Tribunal de Cuentas y terminando por los interventores locales, de la despolitización de la Justicia, del desalojo por los partidos de las instituciones que han colonizado, de la modificación del sistema electoral, de la reducción del sector público, de la eliminación de los mecanismos clientelares, de la introducción de mecanismos para reforzar la participación ciudadana, etc.
 
Yo no sé ustedes, pero yo, parafraseando al genial Groucho Marx, entre creer al Gobierno o a mis propios ojos, prefiero creer a mis propios ojos.

¿Creemos al gobierno?

Podemos constatar que la corrupción es una preocupación fundamental de los españoles, según las encuestas del CIS, y tema de conversación absolutamente general en la calle. En estas conversaciones Bárcenas y sus sobres ocupan, lógicamente, un lugar estelar. Por el contrario, en el Congreso de los Diputados el presidente puede defender que la corrupción no está generalizada o -un tanto contradictoriamente- enumerar una batería de medidas para atajarla en el futuro sin mencionar al misterioso ex tesorero de su partido.

 

Para colmo, la clase política nos reprocha la enorme injusticia que cometemos los que afirmamos que la corrupción está no sólo generalizada sino, lo que es peor, absolutamente institucionalizada. Ni se les pasa por la cabeza que la enorme injusticia es la que están cometiendo ellos cuando se niegan a reconocer que estamos ante un cáncer terminal que amenaza con llevarse por delante no ya la democracia sino también el futuro de los españoles, desde un punto de vista institucional, político, económico y moral. Y que cuando nos proponen por enésima vez medidas anticorrupción que, además de confundir interesadamente la responsabilidad política con la responsabilidad penal, no servirán para nada nos están faltando al respeto. Así la ministra Mato o el ex ministro Blanco pueden aplaudirlas con la total tranquilidad de que su aplicación en un futuro lejano -suponiendo que se apliquen- es perfectamente compatible con que ellos sigan sentados donde están.

 

A esta falta de respeto contribuyen los periodistas e intelectuales orgánicos que nos dicen que lo que pasa en España no es tan grave, o que en todos los países de nuestro entorno hay los mismos niveles de corrupción. Pero es que esto sencillamente no es cierto, salvo que hablemos de países como Argentina, Rusia o Nigeria. Lo que nos diferencia de otros países «de nuestro entorno» no es que los políticos alemanes o los suecos o los británicos sean menos proclives a la corrupción que los nuestros. Lo que nos diferencia es que en esos países las instituciones de control funcionan, la transparencia funciona, la rendición de cuentas funciona, y hasta la mera vergüenza torera funciona. Sin olvidar unos medios de comunicación y una opinión pública que no toleran esas conductas. Es decir, no hay impunidad y la corrupción política se castiga mucho antes de que lleguen las siguientes elecciones o las sentencias condenatorias de los tribunales penales, que pueden demorarse muchos años. Por ejemplo, acabamos de ver el caso del ministro inglés que ha dimitido por haber mentido en el asunto de una multa de tráfico.

 

Los ciudadanos creemos firmemente que el sistema político instaurado en la Transición está profundamente corrompido y que no puede aguantar más. Y creemos también que ni el Gobierno ni la oposición tienen la credibilidad y la fuerza o el valor necesarios para regenerarlo, aunque quisieran, porque esto requeriría acabar con todos los resortes que permiten a las cúpulas de los partidos políticos el control casi total de la vida pública y de la sociedad española y que les convierten, en la afortunada expresión de César Molinas, en unas auténticas «élites extractivas». Es decir, regenerar el sistema de verdad y adoptar medidas efectivas de verdad contra la corrupción supondría abrir un enorme boquete en su línea de flotación y no lo harán salvo que cualquier otra alternativa sea realmente mucho peor.

 

Para demostrarlo, basta con analizar las medidas enunciadas por el presidente del Gobierno en su discurso del estado de la Nación. Lo primero que sorprende es que necesitemos tantas leyes. Porque si algo caracteriza a España es la hiperregulación. Todo está regulado, dada la querencia nacional por el papel del boletín oficial, y la confusión entre gobernar y hacer leyes. Porque los vacíos normativos o la alegalidad de la que tanto hablan los políticos cuando se trata de corrupción solo existen -salvo en el caso de normas imperativas de democracia interna para los partidos políticos- en su imaginación. Lo que hay no son espacios de alegalidad, lo que hay son espacios de impunidad, que es algo muy distinto. Espacios que cada vez son más grandes y que están provocados por la ausencia de mecanismos de control y sanción efectivos de las conductas relativas o/y favorecedoras de la corrupción al estar dichos mecanismos de control en manos directa o indirectamente de los propios controlados, que son, en último término los partidos políticos. Lo único que queda todavía (parcialmente al menos) fuera de su control son los tribunales de Justicia, pero son muy lentos y además los partidos han aprendido también cómo soslayar las sentencias condenatorias que no les interesan mediante la concesión de indultos escandalosos.

 

Lo segundo que también sorprende es que insistan en ligar la responsabilidad política a la jurídica, y en particular, a la responsabilidad jurídica penal. Señores políticos, puede y debe haber responsabilidad política aunque no haya responsabilidad penal. De nuevo, en las medidas propuestas se hace hincapié en los mecanismos procesales (reforzar las penas para los corruptos, lo que se ha hecho en varias ocasiones con el éxito que puede apreciarse) en la modificación de los procedimientos, judiciales, en la ampliación de los plazos de prescripción para que haya más tiempo para investigar y en su caso sancionar, etc. De paso empaquetan algunas medidas con el formato de Ley Orgánica, no sé si para darles más empaque o para que se tarde más en aprobarlas. En fin, son medidas que, sin estar mal, no servirán para mucho siempre que los mecanismos de control sigan desmontados. Conviene decir alto y claro que es imposible que sean los jueces penales los que tengan que luchar y acabar solos contra la plaga de la corrupción generalizada, incluso aunque se extienda un movimiento de manoslimpias similar al de Di Pietro en Italia.

 

El resto de las medidas tampoco parece muy impresionante, siempre partiendo de la idea de que los partidos no renuncian a la ocupación de las instituciones de control. Son las relativas a la financiación de los partidos (se ve que la modificación de hace menos de un año de la Ley Orgánica de financiación ya no sirve), al reforzamiento del Tribunal de Cuentas, ocupado sistemáticamente por la partitocracia, a la «estandarización» de las declaraciones de bienes e intereses, pasando por alguna casi surrealista, como la de obligar a los tesoreros de los partidos a explicar en el Parlamento como han gestionado sus recursos. Lástima que Bárcenas ya no sea el tesorero del PP, lo que se han perdido sus señorías.

 

Lo cierto es que las medidas de verdad necesarias que modificarían las conductas de los políticos al cambiar su régimen de incentivos ni están ni se las espera. Y no será porque no estén perfectamente identificadas y recogidas en manifiestos regeneracionistas, artículos de opinión y blogs. Son las referentes a la necesidad de regular la democracia interna de los partidos, de la recuperación de todas y cada una las instituciones de control empezando por el Tribunal de Cuentas y terminando por los interventores locales, de la despolitización de la Justicia, del desalojo por los partidos de las instituciones que han colonizado, de la modificación del sistema electoral, de la reducción del sector público, de la eliminación de los mecanismos clientelares, de la introducción de mecanismos para reforzar la participación ciudadana, etc.

 

Yo no sé ustedes, pero yo, parafraseando al genial Groucho Marx, entre creer al Gobierno o a mis propios ojos, prefiero creer a mis propios ojos.

Vetos en el Parlamento Regional de la Comunidad de Madrid

En un régimen democrático es esencial que en el parlamento se puedan discutir aquellos asuntos que los distintos diputados o grupos parlamentarios presenten, sin más límite que el respeto a las reglas parlamentarias. Pues bien, en la Asamblea de Madrid es práctica habitual en esta legislatura que la Mesa impida el debate sobre aquellos asuntos que al Grupo Popular le incomodan mínimamente, en la mayoría de las ocasiones bajo argumentos la mar de peregrinos. Justamente  han impedido la tramitación de dos iniciativas del Grupo de UPyD que pensamos que responden al interés de los ciudadanos.
 
La primera, una proposición no de ley en la que se planteaban medidas contra el nepotismo y el patronazgo en la administración autonómica. Y la han inadmitido porque dicen que con ella se da por hecho que existe nepotismo y su presidente ha recomendado al Grupo que tenga más cortesía parlamentaria. Debe de ser por eso de que las cosas de familia se han de tratar en casa, con educación y sin que se enteren los vecinos (en este caso los ciudadanos).
 
La segunda, una petición de comparecencia del “Consejero de Economía para que explique la evolución de las negociaciones entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y Las Vegas Sands, a efectos de convocar el concurso público para la puesta en marcha de Eurovegas bajo la figura legal de centro integrado de desarrollo”. Esta comparecencia la han denegado diciendo que podía indicar que el Gobierno Regional estaba prevaricando. Ellos sabrán porque dicen que esas negociaciones pueden ser constitutivas de prevaricación. Lo cierto es que existen, y que día sí y otro también sacan pecho de sus logros y del empleo que van a generar. Su deber sería explicarlas en el parlamento para saber cómo se van a concretar en el concurso que van a sacar a instancias de esa empresa.
 
Estas denegaciones no son un hecho aislado. Cualquier tema escabroso que toque mínimamente cómo han ocupado los partidos políticos y puesto a su servicio las instituciones han procurado vetarlo: ya fuera Caja Madrid y su sresponsabilidades por su ruinosa gestión; la corrupción; o los fallos del control externo de las cuentas de los ayuntamientos y la responsabilidad de alcaldes y concejales. En concreto, al Grupo de UPyD le han impedido tramitar más de cuarenta iniciativas sobre estos asuntos.
 
El Tribunal Constitucional tiene dicho que “las Mesas de las Cámaras (…) han de limitar sus facultades de calificación y admisión a trámite al exclusivo examen de los requisitos reglamentariamente establecidos. De lo contrario, (…) estarían obstaculizando la posibilidad de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria”(F. 3 STC 78/2006, de 13 de marzo). Es evidente que a la luz de estas sentencias la Mesa de la Asamblea de Madrid está limitando el debate político. En consecuencia, la calidad de la democracia en la Comunidad de Madrid deja mucho que desear.
 
Estas decisiones son una muestra más del miedo que tienen a responder de sus actos y a que se haga luz sobre sus prácticas. No será fácil que cambien, pero si no lo hacen no saldremos del marasmo institucional en el que estamos. Mucho ha de cambiar ese parlamento regional, si quiere tener legitimidad para justificar su existencia.