Escrache y democracia

En primer lugar, me gustaría dejar claro el propósito del siguiente artículo. Mi objetivo no es reflexionar sobre la ley hipotecaria, la dación en pago o la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), sino sobre los escraches promovidos por la propia PAH a raíz de dicha ILP. Mi intención es evaluar el escrache como medio empleado por un grupo determinado para alcanzar un fin, y mi objetivo último es responder a la siguiente pregunta: ¿pueden considerarse estos escraches aceptables desde una perspectiva democrática? En estas reflexiones, voy a huir de símiles y comparaciones con otros métodos utilizados en el presente o en el pasado, no porque no puedan aportar valor, sino porque temo que el eventual debate posterior acabe centrándose en dichas comparaciones. Así pues, me limitaré a razonamientos teóricos, sustentados por textos de la PAH o de sus portavoces.

 

Para empezar, podemos repasar el texto con el que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) llamó a la realización de escraches, y que se encuentra en este link. Hay frases muy significativas, como las siguientes: “Nos tememos que algunos partidos van a expresarnos su determinación de votar en contra”, “haremos visible su actividad legislativa en los barrios en los que viven mediante carteles y manifestaciones para que no puedan vivir de forma impune y sientan la incomodidad en sus actos cotidianos”, “Se acabó la impunidad para aquellos que permiten que se sigan vulnerando los derechos humanos en nuestro país”, “La ILP no se negocia”, “Votar en contra es declarar la guerra a las mayorías sociales de este país”.

 

Para continuar, tenemos el correo electrónico que se envió a varios diputados en lo que la PAH denominó “escrache virtual”. El texto completo está en este link. Me gustaría destacar las siguientes frases: “Entendemos que en estos cuatro años de vida hemos agotado todas las vías y mecanismos democráticos que ofrecía el sistema para cambiar una ley injusta y obscena”, “Ante el aumento de la presión popular el gobierno se ha visto forzado a mover ficha. Pero ni el decreto de buenas prácticas ni la moratoria de desahucios para casos de extrema vulnerabilidad han servido para atajar el problema”, “exigimos un posicionamiento claro. Sin rebajas ni concesiones de ningún tipo”, “En caso de no recibir respuesta afirmativa, entenderemos que su partido renuncia a escuchar la voluntad de una incontestable mayoría”, “no tendremos otra opción que señalar públicamente a los diputados de su grupo parlamentario como responsables directos del sufrimiento y el dolor de miles de familias de este país”.

 

A la vista de estas frases, podemos fácilmente extraer las siguientes conclusiones:

  1. La PAH se arroga la representación de “una incontestable mayoría”, de “las mayorías sociales de este país”
  2. La ley actual se considera ilícita: se le califica de “injusta”, “obscena”, y se dice incluso que vulnera los derechos humanos.
  3. La aceptación de la ILP se plantea como única alternativa aceptable: las iniciativas del gobierno se descartan por completo. Así mismo, se deja claro que la ILP debe ser aceptada por completo, “sin rebajas ni concesiones de ningún tipo”:  “La ILP no se negocia”
  4. Como consecuencia de lo anterior, el diputado que se oponga a la ILP en su totalidad o en parte, es considerado inmoral e injusto, un enemigo público que “declara la guerra a las mayorías sociales del país” y por lo tanto merece ser castigado: “que no puedan vivir de forma impune”, “se acabó la impunidad”.
  5. La PAH se considera acreditada para aplicar ese castigo a los diputados inmorales, es más, está moralmente obligada a ello: “no tendremos otra opción”.

 

Si aceptamos estas conclusiones como válidas, ¿podemos considerar el escrache un medio democrático para lograr la aprobación de la ILP?

 

De entrada, podríamos deducir que la propia PAH no lo considera así, ya que en su escrache virtual dice haber “agotado todas las vías y mecanismos democráticos”, lo que da pie a pensar que el siguiente paso, el escrache, no lo es. Pero este razonamiento es, tal vez, demasiado sutil.

 

Revisemos más bien las cinco conclusiones obtenidas de la lectura de los textos:

  1. ¿En qué se basa la PAH para considerarse representante de la mayoría? Como plataforma, la PAH tiene miembros (su número no es especifica en los textos ni en su página web, o al menos yo no lo he encontrado), y para la presentación de la ILP recabó 1.402.854 firmas. Sin embargo, hay que señalar que estos centenares de miles de ciudadanos dieron su apoyo a un documento concreto, no se adhirieron a la plataforma, de modo que la PAH no puede considerarse representante de esos ciudadanos más que para la presentación de la ILP, que es para lo que dichos ciudadanos dieron su firma y su permiso. Así pues, en lo referente a los escraches, la PAH solo representa a sus miembros, que difícilmente pueden considerarse “una mayoría social”
  2. Es obvio que a la PAH, como a los firmantes de la ILP, y sin duda a muchos otros ciudadanos, no les gusta la actual ley hipotecaria. Y por supuesto, tienen derecho a manifestarlo y a intentar cambiarla: para eso existe el procedimiento de ILP. Sin embargo, en su crítica la PAH eleva extraordinariamente el tono de los calificativos, llegando a acusarla de ir contra los derechos humanos. Como expresión de una opinión, es respetable. Sin embargo, parece incompatible con su afirmación de que se hayan “agotado todas las vías y mecanismos democráticos” para cambiarla: ¿podría una ley que va contra los derechos humanos, superar todos los mecanismos y controles democráticos nacionales e internacionales? O bien la PAH no ha recurrido realmente a todos los estamentos posibles, o bien no ha encontrado ninguno que respalde esa valoración. Tenemos que concluir pues, que estamos ante una consideración meramente subjetiva de la PAH, pero de gran transcendencia en la justificación del escrache.
  3. Según la PAH, nadie puede aportar nada ni corregir nada sobre la ILP, debe aceptarse en su totalidad y no admite ningún tipo de negociación. Debemos deducir por tanto que la ILP es perfecta, y cualquier retoque solo podría empeorarla. En los mecanismos normales de cualquier democracia, las leyes requieren un proceso de discusión y presentación de enmiendas previo a su aprobación, pero con su representatividad de 1.402.854 firmas, la PAH considera que este proceso es, no solo innecesario, sino inaceptable.
  4. Llegamos por fin al punto de justificación del escrache: la criminalización de todo aquel diputado que no apoye la ILP. Es una consecuencia lógica de las premisas anteriores: si la ley hipotecaria va contra los derechos humanos, y la única solución posible contra esta ley criminal es la total aceptación de la ILP, entonces todo aquel que se oponga a la ILP en su totalidad o en parte estaría obstaculizando la solución y, por lo tanto, apoyando la continuidad del crimen. Su derecho a votar “NO” se convierte en un mero obstáculo para la PAH, ya que el único voto lícito es el “SÍ”.
  5. Ya tenemos el delito y el culpable: ahora vamos al castigo. Con la misma representatividad discutida en el punto 1, la PAH se arroga el derecho a dictar sentencia y ejecutar el castigo. El objetivo es muy claro: “que no puedan vivir de forma impune”, y la PAH pretende lograr eso mediante el escrache. No aparece el menor indicio de cualquier garantía democrática en este punto: no hay derecho a la defensa ni tribunal independiente, el acusador es también juez y verdugo, y dicta sentencia sin escuchar siquiera al acusado.

 

Desde mi punto de vista, no hace falta siquiera entrar en el grado de violencia a la hora de aplicar el escrache para evaluar su carácter democrático, el proceso descrito y su identificación como medio punitivo lo dejan en evidencia: no otorga ninguna autoridad al procedimiento de tramitación establecido; al considerar que solo un sentido del voto es lícito, desacredita automáticamente la votación, y resulta claro que, si pudiera evitarla, la evitaría; no acepta la menor corrección a la ILP, por lo que el proceso de negociación carece de sentido; y finalmente, la oposición a la ley es tratada como un crimen que merece un castigo. Es decir, la ILP debe aplicarse porque lo dice la PAH, respaldada por sus 1.402.854 firmas. Y punto. Resulta evidente que, si la PAH no impone la reforma legal por la fuerza, es sencillamente porque no cuenta con la fuerza necesaria para poder imponerla.

 

Mi conclusión: no solo el escrache, sino todo el enfoque que la PAH da a su defensa de la ILP, no solo no es democrática, sino que es claramente totalitaria.

La sentencia Aziz del Tribunal de Justicia de la UE y sus efectos en el tiempo

Pocas veces una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE ha tenido tanto impacto mediático, social, jurídico y económico. Nadie va a discutir sobre la importancia objetiva de la sentencia ni parece que éste sea el tema de debate. Sin embargo, se percibe bastante inseguridad respecto de un tema clave para muchos afectados por el drama de los deshaucios: la eficacia de la sentencia en el tiempo y, concretamente, sus efectos hacia el pasado.
 
En este mismo blog, Fernando Gomá se preguntaba acertadamente por esta cuestión y hacía un análisis muy razonable de los posibles efectos retroactivos de la sentencia. Aprovecho sus comentarios para aportar algunos datos que pueden ser de interés de cara al debate.
 
Sobre este punto conviene analizar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (en adelante “TJUE”), porque ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión en varias ocasiones y desde hace bastante tiempo.
 
En la sentencia Waterkeyn, de 14 de diciembre de 1982, el TJUE se refirió precisamente a los efectos en el tiempo de la interpretación del Derecho de la Unión realizada en sus sentencias. Su respuesta no pudo ser más clara:
 
“en caso de que el Tribunal de Justicia declare […] la incompatibilidad de la legislación de un Estado miembro con las obligaciones que se desprenden del Tratado, los órganos jurisdiccionales de dicho Estado están obligados […] a deducir las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia, bien entendido sin embargo que los derechos que corresponden a los particulares no derivan de esta sentencia sino de las disposiciones mismas del Derecho comunitario que tienen efecto directo en el ordenamiento jurídico interno” (cursiva añadida).
 
Por tanto, las sentencias de interpretación del Derecho de la Unión dictadas por el TJUE surten sus efectos interpretativos desde el momento en que se adopta la norma y no desde el momento de dictarse sentencia. Esto se refuerza aún más si se tiene en cuenta que el TJUE puede suspender los efectos de sus sentencias en el tiempo en virtud del artículo 264 TFUE, una facultad en principio prevista para los recursos de anulación, pero que la jurisprudencia ha extendido igualmente al procedimiento prejudicial. En el caso Aziz el TJUE no hizo uso de esta facultad, de modo que los efectos de la sentencia se retrotraen a la fecha de vencimiento del plazo de transposición de la Directiva 93/13 (31 de diciembre de 1994).
 
Sin embargo, la jurisprudencia del TJUE ha reconocido que el principio de seguridad jurídica, admitido como tal en el Derecho de la Unión, faculta a los Estados miembros para que garanticen la estabilidad de relaciones jurídicas consolidadas en el tiempo o de resoluciones judiciales y administrativas firmes (entre otras muchas, véanse las sentencias Kühne & Heitz, i-21 y Kapferer). La jurisprudencia en materia fiscal o aduanera así lo confirma, pero con un importantísimo caveat: tales limitaciones deben ser conformes con dos principios clásicos del Derecho de la Unión, los principios de efectividad y equivalencia.
 
Por resumir: la interpretación dada por el TJUE en el asunto Aziz se retrotrae al momento en el que venció el plazo de transposición de la Directiva 93/13 (31 de diciembre de 1994), pero el Derecho español puede introducir limitaciones al ejercicio de los derechos de aquellas personas que pudieron ampararse, con anterioridad a la sentencia, en la interpretación ahí dada. Sin embargo, como el TJUE analizará dichas limitaciones con lupa a la luz de los principios de efectividad y equivalencia, los deudores que se encuentren en una situación aún no consolidada podrán solicitar la inaplicación de cualesquiera normas españolas que dificulten el ejercicio de los derechos que le confiere la Directiva 93/13.
 
Por tanto, en estos momentos se abre una enorme incertidumbre jurídica que sólo podrá remediar el TJUE caso por caso, y a medida que los tribunales españoles le planteen nuevas cuestiones prejudiciales a instancias de quienes están en una situación “transitoria”.
 
Con esto llego a la conclusión de este post: es imprescindible que el legislador intervenga inmediatamente, pero no sólo para remediar prospectivamente un problema de nuestra legislación que el TJUE ha confirmado, sino también para dar una respuesta clara a quienes se encuentran en una situación transitoria. La jurisprudencia del TJUE demuestra que cuando un legislador nacional no ha dado respuesta a quienes se hallan atrapados en el tiempo, la litigiosidad ha aumentado, la inseguridad jurídica también, y todo ello con un enorme coste para los afectados y, en muchos casos, para el contribuyente también. No hay que olvidar que, a la postre, el Derecho de la Unión garantiza una acción de responsabilidad patrimonial del Estado por infracción de dicho ordenamiento. Por tanto, conviene que el legislador dé una respuesta rápida y ponderada a quienes ahora se ven en la incertidumbre, no vaya a ser que, al final, el descuido nos salga muy caro a todos.
 
Y una última observación: el principio de efectividad es anterior a la entrada en vigor del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde se recoge el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En estos momentos el TJUE parece muy contrariado por la convivencia de estas dos normas, y cada vez es más frecuente que asuntos tradicionalmente resueltos con el principio de efectividad ahora se resuelvan con arreglo al artículo 47 de la Carta (véase, por ejemplo, la sentencia DEB, donde el TJUE reformuló una cuestión prejudicial sobre efectividad en una cuestión sobre tutela judicial efectiva). Con esto quiero decir que la sentencia Aziz, que aplica expresamente el principio de efectividad pero subyace en ella la retórica de la tutela judicial efectiva, no ha abierto solamente una brecha en el Derecho de consumidores. La sentencia es un paso importante en la garantía de los derechos fundamentales, y confirma así que el Derecho de la UE no sólo es un sistema jurídico volcado en cuestiones de Derecho económico: es también un ordenamiento de garantía de derechos y libertades con un enorme potencial.
 
Que tome nota nuestro Tribunal Constitucional, y más aún después de la sentencia Akerberg Fransson, dictada hace pocas semanas, donde el TJUE ha extendido el ámbito de aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a prácticamente todos los ámbitos de influencia del Derecho de la Unión.
 
Pero esto es ya otro tema.