La imputación de la Infanta: un escándalo, no dos

La noticia de la imputación de la Infanta doña Cristina ha traído como consecuencia un aluvión de comentarios y reflexiones sobre la delicada situación por la que están atravesando las instituciones del país en general, y la Corona en particular. En realidad, si uno lo piensa bien, se trata de un extraño despertar, como si ese auto de imputación conllevase una taumaturgía especial, capaz de realizar por sí solo el prodigio de alterar la naturaleza de las cosas.
 
No, el escándalo, como tantos a los que asistimos hoy en España, no está en el auto de imputación, sino que viene de mucho más atrás. Si acaso hubiera estado en su ausencia. En realidad, mientras éste se hacía esperar de manera un tanto anormal, un segundo escándalo comenzaba a tomar forma, bajo la sospecha de que la Administraciónde Justicia no estaba actuando de manera imparcial, sospecha gravísima que apuntaba a la línea de flotación del Estado de Derecho. Ya tuvimos ocasión de manifestarlo en un post de hace unas semanas, en el que nuestra coeditora Elisa de la Nuez afirmaba:
 
“Pero la pregunta es si al final no será peor el remedio que la enfermedad, dado que si ella es la única persona a la que no se llama a declarar como imputada cuando ya lo han hecho todos los demás miembros de la Junta Directiva del Instituto Noos, cunda la opinión (o más bien la certeza) de que esto se debe a la exclusiva razón de ser la hija del Rey. Lo que no parece muy conveniente en un momento en que todas las instituciones están bajo sospecha, y en que la mayoría de los españoles piensan que la Ley no es igual para todos”.
 
Por ese motivo la imputación es una buena noticia, en cuanto cercena, por ahora, la posibilidad de un segundo escándalo. Pensamos que ha quedado claro tras el magnífico post de María Jesús Moya publicado ayer, cuya lectura íntegra recomendamos, aunque en realidad bastaría con leer un párrafo y la frase final:
 
“Por estos motivos, si el resultado de una declaración judicial puede arrojar datos incriminatorios contra el declarante, éste debe ser llamado al proceso como imputado y nunca como testigo, como se razona en el fundamento jurídico segundo del auto  de imputación de Doña Cristina de Borbón.”
 
“En todo caso hay un funcionamiento normal de la Administración de Justicia.”
 
En un país en el que es tan raro ver a una institución funcionando normalmente, ésta es sin duda una buena noticia. Por eso es deseable que también el Ministerio Fiscal se comporte de una manera normal, porque si no lo hace no evitará el primer escándalo, que es absolutamente imparable, y lo único que hará es ayudar a crear otro.
 
El primer escándalo no se puede eliminar, por mucho que algunos implicados no se den cuenta todavía. Sólo se puede solucionar.
 
No se puede eliminar porque no está en la imputación, ni estará en el procesamiento, ni siquiera en la condena. En realidad, no está en el mundo del Derecho: está en la política y en la moral. Por eso, empeñarse en contratar a Miguel Roca (quintaesencia del establishment y de la forma en que se ha hecho y se hace política y negocios en España)  para resolver la papeleta jurídica (aquí) es permanecer completamente ciego a esta realidad.
 
Considerar que éste es un problema jurídico que puede resolverse obteniendo un sobreseimiento o una absolución como sea (con competencia técnica dentro de los tribunales y con mano izquierda fuera de ellos) es como considerar que Rajoy tiene con Bárcenas un mero problema técnico-jurídico vinculado a si se demuestra si recibió o no sobres. Seguramente es ahí donde los interesados quieren residenciar el asunto, pero por mucho que la sociedad española esté adormecida, es una aspiración no sólo condenada al fracaso, sino a provocar, mientras se persista en ella, un peligrosísimo malestar con nuestra democracia.
 
No, este tipo de problemas no se pueden eliminar. Pero se pueden solucionar de la forma en la que se solucionan de verdad los problemas en una democracia: asumiendo responsabilidades. Y sólo pueden hacerlo los que dejaron hacer y miraron para otro lado mientras bajo su supuesto control crecía una trama que no se forjó en un segundo, sino a lo largo de muchos años. Años en los que el nombre, la autoridad y el prestigio de la institución se utilizaron como moneda de cambio, como llave milagrosa capaz de abrir puertas y engrasar intereses. Por el bien de las instituciones, ya es hora de que la llave cambie de manos.
 

La imputación de la Infanta: un escándalo, no dos

La noticia de la imputación de la Infanta doña Cristina ha traído como consecuencia un aluvión de comentarios y reflexiones sobre la delicada situación por la que están atravesando las instituciones del país en general, y la Corona en particular. En realidad, si uno lo piensa bien, se trata de un extraño despertar, como si ese auto de imputación conllevase una taumaturgía especial, capaz de realizar por sí solo el prodigio de alterar la naturaleza de las cosas.

 

No, el escándalo, como tantos a los que asistimos hoy en España, no está en el auto de imputación, sino que viene de mucho más atrás. Si acaso hubiera estado en su ausencia. En realidad, mientras éste se hacía esperar de manera un tanto anormal, un segundo escándalo comenzaba a tomar forma, bajo la sospecha de que la Administraciónde Justicia no estaba actuando de manera imparcial, sospecha gravísima que apuntaba a la línea de flotación del Estado de Derecho. Ya tuvimos ocasión de manifestarlo en un post de hace unas semanas, en el que nuestra coeditora Elisa de la Nuez afirmaba:

 

“Pero la pregunta es si al final no será peor el remedio que la enfermedad, dado que si ella es la única persona a la que no se llama a declarar como imputada cuando ya lo han hecho todos los demás miembros de la Junta Directiva del Instituto Noos, cunda la opinión (o más bien la certeza) de que esto se debe a la exclusiva razón de ser la hija del Rey. Lo que no parece muy conveniente en un momento en que todas las instituciones están bajo sospecha, y en que la mayoría de los españoles piensan que la Ley no es igual para todos”.

 

Por ese motivo la imputación es una buena noticia, en cuanto cercena, por ahora, la posibilidad de un segundo escándalo. Pensamos que ha quedado claro tras el magnífico post de María Jesús Moya publicado ayer, cuya lectura íntegra recomendamos, aunque en realidad bastaría con leer un párrafo y la frase final:

 

“Por estos motivos, si el resultado de una declaración judicial puede arrojar datos incriminatorios contra el declarante, éste debe ser llamado al proceso como imputado y nunca como testigo, como se razona en el fundamento jurídico segundo del auto  de imputación de Doña Cristina de Borbón.”

 

“En todo caso hay un funcionamiento normal de la Administración de Justicia.”

 

En un país en el que es tan raro ver a una institución funcionando normalmente, ésta es sin duda una buena noticia. Por eso es deseable que también el Ministerio Fiscal se comporte de una manera normal, porque si no lo hace no evitará el primer escándalo, que es absolutamente imparable, y lo único que hará es ayudar a crear otro.

 

El primer escándalo no se puede eliminar, por mucho que algunos implicados no se den cuenta todavía. Sólo se puede solucionar.

 

No se puede eliminar porque no está en la imputación, ni estará en el procesamiento, ni siquiera en la condena. En realidad, no está en el mundo del Derecho: está en la política y en la moral. Por eso, empeñarse en contratar a Miguel Roca (quintaesencia del establishment y de la forma en que se ha hecho y se hace política y negocios en España)  para resolver la papeleta jurídica (aquí) es permanecer completamente ciego a esta realidad.

 

Considerar que éste es un problema jurídico que puede resolverse obteniendo un sobreseimiento o una absolución como sea (con competencia técnica dentro de los tribunales y con mano izquierda fuera de ellos) es como considerar que Rajoy tiene con Bárcenas un mero problema técnico-jurídico vinculado a si se demuestra si recibió o no sobres. Seguramente es ahí donde los interesados quieren residenciar el asunto, pero por mucho que la sociedad española esté adormecida, es una aspiración no sólo condenada al fracaso, sino a provocar, mientras se persista en ella, un peligrosísimo malestar con nuestra democracia.

 

No, este tipo de problemas no se pueden eliminar. Pero se pueden solucionar de la forma en la que se solucionan de verdad los problemas en una democracia: asumiendo responsabilidades. Y sólo pueden hacerlo los que dejaron hacer y miraron para otro lado mientras bajo su supuesto control crecía una trama que no se forjó en un segundo, sino a lo largo de muchos años. Años en los que el nombre, la autoridad y el prestigio de la institución se utilizaron como moneda de cambio, como llave milagrosa capaz de abrir puertas y engrasar intereses. Por el bien de las instituciones, ya es hora de que la llave cambie de manos.