Lucha contra el fraude versus “economías de opción”

En el argot económico-tributario se entiende por “economías de opción” la elección por parte de un contribuyente, bien sea una persona física o bien una persona jurídica, del íter menos gravoso tributariamente para realizar aquellas de sus operaciones que tengan trascendencia económica. Se trata de que, cualquier persona o entidad, convenientemente asesorada, y dentro de la más absoluta legalidad, pueda elegir la vía o el camino menos caro para la tributación de su patrimonio empresarial o personal o de sus transacciones económicas, ya sean nacionales o internacionales. Debe quedar claro que el buen comerciante o profesional, dentro de su general planteamiento empresarial de la búsqueda del mayor beneficio para su negocio, actividad o empresa, está obligado por definición a ahorrar en lo posible costes tributarios, de la misma forma que trata de ahorrar costes en sus compras, transportes, suministros, personal y demás elementos necesarios para el adecuado funcionamiento de su actividad económica, sin que nadie le señale con el dedo por ello, y sin que por ese motivo se le pueda acusar hipócritamente de “defraudador”.

 

Hago esta introducción empleando conceptos empresariales algo básicos, que seguramente no sería necesaria en otro momento económico diferente al actual, porque en estos tiempos de crisis y de bancarrota de las cuentas públicas –y dejando aparte de este post a los delincuentes tributarios, que quede claro- se está alimentando interesadamente por la Administración, y no sólo la española, la idea de que es algo “censurable” o “inmoral”, o incluso sancionable bajo una pretendida lucha abstracta contra el “fraude”, que determinados profesionales o empresarios, bien asesorados, elijan una opción económica más barata que otra desde el punto de vista tributario, aun dentro de la más estricta legalidad, para la tenencia de sus bienes o la realización de sus transacciones con trascendencia económica. Parece que tratan de alentar a “pagar lo más posible”. Y esta es otra demostración del desbarajuste y la descomposición de los Estados de Derecho occidentales en los últimos tiempos, en los que parece que los conceptos normales y lógicos en una economía libre de mercado están absolutamente invertidos. Quede claro que aquí no estoy tratando de consideraciones éticas, morales o patrióticas, que además suelen exigirse de los demás y no cumplirse luego por quien las exige, sino de decisiones puramente económicas o empresariales, fácilmente comprensibles por los empresarios y profesionales de todo el mundo, y de índole eminentemente práctica. Aunque en estos temas, como en muchos otros, lo que se está poniendo de manifiesto habitualmente, y de forma escandalosa, es una gran hipocresía oficial o pública, ya que todo el mundo trata de pagar los menos impuestos posibles y luego gusta de señalar con el dedo a cualquiera que aparezca por ello en algún medio de comunicación.

 

El tema que estamos comentando se ha puesto de manifiesto recientemente con variados ejemplos: uno de ellos es la decisión del Gobierno francés del Sr. Hollande de gravar con un tipo marginal de un 75% en el Impuesto sobre la Renta las rentas más altas obtenidas por los ciudadanos franceses, decisión que ha producido la “sonada” salida del país de renombrados personajes como el famoso actor Gerard Depardieu o el empresario Bernard Arnault, dueño del imperio LVMH, propietario de numerosas marcas de lujo conocidas en todo el mundo (Louis Vuitton, Givenchy, Moët Chandon, Loewe,…), quienes han manifestado su intención de adquirir la nacionalidad rusa y belga, respectivamente. Se diga lo que se diga por algunos falsos “patriotas” que se rasgan las vestiduras en público y luego siempre tratan de pagar lo menos posible en sus asuntos privados, un tipo de gravamen del 75% es una auténtica barbaridad, y escenificar públicamente un rechazo frente a ello nada tiene que ver con alentar el fraude tributario. Y resulta desde todo punto de vista lógico, en mi modesta opinión, que personas que trabajan y obtienen ingresos por su actividad en muchas partes del mundo elijan, dentro del abanico de posibilidades lícitas que las leyes internacionales les ofrecen, la tributación que mejor convenga a sus intereses. Y reitero que en este post no me estoy refiriendo a consideraciones éticas, morales o falsamente “patrioticas”, sino a decisiones puramente económicas que cualquier empresario o profesional entiende muy bien.

 

Otro caso conocido es el de los deportistas profesionales, que gozan de un régimen tributario especial bajo la consideración de que sus altas rentas son irregulares, es decir, que las obtienen concentradas en muy pocos años de actividad profesional, por lo que no sería absolutamente justo ni equitativo que tributasen como rentas normales en esos pocos años. Lo cierto es que, consideraciones morales aparte, de no tener un régimen especial, la mayoría de ellos ya habría buscado el camino de tributar en otros lugares, dadas las enormes posibilidades que se les abren, especialmente a los más conocidos, con sus contratos publicitarios internacionales. Vuelvo a repetir que no estoy expresando opiniones éticas, sino de orden eminentemente práctico, que es al final lo que impera en todas estas materias.

 

Es un hecho notorio, especialmente en las zonas costeras, que numerosos ciudadanos extranjeros, propietarios de inmuebles en España y residentes fiscales en nuestro país, están trasladando su residencia tributaria a países donde tienen otras propiedades dado el feroz aumento de la presión fiscal española (tremendas subidas en IVA, IRPF, IBI, Patrimonio,…), en ejercicio de su legítimo derecho a residir donde tengan una mayor seguridad jurídica y donde mejor sean tratados tributariamente. Otra razón que les ha impulsado a ello es el nuevo modelo 720, recientemente impuesto por la Hacienda española, que obliga a cualquier residente en territorio español, aun de nacionalidad extranjera, a informar sobre sus bienes sitos en el extranjero que superen los 50.000 euros, amenazando con brutales sanciones cualquier error u omisión. Algunos despachos de asesores tributarios españoles han denunciado la obligación impuesta por este impreso ante la Unión Europea por estimar que vulnera el derecho comunitario y la libre circulación de personas y bienes, considerando que existen otros medios más apropiados para que Europa pueda controlar los datos fiscales de cualquier ciudadano, como por ejemplo la implantación de un Número de Identificación Fiscal europeo.

 

En España tenemos algún otro ejemplo legislativo reciente de la voraz e insaciable tendencia de las Administraciones públicas que estoy poniendo de manifiesto en este post, como es la reciente reforma del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores (la sexta o séptima que se produce de este texto legal) por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, que ha sido ya brillantemente comentada en el blog por Lidia Bazán. En definitiva, se trata de restringir por la vía de la interpretación antielusiva, bajo la presunta y loable persecución del “fraude tributario” que figura en el frontispicio de la Ley, prácticamente todas las exenciones lícitas que los contribuyentes españoles tenían para transmitir acciones o participaciones de sociedades mercantiles cuyo activo principal estuviera constituido por bienes inmuebles. Que unos ciudadanos, correctamente asesorados, traten de hacer uso de determinadas exenciones tributarias previstas por la legislación no tiene por qué escandalizar a la Administración, ni hacer que ésta utilice toda su artillería para dejar las exenciones reducidas a su mínima expresión. Con todos los respetos, señores, consagrar la mayor de las arbitrariedades y dejar que la Administración restrinja a su libre albedrío y con la mayor inseguridad jurídica las exenciones tributarias no es “luchar contra el fraude”. Ni tampoco es luchar contra el fraude presuponer que todos los ciudadanos son evasores fiscales, como hace buena parte de la reciente normativa española, tal como han puesto de manifiesto importantes asesores tributarios, considerando que todo ello contraría de forma clara el derecho comunitario. Esa forma de legislar es, pura y simplemente, y para paliar el derroche administrativo de los últimos años, atracar –una vez más- a los ciudadanos. Resulta chocante que unas Administraciones tan derrochadoras pidan a los empresarios y profesionales una “solidaridad” tributaria que, dadas las circunstancias, y aunque muchos prediquen, nadie siente.

Play it again, Sáenz (as time goes by)

El caso Sáenz ha sido un auténtico regalo para la sociedad española y, en consecuencia, para este blog, y de ahí nuestro profundo agradecimiento. No ha habido otro acontecimiento al que le hayamos dedicado tantos post (con éste van seis). En “Todo por la pasta” comentamos la sentencia que le condenó; en “El indultado” y en “Honorable por Decreto”,  el Decreto que le indultó; en “Comentario a la última sentencia del TS en el caso Sáenz”, la sentencia que anuló parcialmente el indulto, y en “Comentario al proyecto de normativa sobre honorabilidad…”, las intenciones del Gobierno de suprimir el requisito de falta de antecedentes penales por delitos dolosos para ejercer la actividad bancaria, consumadas el pasado viernes al aprobarse el RD 256/2013.
 
Y si el caso es un regalo, es porque revela a la perfección –por lo menos para el que tenga el atrevimiento de mirar- la valoración que nuestros dirigentes políticos y económicos tienen del Estado de Derecho. Gracias al caso Sáenz contemplamos con total transparencia, cómodamente sentados en nuestra butaca, cómo se instrumentalizan los resortes del Estado para conseguir que la ley no sea igual para todos. No podemos acusar a nadie de engañarnos. Esto es lo que hay, y, as time goes by, con nuestra completa aquiescencia.
 
Ya nos enseñó Bodenhaimer hace muchos años (poco después de salir pitando de la Alemania nazi) que si el Derecho es algo, es fundamentalmente un freno al poder, político y económico. El Derecho impide que el poderoso estruje al débil. Impide, por ejemplo, que un banquero pueda dirigirse contra una persona reclamándole un dinero cuando no tiene derecho a ello, amenazándole con encerrarle en una mazmorra de su castillo si no le paga. El Derecho prohíbe que se compren jueces para forzar torticeramente a la Justicia a decir lo que no es justo, y no sólo para decirlo, sino además para meter en prisión a sus enemigos. Y como lo prohíbe, castiga esos comportamientos.
 
Pues bien, cuando eso ocurre se supone que el poder ejecutivo en una democracia debe colaborar con el Derecho y no convertirse en cómplice y valedor del poderoso. El hecho de que en algunas partes lo haga es tan asombroso y chocante que basta sólo con ello para caracterizar un régimen político, tal como demostró de manera genial Chaplin con una simple escena al comienzo del Gran Dictador (y como nos recordaba hace poco Elisa).
 
Alfredo Sáenz fue condenado por un delito de acusación falsa (con la concurrencia de un atenuante por dilación indebida en el procedimiento, que supuso rebajarle la pena en un grado). Si el procedimiento se alargó tanto (lo que le valió al Sr. Sáenz la atenuante) es porque la investigación del delito de cohecho llevó mucho tiempo y al final no pudo probarse. Es decir, el ex juez Estevill prevaricó al ordenar el ingreso en prisión de las víctimas, pero no se pudo demostrar que recibiese dinero a cambio (ya sabemos ahora que esto de Suiza y de los paraísos fiscales es un lío, especialmente si uno de los implicados es un banco). El juez debió prevaricar por amor al arte, seguramente.
 
Pues bien, el Gobierno de Zapatero indulta al Sr. Sáenz. Y le indulta porque  el Sr. Botín, al conocer la sentencia, no le había cesado -como habría ocurrido en cualquier país civilizado- sino confirmado en su puesto de Consejero-Delegado del Santander, quizá porque ese es el espíritu combativo que en defensa de los intereses del banco –por encima de cualquier otro- quiere que reine en el Grupo. Al Gobierno de España, en conclusión, esta conducta también le parece digna de un banquero (básicamente porque se lo parece al Sr. Botín) e intenta remover los obstáculos legales que impiden que pueda seguir ejercitando legalmente su actividad bancaria.
 
Pero como adulterar un sistema democrático ya instalado exige al menos un poco de competencia técnica, el TS anula parcialmente ese indulto aclarando que las normas en España en pleno siglo XXI no pueden ser singulares, es decir, que no se puede mantener el requisito de honorabilidad para todos menos para el Sr. Sáenz. Una pena, porque la sentencia fuerza al Sr. Rajoy a mojarse, él que pensaba que Zapatero le había resuelto el problema definitivamente.
 
La solución, por tanto, es evidente: si una norma singular no vale, será necesario una general. Pero como la reticencia a retratarse está ahí, en el genoma, procede diseñar un instrumento que permita echar la culpa del apaño por una parte a la Unión Europea y por otra al Banco de España. De ahí el RD 256/2013. La norma es una imposición de la UE, se dice. Aunque realmente no es así, porque se podía haber mantenido perfectamente el requisito exigido por la legislación anterior. La UE se limita a atribuir libertad a los países, y especialmente a los reguladores, para valorar estas conductas (ya lo comentamos en el post anterior), por lo que la exclusión de este requisito de exclusión automática realizada por este RD es una decisión política, muy sospechosa dado el momento en que se produce. Con esta norma el Gobierno permite al Banco de España escaparse de su obligación de cesar al banquero, pero ojo, al mismo tiempo le atribuye, por eso mismo, una enorme responsabilidad.
 
Luego, en el fondo, lo único que ha cambiado con este Real Decreto es que ahora el Banco de España, en vez de tener que cesar al Sr. Sáenz necesariamente, debe hacerlo, sin duda, pero podría no hacerlo. Nada más (y nada menos). El asunto cae ahora, íntegramente, bajo su responsabilidad.
 
Interesante palabra esta de la responsabilidad. Todo el mundo habla mucho de ella, pero parece que pocos saben lo que significa. No hablo para nada de la responsabilidad con España del Sr. Botín y del Sr. Sáenz al forzar la situación hasta este punto, porque para qué. Ciñámonos a la de las instituciones. ¿Qué pensarán ahora en el Banco de España?: ¿Cumplimos con nuestro deber y cesamos al banquero? Porque que ese es su deber parece evidente. Sería inconcebible que una conducta como la descrita pudiera no ser considerada como excluyente de la honorabilidad para ejercer la profesión. Si esto no lo es, excluyamos también todo lo demás. Verdaderamente, no se me ocurre algo peor que pueda hacer un banquero. Si no es excluyente, deroguemos la norma directamente, por favor, y permitamos a los banqueros dirigir sus asuntos desde la cárcel, tal como hacen los jefes mafiosos. No sería peor que la imagen de un Banco de España afirmando que  acusar falsamente a los clientes de la entidad y utilizar los servicios de un juez prevaricador para meterlos en la cárcel no es incompatible con la honorabilidad que debe exigirse a un banquero.
 
¡Pero ay, si la responsabilidad fuera sólo deber! También están las consecuencias… pensarán. También está la reacción del Sr. Botín, el banquero más importante de España. ¿Podemos en estos momentos enajenarnos su colaboración, cuando tanto nos jugamos? ¿No podríamos quizá aprovechar este caso para sacarle alguna contrapartida que de otro modo sería imposible? ¿No le hemos metido en el SAREB? ¿Acaso no consiste en esto la verdadera responsabilidad?
 
Pues bien, cuando en una sociedad democrática esta pregunta se plantea seriamente, entonces su Estado de Derecho tiene los días contados. Cuando para los poderosos las normas son negociables, y se pueden comprar y vender con dinero, y se sabe además que eso es así, desaparece la legitimidad para todo, para condenar los escraches en la puerta de casa y para condenar cosas más graves. Yo no sé, sinceramente, si nos podemos permitir eso en España a estas alturas. No sé si el Banco de España es consciente de que esa ética de la responsabilidad que le perturba (frente a la de la convicción que impone el deber) no sólo tiene como único polo al Sr. Botín, sino a una sociedad hipersensibilizada con el tema bancario al que sólo le falta esto. Y al que lo dude le recomiendo que eche un vistazo a este video.
 
Por eso me resulta completamente asombroso que la prensa asegure que con este RD se aclara definitivamente el panorama para el Sr. Sáenz. Me resulta increíble que se pueda decir que los factores que incluye el nuevo RD (por favor, lean el art. 2.2.b) “ayudan a la exculpación de Sáenz” y juegan a su favor, entre ellas la existencia “de una circunstancia atenuante”. De acuerdo, puede ser cierto, pero sólo en el caso de que el Banco de España desconozca completamente en qué consiste su responsabilidad.  Me atrevo a decir que la futura decisión de esta entidad sobre el caso Sáenz puede ser una de las decisiones más relevantes de la historia reciente de España y, dependiendo de su contenido, marcar su futuro, en un sentido, o en otro.