En los últimos años previos a la actual crisis que atraviesa el país, ha proliferado en España en todos los niveles (central, autonómico y local) lo que se conoce como la administración institucional o paralela: organismos, empresas, fundaciones, consorcios, universidades y entes públicos con regímenes jurídicos diversos y actividades múltiples que van desde la prestación servicios hasta la producción de bienes y servicios en el mercado en concurrencia con el sector privado.
 
Estos entes se han multiplicado especialmente en el ámbito autonómico por dos propiedades: generan empleo y son un instrumento para aumentar los niveles de endeudamiento autonómicos. También ha contribuido a su crecimiento la huida del derecho administrativo que suponen estos entes, con el consiguiente descontrol y falta de transparencia.
 
Desde el año 2010, las CCAA han puesto en marcha diferentes procesos de reordenación para racionalizar sus administraciones institucionales. Estos procesos, si se llevasen a cabo de forma correcta tendrían un doble impacto: económico por un lado (ahorro de gasto público) y por otro, aseguraría que aquellas competencias que ineludiblemente debe ejercer la Comunidad Autónoma continúen siendo ejercidas por órganos de su Administración General (lo que supondría un mayor sometimiento a ley y al control público y ayudaría a una reducción del déficit y de la deuda acumulada).
 
No es la primera vez que analizamos en este Blog el (escaso) avance de estos procesos, la última vez lo hicimos a raíz del informe publicado por Ministerio de Hacienda y AAPP con la situación a 1 de abril de 2012 . Solo recordar que en aquella ocasión constatábamos una (cruda) realidad: el cambio de legislatura y de gobierno central no había introducido savia nueva al proceso de reordenación de entes públicos autonómicos.
 
Meses después no hemos podido evitar leer detenidamente el último informe que el Ministerio de Hacienda ha publicado hasta la fecha, que corresponde con la situación a 1 de octubre de 2012, con la esperanza de encontrar alguna mejoría. Adelanto que no se han producido cambios sustanciales y es que la racionalización o reordenación del sector público autonómico empieza a convertirse en un día de la marmota.
 
Combinando todos los procesos de reordenación en sentido estricto y el resto de medidas adoptadas fuera de ellos, desde el 1 de julio de 2010, las Comunidades Autónomas (todas menos el País Vasco que no entró en estos acuerdos) han previsto la baja de 765 entidades y el alta de 79, por lo que el efecto neto sería de una reducción de 686 entes. No vamos a detenernos en juzgar (por no alargar demasiado el post, porque ganas no faltan) si es una cifra adecuada o si resulta insuficiente, en un mundo ideal pensaríamos que la cifra ha sido fruto de diferentes análisis rigurosos de la situación partida que habrán realizado los gestores autonómicos. Lo que sí volvemos a demandar (una vez más) es que se cumpla lo acordado y es que a fecha 1 de octubre de 2012, se han materializado 291 de las bajas previstas y 62 altas, por lo que el efecto neto es de una reducción de 229 entes, que supone un 33,4% de la reducción total prevista (686).
 
Como la cifra es un poco desoladora, los propios técnicos del Ministerio de Hacienda que elaboran el informe intentar aportar algún dato esperanzador ya que con posterioridad al 1 de octubre apuntan a que 91 entes han causado baja efectiva, por lo que estamos en un grado de avance del 46,65% (320 entes de 686). El que no se consuela es porque no quiere. Para rizar el rizo, el Ministerio añade que hay 59 entes que se encuentran en proceso de disolución o liquidación y 98 entidades que se encuentran en situación de cese de sus actividades. Ojo porque ya hemos visto en otras ocasiones que hay entes públicos que se convierten en “zombies” porque permanecen en el “limbo” un tiempo indeterminado y no acaban de desaparecer (se quedan en proceso de liquidación durante años…). Pero bueno si los 157 “zombies” finalmente “mueren”, llegaríamos a un avance del proceso del 69,5%… Parece que es lo máximo a lo que podemos aspirar: estos datos nos recuerdan que racionalizar el entramado de fundaciones, consorcios, empresas públicas no es una prioridad política en España, ni para los gobiernos autonómicos ni para el central.
 
Por otro lado, el Ministerio ha empezado a incluir el impacto económico de los procesos de racionalización puestos en marcha (en términos de ingresos previstos por la reordenación, reducción de personal y ahorro conseguido), lo cual es de agradecer. En realidad el Ministerio lo está intentando incluir en sus informes, porque hay CCAA que directamente no han proporcionado información sobre dicho impacto económico (Cataluña y Extremadura por ejemplo) o lo han hecho de forma muy parcial (Galicia, Asturias y Aragón principalmente). Cuando no quieren dar cifras del impacto económico será por algo (o directamente no las tienen o no son las esperadas y mejor no enseñarlas).
 
Dentro de dos meses aproximadamente el Ministerio de Hacienda publicará su informe de reordenación del sector público autonómico a 1 de enero de 2013. Volveremos con otro post, pero es inevitable empezar a pensar que el fin de los procesos de reordenación de entes autonómicos ni está ni se le espera. Y si ni siquiera se cumplen los acuerdos alcanzados, ya de mejorar los planes de reordenación existentes ni hablamos, porque nos vamos a otra dimensión.