No es país para “pringaos”. (Carta abierta a doña Elena Cortés)

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Estimada Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía:
 
Me ha llegado al alma la lectura de la exposición de motivos del Decreto-Ley 6/2013. de 9 de abril, de la Junta de Andalucía, que lleva su firma, en la que se contiene una encendida defensa de la función social de la vivienda, cuya finalidad sería la de “dar cumplimiento al derecho a disponer de un techo, bajo el que las personas puedan desarrollarse con normalidad dentro de la sociedad“, y a cuyo servicio “la defensa de la función social de la vivienda adquiere mayor relevancia en los actuales momentos que pueden ser calificados como de emergencia social y económica“. ¡Qué hermosas palabras que es imposible no compartir!
 
El Decreto-Ley que las contiene, sin embargo, no sólo es dudoso que pueda conseguir dar cumplimiento a tan loables intenciones, sino que deja en el tintero algunas medidas muchísimo más sencillas y de implementación inmediata y aproblemática (pues andar metiéndose en la regulación de derechos constitucionales parece iniciar una guerra competencial con el Estado de incierto resultado) por parte de la propia Junta de Andalucía en cuyo gobierno usted se halla actualmente integrada. Le voy a contar una historia, para que vea usted qué fácil.
 
Mi amiga Rafi es cordobesa, paisana suya. Nació en 1970 y actualmente está divorciada y, como tantos españoles, en paro. Cuando se divorció, en 2004, quiso ejercitar su derecho a disponer de “un techo para poder desarrollarse con normalidad dentro de la sociedad“. Como es de extracción modesta sólo pudo comprar un piso de protección oficial en una barriada humilde de Córdoba; ni siquiera pudo adquirir una de nueva construcción y tuvo que conformarse con una de segunda mano, por 100.000 euros. Como se trataba de una segunda transmisión, y no de la primera, aunque la vivienda era de protección oficial, la transmisión no gozó de exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Rafi tuvo que pagar a la Junta de Andalucía, por ese concepto, 7.000 euros (según el tipo vigente entonces).
 
Pero mi amiga Rafi no tenía esos 107.000 euros y tuvo que pedírselos a una entidad financiera. Pensaba devolverlo en 30 años; así que pidió 110.000 euros que, al tipo de entonces, el 3’5%, arrojaba un pago mensual de unos 500 euros que, aunque con gran sacrificio, Rafi podía pagar entonces con su sueldo de empleada en el sector de hostelería y restauración. Por el concepto de Actos Jurídicos Documentados correspondiente a la hipoteca tuvo que pagar el 1% de la responsabilidad hipotecaria, es decir, unos 1.850 euros. Rafi no sabía que realmente esa operación estaba exenta, y pagó lo que le dijo la gestoría que le había impuesto el Banco, que ignoraba que, a diferencia de lo que ocurre con la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, en Actos Jurídicos Documentados están exentas las hipotecas para adquirir viviendas de protección oficial, aunque no sea la primera transmisión. Así pues, Rafi pagó a la Junta de Andalucía 8.850 euros para poder disponer de un techo bajo el que desarrollar su vida.
 
Pero no acabó ahí la cosa. Cuando la maldita crisis hizo su aparición en nuestro país, Rafi perdió el empleo, allá por el año 2008; además los tipos de interés habían subido sensiblemente. Ya no podía hacer frente al pago del préstamo, así que  tuvo que acudir al Banco y negociar un aplazamiento de tres años, en espera de que llegaran tiempos mejores. Pero, claro, las cantidades aplazadas se tenían que capitalizar y acumular al capital inicial. El Banco prestaba a Rafi otros 15.000 euros (importe de las cuotas que Rafi no iba a pagar durante los próximos tres años), al 6’5% a devolver en 444 meses, plazo por el que también se alargaba el préstamo inicial. Este nuevo préstamo daba lugar a un incremento de la responsabilidad hipotecaria inicial, por un importe de 25.200 euros, lo que originaba un impuesto de Actos Jurídicos Documentados de 252 euros (1%) a cargo de Rafi, que la Junta de Andalucía se embolsó.
 
Por desgracia, la crisis iba para más largo de lo que parecía a principios de 2009, de forma que, pasados los tres años de espera, Rafi sigue sin trabajo y a duras penas puede hacer frente al pago del préstamo. Nueva refinanciación hace unos días por un nuevo capital de 14.000 euros, y nuevos diferimientos de pago. Y nuevo incremento de la responsabilidad hipotecaria en 23.100 euros adicionales. Pero ahora a la Junta no le basta con el antiguo 1% del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, sino que ya a mediados de 2012 lo elevó al 1’5%, con lo que Rafi ha tenido que pagar 346’50 euros más, para ejercitar su derecho a una vivienda digna.
 
En total, pues, Rafi ha acabado pagando 9.448’50 euros a la Junta de Andalucía por aspirar a cobijarse bajo un modesto techo y, además, no tener dinero contante y sonante para pagarlo.
 
Estimada Consejera, deje en paz el instituto expropiatorio y las sanciones por el uso no-social de las viviendas. Lo tiene mucho más fácil, si de lo que se trata es de que la gente acceda a un techo bajo el que cobijarse. Supriman usted y su Gobierno el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales cuando se trate de la vivienda y residencia habitual. Supriman usted y su Gobierno el gravamen del 8% (Rafi tuvo suerte: cuando ella compró “sólo” era el 7%) cuando se compra uno la vivienda. Supriman usted y su Gobierno el Impuesto sobre los arrendamientos de vivienda residencia habitual. Y supriman ustedes el deplorable gravamen sobre la documentación de las hipotecas, cosa que deben hacer, precisamente, los que no tienen dinero para pagar al contado y necesitan endeudarse con préstamos, es decir, los más desfavorecidos.
 
Pero, lamentablemente, tengo pocas esperanzas de que atienda usted a esta demanda. Antes al contrario, porque fue precisamente su Gobierno el que subió hace casi un año el tipo de gravamen sobre las hipotecas un 50% (desde el 1% al 1’5%) y, más recientemente aún, un punto adicional (del 7% al 8%) el tipo de gravamen por la compra de viviendas.
 
La saludo atentamente.
 
(NOTA: El relato de la carta es ficción. Pero en este caso cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Al contrario, se corresponde a grandes rasgos con una de tantas operaciones que los notarios españoles nos venimos encontrando frecuentemente en nuestra vida profesional desde hace ya más de cinco años.)

No preguntes qué puede hacer la transparencia por tí, sino que puedes hacer tú por la transparencia

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Por ahora, el Proyecto de Transparencia sigue en el limbo, es decir, prosigue su tramitación en el Congreso de los Diputados. La última noticia es que se ha prorrogado el plazo para incluir nuevas comparecencias, no ya de expertos, lo que puede ser muy interesante, sino de posibles afectados, como sindicatos y organizaciones empresariales.  Reconozco que no se muy bien qué sentido tiene, pues visto lo visto me resulta complicado considerar expertos en transparencia a los representantes de estas instituciones ni desde el punto de vista teórico ni desde el punto de vista práctico. Pero, en cualquier caso, se ve que el Gobierno tiene menos urgencia en aprobar una Ley de Transparencia que en resolver la situación personal  del sr. Saenz, por poner un ejemplo cualquiera. Normal, dado que el Presidente del Gobierno combina con soltura la afirmación de que vamos a tener la Ley de Transparencia más avanzada del mundo un día de estos con el elogio del sosiego y la discreción y el escarnio del exhibicionismo y la notoriedad.
 
Y si analizamos lo que el Presidente del Gobierno entiende respectivamente por “discreción” “sosiego” y “exhibicionismo” comprenderemos por qué la cultura de la opacidad y del secretismo sigue reinando en nuestra vida política y administrativa. Y es lógico que sea así, dado que, por mucho  que ciudadanos de buena fe y medios de comunicación compartan la creencia en el valor taumatúrgico de transformación de la realidad que otorga a un documento su paso por el BOE, lo cierto es que parece poco probable que de un día para otro nos vayamos a acostar muy opacos y a despertarnos muy transparentes.  Salvo que los incentivos sean muy poderosos, como en el caso de la Ley antitabaco o en el del carnet por puntos, los cambios culturales que este tipo de normas pretenden no se se producen de un día para otro, y menos con discursos como el del sr.Rajoy o sus seguidores. Es más, recordemos que aún sin aprobar la Ley no habría ningún impedimento legal para que nuestro Gobierno y nuestras Administraciones Públicas puedan ser tan transparentes como el que más. Y encima el Proyecto de Ley tampoco contiene incentivos positivos o negativos de suficiente entidad como para impulsar este cambio de mentalidad y de cultura.  Total, que si queremos transparencia, nos va a tocar luchar por conseguirla.
 
Detengámonos un poco en lo que está pasando en España en cuanto a transparencia, más allá del discurso oficial que ya sabemos lo que vale y que además resulta un tanto contradictorio, porque la transparencia siempre se quiere para los demás, pero nunca para uno mismo. Pues resulta que las cosas siguen como siempre. O mejor dicho, están mucho peor, dado que cada vez hay más miedo a que se sepa lo que ha estado pasando en España en estos últimos años, y  todavía sigue pasando, y con razón.  Desde ese punto de vista, es normal que las sesiones de control parlamentario (tanto a nivel estatal como autonómico) son un paripé poco interesante, que las preguntas parlamentarias se contestan con meses de retraso y por asesores especializados en echar balones fuera, que los srs. Mas y Rajoy se reúnen “en secreto”  para tratar, suponemos, de  temas menores tales como la secesión o/y la financiación de Cataluña, que  del Concierto Vasco también se habla en secreto , etc, etc   
 
Por su parte, el Presidente del Congreso se resiste como gato panza arriba a publicar los sueldos de sus Señorías, mientras que el discreto  Presidente del Gobierno ya no se atreve a comparecer ante los medios de comunicación sino plasma mediante (cualquier día tampoco se va a atrever frente a sus afiliados y simpatizantes, ya veo venir el formato de plasma-mitin) el líder de la oposición se apunta a la moda por las mismas razones, de los abusos y tropelías cometidos por políticos y gestores públicos en activo nos enteramos básicamente por la filtración de los sumarios judiciales y por la benemérita labor de algunos medios de comunicación, etc, etc. Y por supuesto, las Administraciones y entidades públicas siguen sin contestar a los ciudadanos cuando no les da la gana. Aquí tienen los datos de la web de tuderechoasaber,  bastante reveladores al respecto, solo 75 de 567 preguntas recibieron una respuesta válida o satisfactoria. Y por supuesto el silencio negativo es la norma general, en eso al menos el Proyecto de Ley sí que se va a ajustar como un guante a la realidad.
 
Así que conviene que vayamos espabilando porque todo este secretismo y esta oscuridad no van a cambiar porque se apruebe o se deje de aprobar una Ley de Transparencia mejor o peor, desengáñense. Es más, la ley como ya hemos denunciado bastantes veces tiene un aroma lampedusiano que hace presagiar lo peor. La transparencia nos la tendremos que ganar día a día, porque no nos la van a dar por las buenas. Incluso usarán los trucos más innovadores para intentar hacer ver que son transparentes sin serlo, como nos explicó Juan Luis Redondo aquí.  Y la razón es muy sencilla: detrás de la transparencia hay información y hay lo que los anglosajones llaman “empowerment” aquí traducido como “empoderamiento” o “apoderamiento”,  en este caso de los ciudadanos. que con esa información pueden exigir rendición de cuentas, pueden participar y opinar con conocimiento de causa y, horror de los horrores, hasta pueden decidir que no les gusta esa forma de gobernar y decidir que no quieren ser gobernados por gente que les trata como a menores de edad, en el mejor de los casos, o como a discapacitados psíquicos en el peor. Vamos, que los ciudadanos con la transparencia pueden hacer maravillas.Y esto no les interesa nada a  nuestros gobernantes y gestores,  pese al discurso oficial (qué remedio, queda feo decir que prefieren vivir en el reino de las sombras) que no tienen el menor interés en el empoderamiento ciudadano, dado lo bien que les ha ido sin él.
 
Total: que estos señores quieren seguir protegiéndonos  para que no nos enteremos de “las cosas de la vida”, en este caso del auténtico funcionamiento de la política y las instituciones en nuestro país.  Nos hablarán mucho de tranquilidad, sosiego, discreción, intimidad, protección de datos personales. Nos dirán  sí a la transparencia, pero no al exhibicionismo (Los más mayores se acordarán de aquella famosa frase tardofranquista, “libertad sí, pero no libertinaje”).  Sencillamente porque en la medida en que nos vayamos enterando no vamos a tolerar que nos sigan gobernando como hasta ahora, sin dar explicaciones y sin rendir cuentas, diciendo un día una cosa y al otro la contraria sin ningún rubor, o prescindiendo de sus programas electorales por nuestro bien  (que al parecer ellos conocen vía verdad revelada, porque no parece que tanto sosiego se dedique a la lectura, la reflexión y el debate crítico).  Todo esto por no hablar de la corrupción. Es evidente que la transparencia por sí sola no la va a hacerla desaparecer, pero sí la va a dificultar. Y sobre todo, puede evitar que salga gratis. Lo mismo cabe decir del despilfarro o de la ocupación partitocrática de las instituciones, por mencionar otras lacras de este régimen que se desmorona a ojos vistas.
 
Eso sí, debemos de ser conscientes de que a medida que el régimen nacido en la Transición  se vaya acercando a su fin la tentación a ocultarnos o a maquillar la realidad de los que pretenden que las cosas sigan como siempre se va a hacer casi insoportable. Recordemos que el “establishment” tiene mucho que perder y nada que ganar con el “empowerment” de la ciudadanía. Por eso, desde aquí,  queremos pedir apoyo  para todas las iniciativas ciudadanas a favor de la transparencia que están surgiendo en nuestro país y que afortunadamente son muchas. En concreto, desde Transparencia Internacional, organización dedicada a la promoción de la Transparencia, se ha lanzado una lista de Proyectos  dirigidos al fomento de la transparencia y a combatir la corrupción en los que desearían recibir algún tipo de colaboración voluntaria y desinteresada. Se trata de una cooperación personal, no financiera, y que puede ser realizada “a distancia” de forma que puede consistir en aportación de datos, sugerencias, referencias bibliográficas, aportaciones escritas, búsqueda de información en internet, cálculos, etc. Los interesados pueden contactar directamente con la organización o pueden hacerlo a través nuestro.
 
Así que conviene no esperar sentados a que nos concedan una transparencia capada. No preguntes lo que la transparencia puede hacer por ti, pregúntate que puedes hacer tú por la transparencia.
 
 
 
 
 

Venezuela, año cero

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No me hubiera gustado tener que estar el otro día en los zapatos de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores cuando se vio en la necesidad de responder a la desproporcionada reacción de un Maduro fuera de sí, tras la prudente y medida posición europea adoptada ante las iniciales informaciones sobre el resultado electoral en Venezuela. En esta ocasión nuestro canciller ha experimentado en propia carne la prepotencia, autoritarismo y malos modos de quien, si no se lo impide nadie, va a presidir Venezuela durante los próximos años.
 
No suelo pronunciarme públicamente sobre cuestiones de política internacional pues es un área que se sale de mi ámbito de experiencia profesional. Sin embargo en este caso, y como bien saben quienes conocen mis circunstancias familiares, lo que acontece en ese país más que una cuestión internacional, para mi es casi una cuestión doméstica. Por ese motivo sigo con especial preocupación la deriva de unos acontecimientos a los que la prensa española, salvo la excepción del ABC, apenas presta la atención que a mi juicio merecen.
 
En un principio, visto con ojos europeos, parecía que a Venezuela llegaba el momento de la alternancia. Después de más de catorce años del gobierno del Presidente Chávez y a pesar de los ingentes ingresos derivados del petróleo el país se encuentra inmerso en una crisis económica de dimensiones catastróficas; padece un clima de inseguridad ciudadana terrible con una media de más de 57 homicidios diarios; a pesar de su potencial energético, debe importar la mayor parte de la gasolina que consume y los cortes de fluido eléctrico son constantes; ha pasado de ser país exportador de determinados productos agrícolas como café a ser un país importador, el desabastecimiento puntual de productos básicos en los mercados es habitual, la inflación está descontrolada. En otras circunstancias, lo normal sería que el electorado decidiera cambiar de gobernantes, aunque solo fuera por probar. El fallecimiento del Presidente Chávez, un dirigente con un indiscutible carisma, aún redundaba en esta dirección.
 
Sin embargo, a la vista de los acontecimientos se llega a la conclusión de que la opción elegida por la élite chavista que ha ocupado y patrimonializado todas las instituciones del país durante más de una década ha sido la de imponer un resultado predeterminado -su propia victoria- pese a quien pese y amenazando a todo el que se ponga por delante, con independencia de cuál pudiera ser la auténtica voluntad de los electores venezolanos.
 
Ahora ya puede afirmarse que Maduro está dando, con la excusa de los incidentes y protestas que el mismo ha provocado o inducido, un autogolpe para consolidarse en el poder y eliminar a la oposición tanto la externa encarnada por la candidatura de Capriles -a quien ya se amenaza abiertamente con la detención-, como a la interna -anunciando purgas entre los militares menos afines-. Ya resulta evidente para cualquier observador que no quiera cerrar sus ojos, que quienes ahora detentan el poder en Venezuela no estaban dispuestos a que unas elecciones limpias les pudieran arrebatar lo que ya consideran suyo.
 
Así, por paradójico que pueda parecer, a raíz del presente proceso electoral, Venezuela está transformando su sistema político a marchas forzadas para pasar de ser un régimen democrático legítimo, más o menos imperfecto, a convertirse en un régimen autoritario que basa su legitimidad fundamentalmente en el uso de la fuerza.
 
Basta repasar algunas de las irregularidades denunciadas que el Consejo Nacional Electoral ha ignorado por completo sin investigarlas y dando por válidos unos resultados proclamando un vencedor sin ni siquiera haber concluido el recuento de los votos, para percatarse de la magnitud del fraude. No nos referimos ya al obsceno abuso de los medios públicos a favor de uno de los candidatos ni a la censura impuesta a los medios de comunicación. Comparado con lo que ha pasado el día de las elecciones, parecen ahora pequeñeces.
 
Se denunciaron, al parecer con testimonios y pruebas gráficas que, al menos, revisten el carácter de indicios, sucesos tales como que los interventores del partido de la oposición hubieran sido expulsados de los colegios electorales a punta de pistola por milicianos que actuaban impunemente; que numerosos votantes fueran acompañados a las cabinas de votación por un comisario político del partido en el poder -lo llaman “voto asistido” ¿por qué no llamarlo voto coaccionado?-; que las colas de ciudadanos que esperaban para votar se vieran amedrentadas por partidas de milicianos motorizados vestidos con los colores del partido en el poder que disparan sus armas al aire ante la pasividad de las “fuerzas del orden”; horarios de votación que se han alterado arbitrariamente: reduciéndose en aquellos distritos tradicionalmente favorables a la oposición, alargándose o reabriéndose para recibir nuevos votantes acarreados por autobuses afines al partido gobernante que llegan después de la hora de cierre; que en números colegios electorales el número de votos escrutados haya superado el número de votantes censados.
 
En España y en cualquier otro país en verdad democrático tales denuncias hubieran dado lugar a una investigación previa y de verificarse su autenticidad hubiera supuesto la anulación de los resultados procedentes de las mesas donde sucedieron. En Venezuela, no solo se han dado por válidos, sino que, según parece, se están destruyendo aceleradamente las pruebas que podrían cuestionarlos.
 
Los acontecimientos subsiguientes como la imputación del líder de la oposición y las agresiones físicas de las que han sido objeto en el propio Parlamento los diputados opositores, ilustran sin necesidad de mayor explicación la estrategia coercitiva que Maduro y Cabello están desarrollando.
 
En este orden de cosas, el equilibrio entre pragmatismo y valores que exigen las relaciones internacionales resulta difícil de mantener. España ahora se encuentra en una situación complicada y relativamente frágil pues, además de los intereses económicos de importantes empresas españolas (BBVA, Telefónica, Repsol, etc…, en Venezuela también viven cientos de miles de españoles que, en su caso, podrían ser usados como rehenes por un gobierno sin escrúpulos como el que parece que ahora se está imponiendo. Sin embargo, si aceptamos desde un primer momento ser objeto de esta extorsión y decidimos mirar para otro lado, seremos cómplices por omisión de lo que allí suceda.
 
Hay líneas rojas que no deberían traspasarse. No es aceptable tras este proceso electoral viciado, admitir a Maduro como a un presidente legítimo desde un punto de vista democrático. Si el próximo viernes Maduro se proclama ante la Asamblea Nacional como presidente y consigue mantenerse en el poder gracias al uso de la fuerza y la coacción, tendrá la misma legitimidad que esos otros dictadores de conocidos países africanos también productores de petróleo y Venezuela vivirá el año cero de un nuevo régimen político.
 

El resentimiento de la germanofobia

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Si hay un tema viejo como la Humanidad misma y recurrente en la psicología social es el del chivo emisario, mediante el que transferimos al Otro el malestar de la culpa y la frustraciones que produce –como ahora estamos – verse inmersos en el “valle de la desesperanza”. Resulta una manera bien económica de aplacar nuestras ansiedades- y nuestra crisis en España es ya una gran ansiedad colectiva- y escamotear de paso nuestra responsabilidad. Todo ello por un mecanismo de sustitución a cuya base está ese fenómeno individual y social que tantas cosas explica: el resentimiento. Max Scheler lo vio genialmente en El resentimiento en la moral (1915), uno de los libros más lúcidos del siglo XX. Allí lo describe como un fenómeno de “autointoxicación psíquica” por excelencia, tan unido a la envidia y a la venganza, pero que, paradójicamente, “no puede desarrollarse nunca sin un sentimiento específico de impotencia”.
 
Que es lo me temo que está pasando entre nosotros a marchas forzadas con la proliferación de la germanofobia donde Alemania aparece como la gran culpable de nuestros males y quiebras económicas. Como si del antiguo “Rusia es culpable” de Serrano Súñer, estuviéramos pasando, cada vez con menor sutileza, al “Ahora la culpable es Alemania”, que preconizan nuestros mass media alentados por nuestra élites político-financieras. De manera que tras la reciente crisis chipriota, ya no hay empacho –y sí muy mala fe- en equiparar a Alemania con un IV Reich de la que la señora Merkel sería su Reichsführerin y nosotros sus inocentes víctimas (con un agujero negro por cierto de más de 1 billón de euros entre deudas públicas, privadas y ocultas.).
 
Lo cual significa, por un lado, escamotear el verdadero significado de la naturaleza del régimen nazi de la “Gran Noche” de 1933, banalizándolo cruelmente , e ignorar de paso la fijación central de las élites políticas alemanas desde la posguerra que sella un pacto no escrito entre la CDU y la SPD: arrinconar la vieja política guillermina de “una Alemania sola” para que la Germania no fuera por tercera vez culpable de un traumático desgarramiento europeo. Sin lo que no se entiende, por cierto, el papel tan generoso y electoralmente tan difícil de explicar que ha venido jugando Alemania en la actual crisis europea, y cuyo agotamiento se manifiesta en la aparición de la AfD “ Alternative für Deutschland», (AfD) el primer partido contrario al euro y de carácter burgués no nacionalista que puede modificar seriamente el mapa político de Berlín en septiembre.
 
Pero me temo que la voluntad de comprender ya no se estila entre nosotros y sí, en cambio, el dejarnos llevar por la “lógica del resentimiento” que el propio Shakespeare conocía tan bien como sus consecuencias dramáticas. Así mientras que Alemania no es, por más que queramos, el Shylock de El mercader de Venecia nosotros sus acreedores sí que reaccionamos como Antonio y los cristianos viejos de la República Serenísima, haciendo escarnio y befa de realidades muy serías para el anciano prestamista. Lo que explica en gran medida el inicio y desarrollo del drama veneciano junto con un hecho que se suele soslayar: la frivolidad de Antonio en su endeudamiento. Y es que muy bien sabía Shakespeare, como Scheler, las destrucciones éticas, políticas y sociales de las que era capaz el resentimiento dejado a sus propias leyes.
 
Pero este gran fraude histórico de hacer de Alemania el “chivo emisario” de nuestros males, desafueros y desgobernanzas, casa muy mal con la realidad estratégica que para nosotros supone aquella nación: segundo país en número de turistas, segundo país de destino de nuestras exportaciones y suponiendo la facturación de las cien empresas alemanas más grandes presentes en España de 30.000 mil millones de euros. Lo que equivale en su facturación agregada un 7% de nuestro PIB y alrededor de 300.000 puestos de trabajo directos en nuestro país. Además de ser ya el primer país receptor de la incipiente e inexorable emigración de trabajo cualificado español.
 
Bien al contrario: para quien conozca la frágil historia de Europa, sabe lo importante que es tender puentes de comprensión mutua y más en momentos tan críticos como la encrucijada actual. Aunque mucho me temo que sigamos buscando falsos culpables, desoyendo la sabía admonición cervantina: “Tú mismo te has forjado tu ventura.” O desventura, en este caso más bien. Pero de eso precisamente se trata en estas horas tan graves: de encararnos con nuestra realidad nacional, hacernos cargo de ella y ver de modificarla. Frente a ese movimiento exterior de desplazamiento de la culpa a un chivo expiatorio como Merkel no hay otra alternativa para salir del gran naufragio que promover precisamente otro bien distinto al del resentimiento citado: un movimiento de introspección y examen interior para comprender deportivamente cómo hemos llegado hasta aquí, qué creencias ilusorias e ideas erróneas nos han conducido a nuestro fracaso, así como las acciones -y también las omisiones- que lo han hecho posible, y qué está sucediendo de verdad en el nuevo mundo que ya ha llegado. Y ante ello, dónde están nuestras posibilidades, amenazas y oportunidades reales.
 
Justo, precisamente, de lo que no se habla. Veríamos entonces como el problema no es la canciller Merkel. Y de paso qué gran verdad encierra para nosotros aquella sentencia que Goethe escribió muy cerca del denostado Berlín: “Lo que habéis heredado de vuestros padres, volvedlo a ganar a pulso o no será vuestro” que enlaza, con aquella otra cervantina tan perentoria: “Cada uno es artífice de su ventura.” Solo así romperemos la estéril morbosidad resentida y veremos de trabajar con Alemania y no contra ella. Por nuestro bien y el de Europa, cuidado, pues con la germanofobia.
 

El “mercado negro” de las preferentes. A propósito del informe de la CNMV sobre Bankia

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Hace unos días, la web eldiario.es daba a conocer un informe reservado de la CNMV que acusaba a Bankia de haber actuado de manera muy irregular en la venta de preferentes entre particulares (es decir, en segundas ventas) por haber inflado deliberadamente su precio en perjuicio de los que las compraron y con beneficio para los que las vendieron.
 
Las preferentes son un asunto muy enrevesado, con multitud de facetas jurídicas, políticas, judiciales y sociales, y hay un peligro cierto de perderse en la catarata de datos y noticias que diariamente nos proporcionan y que hace que cada vez todo ello tenga peor aspecto, desde luego. Por eso, voy a tratar de explicar de manera sencilla a qué prácticas se refiere el informe de la CNMV (que está enlazado en la noticia de la web eldiario.es).
 
Vamos a echar la vista atrás, para centrar el tema. En 1988, el llamado acuerdo de Basilea I estableció una serie de categorías de instrumentos financieros a los efectos de computar para el ratio de solvencia financiera de cada entidad. Pues bien, las preferentes fueron consideradas como de máxima categoría (Tier 1), junto con las acciones.
 
Por tanto, a los efectos de capitalizarse, las emisiones de preferentes eran, para todos los bancos y cajas, un mecanismo magnífico, y se vendieron masivamente por multitud de entidades ya desde el 2003, año en el que fueron regulados estos instrumentos. Aunque se habla ahora de las preferentes vendidas durante la crisis -desde el 2008- ya en el periodo anterior se comercializaron por valor de más de 15.000 millones. Si bien es cierto que en los últimos años el ritmo de ventas, lejos de reducirse, se incrementó.
 
Pues bien, las preferentes eran un producto perpetuo, es decir, el inversor no podía recuperar directamente lo invertido, “deshacer” la inversión y recibir el dinero. Esta característica era imprescindible, además para que pudieran computar contablemente como Tier 1.
 
Ahora bien, lo que sí se podía hacer era vender a otra persona las preferentes y de esta manera recuperar lo invertido. Eso se podía hacer en el AIAF,  un mercado de renta fija, en el que, aún sin mucha liquidez, los precios de cada emisión están determinados por la oferta y la demanda. Eso quiere decir que el vendedor de preferentes podría tener que soportar una pérdida en su inversión, porque el valor de las preferentes se hubiera depreciado en el mercado AIAF en el momento en que quisiera venderlas.
 
Y es en este punto donde nos encontramos la manipulación. Situémonos. Los bancos y cajas emiten de manera desaforada preferentes porque les resultan de utilidad máxima. Pero son un producto difícil de “colocar” en principio a minoristas, el que sean perpetuas lo complica todo. Bueno, no hay problema, concluyen en los bancos: vamos a decir de manera sistemática y constante que la inversión se puede recuperar en cuestión de pocos días, y que es “como un plazo fijo o como un depósito, pero mejor remunerado”. Y cuando alguien quiera liquidar la inversión no le diremos que no puede, que son perpetuas, sino que lo que haremos es buscar otro cliente de nuestra propio entidad, le liamos aunque no tuviera previsto hacer nada, y le encasquetamos las preferentes.
 
Y así ocurrió. Pero quedaba una última dificultad: no se podían vender a precio de mercado AIAF, porque éste quizá fuera muy inferior al de salida y era de todo punto necesario que, para que no se notara todo el tinglado, el vendedor recuperara  íntegramente lo invertido. Entonces lo que hacen las entidades, cada una con sus reglas propias, es crear una especie de mercadillo interno, opaco, en el que los precios los pone la entidad.
 
En definitiva, la entidad buscaba un cliente-comprador a un otro cliente suyo, comprador que será normalmente un minorista sin conocimientos financieros. Le hacía comprar preferentes (producto que en sí mismo era seguramente tóxico para él), pero, además, se las hacía comprar a un precio superior al fijado en ese momento por el mercado AIAF, un precio falso, inflado, para que el vendedor (que perfectamente podría ser otro minorista desconocedor de todo esto), recuperara todo lo invertido sin pérdidas y no se diera cuenta de en qué producto había estado metido hasta ese momento. Todo muy ético y ejemplar, como ven.
 
Yo creo que con estas explicaciones previas ya estamos en condiciones de entender el informe de la CNMV sobre Bankia. El regulador analiza una muestra muy pequeña de operaciones con preferentes de las entidades que forman Bankia, y en un periodo muy corto, junio 2010-noviembre 2011. Las conclusiones no dejan lugar a dudas:
 
“(las entidades)…intermediaron operaciones por cuenta de sus clientes… dirigidas a inversores minoristas, a precios significativamente alejados de su valor razonable, con el consiguiente perjuicio a los intereses de los compradores, mientras que los clientes vendedores y las entidades se veían beneficiados por dicha operativa” (p.8 del informe)
 
Hay un “incumplimiento generalizado del deber de evaluar la conveniencia del instrumento para el cliente y, en su caso, realizarle las oportunas advertencias” (p.2).
 
El artículo 70.quáter de la LMV ordena a las entidades financieras que eviten los conflictos de intereses entre sus propios clientes, y también obviamente los que existan entre el cliente y la propia entidad. Pues bien, según el informe, “Las entidades no establecieron ninguna medida destinada a impedir que los conflictos de interés señalados perjudicasen los intereses de los clientes compradores, ni tan siquiera la de revelar previamente la naturaleza y origen del conflicto a esos clientes…perjudicándolos en beneficio de otros clientes que, de esta manera, conseguían la liquidez deseada y en beneficio de las propias entidades interesadas en facilitar liquidez a los vendedores” (p.12).
 
Algunos matices complementarios sobre lo expuesto:
 
El informe de la CNMV es sobre Bankia y un periodo muy corto, pero presumiblemente si se investigara en la mayoría de bancos  y cajas y en muchos más años, el escalofriante resultado sería el mismo. Todos actuaban básicamente igual. De modo que puede ser interesante que muchos tenedores de preferentes compradas en segundas ventas, sea cual sea el año de compra y la entidad intermediaria, comprueben si pueden cuál era el precio de mercado entonces y por cuánto las adquirieron.
 
El comportamiento irregular o más bien ilícito de las entidades, inflando el precio, es punible en sí mismo, independientemente de que el producto vendido sea o no tóxico y anulable según los tribunales o los arbitrajes. Sería igualmente ilícito ese comportamiento si lo que se vendiera fueran simples acciones. Eso quiere decir que puede haber tenedores de preferentes que por las circunstancias de su compra (mayor conocimiento financiero, etc.) no pudieran conseguir la anulación del negocio vía judicial o arbitral, pero que sí podrían solicitar vía civil la devolución en su caso del exceso de lo indebidamente pagado por sus preferentes, restando del precio abonado el valor de mercado, consecuencia del absoluto incumplimiento por parte de las entidades de su deber de tutelar al consumidor minorista. Y es posible, aunque no soy penalista, que las entidades pudieran además haber incurrido masivamente en el delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, del artículo 284 del Código Penal.
 
El documento de la CNMV tiene fecha 11 de febrero de 2013, cuando ya el daño está hecho, y no es un acuerdo ejecutivo sino un mero informe interno. Su antiguo presidente, Julio Segura llegó a declarar en octubre de 2012 que la CNMV “había  hecho todo lo que podía hacer según la legalidad vigente” . Creo que no soy el único que discrepa radicalmente de esta opinión. Parece evidente a la vista de este informe que el regulador pudo hacer no mucho, sino muchísimo más de lo que hizo, y que existe grave una responsabilidad de los que gobernaron esa institución en los últimos años.
 
El conocimiento de estas prácticas irregulares provocará sin duda nuevas actuaciones judiciales en forma de demandas o querellas, que se sumarán a las ya existentes, que son ya muchas (y no solamente contra Bankia). Las más importantes son las siguientes:
 
* Hay una querella penal de UPyD contra Bankia en junio de 2012 por estafa entre otros delitos, que se refiere a la salida a bolsa de sus acciones. La cito simplemente para destacar que no tiene que ver directamente con el tema de preferentes.
 
* Están las demandas de nulidad civil que los inversores que compraron preferentes,  interponen de manera individual.  Y también estos inversores en su caso pueden ir por la vía penal presentando una querella por estafa.
 
* Por su parte, la fiscalía podría también actuar de oficio, únicamente si ve delito (no por cuestiones civiles). La Fiscalía General no es partidaria de considerar que todas las ventas son delitos de estafa pero sí en determinados casos (lo cual tiene su lógica).
 
Tanto las actuaciones de particulares tanto civiles como penales, y las de la fiscalía, no tienen por qué limitarse a reclamar a las entidades intervenidas (no todo es culpabilidad de Bankia), sino que pueden dirigirse a cualquier banco o caja si se dan los supuestos.
 
* Pues bien, además de todo ello, el informe de la CNMV abre un nuevo campo: ya no se trata solamente de que la venta de preferentes por los bancos a los particulares sea nula, sino que las segundas ventas, entre inversores particulares, tenían un enorme sobreprecio producto de la manipulación de la entidad. Respecto en concreto de Bankia ya se anuncian demandas civiles para reclamar la devolución del sobreprecio, pero que también podrían acabar en una querella.  Y la fiscalía anticorrupción ha pedido informes sobre el documento de la CNMV.
 
En todo caso, insisto: el documento se refiere a Bankia y en un periodo muy breve, pero esta práctica me temo que era generalizada durante muchos años y por muchas entidades, por lo que posiblemente el campo de actuación judicial se amplíe muchísimo en el futuro.
 
*Y, finalmente, UPyD presentó el pasado día 15 de abril una segunda querella criminal contra Bankia, ésta sí por todo el escándalo de las preferentes, implicando a Banco de España y CNMV.
 
Todavía no hay, y no es seguro que haya en el futuro, una querella de este tipo, general para depurar todas las responsabilidades, contra otras entidades que no sean Bankia, incluso contra entidades que no hayan sido nacionalizadas. Y me temo que seguramente habría material más que suficiente para ello.
 
 

No disparen contra el regulador: la Comisión Nacional de la Competencia

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A principios de diciembre del año pasado, un grupo de adolescentes holandeses apaleó hasta dejar en coma a Richard Nieuwenhuizen, un juez de línea con cuya actuación en un partido de fútbol no estaban, al parecer, satisfechos. A los pocos días, Nieuwenhuizen moría en un hospital de la ciudad de Almere. La noticia conmocionó al país y, el día 9 de diciembre, todos los clubes de fútbol holandeses guardaron un minuto de silencio en memoria del juez de línea fallecido.
La moraleja de esta historia es sencilla y creo que fácil de entender para todo el mundo: no está bien dar palizas a los árbitros. Incluso cuando su actuación no nos gusta, son los árbitros. Tienen que tener el respeto de los rivales en la competición: si no, ésta es imposible. Las federaciones de los distintos deportes tienen mecanismos de apelación en caso de que los participantes no estén conformes con la actuación arbitral (no sé, si les ponen una tarjeta roja que consideran injusta). Pero todo el mundo tiene claro que hay determinadas cosas que no son aceptables. Desde luego no es aceptable linchar al árbitro o intentar amañar los partidos. Tampoco nadie entendería por ejemplo que algunos equipos quieran cambiar las reglas de juego a mitad de temporada o que la federación correspondiente no respaldara al árbitro atacado frente a los clubes (incluso si se trata de decisiones controvertidas).
Como el atento lector de ¿Hay Derecho? habrá intuido, no es de fútbol de lo que va este post. Todas estas reflexiones tienen que ver más bien con la reforma de los reguladores que está ahora pendiente de aprobación en el Senado. Y es que la Comisión Nacional de la Competencia es el árbitro que mantiene el juego limpio en los mercados. Y si constata que hay comportamientos antideportivos o anticompetitivos debe sacar las correspondientes tarjetas (que, en el lenguaje del Derecho de la Competencia, son las multas). Incluso cuando los operadores económicos no están de acuerdo con las tarjetas/sanciones tienen la obligación de respetar al árbitro de los mercados. Y los poderes públicos tienen la obligación de dar respaldo al árbitro cuando éste es atacado por los clubes/operadores económicos sancionados.
Y lo que desde luego no es aceptable es intentar acabar con el árbitro en los despachos o cambiar las normas de la competición a mitad de temporada.
Y es que es en eso en lo que estamos en estos momentos en nuestro país. Recordemos que todo el proyecto de creación de la CNMC viene de un informe que preparó la consultora PwC para Telefónica y que marca las líneas maestras del proyecto del Gobierno.
En realidad, nos ha cegado a todos lo de la “reforma de los reguladores”, la idea del “superregulador”, las competencias que perdían los “reguladores”… Cuando en realidad la pieza que querían cobrarse era la CNC y no los reguladores. Es la Comisión Nacional de la Competencia la china en el zapato de las eléctricas, de Repsol, de Teléfonica, de Antena 3 y Telecinco, etc. Es a la CNC a la que interesa silenciar, más que a los reguladores (CNE, CMT), que al fin y al cabo están bastante capturados. Comparen si no la multa de 119 M€ que la CNC impuso a Telefónica, a Orange y a Vodafone en diciembre del año pasado con la máxima que puede imponer la CMT (que es de 20 millones de euros).
Si, como parece, el nuevo proyecto de creación de la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) es una norma hecha a la medida del antiguo monopolio de telecomunicaciones, estaríamos ante ese mismo caso en el que las normas cambian a mitad de temporada para favorecer a uno de los clubes.
Esto es, además, lo que parece impedir una solución a la alemana (con una autoridad de competencia por un lado y un organismo regulador de sectores de redes, por otro, a semejanza del Bundesnetzagentur alemán). A esta opción habrían, al parecer, convergido las de todos los grupos parlamentarios (¡incluido el popular!) e incluso el Ministerio de Economía en algún momento de la tramitación parlamentaria, pero fue vetada en Moncloa. Y la única razón que se me ocurre para el veto es la misma: quieren que la CNC “deje de ser la mosca c…”
Así que en esas estamos: pintan bastos para la competencia en España. Si nada lo impide durante lo que queda de tramitación parlamentaria, sólo nos quedará lamentarnos como los clubes holandeses…

Lucha contra el fraude versus “economías de opción”

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En el argot económico-tributario se entiende por “economías de opción” la elección por parte de un contribuyente, bien sea una persona física o bien una persona jurídica, del íter menos gravoso tributariamente para realizar aquellas de sus operaciones que tengan trascendencia económica. Se trata de que, cualquier persona o entidad, convenientemente asesorada, y dentro de la más absoluta legalidad, pueda elegir la vía o el camino menos caro para la tributación de su patrimonio empresarial o personal o de sus transacciones económicas, ya sean nacionales o internacionales. Debe quedar claro que el buen comerciante o profesional, dentro de su general planteamiento empresarial de la búsqueda del mayor beneficio para su negocio, actividad o empresa, está obligado por definición a ahorrar en lo posible costes tributarios, de la misma forma que trata de ahorrar costes en sus compras, transportes, suministros, personal y demás elementos necesarios para el adecuado funcionamiento de su actividad económica, sin que nadie le señale con el dedo por ello, y sin que por ese motivo se le pueda acusar hipócritamente de “defraudador”.
 
Hago esta introducción empleando conceptos empresariales algo básicos, que seguramente no sería necesaria en otro momento económico diferente al actual, porque en estos tiempos de crisis y de bancarrota de las cuentas públicas –y dejando aparte de este post a los delincuentes tributarios, que quede claro- se está alimentando interesadamente por la Administración, y no sólo la española, la idea de que es algo “censurable” o “inmoral”, o incluso sancionable bajo una pretendida lucha abstracta contra el “fraude”, que determinados profesionales o empresarios, bien asesorados, elijan una opción económica más barata que otra desde el punto de vista tributario, aun dentro de la más estricta legalidad, para la tenencia de sus bienes o la realización de sus transacciones con trascendencia económica. Parece que tratan de alentar a “pagar lo más posible”. Y esta es otra demostración del desbarajuste y la descomposición de los Estados de Derecho occidentales en los últimos tiempos, en los que parece que los conceptos normales y lógicos en una economía libre de mercado están absolutamente invertidos. Quede claro que aquí no estoy tratando de consideraciones éticas, morales o patrióticas, que además suelen exigirse de los demás y no cumplirse luego por quien las exige, sino de decisiones puramente económicas o empresariales, fácilmente comprensibles por los empresarios y profesionales de todo el mundo, y de índole eminentemente práctica. Aunque en estos temas, como en muchos otros, lo que se está poniendo de manifiesto habitualmente, y de forma escandalosa, es una gran hipocresía oficial o pública, ya que todo el mundo trata de pagar los menos impuestos posibles y luego gusta de señalar con el dedo a cualquiera que aparezca por ello en algún medio de comunicación.
 
El tema que estamos comentando se ha puesto de manifiesto recientemente con variados ejemplos: uno de ellos es la decisión del Gobierno francés del Sr. Hollande de gravar con un tipo marginal de un 75% en el Impuesto sobre la Renta las rentas más altas obtenidas por los ciudadanos franceses, decisión que ha producido la “sonada” salida del país de renombrados personajes como el famoso actor Gerard Depardieu o el empresario Bernard Arnault, dueño del imperio LVMH, propietario de numerosas marcas de lujo conocidas en todo el mundo (Louis Vuitton, Givenchy, Moët Chandon, Loewe,…), quienes han manifestado su intención de adquirir la nacionalidad rusa y belga, respectivamente. Se diga lo que se diga por algunos falsos “patriotas” que se rasgan las vestiduras en público y luego siempre tratan de pagar lo menos posible en sus asuntos privados, un tipo de gravamen del 75% es una auténtica barbaridad, y escenificar públicamente un rechazo frente a ello nada tiene que ver con alentar el fraude tributario. Y resulta desde todo punto de vista lógico, en mi modesta opinión, que personas que trabajan y obtienen ingresos por su actividad en muchas partes del mundo elijan, dentro del abanico de posibilidades lícitas que las leyes internacionales les ofrecen, la tributación que mejor convenga a sus intereses. Y reitero que en este post no me estoy refiriendo a consideraciones éticas, morales o falsamente “patrioticas”, sino a decisiones puramente económicas que cualquier empresario o profesional entiende muy bien.
 
Otro caso conocido es el de los deportistas profesionales, que gozan de un régimen tributario especial bajo la consideración de que sus altas rentas son irregulares, es decir, que las obtienen concentradas en muy pocos años de actividad profesional, por lo que no sería absolutamente justo ni equitativo que tributasen como rentas normales en esos pocos años. Lo cierto es que, consideraciones morales aparte, de no tener un régimen especial, la mayoría de ellos ya habría buscado el camino de tributar en otros lugares, dadas las enormes posibilidades que se les abren, especialmente a los más conocidos, con sus contratos publicitarios internacionales. Vuelvo a repetir que no estoy expresando opiniones éticas, sino de orden eminentemente práctico, que es al final lo que impera en todas estas materias.
 
Es un hecho notorio, especialmente en las zonas costeras, que numerosos ciudadanos extranjeros, propietarios de inmuebles en España y residentes fiscales en nuestro país, están trasladando su residencia tributaria a países donde tienen otras propiedades dado el feroz aumento de la presión fiscal española (tremendas subidas en IVA, IRPF, IBI, Patrimonio,…), en ejercicio de su legítimo derecho a residir donde tengan una mayor seguridad jurídica y donde mejor sean tratados tributariamente. Otra razón que les ha impulsado a ello es el nuevo modelo 720, recientemente impuesto por la Hacienda española, que obliga a cualquier residente en territorio español, aun de nacionalidad extranjera, a informar sobre sus bienes sitos en el extranjero que superen los 50.000 euros, amenazando con brutales sanciones cualquier error u omisión. Algunos despachos de asesores tributarios españoles han denunciado la obligación impuesta por este impreso ante la Unión Europea por estimar que vulnera el derecho comunitario y la libre circulación de personas y bienes, considerando que existen otros medios más apropiados para que Europa pueda controlar los datos fiscales de cualquier ciudadano, como por ejemplo la implantación de un Número de Identificación Fiscal europeo.
 
En España tenemos algún otro ejemplo legislativo reciente de la voraz e insaciable tendencia de las Administraciones públicas que estoy poniendo de manifiesto en este post, como es la reciente reforma del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores (la sexta o séptima que se produce de este texto legal) por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, que ha sido ya brillantemente comentada en el blog por Lidia Bazán. En definitiva, se trata de restringir por la vía de la interpretación antielusiva, bajo la presunta y loable persecución del “fraude tributario” que figura en el frontispicio de la Ley, prácticamente todas las exenciones lícitas que los contribuyentes españoles tenían para transmitir acciones o participaciones de sociedades mercantiles cuyo activo principal estuviera constituido por bienes inmuebles. Que unos ciudadanos, correctamente asesorados, traten de hacer uso de determinadas exenciones tributarias previstas por la legislación no tiene por qué escandalizar a la Administración, ni hacer que ésta utilice toda su artillería para dejar las exenciones reducidas a su mínima expresión. Con todos los respetos, señores, consagrar la mayor de las arbitrariedades y dejar que la Administración restrinja a su libre albedrío y con la mayor inseguridad jurídica las exenciones tributarias no es “luchar contra el fraude”. Ni tampoco es luchar contra el fraude presuponer que todos los ciudadanos son evasores fiscales, como hace buena parte de la reciente normativa española, tal como han puesto de manifiesto importantes asesores tributarios, considerando que todo ello contraría de forma clara el derecho comunitario. Esa forma de legislar es, pura y simplemente, y para paliar el derroche administrativo de los últimos años, atracar –una vez más- a los ciudadanos. Resulta chocante que unas Administraciones tan derrochadoras pidan a los empresarios y profesionales una “solidaridad” tributaria que, dadas las circunstancias, y aunque muchos prediquen, nadie siente.

Play it again, Sáenz (as time goes by)

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El caso Sáenz ha sido un auténtico regalo para la sociedad española y, en consecuencia, para este blog, y de ahí nuestro profundo agradecimiento. No ha habido otro acontecimiento al que le hayamos dedicado tantos post (con éste van seis). En “Todo por la pasta” comentamos la sentencia que le condenó; en “El indultado” y en “Honorable por Decreto”,  el Decreto que le indultó; en “Comentario a la última sentencia del TS en el caso Sáenz”, la sentencia que anuló parcialmente el indulto, y en “Comentario al proyecto de normativa sobre honorabilidad…”, las intenciones del Gobierno de suprimir el requisito de falta de antecedentes penales por delitos dolosos para ejercer la actividad bancaria, consumadas el pasado viernes al aprobarse el RD 256/2013.
 
Y si el caso es un regalo, es porque revela a la perfección –por lo menos para el que tenga el atrevimiento de mirar- la valoración que nuestros dirigentes políticos y económicos tienen del Estado de Derecho. Gracias al caso Sáenz contemplamos con total transparencia, cómodamente sentados en nuestra butaca, cómo se instrumentalizan los resortes del Estado para conseguir que la ley no sea igual para todos. No podemos acusar a nadie de engañarnos. Esto es lo que hay, y, as time goes by, con nuestra completa aquiescencia.
 
Ya nos enseñó Bodenhaimer hace muchos años (poco después de salir pitando de la Alemania nazi) que si el Derecho es algo, es fundamentalmente un freno al poder, político y económico. El Derecho impide que el poderoso estruje al débil. Impide, por ejemplo, que un banquero pueda dirigirse contra una persona reclamándole un dinero cuando no tiene derecho a ello, amenazándole con encerrarle en una mazmorra de su castillo si no le paga. El Derecho prohíbe que se compren jueces para forzar torticeramente a la Justicia a decir lo que no es justo, y no sólo para decirlo, sino además para meter en prisión a sus enemigos. Y como lo prohíbe, castiga esos comportamientos.
 
Pues bien, cuando eso ocurre se supone que el poder ejecutivo en una democracia debe colaborar con el Derecho y no convertirse en cómplice y valedor del poderoso. El hecho de que en algunas partes lo haga es tan asombroso y chocante que basta sólo con ello para caracterizar un régimen político, tal como demostró de manera genial Chaplin con una simple escena al comienzo del Gran Dictador (y como nos recordaba hace poco Elisa).
 
Alfredo Sáenz fue condenado por un delito de acusación falsa (con la concurrencia de un atenuante por dilación indebida en el procedimiento, que supuso rebajarle la pena en un grado). Si el procedimiento se alargó tanto (lo que le valió al Sr. Sáenz la atenuante) es porque la investigación del delito de cohecho llevó mucho tiempo y al final no pudo probarse. Es decir, el ex juez Estevill prevaricó al ordenar el ingreso en prisión de las víctimas, pero no se pudo demostrar que recibiese dinero a cambio (ya sabemos ahora que esto de Suiza y de los paraísos fiscales es un lío, especialmente si uno de los implicados es un banco). El juez debió prevaricar por amor al arte, seguramente.
 
Pues bien, el Gobierno de Zapatero indulta al Sr. Sáenz. Y le indulta porque  el Sr. Botín, al conocer la sentencia, no le había cesado -como habría ocurrido en cualquier país civilizado- sino confirmado en su puesto de Consejero-Delegado del Santander, quizá porque ese es el espíritu combativo que en defensa de los intereses del banco –por encima de cualquier otro- quiere que reine en el Grupo. Al Gobierno de España, en conclusión, esta conducta también le parece digna de un banquero (básicamente porque se lo parece al Sr. Botín) e intenta remover los obstáculos legales que impiden que pueda seguir ejercitando legalmente su actividad bancaria.
 
Pero como adulterar un sistema democrático ya instalado exige al menos un poco de competencia técnica, el TS anula parcialmente ese indulto aclarando que las normas en España en pleno siglo XXI no pueden ser singulares, es decir, que no se puede mantener el requisito de honorabilidad para todos menos para el Sr. Sáenz. Una pena, porque la sentencia fuerza al Sr. Rajoy a mojarse, él que pensaba que Zapatero le había resuelto el problema definitivamente.
 
La solución, por tanto, es evidente: si una norma singular no vale, será necesario una general. Pero como la reticencia a retratarse está ahí, en el genoma, procede diseñar un instrumento que permita echar la culpa del apaño por una parte a la Unión Europea y por otra al Banco de España. De ahí el RD 256/2013. La norma es una imposición de la UE, se dice. Aunque realmente no es así, porque se podía haber mantenido perfectamente el requisito exigido por la legislación anterior. La UE se limita a atribuir libertad a los países, y especialmente a los reguladores, para valorar estas conductas (ya lo comentamos en el post anterior), por lo que la exclusión de este requisito de exclusión automática realizada por este RD es una decisión política, muy sospechosa dado el momento en que se produce. Con esta norma el Gobierno permite al Banco de España escaparse de su obligación de cesar al banquero, pero ojo, al mismo tiempo le atribuye, por eso mismo, una enorme responsabilidad.
 
Luego, en el fondo, lo único que ha cambiado con este Real Decreto es que ahora el Banco de España, en vez de tener que cesar al Sr. Sáenz necesariamente, debe hacerlo, sin duda, pero podría no hacerlo. Nada más (y nada menos). El asunto cae ahora, íntegramente, bajo su responsabilidad.
 
Interesante palabra esta de la responsabilidad. Todo el mundo habla mucho de ella, pero parece que pocos saben lo que significa. No hablo para nada de la responsabilidad con España del Sr. Botín y del Sr. Sáenz al forzar la situación hasta este punto, porque para qué. Ciñámonos a la de las instituciones. ¿Qué pensarán ahora en el Banco de España?: ¿Cumplimos con nuestro deber y cesamos al banquero? Porque que ese es su deber parece evidente. Sería inconcebible que una conducta como la descrita pudiera no ser considerada como excluyente de la honorabilidad para ejercer la profesión. Si esto no lo es, excluyamos también todo lo demás. Verdaderamente, no se me ocurre algo peor que pueda hacer un banquero. Si no es excluyente, deroguemos la norma directamente, por favor, y permitamos a los banqueros dirigir sus asuntos desde la cárcel, tal como hacen los jefes mafiosos. No sería peor que la imagen de un Banco de España afirmando que  acusar falsamente a los clientes de la entidad y utilizar los servicios de un juez prevaricador para meterlos en la cárcel no es incompatible con la honorabilidad que debe exigirse a un banquero.
 
¡Pero ay, si la responsabilidad fuera sólo deber! También están las consecuencias… pensarán. También está la reacción del Sr. Botín, el banquero más importante de España. ¿Podemos en estos momentos enajenarnos su colaboración, cuando tanto nos jugamos? ¿No podríamos quizá aprovechar este caso para sacarle alguna contrapartida que de otro modo sería imposible? ¿No le hemos metido en el SAREB? ¿Acaso no consiste en esto la verdadera responsabilidad?
 
Pues bien, cuando en una sociedad democrática esta pregunta se plantea seriamente, entonces su Estado de Derecho tiene los días contados. Cuando para los poderosos las normas son negociables, y se pueden comprar y vender con dinero, y se sabe además que eso es así, desaparece la legitimidad para todo, para condenar los escraches en la puerta de casa y para condenar cosas más graves. Yo no sé, sinceramente, si nos podemos permitir eso en España a estas alturas. No sé si el Banco de España es consciente de que esa ética de la responsabilidad que le perturba (frente a la de la convicción que impone el deber) no sólo tiene como único polo al Sr. Botín, sino a una sociedad hipersensibilizada con el tema bancario al que sólo le falta esto. Y al que lo dude le recomiendo que eche un vistazo a este video.
 
Por eso me resulta completamente asombroso que la prensa asegure que con este RD se aclara definitivamente el panorama para el Sr. Sáenz. Me resulta increíble que se pueda decir que los factores que incluye el nuevo RD (por favor, lean el art. 2.2.b) “ayudan a la exculpación de Sáenz” y juegan a su favor, entre ellas la existencia “de una circunstancia atenuante”. De acuerdo, puede ser cierto, pero sólo en el caso de que el Banco de España desconozca completamente en qué consiste su responsabilidad.  Me atrevo a decir que la futura decisión de esta entidad sobre el caso Sáenz puede ser una de las decisiones más relevantes de la historia reciente de España y, dependiendo de su contenido, marcar su futuro, en un sentido, o en otro.
 

Los errores del sistema educativo español

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No hay duda de que el sistema educativo actual hace agua por todas partes y no permite progresar hacia una mejora de la calidad educativa, como ponen en evidencia los pobres resultados obtenidos por los alumnos españoles año tras año en las pruebas de evaluación internacionales como PISA. Ante estos resultados, muchos buscan vías de escape para justificar los malos resultados achacando a la poca preparación del profesorado, a la baja formación de los padres o incluso al aumento de la inmigración. A pesar de que se intenten buscar excusas y se evite la autocrítica lo cierto es que los malos resultados son consecuencia directa del sistema educativo que diferentes gobiernos han ido amoldando a su gusto confundiendo la educación con un negocio político. Pero, ¿cuáles son los verdaderos motivos por los que nuestro sistema educativo no adquiere los mismos resultados que otros sistemas como el anglosajón o el finlandés?
 
A pesar de los esfuerzos realizados para mejorar la educación de los alumnos españoles, los diferentes gobiernos han caído y siguen cayendo en el mismo error: se han empeñado en transmitir conocimientos y han relegado a un segundo plano la transmisión de valores, el sentido crítico, el esfuerzo y la enseñanza participativa.
 
Nuestro sistema educativo hace tiempo que dejó de lado favorecer el esfuerzo. Los diferentes gobiernos trataron de afrontar el fracaso escolar de la peor manera posible: con la progresiva rebaja del nivel de exigencia al alumno, como si se tratara de adaptar la educación a las exigencias del alumno, cuando el sentido común indica que debería ser al revés. La falacia de la igualdad en la enseñanza nos ha llevado a disminuir el nivel educativo hasta el punto de que un alumno con tres asignaturas suspendidas tiene derecho a pasar de curso originando así alumnos en etapa universitaria incapaces de tener una conversación en inglés o con dificultades para determinar en qué siglo vivieron los reyes católicos. La culpa no es de ellos sino del poco esfuerzo que se les ha requerido en el transcurso de su formación.
 
Decir que todos los alumnos son iguales y que hay que disminuir el nivel para que los alumnos menos inteligentes o los que provienen de familias con poco ambiente intelectual puedan seguir el ritmo de los alumnos que provienen de familias con estudios universitarios es un error que nos ha traído, entre otras cosas, estos pésimos resultados educativos. Si para lograr la “igualdad” se baja el nivel, sólo conseguiremos perder el tiempo y formar ciudadanos poco preparados. Exigiendo poco para que no se note la diferencia hace parecer que, en vez de enseñar, el objetivo principal es que nadie se quede atrás. Tratar de igualar a todos los alumnos, haciendo que los más trabajadores e inteligentes no den de sí todo lo que pueden, es cometer con ellos una gran injusticia y no beneficia a nadie.
 
Siendo severos con los que más pueden aportar hace que tengamos buenos médicos, excelentes abogados y grandes ingenieros. No es normal que haya más estudiantes de Derecho en Madrid que en todo el Reino Unido. De poco nos sirve tener miles de jóvenes que han obtenido un título universitario si luego no son capaces de obtener buenos resultados en su oficio ni de competir con sus homólogos británicos o alemanes. Más vale que cuando enfermemos nos atienda un buen médico y no un joven que ha obtenido el título debido a que han bajado el nivel en aras de la igualdad para que el muchacho no se sintiera discriminado. Bajar el nivel, no exigir al que puede dar más de sí, no premiar el esfuerzo de quien tiene mayor capacidad e intelecto, sólo nos puede llevar a una sociedad ignorante y poco competitiva. Como dice Fernando Savater, “soy de la opinión, que no sé si compartirás, de que cuando se trata a alguien como si fuera idiota es muy probable que si no lo es, llegue muy pronto a serlo”.
 
La formación en sentido crítico es además en la mayoría de casos, inexistente. La capacidad de procesar el conocimiento y la inteligencia para llegar a la posición más razonable y justificada sobre un tema ya no se enseña en las escuelas ni en las universidades españolas. Como consecuencia de esto, los alumnos, futuros maestros, jardineros o empresarios, no serán capaces de percibir la realidad, encontrar por sí mejores alternativas, y serán fácilmente manipulables. Un profesor de historia no debe sólo enseñar los hechos que acontecieron en la II Guerra Mundial, sino también hacer del alumno un aficionado a la lectura de libros de historia.
 
Por eso la escuela también debe despertar en el alumno la curiosidad, el interés y la creatividad en el aprendizaje. Construyendo habilidades de pensamiento y razonamiento en los alumnos, no sólo los beneficiará a ellos, sino que será provechoso para toda la comunidad y la sociedad en su conjunto.
 
En Finlandia, por ejemplo, los profesores no sólo transmiten información, enseñan a pensar. La tipología de las clases en Finlandia, lejos de convertirse en una clase magistral fundamentalmente unidireccional como en España, se convierte en un debate abierto donde los profesores fomentan mucho la participación. Los profesores finlandeses trabajan mucho en grupo con sus alumnos, buscando retroalimentación de los mismos y realizando clases participativas, donde el ambiente es relajado y tolerante.
 
En el sistema anglosajón, el método de los “concept tests” está dando resultados muy favorables especialmente en la etapa universitaria. Este sistema de enseñanza consiste en la previa preparación de los manuales antes de la impartición de la clase, esto es, el alumno ya ha leído el manual que se va a tratar en el aula por lo que el profesor se dedicará tan sólo a explicarlo minuciosamente y a resolver dudas. El profesor formulará una pregunta de nivel complejo a los alumnos, los cuales, divididos en pequeños grupos, tratarán de buscar la respuesta correcta o resolver el problema planteado. Este método tiene dos rasgos característicos: por una parte, el profesor no pierde el tiempo leyendo el temario mientras los alumnos, pasivos, escuchan algo que podían haberlo leído sin ayuda del profesor; y por otra parte, al haber llevado el manual preparado a la clase, los alumnos tomarán parte formulando preguntas, dudas, deseando ampliar información y fomentarán el trabajo en grupo, promoviendo así, la enseñanza participativa y logrando la interacción entre profesor y alumno tan demandada en nuestra enseñanza.
 
Nuestro sistema de enseñanza, en cambio, es vertical: el profesor da la clase explicando los contenidos de un libro que muchas veces son bastante deficientes. El alumno, cuanto mejor sepa lo que pone en el libro mejor nota sacará en el examen. En los colegios seguimos copiando los errores del dictado, leyendo el libro de texto en voz alta, memorizando datos que tras el examen se olvidarán y exigiendo que se sepan de memoria las tablas de multiplicar. Como consecuencia, el alumno finalizará sus estudios con un puñado de conocimientos y sin haber desarrollado su capacidad de pensamiento crítico que tan favorable habría sido para su formación adulta.
 
Por último, la inversión es uno de los errores más extendidos en la sociedad española. La idea de que cuanto más dinero se destine a la educación, mejor será nuestro sistema educativo es un error. La cantidad de dinero que en los últimos años se ha invertido en educación nunca ha sido tan alta en España, nunca los alumnos han tenido tantas horas lectivas ni han tenido a su disposición tanto material y, sin embargo, nunca han terminado el bachillerato siendo tan ignorantes.
 
Las sucesivas leyes de Educación, desde la LODE hasta la LOE, no han sabido dar solución a estos problemas, más bien se han incrementado.

Intrajusticia (sobre el profesor Juan Iglesias)

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El día 21 de marzo de 2013 (esto es, el primer día de Primavera de este infausto año de la Era), se inauguró una recóndita pero hermosa calle en Madrid en memoria de D. Juan Iglesias Santos, maestro de juristas (y de aspirantes de tales que nunca llegaremos a serlo). Dicha calle se encuentra al Oeste de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, precisamente donde él aparcaba su automóvil (un sencillo y viejo Renault-12).
 
Han tenido que pasar casi diez años desde su fallecimiento para que este merecido homenaje se hiciera efectivo en la Facultad que él inauguró como Decano, tras el cierre gubernamental de la Central de San Bernardo. Pero estas líneas no serán una glosa del sencillo acto que tuvo lugar en la Sala de Juntas de la Facultad, ni un panegírico de mi maestro, porque no sería ni necesario ni conveniente. Quien quiera saber un poco de Iglesias, puede visitar la Web que mantiene abierta una de sus once hijas e hijos  (www.juaniglesias.org)  donde se rinde cumplida cuenta de su vida y obra. Hay algunos profesores que dejan de ser una persona no sólo para convertirse en una leyenda sino, y sobre todo, para convertirse en un libro. Ya no se dice el Profesor tal o cual, sino “el Iglesias”, “el Castán”, el “Garrigues”, el “García Gallo”…
 
Tampoco corresponde transmitir aquí sensaciones personales, salvo, acaso, una: ¿Saben no ya los estudiantes, sino los juristas de presunto reconocido prestigio, qué nos enseñó verdaderamente Iglesias? Ahora que con los instrumentos que la tecnología pone al alcance de nuestra mano podemos simplemente pasar días enteros paseando y leyendo las biografías de las personas a las que se ha dedicado una calle, ¿algún estudiante de “mi” Facultad, al ver el cartel de la fotografía, tecleará el nombre para saber quién fue, qué dijo, qué enseñó, con qué grado de rectitud, simplicidad y honestidad vivió ese hombre sabio y, a la vez, erudito? Tengo dudas. Los estudiantes de Derecho no saben quién es el titular de esa calle.
 
Estoy en falta con los editores de este Blog, a quienes he prometido unas líneas sobre el concepto radical de Justicia: en Grecia, como brindis a todos los que han podido pensar que nuestras reflexiones en los “Quae tangi non possunt” se referían a cuestiones demasiado modernas (sólo unos dos milenios de antigüedad) cuando la idea de “diké” y su significado tienen, como casi todo el pensamiento occidental, origen griego y se encuentran en los poetas y los filósofos y no en juristas.  Sinceramente, estoy asustado de tantos posts sobre la corrupción, las artimañas de la partitocracia y todo lo demás. Vivimos en un tiempo lleno de normas pero sin Derecho ni Justicia, pero, cuando pasen los siglos, de la misma manera que en la Bolonia del Siglo X al XI se desempolvaron las “Pandectae”, algunas personas egregias, algunos poetas del Derecho, volverán su vista atrás y se percatarán de que no hay “nomos” posible sin “paidos”, y que es preferible la educación a la norma. En palabras de Gimferrer tan recientes como del 17 de enero de este año: “La poesía es una herramienta moral”.
 
Tengo en mi mano derecha la décima edición del “Iglesias” y en mi mano izquierda la última (que yo sepa), la 18ª. La décima revisada es de 1990 (Ariel), la primera de 1958, la Décima octava, que actualizó como las anteriores el hijo del maestro, también romanista, data de 2010 (Sello Editorial). La Décima cuenta con 703 páginas y mucho latín, la 18ª sólo con 466 y menos latín, adaptada a las necesidades del guion del nivel intelectual presente de las Facultades de Derecho en las que, empero, todavía se inscriben poetas para tratar de entender el “misterium fascinans” que es el Derecho.
 
En el Capítulo I, “Conceptos Fundamentales” de la décima Edición, el Profesor Iglesias dice: “Ningún hombre es él solo. Cada uno de nosotros somos con otros. Cierto que mi yo es algo mío. Es lo más mío, pero no por obra toda mía”.
 
El mismo Capítulo de la décima octava edición comienza igual, pero, su hijo y editor dice:
“Una de las lecciones que dejan a las claras su concepción del Derecho, queda resumida en estas palabras: Solo una cosa puede ser el Derecho. Solo puede ser el arte de lo bueno y de lo justo, tal y como lo entendían los romanos. Y a las preguntas ¿qué es el Derecho?¿Qué es la Justicia?, ¿qué es la libertad?, no se les da contestación adecuada si no se sabe qué es el hombre.” Sí, porque el Profesor Iglesias era no sólo un humanista, sino humano.
 
Acto seguido, en el prólogo propiamente dicho el Prof. Marina, uno de los más ilustres filósofos españoles vivos, porque acabamos de perder a Trías, dice: “Pues bien, el Derecho es la poesía de la razón práctica, la que intenta humanizar una naturaleza hostil, feroz a ratos. Me lo enseñó un gran especialista en Derecho romano, Rudolf von Ihering, que definía el derecho como “la poesía del  carácter”. Por eso me indigno cuando veo explicarlo o vivirlo como una aburrida colección de códigos o como una técnica para pleitear”. Trataremos de refutar (con modestia, claro) otras cosa que dice el filósofo sobre el Derecho en Grecia en su “Prólogo para no Juristas” el “Iglesias” cuando alcancemos a escribir sobre la “diké” de la mano de Sumner Maine y de Werner Jaeger.
 
De todas las palabras que aprendí  de Iglesias, una memoria, un manual, una calle, hay una, de raíz unamuniana y salmanticense, como creo haber dicho aquí antes, que lo resume todo: “intrajusticia”. Quien tenga oídos, que entienda.
 
Ya que me es dado asomarme a esta ventana, lo repito: leed a Iglesias, aunque no sea en su Manual, sino en su “Arte del Derecho” en su “Iter Iuris” en sus “Miniaturas Jurídicas” en sus Estudios en su “Espíritu del Derecho Romano”, leed a Ihering, leed a Carnelutti, os aprovechará mucho más que leer el Boletín Oficial del Estado, si queréis llegar a ser jurisprudentes. Podréis decir luego, con Homero, aunque tengáis un coche viejo, cuando llegue la hora de poner las monedas en vuestros ojos, para el barquero, “esta es mi vida, esto es lo que he sido” mirando el ocaso desde la calle del Profesor Juan Iglesias, junto a los estudiantes que acaso deseen saber qué es la justicia, qué es el derecho.