CNMV, el descontrol del mercado de valores

La actual presidenta de la Comisión del Mercado de Valores (CNMV), Dª. Elvira Rodríguez, ha afirmado recientemente que el objetivo de la CNMV es recuperar la confianza de los pequeños ahorradores e inversores. Le auguro a la Sra. Rodríguez un camino difícil ya que los frentes abiertos son numerosos e importantes. En efecto, los retos a los que se enfrenta este organismo, al que le fue encargada la supervisión e inspección de los mercados de valores, son de tal magnitud que con seguridad supondrán un antes y después para la institución. Y es que si el único objetivo de la CNMV era “velar por la trasparencia de los mercados de valores españoles y la correcta formación de precios, y la protección de los inversores”, -como reza su propia página web– nos atrevemos a decir que, en ese caso, la CNMV ha fracasado estrepitosamente. Que las noticias de actualidad financiera hayan saltado de las tradicionales páginas salmón de economía a las de sucesos, conteniendo infinidad de noticias acerca de interposición de querellas y denuncias, es un buen ejemplo del estado de desconfianza y descrédito de un organismo sobre el cual no debería pesar el más mínimo recelo.

 

En primer lugar, la comercialización de las permutas financieras (swaps en inglés) ha venido marcando la actualidad de la actividad contenciosa en materia bancaria y financiera desde el inicio de la crisis hasta hace bien poco. Los swaps fueron colocadas a miles de familias y empresas como “seguros” destinados a minorar el riesgo de la subida de tipos de interés en sus préstamos bancarios, cuando en realidad se trataban de verdaderos contratos especulativos de alto riesgo sobre la evolución de los tipos de interés. Así, todas estas personas han visto que en realidad no han contratado un seguro para protegerse sino un producto financiero complejo que comporta que en la actualidad deban pagar periódicamente importantes cantidades que se prolongarán hasta el vencimiento del producto, dado que su cancelación anticipada resulta sino imposible si de un coste prohibitivo. Los juzgados y tribunales vienen dando la razón a los contratantes,  gentes con escasa o ninguna formación financiera, basándose no en grandes y alambicadas construcciones jurídicas sobre contratación financiera compleja sino en lo más básico: los elementos esenciales del contrato, puro y duro Código civil del S. XIX. ¿Qué estaba haciendo la CNMV, un órgano sumamente técnico y especializado cuando permitió esa comercialización engañosa?

 

En segundo lugar, las actuales protagonistas en la actual litigiosidad financiera, las participaciones preferentes, cuya denominación fue aprovechada para burdamente venderse a los clientes bancarios “preferentes” cuando resulta ser un producto financiero complejo cuya única preferencia reside en cobrar antes que los accionistas en caso de concurso de la entidad financiera. Las características de las preferentes, esto es, perpetuidad, escasa liquidez y el hecho de no estar garantizadas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), no fue óbice para que fueran comercializadas extensivamente a los únicos que hasta entonces se había tenido por intocables: los ahorradores. Los perfiles de la comercialización minorista de preferentes son claros: Ancianos, pensionistas, en algunos casos incluso afectados de alzhéimer, o ya directamente analfabetos, no fueron informados por sus entidades financieras de confianza del significado y riesgo que suponía invertir en participaciones preferentes, quedando afectados en numerosas ocasiones los ahorros forjados durante toda una vida. Con suerte ahora se encuentran en un complejo procedimiento de arbitraje o de canje de sus participaciones por acciones de la entidad con fuertes quitas. Pero ojo, el motivo de tal canje no reside en la bondad de la entidad de ayudar a sus clientes a desprenderse de las preferentes, sino únicamente adaptarse a la normativa Basilea III, según la cual las participaciones preferentes dejan de contar para reforzar su capital. A diferencia de los swaps, la comercialización de las preferentes presentan un evidente conflicto de intereses, que ofendería la sensibilidad de cualquier inversor, cuando no se trataría de ilícitos penalmente relevantes. Solo en el caso de Bankia decenas de miles de “preferentistas” perdieron, según algunos cálculos hasta 5.000 millones de euros. ¿Qué estaba haciendo la CNMV cuando todo esto sucede precisamente en el mercado que se supone debe supervisar?

 

El caso concreto de la salida a bolsa de Bankia, o más recientemente el de Pescanova (cuyos inversores, principalmente fondos de inversión norteamericano, al parecer habrían pedido ya explicaciones a la CNMV por su papel desempeñado en la crisis de la compañía cotizada) merecerían un capítulo aparte, cuya extensión excedería este simple artículo de opinión.

 

De todo ello se pone de manifiesto que la CNMV ha fracasado en su finalidad, tanto por lo que respecta a su obligación de procurar esa trasparencia de los mercadores de valores, como en la correcta formación de precios y especialmente en lo afectante a la protección de los inversores. No hay constancia pública de que ni el actual ni el anterior equipo de la CNMV, ni tampoco del Banco de España, haya denunciado los hechos más allá de las comunicaciones internas y algún informe que recientemente ha salido a la luz demostrando, al menos, el conocimiento por parte de la CNMV de la mala praxis en la emisión de las preferentes,  posicionándose no obstante en una situación de absoluta pasividad cuando más necesaria era su actividad, mientras las entidades incumplían sistemáticamente la Ley de Mercado de Valores.

 

Así pues cabe preguntarse ¿Qué responsabilidad ha asumido en todos estos escenarios la CNMV? Su anterior presidente, D. Julio Segura, en su comparecencia sede parlamentaria en mayo de 2012 rechazó asumir responsabilidad alguna, dado que, según afirmó, las competencias de la CNMV únicamente se circunscriben a que las cuentas de las entidades supervisadas cumplan las normas internacionales de contabilidad, pero “no a lo sustantivo de un informe de auditoría, a si las cuentas estaban bien o mal“. Como es lógico, no puede servir de excusa para justificar esa pretendida exención de responsabilidad puesto que la CNMV dispone, como es sabido, de todos los medios legales y técnicos, -tanto en lo personal como en lo material- que resultan precisos para el correcto desempeño de su función supervisora. Por ello, entiendo que además de las demandas y querellas contra los responsables de preferentes swaps, etc. debería también contemplarse por los afectados la responsabilidad patrimonial del propio órgano encargado de la supervisión. Responsabilidad que entendemos concurrente de forma solidaria con la del emisor del valor e incluso, en su caso, con la auditora de las cuentas, con lo que el inversor perjudicado por lesión pueda finalmente obtener resarcimiento por el daño patrimonial sufrido por el anormal funcionamiento supervisor de la CNMV, esto es, por su flagrante inactividad cuando, a todas luces, era necesario que actuara para evitar este descontrol del mercado de valores.

 

 

Lecciones del caso Sáenz: qué difícil es todo en España

La dimisión de Alfredo Sáenz como consejero delegado del Banco de Santander cierra (con casi total seguridad) uno de los episodios más rocambolescos y lamentables acaecidos en los últimos años en nuestro país. El caso ha sido tratado extensamente en este blog y lo conocen ustedes a la perfección, así que no creo que sea necesario recordarlo de nuevo. Según cuenta la prensa, ante la filtración de que el Banco de España no iba a tener más remedio que declarar la falta de concurrencia del requisito de honorabilidad para ejercer el cargo, obligándole a cesar, el Sr. Sáenz ha preferido jubilarse a los 70 con una pensión de 88 millones de euros. Con ello se pone fin a un asombroso e interminable periplo del que, creo, podemos extraer una serie de lecciones muy provechosas, al menos para adquirir una adecuada conciencia de la situación que atravesamos hoy en nuestro país.
 
La primera es, parafraseando a Adolfo Suárez, lo difícil que es todavía en España, más de treinta y cinco años después, “elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal”. A nivel de calle y en cualquier otro lado, claro. Pongamos un sencillo ejemplo: El 27 de junio de 2012 se hace público que Barclays ha sido multado por manipular el índice Libor (tema tratado en el blog aquí y aquí): El 2 de julio dimite el presidente de la entidad, y el día siguiente el consejero delegado, obedeciendo a las indicaciones del Gobernador del Banco de Inglaterra y del Director de la FSA. Cuando el día 4 el escándalo salta a la prensa con toda su virulencia estos dos señores ya no están en sus puestos. No ha pasado ni una semana.
 
Pues bien, en el caso Sáenz, entre la sentencia condenatoria firme y la dimisión han transcurrido dos años y dos meses; un largo periodo de tiempo en el que se ha mantenido artificialmente, bajo respiración asistida por el Gobierno, una situación insostenible, con grave descrédito para nuestro sistema financiero e institucional. Y todo, simplemente, como consecuencia de los intereses personales del presidente de la entidad, Sr. Botín, pues la salida del Sr. Saénz antes del momento programado le colocaba en una situación incómoda, ya sea en relación a su propio futuro o en el de sus familiares más próximos. Que ese fuese su deseo es hasta normal -tampoco el presidente de Barclays quería que dimitiese Bob Diamond, el CEO de la entidad- pero que los políticos y las instituciones españolas se lo hayan puesto tan fácil durante más de dos años -y por eso viene a cuento la frase de Suárez- es lo que no tiene fácil explicación.
 
O quizá sí la tiene, si nos fijamos un poco en el detalle del caso, pues los políticos han actuado en todo momento como resulta tan habitual en España: huyendo de la propia responsabilidad por la vía fácil. En primer lugar el Sr. Zapatero, indultándole después de perder las elecciones y unos días antes de cesar (total, a él ya qué le importa); un poco antes de eso el Sr. Fernández Ordóñez, mirando hacia otro lado a la vista de su inminente sustitución (nunca se sabe lo que nos deparará el futuro); más tarde el Sr. Rajoy, cambiando rápidamente la normativa para trasladar la patata caliente al Banco de España; y claro, cuando esta entidad mira para atrás y ya no ve absolutamente a nadie al que pasar la pelota y tiene que optar entre incomodar un poco al Sr. Botín o hacer el papelón del siglo, pues va a ser que la pelota deja de rodar. Si lo hubiera hechos dos años antes habría que felicitarles, pero a estas alturas ya es imposible.
 
La segunda lección, que se deriva de la primera, es que sin mejorar nuestro sistema de exigencia de responsabilidades a nivel político e institucional no hay regeneración que valga. Y lo cierto es que con independencia del marco legal, que además siempre tiene sus limitaciones, no existe medio más efectivo para ello que los medios de comunicación social. Siempre, pero especialmente en tiempos de crisis, resultan imprescindibles para marcar al poder (político y financiero) y denunciar sus arbitrariedades y sus abusos. Por eso resulta tan triste el mediocre papel que han hecho en todos y cada uno de los escandalosos hitos de este caso (salvando algunas loables excepciones, como casi siempre) y que se ha visto confirmado ahora por el general panegírico a la labor bancaria del Sr. Saénz, en algún supuesto sin ni siquiera mencionar la razón por la que dimitía (ver aquí). Como ocurre con la lección anterior, las loas llegan dos años y dos meses a destiempo. Que se lleve los 88 millones, siendo reprochable, puede ser inevitable, pero ya es demasiado tarde para que se vaya honorablemente, por mucho esfuerzo que hagan algunos en ese sentido.
 
Por eso, la tercera lección de este caso es que, ante la debilidad de los medios tradicionales, la función de control del poder está llamada a recaer hoy en una galaxia poco coordinada de pequeños medios digitales, redes sociales, webs y blogs de todo tipo, gestionados en muchos casos por profesionales de otros sectores en sus ratos libres. Siendo previsible que esa coordinación vaya a más en un futuro no muy lejano, y con ello su general incidencia, hay que reconocer que en este momento, al menos en España, no son capaces de sustituir a los grandes medios en esa función. Su incidencia en las tendencias del gran electorado es aún muy limitada. Todavía hoy una página en un diario nacional de gran difusión -no digamos treinta segundos de televisión- tienen más impacto que toda la galaxia bloguera. Sin embargo, ya hay estudios que demuestran la creciente desconfianza de los lectores frente a los medios tradicionales. Por eso, lo que está meridianamente claro es que si esos medios siguen escamoteando su responsabilidad frente a los lectores, pensando siempre en el ardiente corto plazo, la transición puede ser mucho más rápida de lo que ellos esperan (y desean).