Élites cobardes

 

El pasado 29 de Abril los periódicos se hicieron eco de las declaraciones de María Dolores Dancausa, Consejera Delegada de Bankinter, en la que afirmaba que era necesario adelgazar la Administración Pública española, y que las acciones anunciadas por el Ejecutivo el 26 de Abril habían sido decepcionantes. Pueden leer estas declaraciones tal y como las recogieron algunos medios aquí. Que alguien de la élite económica de este país diga “lo obvio”, y sea noticia, es ciertamente sorprendente. Claramente Dolores Dancausa es una “rara avis”  que no tiene problemas para hacer este tipo de declaraciones. Porque si algo caracteriza a la élite económica e intelectual de nuestro país es su cobardía. Pocas son las declaraciones en las que se atreven a cuestionar al poder y a los políticos, más allá de los lugares comunes, y  de una tenue crítica, siempre políticamente correcta.

 

No solo eso,  la élite intelectual tiene también otro problema: su dispersión. Si en otras épocas eran fácilmente identificables las instituciones o las profesiones de las que el país podía esperar un liderazgo intelectual, hoy sólo es posible identificar, si cabe, individuos aislados. Instituciones clásicas como el Ateneo o la Institución Libre de Enseñanza no han tenido continuidad y hoy España no cuenta con casi ningún ningún foro (o think tank) que no tenga un claro sesgo partidista. De las tribunas universitarias ya nos hemos cansado de esperar cualquier aportación, Y en las profesiones con pretensiones intelectuales, ya se trate de juristas, economistas, sociólogos, periodistas, científicos o altos funcionarios del Estado encontramos en la misma proporción que en cualquier otra tontos solemnes y genios incomprendidos, pero todas ellas comparten la misma incapacidad para ejercer cualquier tipo de liderazgo intelectual en este momento.

 

 

Por supuesto no estoy afirmado que no se hagan críticas. Lo que afirmo es que todas se deslizan siempre por el lado cómodo. La élite intelectual encuentra un fácil acomodo en la defensa de los débiles, sean parados o desahuciados. Sin duda esta crítica es importante, no pretendo restarle mérito, pero desde el punto de vista intelectual, es esa una crítica demasiado simple. Siempre es más fácil una crítica sobre las consecuencias, pidiendo medidas paliativas, que una crítica sobre las causas, pidiendo medidas regeneradoras. El libro de “Por qué fracasan los países”, de Acemoglu y Robinson, ampliamente analizado y comentado en este post, debería ser una lectura obligada en universidades, e incluso en el bachillerato español. Encontramos una crítica más certera a la situación actual en ese libro, que la que hemos escuchado a toda la élite intelectual y económica española en los últimos 5 años. En cierto modo, la crítica de los intelectuales guarda cierta semejanza con la que se atrevió a hacer Bartolomé de las Casas sobre el trato a los indios en la colonización española, en su defensa de los indios y sus derechos, y su lucha contra la esclavitud. Sin duda pedir que a los indios no se les tratara como esclavos fue un gran avance, y sin duda requería un indudable valor en el siglo XVI. Visto con los ojos actuales, los indios probablemente habrían preferido que les permitiesen explotar sus tierras y sus recursos en mejores condiciones, con un modelo de colonización más “inclusivo”. En el siglo XXI, los españoles deberían poder aspirar no solo a que nos traten mejor como ciudadanos, sino sobre todo a poder prosperar como país.

 

Hoy debería ser ya muy evidente que el problema básico al que se enfrenta España es el de unas instituciones que ya no sirven al interés general, sino que solo sirven al interés de los partidos políticos y de la élite política. Parece bastante evidente que el principal problema económico al que se enfrenta España no es tanto un déficit elevado, o una deuda desbocada, sino un sector público que ha invadido todos los sectores económicos y ha creado un régimen clientelar en el que es difícil que pueda desarrollarse la competitividad que precisa la economía española. Medidas obvias como la profunda reestructuración de la Administración pública y el adelgazamiento del sector público se enfrentan al problema infranqueable de que los partidos en el gobierno, sea el PP, PSOE, CIU o PNV no las quieren adoptar. Ya  hace tiempo que toman medidas solo pensando en el interés de mantener su “statu quo” y su red clientelar, sin importarle demasiado las consecuencias que ello pueda tener para España. La invasión de empresas públicas, innecesarias e insostenibles, en todos los sectores económicos, sigue ahogando a nuestra economía. Lo que España necesita perentoriamente es una profunda revisión institucional, basada en la revisión de una ley de partidos que ha permitido que hoy España sea la “finca” de los grandes partidos mayoritarios, basada en la estricta y rigurosa implantación de una política de transparencia que llegue a todos las instituciones públicas que reciben cualquier cantidad de dinero público, sean partidos, sindicatos, monarquía o fundaciones, y en el repliegue de los partidos políticos de su ocupación de todas las esferas de poder, sean organismos reguladores, televisiones públicas, sistema financiero, órganos de gobierno judiciales, o tribunales. El día que nombramientos como el de Miguel Ángel Fernández Ordóñez al frente del Banco de España o Elvira Rodríguez al frente de la CNMV sean solo un mal recuerdo, podremos albergar alguna esperanza sobre el futuro de España.

 

Lo sorprendente es que la élite intelectual, apenas empieza a abordar estos temas. Muchos de sus representantes se sienten cómodos criticando los recortes, sean a la investigación o al Estado de Bienestar, pero son pocos los que se atreven a cuestionar el sistema institucional clientelar y corrupto que mantiene maniatado a este país. Y es que lamentablemente, conviene decirlo, también muchos viven de él.

 

Y, en fín, las élites económicas parece que se encuentran cómodas en este capitalismo  “de amigos” que se instauró en España con la democracia, y que tan buenos réditos les ha dado a muchos de ellos. Palabras como las de Dancausa “ningún banco puede funcionar bien en una economía donde familias y empresas no tienen recursos para pagar sus deudas” no parecen tener aún demasiado eco.  Tenemos una élite empresarial que se siente cómoda criticando las subidas de impuestos, la reforma laboral, o la política económica, pero se siente incómoda denunciando el capitalismo “de amigos”, que con tanto acierto denuncia César Molinas (ver aquí). Un capitalismo  en el que es más fácil hacerse rico teniendo un amigo concejal o ministro, que con una idea innovadora. En un post anterior ya comentamos el ejemplo de lo sucedido en Estados Unidos (ver aquí) donde a finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades presentaban corrupción y sus gobiernos estaban capturados por redes clientelares o mafiosas (perfectamente reflejado en la película Gangs of New York).  La historia recoge como los activistas que intentaban promover un tipo de gobierno local basado en directivos profesionales, solo tuvieron éxito cuando lograron convencer a los empresarios que les iría mejor si se cambiaban las malas instituciones utilizadas por los políticos para sostener sus redes clientelares.  Hoy parece que la élite empresarial española aún no ha comprendido este hecho tan obvio. Será necesario que el índice de pobreza crezca en España hasta niveles que realmente hagan peligrar sus intereses empresariales para que puedan siquiera planteárselo.

 

Probablemente una de las grandes diferencias entre esta etapa, y la que España vivió en la Transición, es que en aquella época había una élite que dio un paso al frente, consciente de su responsabilidad para guiar a España en el difícil camino de la dictadura a la democracia. Hoy esa élite, 40 años después, es sobre todo una élite acomodada y cobarde. Sin esas voces, el cambio en España va a ser mucho más difícil. Entre una élite política extractiva centrada en sus propios intereses, y unos movimientos ciudadanos de difícil gestión e incierto éxito, la élite económica y la élite intelectual tienen una clara responsabilidad en impulsar la regeneración española. Si no, pasarán a la historia como la élite que prefirió llevar su dinero al extranjero y mandar a sus hijos a estudiar y trabajar  fuera de España  mientras contemplaba el expolio y el hundimiento de su país.

 

“Tercera” de ABC del coeditor Fernando Gomá sobre productos financieros complejos

El pasado sábado 4 de mayo, el editor Fernando Gomá publicó en la Tercera de ABC un artículo dedicado a un tema que no puede estar más de actualidad: los productos financieros como preferentes o swaps. En él no solamente describe cómo hemos llegado a la lamentable situación actual, sino que también reclama para el consumidor un cambio total en su forma de comportarse a la hora de contratar productos financieros. Éste es el artículo:
 

PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEJOS

Si en una conversación cotidiana de hace, pongamos, seis años, alguien hubiera argumentado a favor o en contra de las participaciones preferentes, los swaps o la deuda subordinada, probablemente el tema decaería con rapidez. Pocos contertulios estarían preparados para opinar con seguridad sobre negocios tan técnicos y escasamente conocidos. En el 2013, sin embargo, muchas personas son capaces de describir con notable precisión las características y el funcionamiento de alguno de estos complejos productos financieros aún sin ser en absoluto expertas en esta materia, quizá por haber contratado alguno de ellos. Y no es posible exagerar su repercusión mediática. Un día se especula sobre las pérdidas económicas que tendrán que afrontar los preferentistas; otro se analiza la última sentencia judicial sobre swaps; y en muchos de ellos hay hueco para dramas sociales de personas que invirtieron en algo que creían seguro, y no lo era. Gran cantidad de cosas han cambiado notablemente en poco tiempo.
 
 
Podemos tener la sensación de que en un pasado no muy lejano los productos financieros que eran ofrecidos por el banco a sus clientes no especializados eran más sencillos y comprensibles, y el asesoramiento de la entidad, confiable. Y que en un momento determinado algo cambió. Es probable que fuera así en realidad, y que ese momento fuera la aprobación en 1999 en Estados Unidos de la Financial Services Modernization Act, que abrió la puerta a algo prohibido desde la Glass-Steagall Act de 1933: la fusión de la banca de inversión y la banca de depósitos. Con ello, sofisticados y herméticos instrumentos económicos diseñados por agentes de inversión y destinados únicamente a este sector, pasaron a ser ofrecidos al cliente minorista. Esa derivación era una bomba en potencia, que acabó explotando.
 
Las preferentes no son un producto totalmente falto de alicientes. Al adquirirlas se obtiene el derecho a recibir una remuneración anual por aplicación de un elevado interés fijo –en algunas emisiones llega a ofrecerse el 7 %- que es abonada siempre que la entidad no declare pérdidas ese año. Ahora bien, la inversión es perpetua, el capital no es recuperable salvo que se vendan los títulos. Y en caso de quiebra de la entidad, sus titulares están por detrás de todos los acreedores para el cobro, puesto que responden de las deudas sociales casi al mismo nivel que los accionistas. Estos caracteres no les impiden ser una razonable opción de colocación de capital para un número reducido de inversores con conocimientos superiores al nivel básico. Pero resulta muy improbable que sean capaces por sí mismas de ejercer una atracción insuperable para una mayoría muy considerable de clientes bancarios minoristas, hasta convertirse en el mayor best seller financiero del siglo XXI en España. Y, sin embargo, esto es exactamente lo que ha ocurrido. Se calcula en los últimos años se han comercializado por un valor superior a 30000 millones de euros, y que el 80% del total fueron contratadas por consumidores sin conocimientos especiales, para muchos de los cuales esta inversión ha  resultado muy perjudicial.
 
¿Cómo ha sido esto posible? ¿No estábamos protegidos contra estos desastres tras unos sólidos muros jurídicos e institucionales? ¿No teníamos una exigente y garantista legislación de defensa del consumidor, unos reguladores a los que se les suponía vigilantes, unos ministerios con atribuciones sobre la materia?
 
Tal vez. Pero hubo algo más poderoso: el enorme interés en venderlas, porque las preferentes tenían  una propiedad valiosa en extremo. Eran un instrumento de capitalización de las entidades financieras clasificado como de máxima calidad. Si ya desde el principio habían resultado muy atractivas para aquéllas, cuando en 2007 comienza a asomar la crisis financiera, y especialmente tras la quiebra de un too big to fail como Lehmann Brothers el 15 de septiembre de 2008, se convirtieron en dramáticamente imprescindibles. A medida que avanza la crisis hay dos fuerzas divergentes en pugna; una, la del interés del cliente minorista, para el cual el producto será cada vez menos conveniente y más peligroso; y otra, las imperiosas necesidades de capitalización de bancos y cajas.  Esta segunda fuerza se impone sin matices. En 2009 se comercializan más preferentes que en todo el periodo 2003-2006. Las normas que hubieran debido proteger al consumidor e impedirlo (Directiva MiFID, derecho interno desde 2007, entre otras) fueron sistemáticamente ignoradas por las entidades. El Gobierno no actuó y los reguladores Banco de España y CNMV, que debieron haberlo detectado y corregido, sencillamente no lo hicieron.
 
El resultado es conocido. Quizá el mejor resumen de la situación lo ha hecho el comisario europeo Joaquín Almunia quien, con inusual contundencia en un político, ha afirmado: “hay titulares de preferentes, que, por decirlo suavemente, han sido engañados”.
 
De todo lo acontecido hemos de extraer una importante lección para el futuro. Además de fallar todos los sistemas de tutela de la parte débil, el inversor minorista, hubo otro factor que hizo finalmente posibles esas ventas de preferentes: que se compraron. Se firmaron muchos de los contratos por la confianza que se tenía en el asesoramiento bancario. Ya en los años 50 el maestro Garrigues advertía contra la cultura del dónde hay que firmar. En pleno siglo XXI se firmó sin mirar, y aunque desde luego la principal -enorme, inexcusable, quizá penal- responsabilidad es de las entidades, ha de reconocerse al menos un error fatal en esa delegación de confianza.
 
No cabe aprender nada si se tiene la convicción de que la situación del que ha comprado productos tóxicos es atribuible exclusivamente a los demás, sean bancos, Gobierno o reguladores. Si no hay conciencia de haber sido, al menos en cierta medida, causante de ella, no hay ninguna posibilidad real de esperar una rectificación de actitud en el futuro, por faltar la conciencia de haber fallado. Busca tu confianza donde la dejaste, reza un antiguo aforismo germánico. Recojámosla de ese lugar y no volvamos a prestarla tan fácilmente.
 
Pueden proponerse muchas reformas que permitan a los consumidores precaverse contra inversiones y contratos no adecuados o perjudiciales, pero la más efectiva es la única que depende de nosotros mismos. Hay que cambiar de raíz nuestro comportamiento financiero. Ante un producto bancario que no se comprende, no parece conveniente o resulta dudoso, se impone decir la palabra que constituye la protección definitiva: no.