Limitar la libertad de expresión para proteger la democracia: paradojas y enseñanzas de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo en el asunto Animal Defenders International c.Reino Unido

 

Con frecuencia algunos manifiestan o manifestamos la admiración por algunos aspectos del sistema británico, con el riesgo de caer en la generalización, pues tienen también unos cuantos defectos. Y con el peligro por nuestra parte de caer en la depresión, pensando que nuestros males tienen un origen cuasi genético o histórico irremediable. Pues va a ser que no. Me temo que en más de una ocasión podría decirse (remedando la famosa frase de Clinton“Es la economía, estúpido”) que “es el derecho, buen hombre”. Para ilustrarlo vale de muestra la sentencia del pasado 22 de abril, de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Animal Defenders.

 

En el caso comentado se trataba de verificar si la prohibición impuesta por la legislación británica a la emisión de anuncios políticos en radio y televisión, en cualquier tiempo y no sólo en los de elecciones, es o no contraria a la libertad de expresión. La sentencia está llamada a la controversia, como refleja la propia división del Tribunal (9 votos frente a 8), de la que se hacen eco los votos particulares, concurrentes y disidentes. Por tan exiguo margen se resolverá que dicha limitación de la libertad de expresión es conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos. División que refleja en parte la de la cultura jurídica europea, pues no es lo mismo venir de siglos de democracia que de un reciente pasado de dictadura. Una resolución llena de matices que, como los buenos libros, es susceptible de múltiples lecturas. Me interesa destacar aquí la sentencia no tanto por su resultado, abierto sin duda al debate entre dos modelos tan diferentes como el de Estados Unidos y el europeo, como porque pone de manifiesto la vinculación de lo que percibimos como “virtudes” británicas y sus reglas jurídicas. No es, o desde luego no es sólo, educación, sino que –si se me permite la licencia- detrás “hay derecho”.

 

Comencemos por la conclusión del Tribunal de Estrasburgo, que avala la tradición británica de prohibir la publicidad política en los medios audiovisuales. Una regla que proviene de 1954 y que ha sido ratificada en una Ley de julio de 2003, promulgada tras largos debates y estudios de su Parlamento, iniciados nada menos que en 1999, e incluido el de su compatibilidad con el Convenio y la doctrina del TEDH. Tras ese debate, y por unanimidad de las fuerzas políticas se decidió, mantener una prohibición que se extiende no sólo a los partidos políticos sino a cualquier mensaje político, incluido el de las ONGs, como es el caso de la que acabará como demandante en Estrasburgo. Una limitación que se aplicaa todos los medios audiovisuales, ya sean públicos o privados –sí han leído bien, también a los privados-,y en todo tiempo y no sólo en período electoral (recuérdese que en España no se permiten los anuncios pagados en televisión, pero sí en las radios comerciales en periodo electoral).

 

La sentencia, tras constatar la existencia de una limitación del artículo 10 del Convenio (libertad de expresión), así como la falta de un consenso europeo sobre la materia (las respuestas son dispares en las legislaciones nacionales y no hay un estándar europeo), concluirá que dicha restricción es compatible con el Convenio, pues está justificada en el interés general y es proporcionada. El Tribunal presta especial atención a que la prohibición tiene por finalidad garantizar que el debate político democrático no sea perjudicado por la mayor capacidad de acceso a los anuncios de quienes tienen mayor capacidad financiera, protegiendo así el pluralismo político. Por otro lado, al ponderar su proporcionalidad, tiene en cuenta que la prohibición se aplica sólo a los medios audiovisuales, respecto de los que reconoce que,aunque puede haber hoy medios potencialmente más influyentes (caso de internet), mantienen una reforzada influencia como medio de entretenimiento de las familias en el ámbito de su intimidad, ya advertida en otras sentencias del TEDH.

 

En definitiva, el Tribunal avalará la limitación de la libertad de expresión como medio de garantizar el pluralismo político, frente al dictado de las reglas de la mera capacidad económica. Hasta aquí la paradoja. Pasemos ahora a las enseñanzas.

 

Del contenido de la sentencia surgen al menos tres elementos del derecho británico especialmente sugerentes. El primero, la referencia al Comité Neill, creado en 1998, para estudiar la financiación de los partidos políticos, y la recomendación de éste de mantener la prohibición de los anuncios, por los efectos adversos que su levantamiento podría tener sobre la financiación de los partidos políticos, tentados a buscar dinero a toda costa para sufragar sus campañas. Mejor evitar la tentación que luchar contra sus efectos.

 

La segunda cuestión que llama la atención forma parte de los razonamientos que llevan al fallo del Tribunal. La ONG recurrente alegó que los objetivos perseguidos por la norma podrían conseguirse mediante una regulación menos restrictiva: por ejemplo, aplicándola sólo a los partidos políticos o estableciendo un tope de gasto para este tipo de anuncios. Y la razón por la que el Reino Unido rechazó esas alternativas, y el Tribunal la considera aceptable, es garantizar que la norma se cumple. Es decir, no es que los británicos sean más respetuosos con sus normas, sino también que éstas se hacen pensando en que no sea sencillo burlarlas. Sin recato,tanto el Agente del Reino Unido al alegarlo, como el Tribunal al seguir su razonamiento,  rechazarán ambas alternativas (párrafo 122), al considerar que con ellas sería sencillo para los partidos utilizar organizaciones paralelas para burlar la prohibición, o replicarlas con el fin de acumular a su favor anuncios, respetando formalmente el tope de gasto para cada una de ellas.

 

Una última curiosidad aparece en la referencia al derecho aplicable. Resulta que, conforme a la Ley británica de 2003, todos los medios televisivos y de radio, ya sean públicos o privados, están sometidos a una obligación de imparcialidad respecto de las cuestiones objeto de controversia política o industrial, o del debate político de cada momento. Si, también los privados. Esa obligación se plasma, entre otros deberes, en la exigencia de que el medio no pueda expresar sus puntos de vista u opiniones en ningún programa, y en la obligación de ser neutral, sin dar preeminencia en los programas a las opiniones de unas determinadas personas o grupos. En otras palabras, no a las líneas editoriales en los medios audiovisuales y si hay debates que sean plurales. Así se explican algunas virtudes que generalizadamente se ensalzan de la televisión británica, pero resulta que van a ser cuestión de reglas jurídicas y no sólo “de genética”.

 

¿Se imaginan el efecto de semejante norma en el conjunto de nuestra parrilla del TDT y de la radio? Y encima huérfanos de escuchar cada mañana quien avale, sin esforzarnos en reflexionar,nuestra visión de la realidad. Solos a la intemperie, teniendo que pensar y juzgar por nosotros mismos. ¡Qué raros estos británicos!

Élites cobardes

 
El pasado 29 de Abril los periódicos se hicieron eco de las declaraciones de María Dolores Dancausa, Consejera Delegada de Bankinter, en la que afirmaba que era necesario adelgazar la Administración Pública española, y que las acciones anunciadas por el Ejecutivo el 26 de Abril habían sido decepcionantes. Pueden leer estas declaraciones tal y como las recogieron algunos medios aquí. Que alguien de la élite económica de este país diga “lo obvio”, y sea noticia, es ciertamente sorprendente. Claramente Dolores Dancausa es una “rara avis”  que no tiene problemas para hacer este tipo de declaraciones. Porque si algo caracteriza a la élite económica e intelectual de nuestro país es su cobardía. Pocas son las declaraciones en las que se atreven a cuestionar al poder y a los políticos, más allá de los lugares comunes, y  de una tenue crítica, siempre políticamente correcta.
 
No solo eso,  la élite intelectual tiene también otro problema: su dispersión. Si en otras épocas eran fácilmente identificables las instituciones o las profesiones de las que el país podía esperar un liderazgo intelectual, hoy sólo es posible identificar, si cabe, individuos aislados. Instituciones clásicas como el Ateneo o la Institución Libre de Enseñanza no han tenido continuidad y hoy España no cuenta con casi ningún ningún foro (o think tank) que no tenga un claro sesgo partidista. De las tribunas universitarias ya nos hemos cansado de esperar cualquier aportación, Y en las profesiones con pretensiones intelectuales, ya se trate de juristas, economistas, sociólogos, periodistas, científicos o altos funcionarios del Estado encontramos en la misma proporción que en cualquier otra tontos solemnes y genios incomprendidos, pero todas ellas comparten la misma incapacidad para ejercer cualquier tipo de liderazgo intelectual en este momento.
 
 
Por supuesto no estoy afirmado que no se hagan críticas. Lo que afirmo es que todas se deslizan siempre por el lado cómodo. La élite intelectual encuentra un fácil acomodo en la defensa de los débiles, sean parados o desahuciados. Sin duda esta crítica es importante, no pretendo restarle mérito, pero desde el punto de vista intelectual, es esa una crítica demasiado simple. Siempre es más fácil una crítica sobre las consecuencias, pidiendo medidas paliativas, que una crítica sobre las causas, pidiendo medidas regeneradoras. El libro de “Por qué fracasan los países”, de Acemoglu y Robinson, ampliamente analizado y comentado en este post, debería ser una lectura obligada en universidades, e incluso en el bachillerato español. Encontramos una crítica más certera a la situación actual en ese libro, que la que hemos escuchado a toda la élite intelectual y económica española en los últimos 5 años. En cierto modo, la crítica de los intelectuales guarda cierta semejanza con la que se atrevió a hacer Bartolomé de las Casas sobre el trato a los indios en la colonización española, en su defensa de los indios y sus derechos, y su lucha contra la esclavitud. Sin duda pedir que a los indios no se les tratara como esclavos fue un gran avance, y sin duda requería un indudable valor en el siglo XVI. Visto con los ojos actuales, los indios probablemente habrían preferido que les permitiesen explotar sus tierras y sus recursos en mejores condiciones, con un modelo de colonización más “inclusivo”. En el siglo XXI, los españoles deberían poder aspirar no solo a que nos traten mejor como ciudadanos, sino sobre todo a poder prosperar como país.
 
Hoy debería ser ya muy evidente que el problema básico al que se enfrenta España es el de unas instituciones que ya no sirven al interés general, sino que solo sirven al interés de los partidos políticos y de la élite política. Parece bastante evidente que el principal problema económico al que se enfrenta España no es tanto un déficit elevado, o una deuda desbocada, sino un sector público que ha invadido todos los sectores económicos y ha creado un régimen clientelar en el que es difícil que pueda desarrollarse la competitividad que precisa la economía española. Medidas obvias como la profunda reestructuración de la Administración pública y el adelgazamiento del sector público se enfrentan al problema infranqueable de que los partidos en el gobierno, sea el PP, PSOE, CIU o PNV no las quieren adoptar. Ya  hace tiempo que toman medidas solo pensando en el interés de mantener su “statu quo” y su red clientelar, sin importarle demasiado las consecuencias que ello pueda tener para España. La invasión de empresas públicas, innecesarias e insostenibles, en todos los sectores económicos, sigue ahogando a nuestra economía. Lo que España necesita perentoriamente es una profunda revisión institucional, basada en la revisión de una ley de partidos que ha permitido que hoy España sea la “finca” de los grandes partidos mayoritarios, basada en la estricta y rigurosa implantación de una política de transparencia que llegue a todos las instituciones públicas que reciben cualquier cantidad de dinero público, sean partidos, sindicatos, monarquía o fundaciones, y en el repliegue de los partidos políticos de su ocupación de todas las esferas de poder, sean organismos reguladores, televisiones públicas, sistema financiero, órganos de gobierno judiciales, o tribunales. El día que nombramientos como el de Miguel Ángel Fernández Ordóñez al frente del Banco de España o Elvira Rodríguez al frente de la CNMV sean solo un mal recuerdo, podremos albergar alguna esperanza sobre el futuro de España.
 
Lo sorprendente es que la élite intelectual, apenas empieza a abordar estos temas. Muchos de sus representantes se sienten cómodos criticando los recortes, sean a la investigación o al Estado de Bienestar, pero son pocos los que se atreven a cuestionar el sistema institucional clientelar y corrupto que mantiene maniatado a este país. Y es que lamentablemente, conviene decirlo, también muchos viven de él.
 
Y, en fín, las élites económicas parece que se encuentran cómodas en este capitalismo  “de amigos” que se instauró en España con la democracia, y que tan buenos réditos les ha dado a muchos de ellos. Palabras como las de Dancausa “ningún banco puede funcionar bien en una economía donde familias y empresas no tienen recursos para pagar sus deudas” no parecen tener aún demasiado eco.  Tenemos una élite empresarial que se siente cómoda criticando las subidas de impuestos, la reforma laboral, o la política económica, pero se siente incómoda denunciando el capitalismo “de amigos”, que con tanto acierto denuncia César Molinas (ver aquí). Un capitalismo  en el que es más fácil hacerse rico teniendo un amigo concejal o ministro, que con una idea innovadora. En un post anterior ya comentamos el ejemplo de lo sucedido en Estados Unidos (ver aquí) donde a finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades presentaban corrupción y sus gobiernos estaban capturados por redes clientelares o mafiosas (perfectamente reflejado en la película Gangs of New York).  La historia recoge como los activistas que intentaban promover un tipo de gobierno local basado en directivos profesionales, solo tuvieron éxito cuando lograron convencer a los empresarios que les iría mejor si se cambiaban las malas instituciones utilizadas por los políticos para sostener sus redes clientelares.  Hoy parece que la élite empresarial española aún no ha comprendido este hecho tan obvio. Será necesario que el índice de pobreza crezca en España hasta niveles que realmente hagan peligrar sus intereses empresariales para que puedan siquiera planteárselo.
 
Probablemente una de las grandes diferencias entre esta etapa, y la que España vivió en la Transición, es que en aquella época había una élite que dio un paso al frente, consciente de su responsabilidad para guiar a España en el difícil camino de la dictadura a la democracia. Hoy esa élite, 40 años después, es sobre todo una élite acomodada y cobarde. Sin esas voces, el cambio en España va a ser mucho más difícil. Entre una élite política extractiva centrada en sus propios intereses, y unos movimientos ciudadanos de difícil gestión e incierto éxito, la élite económica y la élite intelectual tienen una clara responsabilidad en impulsar la regeneración española. Si no, pasarán a la historia como la élite que prefirió llevar su dinero al extranjero y mandar a sus hijos a estudiar y trabajar  fuera de España  mientras contemplaba el expolio y el hundimiento de su país.