Mitos y leyendas de la crisis

En economía, como en muchos aspectos de la vida, lo que no son cuentas, son cuentos. Esto viene, a cuento, precisamente, de muchos mitos y leyendas de la gestión de la crisis en España. Para intentar ver qué hay de cierto en ellos, vamos a echarle un vistazo a los datos oficiales de la contabilidad nacional que se resumen en esta tabla  de Excel:

http://www.igae.pap.meh.es/sitios/igae/es-ES/InformesCuentas/Contabilidad/Documents/AAPP_A/S13_Op_no_financieras.xls

 

El primer gran mito es el de la austeridad, el famoso “nadie se puede gastar lo que no tiene”. Veamos en 2012, las Administraciones Públicas se gastaron, de una forma u otra, la friolera de 493.600 millones de euros: total de empleos no financieros; es decir, un 47,60% del PIB, de todo lo que producimos en un año. Esto es el record de gasto público en la historia de España, en valores absolutos y en porcentaje del PIB. Esto muy austero no parece, precisamente.

 

¿Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades en 2012? Pues, las Administraciones Públicas, sí, porque para gastar 493.600 millones de euros, sólo ingresaron 382.044 millones de euros, total recursos no financieros. La diferencia, 111.461 millones de euros, es la necesidad de financiación de las Administraciones Públicas, es decir el déficit público. Esto se puede expresar como porcentaje del PIB, un 10,6%, o como porcentaje del total de ingresos, por ejemplo, que nos da un 29,1% que nos hemos gastado sobre lo que hemos ingresado. En 2011, las Administraciones “sólo” se gastaron 100.440 millones de euros más de lo que ingresaron: es decir el déficit fue inferior (también como porcentaje del PIB, el 9,5%).

 

No obstante, en 2012, como aclara la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la tabla, los españoles perdimos 38.343 millones de euros en entregas a fondo perdido a entidades financieras. Esto hace que si consideramos el déficit sin contar estas “ayudas”, sólo nos queden 73.298 millones de euros (el 6,98% del PIB). Se puede discutir si estas “ayudas” son inevitables, o en qué medida deberían serlo, si hay que exigir responsabilidades a los gestores… lo que no es discutible es que son déficit como cualquier otro que tendremos que pagar todos los españoles en el futuro, vía menor gasto público o menores impuestos.

 

La justificación técnica de que no se incluyan en el protocolo de déficit excesivo (vulgo, los números con los que nos examinan en Bruselas) es que son “one-off”, es decir gastos absolutamente extraordinarios que sólo se pagan una vez. La realidad es que si uno lee la nota de la IGAE, en 2011 los contribuyentes ya sufragaron 5.136 millones de euros de pérdidas de la Banca (esencialmente de las antiguas cajas, como en 2012). Es bastante probable, y esto es una opinión personal, que en 2013 y en años sucesivos, los españoles sigamos teniendo que entregar dinero a fondo perdido a la Banca: la morosidad está en máximos y creciendo, y el precio de los activos inmobiliarios que tiene la Banca todavía no ha tocado “suelo”. Que los ciudadanos están pagando mayores impuestos para sufragar las pérdidas de las antiguas cajas de ahorro desgraciadamente no es un mito, que eso sea “one-off” y que el saneamiento haya terminado seguramente sí lo sea.

 

Obviando la cuestión de las “ayudas” al sector financiero, parece que sí se ha reducido algo el déficit. Como hemos visto que nos hemos gastado más, esta reducción sólo puede venir de mayores ingresos, es decir de mayores impuestos. Efectivamente, los impuestos directos, es decir, básicamente IRPF e Impuesto de Sociedades han dado unos 4.600 millones de euros más, y los indirectos, fundamentalmente IVA, IIEE e ITP han dado 2.300 millones de euros. Éste es el resultado recaudatorio de la mayor subida de impuestos de la democracia. Sin embargo, en el principal recurso público, que son las cotizaciones a la Seguridad Social, hay 5.000 millones de euros menos en términos redondos. Esto es extraordinariamente inquietante para el futuro con las perspectivas de empleo que se hicieron públicas hace unos días por el Gobierno de la Nación.

 

Con los altísimos impuestos de 2012, las Administraciones (básicamente la Agencia Tributaria), se recaudaron 213.600 millones de euros, 107.333 indirectos (impuestos corrientes sobre producción e importaciones) y 106.256 millones de euros directos (sobre la renta y el patrimonio). Antes de la crisis, en 2007 por los mismos conceptos y con menores tipos se recaudaron casi 260.000 millones de euros. Esto es una caída del 18%, superior a la caída de la economía y pese a las sucesivas subidas de impuestos. Esto quiere decir que España tiene una crisis fiscal:  el modelo fiscal está obsoleto y el fraude fiscal y la economía sumergida han aumentado en paralelo a la crisis. Algunos ya lo advertíamos en 2008 y entonces nos decían que era un mito…

 

Por último, tradicionalmente se ha venido considerando a las CCAA como las últimas responsables del aumento del gasto. Sin embargo, parece que en 2012, casi todas ellas han hecho un encomiable esfuerzo de austeridad. La realidad es que el gasto corriente, lo que no son inversiones, de las CCAA ha aumentado. Las CCAA han pasado, en gasto corriente de gastar 170.356 millones de euros a gastar 175.736 millones de euros. Esto, además, teniendo en cuenta que el gasto de personal ha disminuido en 5.000 millones de euros, lo que se debe en su mayor parte a la supresión (perdón aplazamiento) de la paga extra que acordó el Gobierno central.

 

¿Qué ha ocurrido? En primer lugar, que tenemos un sistema de financiación de las CCAA ininteligible, y sobre cuya contabilización los expertos de FEDEA tienen algunas dudas  las transferencias que las CCAA hacen al Estado para devolver excesos de liquidación pasados se consideran gasto corriente, y son 13.000 millones de euros más que el año pasado. Por otra parte, las CCAA han recibido la friolera de 34.000 millones de euros más en “recursos corrientes”, pasando de 127.300 millones de euros a 161.361 millones, que proceden en su inmensa mayoría de impuestos, cuya recaudación está cedida, y de transferencias del Estado. El neto es que han percibido unos 20.000 millones de euros más del Estado, que es, realmente, lo que les ha permitido reducir su déficit, manteniendo casi 30.000 millones de euros en subvenciones y transferencias corrientes (a particulares y empresas). Esta última cifra es la que se materializa la leyenda del “sistema clientelar de las CCAA”, una leyenda bastante real, de acuerdo con los números…

 

Una última reflexión, el recorte de la inversión pública ha sido sólo en inversión directa de 12.000 millones de euros. Si a esto se une el derrumbamiento de la inversión privada, aquí encontraremos alguna explicación a los pésimos datos de paro que nos azotan. No es la única causa, pero es importante. El gasto corriente aumenta, los impuestos también, aunque no conseguimos recaudar lo que deberíamos y la inversión pública se derrumba: esto es lo que dicen las cifras. En fin, se puede extraer mucha más información de los datos, pero espero haber contado las cuentas para intentar desenmascarar algunos mitos y leyendas de esta crisis.

Limitar la libertad de expresión para proteger la democracia: paradojas y enseñanzas de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo en el asunto Animal Defenders International c.Reino Unido

 
Con frecuencia algunos manifiestan o manifestamos la admiración por algunos aspectos del sistema británico, con el riesgo de caer en la generalización, pues tienen también unos cuantos defectos. Y con el peligro por nuestra parte de caer en la depresión, pensando que nuestros males tienen un origen cuasi genético o histórico irremediable. Pues va a ser que no. Me temo que en más de una ocasión podría decirse (remedando la famosa frase de Clinton“Es la economía, estúpido”) que “es el derecho, buen hombre”. Para ilustrarlo vale de muestra la sentencia del pasado 22 de abril, de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Animal Defenders.
 
En el caso comentado se trataba de verificar si la prohibición impuesta por la legislación británica a la emisión de anuncios políticos en radio y televisión, en cualquier tiempo y no sólo en los de elecciones, es o no contraria a la libertad de expresión. La sentencia está llamada a la controversia, como refleja la propia división del Tribunal (9 votos frente a 8), de la que se hacen eco los votos particulares, concurrentes y disidentes. Por tan exiguo margen se resolverá que dicha limitación de la libertad de expresión es conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos. División que refleja en parte la de la cultura jurídica europea, pues no es lo mismo venir de siglos de democracia que de un reciente pasado de dictadura. Una resolución llena de matices que, como los buenos libros, es susceptible de múltiples lecturas. Me interesa destacar aquí la sentencia no tanto por su resultado, abierto sin duda al debate entre dos modelos tan diferentes como el de Estados Unidos y el europeo, como porque pone de manifiesto la vinculación de lo que percibimos como “virtudes” británicas y sus reglas jurídicas. No es, o desde luego no es sólo, educación, sino que –si se me permite la licencia- detrás “hay derecho”.
 
Comencemos por la conclusión del Tribunal de Estrasburgo, que avala la tradición británica de prohibir la publicidad política en los medios audiovisuales. Una regla que proviene de 1954 y que ha sido ratificada en una Ley de julio de 2003, promulgada tras largos debates y estudios de su Parlamento, iniciados nada menos que en 1999, e incluido el de su compatibilidad con el Convenio y la doctrina del TEDH. Tras ese debate, y por unanimidad de las fuerzas políticas se decidió, mantener una prohibición que se extiende no sólo a los partidos políticos sino a cualquier mensaje político, incluido el de las ONGs, como es el caso de la que acabará como demandante en Estrasburgo. Una limitación que se aplicaa todos los medios audiovisuales, ya sean públicos o privados –sí han leído bien, también a los privados-,y en todo tiempo y no sólo en período electoral (recuérdese que en España no se permiten los anuncios pagados en televisión, pero sí en las radios comerciales en periodo electoral).
 
La sentencia, tras constatar la existencia de una limitación del artículo 10 del Convenio (libertad de expresión), así como la falta de un consenso europeo sobre la materia (las respuestas son dispares en las legislaciones nacionales y no hay un estándar europeo), concluirá que dicha restricción es compatible con el Convenio, pues está justificada en el interés general y es proporcionada. El Tribunal presta especial atención a que la prohibición tiene por finalidad garantizar que el debate político democrático no sea perjudicado por la mayor capacidad de acceso a los anuncios de quienes tienen mayor capacidad financiera, protegiendo así el pluralismo político. Por otro lado, al ponderar su proporcionalidad, tiene en cuenta que la prohibición se aplica sólo a los medios audiovisuales, respecto de los que reconoce que,aunque puede haber hoy medios potencialmente más influyentes (caso de internet), mantienen una reforzada influencia como medio de entretenimiento de las familias en el ámbito de su intimidad, ya advertida en otras sentencias del TEDH.
 
En definitiva, el Tribunal avalará la limitación de la libertad de expresión como medio de garantizar el pluralismo político, frente al dictado de las reglas de la mera capacidad económica. Hasta aquí la paradoja. Pasemos ahora a las enseñanzas.
 
Del contenido de la sentencia surgen al menos tres elementos del derecho británico especialmente sugerentes. El primero, la referencia al Comité Neill, creado en 1998, para estudiar la financiación de los partidos políticos, y la recomendación de éste de mantener la prohibición de los anuncios, por los efectos adversos que su levantamiento podría tener sobre la financiación de los partidos políticos, tentados a buscar dinero a toda costa para sufragar sus campañas. Mejor evitar la tentación que luchar contra sus efectos.
 
La segunda cuestión que llama la atención forma parte de los razonamientos que llevan al fallo del Tribunal. La ONG recurrente alegó que los objetivos perseguidos por la norma podrían conseguirse mediante una regulación menos restrictiva: por ejemplo, aplicándola sólo a los partidos políticos o estableciendo un tope de gasto para este tipo de anuncios. Y la razón por la que el Reino Unido rechazó esas alternativas, y el Tribunal la considera aceptable, es garantizar que la norma se cumple. Es decir, no es que los británicos sean más respetuosos con sus normas, sino también que éstas se hacen pensando en que no sea sencillo burlarlas. Sin recato,tanto el Agente del Reino Unido al alegarlo, como el Tribunal al seguir su razonamiento,  rechazarán ambas alternativas (párrafo 122), al considerar que con ellas sería sencillo para los partidos utilizar organizaciones paralelas para burlar la prohibición, o replicarlas con el fin de acumular a su favor anuncios, respetando formalmente el tope de gasto para cada una de ellas.
 
Una última curiosidad aparece en la referencia al derecho aplicable. Resulta que, conforme a la Ley británica de 2003, todos los medios televisivos y de radio, ya sean públicos o privados, están sometidos a una obligación de imparcialidad respecto de las cuestiones objeto de controversia política o industrial, o del debate político de cada momento. Si, también los privados. Esa obligación se plasma, entre otros deberes, en la exigencia de que el medio no pueda expresar sus puntos de vista u opiniones en ningún programa, y en la obligación de ser neutral, sin dar preeminencia en los programas a las opiniones de unas determinadas personas o grupos. En otras palabras, no a las líneas editoriales en los medios audiovisuales y si hay debates que sean plurales. Así se explican algunas virtudes que generalizadamente se ensalzan de la televisión británica, pero resulta que van a ser cuestión de reglas jurídicas y no sólo “de genética”.
 
¿Se imaginan el efecto de semejante norma en el conjunto de nuestra parrilla del TDT y de la radio? Y encima huérfanos de escuchar cada mañana quien avale, sin esforzarnos en reflexionar,nuestra visión de la realidad. Solos a la intemperie, teniendo que pensar y juzgar por nosotros mismos. ¡Qué raros estos británicos!