El Consejo de Ministros del pasado 26 de Abril anunció y aprobó unas (escasas) medidas fiscales incluídas en el  Programa Nacional de Reformas 2013.
 
Por su carácter parcial y su inconcreción , resultan claramente insuficientes a mi juicio para afrontar la situación de crisis en que se encuentra España desde hace cinco años y para dar adecuada respuesta a  las exigencias dela UE sobre consolidación fiscal.
 
La mayor parte de ellas son meras medidas de ajuste (“ punción “) fiscal , encaminadas principalmente a obtener  recursos adicionales , sin pretensión de abordar una reforma del sistema tributario en su conjunto y que abarque los diferentes tributos exigidos en los tres niveles de gobierno del Estado (central, regional y local)
 
Por tanto , se sigue aplazando – o simplemente ignorando- la creciente demanda de buena parte de la sociedad española que, hastiada de un contínuo aluvión  de  mini-medidas fiscales , aspira a dotarse de un sistema fiscal coherente y consensuado , que persiga a la vez la  suficiencia financiera, una justa distribución de la carga fiscal y un crecimiento sostenible . Poco de estos objetivos encontramos en un breve repaso de  las medidas anunciadas por el Gobierno.
 
Es obvio que en una situación como la española, con una economía sumergida de en torno al 20% del PIB y unos niveles de fraude fiscal insostenibles , las primeras  medidas a adoptar debieran ser las encaminadas a combatir la evasión y el fraude fiscal tanto en el ámbito interno como  internacional . Nada de eso se contiene en el Programa, quizás porque que el Gobierno se da ya por satisfecho con las establecidas recientemente en la Ley 7/2012, que fueron adoptadas en el contexto de la reciente “amnistía fiscal”.No obstante, tal conformismo no es aceptable cuando todavía se mantiene a la Agencia Tributaria Estatal infradotada en medios humanos y financieros y a la vez se le plantean retos importantes  en relación con la investigación de la  economía sumergida, la deslocalización fiscal de personas y capitales , la instrumentación de operaciones a través de paraísos fiscales y la coordinación de actuaciones de gestión e investigación del resto de  las Administraciones tributarias .
 
Tampoco se anuncian medidas referentes a la imposición directa. En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio  la novedad consiste en  prorrogar las medidas que el actual gobierno adoptó  en su día , nada más ser elegido y “con carácter transitorio “. Así el Programa prolonga la vigencia del recargo  complementario sobre IRPF hasta el año 2015 y La ley de Presupuestos prorrogó durante el ejercicio 2013 el viejo y tan denostado y rescatado Impuesto sobre el Patrimonio (verdadero Guadiana de nuestro sistema fiscal ). No se anuncia ninguna medida en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ni siquiera una eventual coordinación en el uso de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas, cosa que sería altamente deseable para evitar una competencias fiscal excesiva entre ellas . Todo esto aunque previsible  denota la incapacidad del Gobierno para abordar una reforma fiscal en profundidad -sea cual sea su contenido- a pesar de la existencia de una creciente demanda social para hacerlo.
 
En cuanto al Impuesto de Sociedades se anuncia – sin concretar las correspondientes medidas- la intención de eliminar algunas deducciones para los grandes contribuyentes considerando como tales aquellos cuya facturación anual supere los veinte millones de euros. A este respecto es preciso recordar que, a partir del RDL 12/2012, se han venido adoptando medidas sucesivas tendentes a la ampliación de la base imponible del impuesto . Así  en la actualidad se limita la deducibilidad de los gastos de la actividad: las amortizaciones, los gastos financieros, y las pérdidas de ejercicios anteriores. El resultado es que pueda darse el caso de que empresas en situación económica muy precaria paguen un impuesto que en teoría debe ser  sobre los beneficios. Añadir a lo anterior medidas nuevas y sin concretar puede tener como precio una pérdida de confianza de los inversores , incluidos los internacionales Todo ello pudiera traducirse en menos crecimiento y, en consecuencia , más paro.
 
Es en el campo de la fiscalidad indirecta es donde el gobierno pretende concentrar la carga fiscal (“ajuste”) adicional . Nada se dice , al menos de momento, en relación con subidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido (”el innombrable” IVA). En cambio  se anuncian eventuales incrementos en Impuestos. Especiales ¿para cuando y cómo?.  También el establecimiento de impuestos medioambientales “Fiscalidad Verde” sobre actividades contaminantes . Ahora bién  ¿cómo opinar sobre lo desconocido ?. Ante ello sólo caben meras expectativas o lo que es peor vanas esperanzas : ¡que no suba el precio de la energía!, ¡ que no suba el recibo de la luz! ¡ que al final no nos vendan unos impuestos como “verdes” pero de hecho  sin verdadero contenido medio ambiental ¡.
 
Por último – dentro de lo podríamos calificar de fiscalidad sectorial y para consumo interno- el Programa mantiene la pretensión del Gobierno de extender a todo el Estado el que estimo pernicioso Impuesto  sobre los depósitos bancarios , que lo es por un doble motivo: Porque su carga no incidirá sobre la banca, sino que se trasladará al cliente y porque al establecerse a la contra del ya existente en determinadas CCAA. , en  compensación a la  pérdida de recaudación de su  actual impuesto autonómico , habrán de ser indemnizadas con cargo a lo que se recaude por el nuevo impuesto de ámbito estatal. De ser así 14 CC.AA. deberán financiar a 3 con lo recaudado por este impuesto.
¿Darán crédito a todo esto nuestros amigos dela UE?. Lo que si es cierto es que tales medidas suscitan –a mi juicio y quizás al del resto de la ciudadanía y contribuyentes -una fuerte reticencia. Ello se debe a la falta de certidumbre o fiabilidad acerca de cual vaya a ser el contenido final de estas medidas simplemente anunciadas, cual su eficacia para el logro de los objetivos pretendidos, y cual el tiempo previsible para su implantación y el de su  vigencia ulterior una vez establecidas .
 
No hay que olvidar que en finanzas y en política (también en política fiscal) lo fundamental es el crédito, la confianza y la certidumbre. Sin embargo el contribuyente español y también el inversor se están viendo abocados a moverse y a desentrañar lo que podría calificarse de oxímoron (“contradictio in terminis”) fiscal, esto es en UNA INCERTIDUMBRE CIERTA, lo que está generando entre los mismos un creciente estupor.