La sentencia de Telemadrid y el control judicial de los despidos por causas económicas (y II)

El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción vigente introducida por la última reforma laboral, determina que “se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior”.

 

La extinción por causas objetivas se extiende al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas y, en este supuesto, concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos”.

 

Los primeros pronunciamientos judiciales anulando expedientes de despido colectivo (ahora una sentencia del Tribunal Supremo acaba de confirmar uno de ellos) se fundamentaron en incumplimientos sustanciales de forma. Esto movió a que, en la tramitación parlamentaria de la reforma laboral se aprovechase para reformar la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social, incluyendo la previsión de que el despido colectivo sólo se declararía nulo cuando no se hubiera realizado período de consultas o entregado la documentación obligatoria.

 

Ésta es una de las previsiones normativas que se proyectan sobre la sentencia de Telemadrid que comentamos. Las organizaciones sindicales demandantes habían pedido la nulidad por defectos en la documentación, por infracción de la regla de permanencia de personal laboral fijo o por incumplimientos relativos al Plan de Recolocación obligatorio, entre otras alegaciones. La desestimación judicial de esas peticiones se basa, sobre todo, “en el carácter tasado de numerus clausus de las causas de nulidad que el artículo 124 de la LRJS establece”.

 

Dejando al margen los requisitos formales, ¿es cierto que, como pretende la exposición de motivos del texto legal y tal cual ha quedado redactado el precepto, el control judicial debe ceñirse a la sola concurrencia de unos hechos? No me parece que vaya a ser así.

 

La potestad jurisdiccional definida en nuestro ordenamiento –juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (arts. 117 de la Constitución y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) supone la aplicación del Derecho al caso concreto, lo que conlleva en no pocas ocasiones una labor interpretativa. El juez, además, no aplica preceptos aislados, sino un cuerpo legislativo en su conjunto, con una jerarquía normativa, por lo cual el órgano judicial, al aplicar a un caso concreto los artículos 51, 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores los pondrá en relación, por ejemplo, con los derechos laborales reconocidos en la Constitución, entre ellos el derecho al trabajo. Igualmente, los jueces “tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan ateniéndose al sistema de fuentes establecido” (art.1.7 del Código Civil), sistema que no sólo incluye la ley, sino también los principios generales del Derecho. Y, por ello, el juez toma en consideración, a la hora de enjuiciar, conceptos tales como la buena fe, el abuso del derecho, la proporcionalidad o la justicia material, entre otros.

 

El concepto de causa no es equivalente a meros hechos, sino a hechos con virtualidad para producir determinados efectos. Ciertamente el tenor literal de la ley establece ahora que se entenderá “en todo caso” que concurren causas económicas de despido objetivo cuando se haya producido una disminución de ingresos en la empresa durante tres trimestres consecutivos en comparación con los mismos períodos del año anterior. A primera vista parece un dato objetivo que admite pocas interpretaciones, pero me pregunto: ¿cualquier disminución en esos términos justificaría cualquier despido? Por poner un ejemplo, extremo pero ilustrativo, ¿una disminución de ventas del 1 % durante tres trimestres sería causa económica que permitiera despedir al 90 % de la plantilla de una empresa? Me parece obvio que, por más que el legislador quiera excluirlo, el juzgador hará un juicio de proporcionalidad.

 

La sentencia relativa al despido colectivo de Telemadrid se plantea precisamente esta cuestión: la de “determinar si de cualquier situación económica negativa se puede derivar, o por sí misma justifica, los despidos, o bien se tienen que valorar, además de hechos propiamente dichos, otras situaciones”. La resolución judicial se inclina por esta segunda opción: “Una situación económica negativa, cualquiera y por sí misma, no basta para justificar los despidos de 925 trabajadores de una plantilla total de 1.161”. Cree el Tribunal que “es necesario acreditar algo más: que esa situación, que no es nueva, actúe sobre la plantilla de la empresa creando la necesidad de reducir los números de puestos de trabajo propuestos, o provocando un cese total de la actividad, y que las medidas extintivas responden a esa necesidad”.

 

Sostiene la resolución judicial que queda acreditada la situación económica de pérdidas del Ente Público, aunque entiende que no es nueva ni sobrevenida. La empresa se encuentra fuertemente endeudada: la deuda con entidades de crédito se cifra en 260 millones a finales de 2012. Alegando la supuesta causa extintiva de reducción presupuestaria para 2013, la empresa realmente “lo que pretende es conseguir un equilibrio financiero del Ente a través de una fórmula de descentralización”, pues RTVM, a través de contratos suscritos con Telefónica Broadcast Services, ha externalizado servicios que prestaba antes su plantilla. Para el tribunal “no existe una insuficiencia presupuestaria sobrevenida, sino una insuficiencia presupuestaria estructural, que se ha venido cubriendo con aportaciones extraordinarias”. Una reducción presupuestaria cifrada entre el 5 y el 10 % para 2013 no es lo que motiva la situación de desequilibrio financiero que presentan las cuentas de la entidad. La disminución de la dotación presupuestaria se utiliza como excusa para una “revisión general de toda la contabilidad” y para “cambiar el sistema de producción” y, sin cuestionar que sea ésta una decisión empresarial legítima, “no constituye una causa de extinción de despido colectivo para así eludir las consecuencias legales que de dicha extinción se derivan”

 

“La justificación del despido, aunque siga siendo compleja, sólo sería procedente –afirma la sentencia- si reacciona para corregir un desajuste en la plantilla provocado por una situación económica negativa, de lo que se sigue que las medidas extintivas se justifican desde el momento que responden a esa necesidad de reducción”. La sentencia invoca la “proporcionalidad” como “técnica de ponderación de los sacrificios”. En el presente caso, “el número de despedidos y la afectación de la medida es tan extenso que afecta mayoritariamente al sector de los contratos sometidos al convenio colectivo, dejando fuera, con la nueva estructura propuesta, prácticamente los contratos de alto valor en el gasto de personal. Desde esta premisa puede llegarse a la conclusión de que el recurso al despido masivo no está justificado, porque la causa no está bien ponderada y el resultado no es razonable a la causa económica alegada”.

 

Según la resolución del TSJ madrileño, “la falta de correspondencia entre la entidad de las causas económicas y el número de extinciones supone no causalizar las que resulten desproporcionadas”. Mantiene que “no es suficiente para acreditar la causa extintiva con acreditar una reducción en el presupuesto, que es insuficiente y congénito a un servicio público, por lo que se ha podido constatar”. La Sala niega, en definitiva, que una reducción presupuestaria entre el 5 y el 10 % justifique por sí sola la idoneidad de la medida de extinción de contratos del 80 % de la plantilla.

 

La del caso Telemadrid no deja de ser la sentencia de un Tribunal Superior de Justicia y  ni siquiera es firme. Pero no me cabe duda de que la línea que apunta será compartida (en su planteamiento más general, no en el mayor o menor acierto en la solución de este caso concreto) por más órganos judiciales. Los tribunales no van a renunciar a ejercer control de fondo sobre las causas de despido. El legislador puede reducir el margen de ponderación, el margen de interpretación, el margen de decisión judicial en la aplicación de la norma, pero no puede anularlo por completo. Reducir ese margen comporta mayor seguridad jurídica a la hora de adoptar decisiones empresariales o de reaccionar ante las mismas por parte de los trabajadores. La fórmula para ello es aplicar una buena técnica legislativa al redactar la ley, consiguiendo que sea todo lo clara, concreta o exhaustiva que se quiera… Pero pretender imponer una especie de mero automatismo y sólo por expresarlo así en la exposición de motivos de la ley, es simple e injustificado voluntarismo. Por suerte, la labor de impartir justicia sigue siendo propia de profesionales independientes y aún no hemos llegado a ese panorama, con el que bromeaba este blog el 28 de diciembre de 2011, de las sentencias dictadas por máquinas.

 

La sentencia de Telemadrid y el control judicial de los despidos por causas económicas (I)

Como es conocido a través de los medios de comunicación, la Sala de lo Social, sección 4, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia dictada hace unas semanas, declaró “no ajustado a Derecho” el expediente de despido colectivo que afecta a 925 trabajadores del Ente Público Radio Televisión Madrid y sus sociedades. La resolución no es firme, por haber sido recurrida en casación, tanto por los sindicatos demandantes –CC.OO., U.G.T. y C.G.T.- como por la empresa, ante el Tribunal Supremo.

 

Curiosamente, Ignacio González, el Presidente de la misma Comunidad de Madrid que sostenía en el juicio la plena legalidad y procedencia de la extinción, declaró públicamente sentirse “satisfecho” tras la sentencia. No se entiende bien cómo se puede sentir “satisfacción” cuando se está sustanciando la pérdida de centenares de puestos de trabajo, pero menos aún el día en que se conoce que el coste económico de esa decisión para los ciudadanos se multiplicará, al declararse por la Justicia su improcedencia.

 

Son muchas las consideraciones que, desde un punto de vista más político, podrían hacerse sobre este conflicto. Estamos, en mi opinión, ante esa “hoja de ruta”, tan repetida hoy, en que la pésima gestión de los servicios públicos acaba sirviendo de argumento –paradójicamente a los mismos responsables de esa gestión- para afrontar su privatización o, como sucede en este caso, su práctico desmantelamiento. Me parece, por descontado, una cuestión perfectamente discutible si una comunidad autónoma necesita o no tener una televisión pública. Pero me llama la atención la incoherencia de que los responsables políticos que hoy predican su absoluta insostenibilidad sean los mismos que fueron configurando, con sus propias decisiones, el modelo, la plantilla y la dimensión del Ente, los que diseñaron y acometieron el proyecto de sus macroinstalaciones en la Ciudad de la Imagen, los que pusieron un singular empeño en defender la creación de un segundo canal, La Otra, afrontando para ello incluso una prolongada batalla legal con el gobierno central, y los que, en 2011, aún sostenían en la Asamblea de Madrid que “Telemadrid sólo le cuesta a cada madrileño 17,1 € al año, lo que hace que siga siendo la televisión más barata con diferencia”.

 

Además de pionera en la importación a nuestro país de fórmulas y usos televisivos entonces novedosos y que luego se generalizarían con la llegada de las televisiones privadas, Telemadrid había sido, en su etapa inicial, un modelo reconocido de pluralismo. En los últimos años se convirtió justamente en lo contrario: un paradigma de grosera manipulación al servicio del gobierno autonómico. La progresiva pérdida de audiencia, la caída de ingresos publicitarios y la mala gestión empresarial fueron conduciendo al Ente Público a un callejón de difícil salida, en el que se ha optado por la solución no sé si más fácil, pero desde luego más injusta: poner en la calle a la inmensa mayoría de los trabajadores que habían cumplido su cometido cada día con profesionalidad (y que incluso en algunos casos venían alertando sobre esta deriva y formulando infructuosamente propuestas para evitarla), mientras permanecen en sus puestos los gestores y los directivos que han conducido a tan lamentable situación.

 

Pero no es la valoración política que como ciudadano me merece este asunto la que pretendo que centre mi reflexión en este blog. El objeto de este artículo lo constituyen aspectos jurídicos de una sentencia que, aun no siendo siquiera firme aún, me parece reveladora de una tendencia que va perfilándose en relación con el control judicial de las causas económicas en los despidos tras la reforma laboral.

 

El Estatuto de los Trabajadores en su redacción de 1980 ya contemplaba alguna posibilidad de extinción de la relación laboral por causas objetivas que podían ser de índole económica, con abono de una indemnización (veinte días de salario por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades) muy inferior a la prevista entonces para el despido improcedente (cuarenta y cinco días de salario por año de servicio, con un máximo de cuarenta y dos mensualidades). Se preveía para amortización de puesto de trabajo en empresas de menos de 50 trabajadores (art. 52.c) y para despidos colectivos con previa autorización administrativa (art. 51).

 

La reforma del Gobierno González de 1994 desarrolló y amplió ese cauce extintivo de las causas económicas, tanto en su versión de amortización individual como de expediente colectivo, con el requisito de que la decisión extintiva contribuyera “a superar una situación económica negativa”.

 

Con esa redacción tan genérica, como era previsible el control judicial no se ciñó a descartar la discriminación o la arbitrariedad, ni se limitó a valorar cuestiones periféricas, sino que entraba de lleno a enjuiciar el núcleo de la propia decisión empresarial: si era necesaria o no la amortización pretendida y si la misma contribuía o no a superar la situación económica. Esto dio lugar, en los años siguientes, a una interpretación jurisprudencial y a una práctica judicial que, desde ciertos ámbitos políticos y empresariales, se consideraba sumamente estricta y disuasoria de la posibilidad de acudir a esta vía de extinción.

 

La reforma laboral de Aznar, que introdujo el conocido popularmente como “despido exprés”, produjo el efecto de que las empresas evitaran acudir a la extinción objetiva, debido a la inseguridad jurídica que comportaba, y se decantaran por utilizar esta nueva fórmula: alegar formalmente una causa disciplinaria pero, a renglón seguido, reconocer su improcedencia y abonar o depositar la indemnización, con el fin de eludir procedimientos judiciales y paralizar el devengo de salarios de tramitación. El procedimiento tuvo aceptación, pero no dejaba de ser una anomalía que se tuviera que recurrir sistemáticamente al despido disciplinario para resolver situaciones que respondían realmente a otros motivos.

 

La reforma Zapatero del año 2010 intentó facilitar el recurso al despido objetivo y en el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, introdujo esta redacción: “Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva”. Se optó así por una técnica legislativa sumamente defectuosa. En lugar de esforzarse en concretar las causas, se introdujo un concepto jurídico indeterminado –la “razonabilidad”- acompañado de la desafortunada expresión “mínimamente”. Algo así como pretender decir: controlen ustedes, señores jueces, pero poquito.

 

Apenas tres meses más tarde, en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, el adverbio desapareció y se quedó la “razonabilidad”, vinculada ahora al concepto de competitividad. Se incorporaron a la norma algunas definiciones jurisprudenciales y se hizo un intento de concretar las causas objetivas de naturaleza económica. Incluso la nueva redacción añadía algunos ejemplos –no exhaustivos- de qué podía considerarse como tal: “Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado”.

 

La reforma Rajoy quiso acotar mucho más el margen de intervención judicial en el control de los despidos objetivos. Así lo proclamó incluso de forma expresa en la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, mantenida en la Ley 3/2012, de 6 de julio, donde consideraba que el tenor literal del texto que había estado vigente contenía “proyecciones de futuro de imposible prueba y una valoración finalista de estos despidos, que ha venido dando lugar a que los tribunales realizasen, en numerosas ocasiones, juicios de oportunidad relativos a la gestión de la empresa. Ahora queda claro que el control judicial de estos despidos debe ceñirse a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas”.

 

¿Seguro que ahora “queda claro”? Lo veremos en la segunda entrega de este artículo.

Artículo de la editora Elisa de la Nuez en El Mundo: “La democracia, en su sitio”

Ayer viernes se publicó este artículo de la editora Elisa de la Nuez en el diario “El Mundo”:
 

LA DEMOCRACIA, EN SU SITIO

 
Quizá una de las preguntas más importantes que podemos hacernos estos días en España es la relativa al espacio donde debe jugar la democracia. Quizá una anécdota de hace muchos años pueda aclarar lo que quiero decir.
 
Cuando iniciaba mi carrera profesional en Logroño a principios de los años 90 como flamante Abogada del Estado-Jefe del Servicio Jurídico del Estado en la Rioja el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Rioja me encargó un informe técnico-jurídico al que dediqué mucho tiempo y entusiasmo dado que era mi tarjeta de presentación en mi nuevo destino. Para presentar sus conclusiones se me convocó a una reunión muy importante y cual no sería mi sorpresa cuando al acabar mi exposición el Presidente del organismo dijo tranquilamente: “Bueno, pues ahora vamos a votar el informe del Abogado del Estado”. Y el caso es que lo votaron y -afortunadamente para mi prestigio profesional- la votación me fue favorable. Reconozco que no tuve el valor de decir en voz alta lo que pensaba: que los informes técnicos de los especialistas no se votan. Sencillamente, se siguen (o no) sus recomendaciones. Porque en el ámbito técnico o científico no hay votación que valga, aunque los creacionistas americanos crean otra cosa. El origen de las especies no se decide por votación.
 
Traigo a colación esta historia porque parece que en España hemos conseguido rizar el rizo de la democracia de forma que votamos lo que no tiene mucho sentido votar y no votamos (o votamos a ciegas y sin un debate riguroso, lo que viene a ser lo mismo) cuestiones esenciales para nuestra convivencia y para nuestro futuro. Nos consideramos muy democráticos porque votamos sobre cuestiones que por su carácter histórico, técnico o científico no son susceptibles de votación o para ser más exactos, a las que el resultado de la votación no va a afectar ni poco ni mucho, como puede ser votar sobre el carácter fascista de la conquista de Granada por los Reyes Católicos. En cambio hemos expulsado de la esfera pública y de la democracia temas esenciales, y eso que tenemos más Parlamentos por cabeza que nadie. Pero en ellos no se  vota en serio, previo un debate informado y de calidad, y no será por falta de temas tanto a nivel nacional como regional. Piensen que tenemos encima de la mesa desde la pretendida secesión de una Comunidad Autónoma hasta el futuro de la monarquía pasando por la reorganización territorial, la sanidad, el desastre de la educación, la quiebra de las Cajas de Ahorros, el paro, las pensiones o la corrupción. Casi nada.
 
Y no es que de esto no se hable. Todo lo contrario, se habla muchísimo en la calle, en Internet y últimamente hasta en los medios de comunicación. Y también hablan nuestros políticos pero preferentemente fuera del hemiciclo, a puerta cerrada o en reuniones más o menos secretas. Es más, el Presidente del Gobierno que se jacta de esa “discreción” que aleja del debate público y democrático temas sensibles (prácticamente todos lo son a estas alturas) y no como lo que es, algo aberrante desde un punto de vista democrático. Claro que también considera un mérito que en su partido no haya debates públicos. Y no es el único.
 
A mi juicio, éste es el origen del problema. Que no hay verdadera democracia ni cultura democrática allí donde debería haberla en grado sumo que es en el seno de los partidos políticos. Esta falta de democracia interna ha debilitado todo el sistema diseñado en la Transición y ha dañado extraordinariamente los fundamentos de nuestra democracia, sobre todo si se tiene en cuenta la colonización partitocrática que han sufrido prácticamente todas y cada una de nuestras instituciones y una parte no despreciable de las empresas y la sociedad civil. Nos hemos confundido con el sitio de la democracia. Hemos pensando que por votar asuntos como los informes jurídicos, el carácter genocida de la conquista española o los informes sobre la solvencia del solicitante de un crédito en una Caja de Ahorros éramos más democráticos que nadie. Y hemos consentido que se dejase primero de debatir y luego de votar (o que se votase siempre casi por unanimidad lo que previamente había decidido el líder de turno con resultados que harían palidecer de envidia al Partido Comunista Soviético) en el seno de los partidos políticos españoles. De forma inevitable al debilitarse o desaparecer la democracia de su sitio natural se ha ido debilitando y desapareciendo también en los grupos parlamentarios, en los Parlamentos nacional y autonómicos y en tantos y tantos otros sitios con las consecuencias de todos conocidas.
 
En fin, como tantos ciudadanos de buena fe nacidos o educados bajo el franquismo no me atreví a decir entonces lo que hoy parece obvio: que la democracia es imprescindible para tomar algunas decisiones y no pinta nada en otras. Que no podemos confundir ser democráticos con votar al tuntún sin ningún tipo de criterio. Quizá votar un informe jurídico no entrañe tanto riesgo como votar como se debe operar en un quirófano, pero no está de más recordar que el mismo principio democrático mal entendido ha llevado a votar a quien se le concedía o no un préstamo en las Cajas de Ahorros que ha habido que salvar con el dinero de los contribuyentes. Y ya puestos y para ahorrar tiempo ¿por qué no prescindir del paso intermedio de votar los informes técnicos y repartirse directamente los préstamos, o los cargos en los órganos reguladores y de fiscalización o lo que sea por cuotas partidistas?
 
Ahora que toca replantearse prácticamente todo lo que parecía sólido, por utilizar la feliz expresión de Antonio Muñoz Molina, conviene empezar por el principio. Y en el principio están los partidos políticos, consagrados en el Titulo Preliminar de la Constitución como instrumentos fundamentales para la participación política de los ciudadanos con la finalidad de concurrir a la “formación y manifestación de la voluntad popular”.  Como verán, poco que ver con la realidad de su funcionamiento actual. Hoy podemos afirmar que nuestros partidos políticos carecen de democracia interna -digan lo que digan sus Estatutos- en la medida es que el debate público y abierto y las votaciones libres e informadas les resultan insoportables hasta el punto de ser consideradas como una amenaza no ya para sus cúpulas directivas sino para la misma existencia del partido. En cuanto a la participación ciudadana de simpatizantes o afines es sencillamente imposible en las condiciones actuales. No hay que extrañarse de que la ciudadanía busque cauces de participación alternativos.
 
Se trata de un problema gravísimo sobre el que conviene llamar la atención y al que urge poner remedio antes de que sea demasiadotarde. Una regeneración democrática como la que es imprescindible acometer en España no es viable con partidos sin democracia interna. Necesitamos partidos políticos, por supuesto, pero tienen que cambiar por dentro. Y como no lo van a hacer voluntariamente corresponde a la sociedad civil exigirlo.
 
Parafraseando a Kelsen, para bien o para mal solo la ilusión o la hipocresía puede creer que la democracia sea posible… sin partidos políticos internamente no democráticos.

Artículo de la editora Elisa de la Nuez en El Mundo: “La democracia, en su sitio”

Ayer viernes se publicó este artículo de la editora Elisa de la Nuez en el diario “El Mundo”:

 

LA DEMOCRACIA, EN SU SITIO

 

Quizá una de las preguntas más importantes que podemos hacernos estos días en España es la relativa al espacio donde debe jugar la democracia. Quizá una anécdota de hace muchos años pueda aclarar lo que quiero decir.

 

Cuando iniciaba mi carrera profesional en Logroño a principios de los años 90 como flamante Abogada del Estado-Jefe del Servicio Jurídico del Estado en la Rioja el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Rioja me encargó un informe técnico-jurídico al que dediqué mucho tiempo y entusiasmo dado que era mi tarjeta de presentación en mi nuevo destino. Para presentar sus conclusiones se me convocó a una reunión muy importante y cual no sería mi sorpresa cuando al acabar mi exposición el Presidente del organismo dijo tranquilamente: “Bueno, pues ahora vamos a votar el informe del Abogado del Estado”. Y el caso es que lo votaron y -afortunadamente para mi prestigio profesional- la votación me fue favorable. Reconozco que no tuve el valor de decir en voz alta lo que pensaba: que los informes técnicos de los especialistas no se votan. Sencillamente, se siguen (o no) sus recomendaciones. Porque en el ámbito técnico o científico no hay votación que valga, aunque los creacionistas americanos crean otra cosa. El origen de las especies no se decide por votación.

 

Traigo a colación esta historia porque parece que en España hemos conseguido rizar el rizo de la democracia de forma que votamos lo que no tiene mucho sentido votar y no votamos (o votamos a ciegas y sin un debate riguroso, lo que viene a ser lo mismo) cuestiones esenciales para nuestra convivencia y para nuestro futuro. Nos consideramos muy democráticos porque votamos sobre cuestiones que por su carácter histórico, técnico o científico no son susceptibles de votación o para ser más exactos, a las que el resultado de la votación no va a afectar ni poco ni mucho, como puede ser votar sobre el carácter fascista de la conquista de Granada por los Reyes Católicos. En cambio hemos expulsado de la esfera pública y de la democracia temas esenciales, y eso que tenemos más Parlamentos por cabeza que nadie. Pero en ellos no se  vota en serio, previo un debate informado y de calidad, y no será por falta de temas tanto a nivel nacional como regional. Piensen que tenemos encima de la mesa desde la pretendida secesión de una Comunidad Autónoma hasta el futuro de la monarquía pasando por la reorganización territorial, la sanidad, el desastre de la educación, la quiebra de las Cajas de Ahorros, el paro, las pensiones o la corrupción. Casi nada.

 

Y no es que de esto no se hable. Todo lo contrario, se habla muchísimo en la calle, en Internet y últimamente hasta en los medios de comunicación. Y también hablan nuestros políticos pero preferentemente fuera del hemiciclo, a puerta cerrada o en reuniones más o menos secretas. Es más, el Presidente del Gobierno que se jacta de esa “discreción” que aleja del debate público y democrático temas sensibles (prácticamente todos lo son a estas alturas) y no como lo que es, algo aberrante desde un punto de vista democrático. Claro que también considera un mérito que en su partido no haya debates públicos. Y no es el único.

 

A mi juicio, éste es el origen del problema. Que no hay verdadera democracia ni cultura democrática allí donde debería haberla en grado sumo que es en el seno de los partidos políticos. Esta falta de democracia interna ha debilitado todo el sistema diseñado en la Transición y ha dañado extraordinariamente los fundamentos de nuestra democracia, sobre todo si se tiene en cuenta la colonización partitocrática que han sufrido prácticamente todas y cada una de nuestras instituciones y una parte no despreciable de las empresas y la sociedad civil. Nos hemos confundido con el sitio de la democracia. Hemos pensando que por votar asuntos como los informes jurídicos, el carácter genocida de la conquista española o los informes sobre la solvencia del solicitante de un crédito en una Caja de Ahorros éramos más democráticos que nadie. Y hemos consentido que se dejase primero de debatir y luego de votar (o que se votase siempre casi por unanimidad lo que previamente había decidido el líder de turno con resultados que harían palidecer de envidia al Partido Comunista Soviético) en el seno de los partidos políticos españoles. De forma inevitable al debilitarse o desaparecer la democracia de su sitio natural se ha ido debilitando y desapareciendo también en los grupos parlamentarios, en los Parlamentos nacional y autonómicos y en tantos y tantos otros sitios con las consecuencias de todos conocidas.

 

En fin, como tantos ciudadanos de buena fe nacidos o educados bajo el franquismo no me atreví a decir entonces lo que hoy parece obvio: que la democracia es imprescindible para tomar algunas decisiones y no pinta nada en otras. Que no podemos confundir ser democráticos con votar al tuntún sin ningún tipo de criterio. Quizá votar un informe jurídico no entrañe tanto riesgo como votar como se debe operar en un quirófano, pero no está de más recordar que el mismo principio democrático mal entendido ha llevado a votar a quien se le concedía o no un préstamo en las Cajas de Ahorros que ha habido que salvar con el dinero de los contribuyentes. Y ya puestos y para ahorrar tiempo ¿por qué no prescindir del paso intermedio de votar los informes técnicos y repartirse directamente los préstamos, o los cargos en los órganos reguladores y de fiscalización o lo que sea por cuotas partidistas?

 

Ahora que toca replantearse prácticamente todo lo que parecía sólido, por utilizar la feliz expresión de Antonio Muñoz Molina, conviene empezar por el principio. Y en el principio están los partidos políticos, consagrados en el Titulo Preliminar de la Constitución como instrumentos fundamentales para la participación política de los ciudadanos con la finalidad de concurrir a la “formación y manifestación de la voluntad popular”.  Como verán, poco que ver con la realidad de su funcionamiento actual. Hoy podemos afirmar que nuestros partidos políticos carecen de democracia interna -digan lo que digan sus Estatutos- en la medida es que el debate público y abierto y las votaciones libres e informadas les resultan insoportables hasta el punto de ser consideradas como una amenaza no ya para sus cúpulas directivas sino para la misma existencia del partido. En cuanto a la participación ciudadana de simpatizantes o afines es sencillamente imposible en las condiciones actuales. No hay que extrañarse de que la ciudadanía busque cauces de participación alternativos.

 

Se trata de un problema gravísimo sobre el que conviene llamar la atención y al que urge poner remedio antes de que sea demasiadotarde. Una regeneración democrática como la que es imprescindible acometer en España no es viable con partidos sin democracia interna. Necesitamos partidos políticos, por supuesto, pero tienen que cambiar por dentro. Y como no lo van a hacer voluntariamente corresponde a la sociedad civil exigirlo.

 

Parafraseando a Kelsen, para bien o para mal solo la ilusión o la hipocresía puede creer que la democracia sea posible… sin partidos políticos internamente no democráticos.