¿Hay que dejar en paz a la Constitución?

Así lo pide Pablo Salvador Coderch en un artículo publicado ayer en El País, afirmando que debemos dejar la Constitución lo más tranquila posible y centrar nuestra atención durante los próximos diez años en la economía. Se apoya en un trabajo publicado recientemente por David S. Law y Mila Versteeg (Sham Constitutions) dedicado a examinar el grado de cumplimiento de los textos constitucionales de todo el mundo. Por lo que se refiere a España, quedamos en un excelente sexto lugar, entre Suiza y Chile, por delante del Reino Unido (aunque detrás de Islandia y Eslovenia, vaya). La conclusión es que, dado que tenemos una Constitución tan magnífica, olvidémonos de retocarla y centrémonos en lo importante, en reformar las administraciones y mejorar la economía.

 

Con todo respeto al autor, que realmente es muchísimo, pienso que el artículo está lleno de saltos lógicos y de más de una incongruencia.

 

En primer lugar olvida que, como nos enseña Dworkin, nunca debemos desligar la fuerza de un principio de su ámbito de aplicación. Es decir, el ámbito de estudio del informe es muy limitado: se refiere a un conjunto elemental de derechos individuales (prohibición de tortura, de detención arbitraria, presunción de inocencia, derecho de defensa y prohibición de la pena de muerte), políticos (derecho de asociación, libertad de movimientos, libertad religiosa, libertad de expresión y derecho al voto) y socioeconómicos (derecho a la salud, a la educación, igualdad en el matrimonio y en las relaciones laborales y protección a los menores). Esta limitación es lógica, porque si no la comparación entre tantos países sería imposible. En consecuencia, hay un montón de temas importantísimos desde el punto de vista de su impacto en la economía de un país que el estudio no trata, singularmente el de la organización territorial del Estado.

 

En segundo lugar, existen ciertos aspectos fundamentales que no es posible medir a través de la metodología (bastante simple, como es inevitable) que utiliza el estudio. Por ejemplo, nosotros “sabemos” que existen muchas leyes inconstitucionales en nuestro Ordenamiento jurídico desde el punto de vista material, pero que analizadas desde un punto de vista formal son impecables. Por ejemplo, cuando una Comunidad Autónoma aprueba una norma inconstitucional y el Gobierno renuncia al recurso tras un pacto de gobernabilidad con el partido nacionalista de turno, pues el Tribunal Constitucional no tiene entonces posibilidad de pronunciarse sobre esa cuestión. Otro caso: cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia, pero lo hace más en términos políticos que estrictamente jurídicos como consecuencia del reparto partitocrático al que está sometido. Supongo que para un informe de este tipo, con la expropiación de Rumasa se cumplió estrictamentela Constitución, pues el Real Decreto Ley en cuestión fue amparado por el Tribunal Constitucional.

 

En tercer lugar hace una conexión implícita, pero totalmente injustificada, entre cumplimiento de un texto constitucional y eficacia económica de este texto. Es decir, imaginemos que el contrato laboral único es realmente inconstitucional, como dice la ministra de Trabajo (por supuesto sabemos que no lo es, como hemos explicado en muchas ocasiones, pero admitámoslo como hipótesis). En ese caso, una legislación que no lo admitiese (como la actual) estaría cumpliendo al cien por cien la Constitución, pero esa limitación constitucional sería enormemente ineficiente, pues como nos explican nuestros amigos de NeG, en la dualidad de nuestro mercado laboral se encuentra gran parte de la explicación de nuestro elevado nivel de paro. Dado que su grado de cumplimiento es elevado, ¿no procede entonces tocar la Constitución para reformar ese punto?

 

En cuarto lugar, y esto es lo más grave, olvida que sólo podremos ocuparnos eficazmente de la economía cuando previamente nos hayamos ocupado de la política de nuestro país y de sus instituciones. Creo que a estas alturas resaltar la íntima conexión que existe entre la salud política e institucional de un país y su desarrollo económico no es decir una tontería, precisamente. Sin duda gran parte de esa reforma institucional se puede hacer sin tocar la Constitución, pero me temo que hacerlo ayudaría mucho en ciertos puntos claves. Pensemos en la reorganización territorial del Estado a través de un sistema de delimitación de competencias mucho más claro y eficiente que el actual; pensemos en determinadas instituciones, como el Senado o hasta el Consejo General del Poder Judicial, a los que una reformita les vendría muy bien; pensemos en la conveniencia de eliminar ciertos privilegios constitucionalmente consagrados, como el aforamiento de nuestra clase política; o lo bien que vendría constitucionalizar determinados requisitos que garantizasen la democracia interna de nuestros partidos o mejorasen nuestro sistema electoral. Por eso, ¿cómo vamos a centrarnos en mejorar las administraciones olvidando la Constitución, cuando para resolver algunas de las causas de su mal funcionamiento se necesita una reforma de la Constitución?

 

No se trata de obsesionarse con la Constitución, sino, más bien al contrario, de no incurrir en la obsesión contraria de verla como algo intocable situado al margen de nuestros problemas actuales.

Custodia compartida e interés del menor

En alguna ocasión he abogado por el sistema de custodia compartida en base a una serie de argumentos jurídico-constitucionales por ese sistema de distribución de tiempo en las situaciones de divorcio respecto a los hijos e hijas. Pues bien, el pasado 22 de mayo el Tribunal Supremo ha hecho pública una histórica sentencia en la que fija doctrina jurisprudencial sobre los requisitos a valorar para adoptar, en interés del menor, el régimen de guardia y custodia compartida.
 
En dicha resolución judicial,la Sala Primera del Tribunal Supremo ha establecido doctrina jurisprudencial de referencia para el sistema judicial español en torno a la interpretación de varias normas del Código Civil en lo relativo a los presupuestos que han de concurrir y valorarse para que pueda adoptarse, en interés del menor, el régimen de guarda y custodia compartida. La sentencia considera que la sentencia de la Audiencia Provincial que denegó el régimen de guarda compartida en el asunto que ha llegado al Tribunal Supremo en recurso de casación, partió para tomar su decisión de que el régimen de guarda y custodia compartida es algo excepcional, mostrando una posición inicialmente contraria a este régimen y considerando “como problemas lo que son virtudes de este régimen, como la exigencia de un alto grado de dedicación por parte de los padres y la necesidad de una gran disposición de éstos a colaborar en su ejecución”.  También reprocha el Supremo a la sentencia recurrida que no fundara su decisión “en el interés del menor, al que no hace alusión alguna, y que debe tenerse necesariamente en cuenta en los litigios sobre guarda y custodia compartida”.
 
La Sala Primera del Supremo recuerda en esta reciente resolución judicial que tras la sentencia del Tribunal Constitucional nº 185 del año 2002 la adopción del régimen de guarda y custodia compartida ya no depende del informe favorable del Fiscal sino, únicamente, de la valoración que merezca al Juez la adecuación de dicha medida al interés del menor, siendo punto de partida que la guarda y custodia compartida no es lo excepcional sino que debe ser la regla general siempre que no resulte perjudicial para el menor, pues “el mantenimiento de la potestad conjunta resulta sin duda la mejor solución para el menor en cuanto le permite seguir relacionándose establemente con ambos padres”.
 
En este punto, es importante recordar que en el artículo 14 de la Constituciónse consagra como uno de los valores fundamentales de nuestro sistema constitucional el principio de igualdad ante la ley. Por tanto, todos los españoles, hombres o mujeres, tenemos los mismos derechos, libertades y obligaciones ante cualquier circunstancia personal, laboral-profesional y personal-familiar. Y en el tema que nos ocupa, es clave entender y asumir por nuestro ordenamiento jurídico la igualdad que debe existir entre mujeres y hombres respecto a los derechos y deberes que tenemos respecto a nuestros hijos e hijas en caso de disolución del matrimonio.
 
Por otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico ya hay Comunidades Autónomas país que han adoptado dicho sistema como norma general. Aragón  (Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres) y Cataluña ( Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia).
 
En concreto, la ley de Aragón de custodia compartida, en su preámbulo, expresa que la ley responde a una demanda social, que supone un cambio en el sistema tradicional, al configurar la custodia compartida frente a la exclusiva como norma preferente en los supuestos de ruptura de la convivencia de padres y en ausencia de pacto de las relaciones familiares.
 
El paso a dar sería establecer en el ámbito estatal este mismo sistema de custodia compartida como norma general, sin necesidad de depender del mutuo acuerdo entre los cónyuges, procediendo a introducir las modificaciones oportunas en nuestro Código Civil, como una concreción del principio constitucional de igualdad, sin discriminación por razón de sexo, sistema en el que mujeres y hombres, madres y padres, podamos ejercer en plenitud como tales. En todo caso, sería muy conveniente que a través de la mediación familiar padres y madres acuerden los aspectos concretos de la distribución del tiempo en el ejercicio conjunto de la guardia y custodia.
 
Y este momento estamos, en un planteamiento político de reforma, que reclamo que sea en el sentido de las normas de Aragón y Cataluña, que se establezca el derecho a la custodia compartida. Tengo la fortuna de poder ejercer y disfrutar la custodia compartida de mi hijo, y creo que es la situación familiar en la que mejor se concilian los intereses del menor, y los derechos y obligaciones de la madre y del padre en los casos de disolución del matrimonio. 

Custodia compartida e interés del menor

En alguna ocasión he abogado por el sistema de custodia compartida en base a una serie de argumentos jurídico-constitucionales por ese sistema de distribución de tiempo en las situaciones de divorcio respecto a los hijos e hijas. Pues bien, el pasado 22 de mayo el Tribunal Supremo ha hecho pública una histórica sentencia en la que fija doctrina jurisprudencial sobre los requisitos a valorar para adoptar, en interés del menor, el régimen de guardia y custodia compartida.

 

En dicha resolución judicial,la Sala Primera del Tribunal Supremo ha establecido doctrina jurisprudencial de referencia para el sistema judicial español en torno a la interpretación de varias normas del Código Civil en lo relativo a los presupuestos que han de concurrir y valorarse para que pueda adoptarse, en interés del menor, el régimen de guarda y custodia compartida. La sentencia considera que la sentencia de la Audiencia Provincial que denegó el régimen de guarda compartida en el asunto que ha llegado al Tribunal Supremo en recurso de casación, partió para tomar su decisión de que el régimen de guarda y custodia compartida es algo excepcional, mostrando una posición inicialmente contraria a este régimen y considerando “como problemas lo que son virtudes de este régimen, como la exigencia de un alto grado de dedicación por parte de los padres y la necesidad de una gran disposición de éstos a colaborar en su ejecución”.  También reprocha el Supremo a la sentencia recurrida que no fundara su decisión “en el interés del menor, al que no hace alusión alguna, y que debe tenerse necesariamente en cuenta en los litigios sobre guarda y custodia compartida”.

 

La Sala Primera del Supremo recuerda en esta reciente resolución judicial que tras la sentencia del Tribunal Constitucional nº 185 del año 2002 la adopción del régimen de guarda y custodia compartida ya no depende del informe favorable del Fiscal sino, únicamente, de la valoración que merezca al Juez la adecuación de dicha medida al interés del menor, siendo punto de partida que la guarda y custodia compartida no es lo excepcional sino que debe ser la regla general siempre que no resulte perjudicial para el menor, pues “el mantenimiento de la potestad conjunta resulta sin duda la mejor solución para el menor en cuanto le permite seguir relacionándose establemente con ambos padres”.

 

En este punto, es importante recordar que en el artículo 14 de la Constituciónse consagra como uno de los valores fundamentales de nuestro sistema constitucional el principio de igualdad ante la ley. Por tanto, todos los españoles, hombres o mujeres, tenemos los mismos derechos, libertades y obligaciones ante cualquier circunstancia personal, laboral-profesional y personal-familiar. Y en el tema que nos ocupa, es clave entender y asumir por nuestro ordenamiento jurídico la igualdad que debe existir entre mujeres y hombres respecto a los derechos y deberes que tenemos respecto a nuestros hijos e hijas en caso de disolución del matrimonio.

 

Por otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico ya hay Comunidades Autónomas país que han adoptado dicho sistema como norma general. Aragón  (Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres) y Cataluña ( Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia).

 

En concreto, la ley de Aragón de custodia compartida, en su preámbulo, expresa que la ley responde a una demanda social, que supone un cambio en el sistema tradicional, al configurar la custodia compartida frente a la exclusiva como norma preferente en los supuestos de ruptura de la convivencia de padres y en ausencia de pacto de las relaciones familiares.

 

El paso a dar sería establecer en el ámbito estatal este mismo sistema de custodia compartida como norma general, sin necesidad de depender del mutuo acuerdo entre los cónyuges, procediendo a introducir las modificaciones oportunas en nuestro Código Civil, como una concreción del principio constitucional de igualdad, sin discriminación por razón de sexo, sistema en el que mujeres y hombres, madres y padres, podamos ejercer en plenitud como tales. En todo caso, sería muy conveniente que a través de la mediación familiar padres y madres acuerden los aspectos concretos de la distribución del tiempo en el ejercicio conjunto de la guardia y custodia.

 

Y este momento estamos, en un planteamiento político de reforma, que reclamo que sea en el sentido de las normas de Aragón y Cataluña, que se establezca el derecho a la custodia compartida. Tengo la fortuna de poder ejercer y disfrutar la custodia compartida de mi hijo, y creo que es la situación familiar en la que mejor se concilian los intereses del menor, y los derechos y obligaciones de la madre y del padre en los casos de disolución del matrimonio.