Los concejales “no electos”: Otro ejemplo que muestra la necesidad de la reforma de la ley de partidos políticos

Es innecesario apuntar a muchos lectores de este blog argumentos para modificar la ley de partidos políticos cuando han sido eficaces promotores del “Manifiesto”. Sin embargo, en el amplio patio de Monipodio del que disfrutamos, se ha oído algún eco de quienes se asombran de tal propuesta que califican de elemental. Sorprende que reclamemos, ante la multitud de problemas que hay en escena, la reparación de una tramoya tan deteriorada. Pero es que resulta indispensable empezar por lo más básico. No como divertimento de jurista, sino porque tiene gran trascendencia práctica en las relaciones cotidianas que afectan a los ciudadanos. De ahí que me atreva a comparecer en esta ventana trayendo otra muestra de la necesidad de la reforma con motivo de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional y dando noticia de problemas actuales y graves en el funcionamiento de algunas Corporaciones locales.

 

Fue el pasado 23 de mayo cuando la Sala primera del Constitucional acordó estimar el amparo solicitado por varios concejales del Ayuntamiento asturiano de Cudillero. Lo cual condujo a anular el acuerdo de esa Corporación mediante el que se había elegido al Alcalde y retrotraer las actuaciones para que se procediera a una nueva convocatoria del correspondiente Pleno municipal. Y es que se había producido esa votación porque el anterior Alcalde había renunciado a principios de este año a su cargo y a su acta de concejal. También habían desistido de asumir la representación los siguientes candidatos de la lista, así como los suplentes. Por ello, como ahora prescribe la Ley orgánica del régimen electoral general tras su modificación en marzo de 2003, correspondía al “partido, coalición, federación o agrupación de electores” designar al nuevo concejal (art. 182).

 

Con anterioridad a esa reforma, la Ley establecía que, si no quedaban otros posibles candidatos o suplentes, los quórums de asistencia y votación se deberían adaptar al número de hecho de miembros de la Corporación y sólo en el caso de que ese número fuera inferior a los dos tercios iniciales, se constituiría una gestora integrada por esos concejales y otras personas idóneas y con arraigo que designara la Diputación provincial o la Comunidad autónoma, teniendo en cuenta los resultados electorales. La modificación del año 2003, como fácilmente se advierte, fue de calado. La anterior regulación trataba, primero de acomodar el funcionamiento del Ayuntamiento a los corporativos existentes salidos de las elecciones sin mayores costes y sólo, en segundo lugar, ante la falta de un número suficiente que diera legitimidad a los acuerdos y, sobre todo, impidiera la apropiación por unos pocos de las decisiones municipales, que otra Administración (provincial o autonómica) designara nuevos representantes “de adecuada idoneidad o arraigo” para atender a la gestión meramente ordinaria del Ayuntamiento. La reforma del año 2003, suprimió esos pasos y evidenció el poder más directo del dedo del partido político para designar nuevos concejales.

 

Y eso es lo que está ocurriendo en varios Ayuntamientos. Ante la renuncia de los concejales electos, son los partidos políticos los que están designando sin mayores exigencias de idoneidad o arraigo a los nuevos corporativos. También en la provincia de León han ocupado muchas páginas  -y siguen ocupando porque el conflicto no se ha resuelto- las noticias sobre la falta de gobierno local en el Ayuntamiento de Valderas. Se han designado cinco nuevos concejales para sustituir a otros anteriores, sin acreditar tampoco arraigo en la localidad, aunque quizás sí ofrezcan fidelidad a los designios del partido político. La composición de la actual Corporación todavía sin Alcalde, cuando escribo estas líneas, poco tiene que ver con el reparto de fuerzas surgido de la cita electoral.

 

Pero volvamos al conflicto de Cudillero porque me interesa difundir el criterio del Tribunal Constitucional. La nueva Corporación, en la que se integra un concejal que no ha comparecido en el proceso electoral, es la que se constituye en Pleno y elige como Alcalde a este novel. Todos los concejales del mismo partido, que habían concurrido en la correspondiente lista, renunciaron a ser elegidos. El acuerdo es recurrido por otros concejales y llega hasta la sede del Constitucional.

 

La argumentación de la sentencia de amparo es, a mi juicio, suficientemente clara. Que se puedan incorporar a la Corporación para cubrir vacantes concejales no electos es algo muy distinto a que se pueda elegir a un Alcalde que no ha comparecido en la contienda electoral. La Ley exige que la votación a Alcalde se realice sobre quienes encabecen las listas, esto es, sobre quienes se han presentado ya como primera cara visible en la campaña electoral y, si hubieran renunciado, se sigue el orden de la candidatura (arts. 196 y 198 LOREG).

 

Aparentemente, como expone el Prof. Ollero en el voto particular que formula a esta sentencia, resulta un poco incoherente la situación a la que se llega porque esas Corporaciones locales se integrarán por dos clases distintas de concejales. A saber, los electos y los designados con posterioridad, y sólo los primeros podrán optar a la Alcaldía, cuando todos proceden de la decisión del partido político. Sin embargo, a mi juicio, en la situación actual de un funcionamiento tan enclaustrado de los partidos mayoritarios, permitir que concejales que no hayan contado con ningún refrendo ciudadano lleguen a sostener el bastón de mando, supone retorcer en exceso las reglas del Estado democrático, ya que se elude cualquier expresión de la voluntad de los vecinos. De ahí que me parezca correcto el fallo de la Sala.

 

Es cierto que hay que admitir que, ante una renuncia, pueda ser el partido político el que designe el sustituto, pues en las elecciones damos nuestra confianza a una lista. Pero es indispensable que esos partidos mantengan un comportamiento vital y democrático y que los vecinos afectados transmitan la savia de sus inquietudes e inclinaciones a esas nuevas designaciones. Otra cosa es consolidar un auténtico poder feudal de los partidos sobre ese territorio local, sin mayor consideración ya a los vecinos.

 

El “Manifiesto” bien explicita relevantes razones que justifican la urgencia de promover la reforma para sanear la democracia y cambiar la Ley de los partidos políticos. Pero junto a ellas existen otras muchas que advertimos en el día a día, como estos conflictos locales donde se prescinde del parecer de los vecinos. Sólo unos partidos, ciertamente abiertos y con buen espíritu democrático, pueden amparar una regulación que evite situaciones tan pintorescas como las descritas.

Hay espacio

Artículo de Elisa de la Nuez en El País.
 
La aparición de movimientos ciudadanos, plataformas, asociaciones y manifiestos en  los últimos dos años constituye un fenómeno que debe de ser analizado con atención en la medida en que pone de manifiesto el profundo descontento ciudadano, no solo con la política de recortes –como a veces se quiere interpretar de una manera un tanto reduccionista o sesgada- sino con la forma de hacer política en España. Más allá de la crisis económica y política, lo cierto es que la democracia nacida en la Transición basada en un modelo de partidos cerrado y férreamente disciplinado no ofrece cauces a la ciudadanía para manifestar su descontento ni, sobre todo, para el debate de ideas o propuestas. Tampoco las instituciones son accesibles, al menos cuando se pretende aportar una opinión independiente. Los medios de comunicación de masas, incluso los que están mas dispuestos a amparar una discusión seria de ideas no están al alcance de todos y los foros de encuentro no suelen tolerar la crítica, dado su dependencia del poder político o simplemente de los “poderes fácticos”. En definitiva, los partidos han ocupado todo el espacio y ahora los ciudadanos no tienen espacio que ocupar. ¿O sí?
 
El caso es que los españoles ya no entienden que su participación en la vida pública se reduzca a depositar su voto cada 4 años, pero tampoco encuentran otros cauces institucionales o simplemente organizados para hacerlo. La explosión del uso de las redes sociales con sus posibilidades de comunicación interactiva hacen que esta situación sea aún más incomprensible para la generación más joven, acostumbrada a debatir con total libertad y de forma inmediata sobre cualquier tema en cualquier foro. Efectivamente, el contraste con la lentitud y la burocracia de las  democracias representativas nacidas en el siglo XIX es muy grande.
 
La frustración que experimentan muchos ciudadanos está detrás de algunos de los movimientos ciudadanos que más eco han tenido en los medios, desde el 15M a los escraches. Puesto que las formas más tradicionales de participación política no están disponibles, no es sorprendente que muchos prefieran fórmulas más agresivas que garantizan un impacto mayor en la opinión pública y que pueden, por ese mismo motivo, conseguir mayor receptividad por parte de los partidos políticos. Y no hay que desconocer, por otra parte, que estos movimientos generan una gran corriente de simpatía, con lo que eso significa.
 
En estas circunstancias podemos acercamos a una situación explosiva si no conseguimos abrir cauces institucionales a la participación ciudadana de manera inmediata, empezando por los propios partidos políticos. De ahí que sea tan importante su reforma y su apertura a la sociedad. Es innegable que la democracia representativa en España tiene todavía un enorme margen de mejora hasta alcanzar los niveles de las democracias de corte anglosajón. No necesitamos empezar siempre desde la casilla de salida, como nos suele gustar a los españoles.. De otra forma los ciudadanos pueden llegar a identificar partitocracia con democracia representativa, cuestionando ambas con consecuencias imprevisibles. Hay margen pero no mucho tiempo.

Hay espacio

Artículo de Elisa de la Nuez en El País.

 

La aparición de movimientos ciudadanos, plataformas, asociaciones y manifiestos en  los últimos dos años constituye un fenómeno que debe de ser analizado con atención en la medida en que pone de manifiesto el profundo descontento ciudadano, no solo con la política de recortes –como a veces se quiere interpretar de una manera un tanto reduccionista o sesgada- sino con la forma de hacer política en España. Más allá de la crisis económica y política, lo cierto es que la democracia nacida en la Transición basada en un modelo de partidos cerrado y férreamente disciplinado no ofrece cauces a la ciudadanía para manifestar su descontento ni, sobre todo, para el debate de ideas o propuestas. Tampoco las instituciones son accesibles, al menos cuando se pretende aportar una opinión independiente. Los medios de comunicación de masas, incluso los que están mas dispuestos a amparar una discusión seria de ideas no están al alcance de todos y los foros de encuentro no suelen tolerar la crítica, dado su dependencia del poder político o simplemente de los “poderes fácticos”. En definitiva, los partidos han ocupado todo el espacio y ahora los ciudadanos no tienen espacio que ocupar. ¿O sí?

 

El caso es que los españoles ya no entienden que su participación en la vida pública se reduzca a depositar su voto cada 4 años, pero tampoco encuentran otros cauces institucionales o simplemente organizados para hacerlo. La explosión del uso de las redes sociales con sus posibilidades de comunicación interactiva hacen que esta situación sea aún más incomprensible para la generación más joven, acostumbrada a debatir con total libertad y de forma inmediata sobre cualquier tema en cualquier foro. Efectivamente, el contraste con la lentitud y la burocracia de las  democracias representativas nacidas en el siglo XIX es muy grande.

 

La frustración que experimentan muchos ciudadanos está detrás de algunos de los movimientos ciudadanos que más eco han tenido en los medios, desde el 15M a los escraches. Puesto que las formas más tradicionales de participación política no están disponibles, no es sorprendente que muchos prefieran fórmulas más agresivas que garantizan un impacto mayor en la opinión pública y que pueden, por ese mismo motivo, conseguir mayor receptividad por parte de los partidos políticos. Y no hay que desconocer, por otra parte, que estos movimientos generan una gran corriente de simpatía, con lo que eso significa.

 

En estas circunstancias podemos acercamos a una situación explosiva si no conseguimos abrir cauces institucionales a la participación ciudadana de manera inmediata, empezando por los propios partidos políticos. De ahí que sea tan importante su reforma y su apertura a la sociedad. Es innegable que la democracia representativa en España tiene todavía un enorme margen de mejora hasta alcanzar los niveles de las democracias de corte anglosajón. No necesitamos empezar siempre desde la casilla de salida, como nos suele gustar a los españoles.. De otra forma los ciudadanos pueden llegar a identificar partitocracia con democracia representativa, cuestionando ambas con consecuencias imprevisibles. Hay margen pero no mucho tiempo.

¿Hay que dejar en paz a la Constitución?

Así lo pide Pablo Salvador Coderch en un artículo publicado ayer en El País, afirmando que debemos dejar la Constitución lo más tranquila posible y centrar nuestra atención durante los próximos diez años en la economía. Se apoya en un trabajo publicado recientemente por David S. Law y Mila Versteeg (Sham Constitutions) dedicado a examinar el grado de cumplimiento de los textos constitucionales de todo el mundo. Por lo que se refiere a España, quedamos en un excelente sexto lugar, entre Suiza y Chile, por delante del Reino Unido (aunque detrás de Islandia y Eslovenia, vaya). La conclusión es que, dado que tenemos una Constitución tan magnífica, olvidémonos de retocarla y centrémonos en lo importante, en reformar las administraciones y mejorar la economía.
 
Con todo respeto al autor, que realmente es muchísimo, pienso que el artículo está lleno de saltos lógicos y de más de una incongruencia.
 
En primer lugar olvida que, como nos enseña Dworkin, nunca debemos desligar la fuerza de un principio de su ámbito de aplicación. Es decir, el ámbito de estudio del informe es muy limitado: se refiere a un conjunto elemental de derechos individuales (prohibición de tortura, de detención arbitraria, presunción de inocencia, derecho de defensa y prohibición de la pena de muerte), políticos (derecho de asociación, libertad de movimientos, libertad religiosa, libertad de expresión y derecho al voto) y socioeconómicos (derecho a la salud, a la educación, igualdad en el matrimonio y en las relaciones laborales y protección a los menores). Esta limitación es lógica, porque si no la comparación entre tantos países sería imposible. En consecuencia, hay un montón de temas importantísimos desde el punto de vista de su impacto en la economía de un país que el estudio no trata, singularmente el de la organización territorial del Estado.
 
En segundo lugar, existen ciertos aspectos fundamentales que no es posible medir a través de la metodología (bastante simple, como es inevitable) que utiliza el estudio. Por ejemplo, nosotros “sabemos” que existen muchas leyes inconstitucionales en nuestro Ordenamiento jurídico desde el punto de vista material, pero que analizadas desde un punto de vista formal son impecables. Por ejemplo, cuando una Comunidad Autónoma aprueba una norma inconstitucional y el Gobierno renuncia al recurso tras un pacto de gobernabilidad con el partido nacionalista de turno, pues el Tribunal Constitucional no tiene entonces posibilidad de pronunciarse sobre esa cuestión. Otro caso: cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia, pero lo hace más en términos políticos que estrictamente jurídicos como consecuencia del reparto partitocrático al que está sometido. Supongo que para un informe de este tipo, con la expropiación de Rumasa se cumplió estrictamentela Constitución, pues el Real Decreto Ley en cuestión fue amparado por el Tribunal Constitucional.
 
En tercer lugar hace una conexión implícita, pero totalmente injustificada, entre cumplimiento de un texto constitucional y eficacia económica de este texto. Es decir, imaginemos que el contrato laboral único es realmente inconstitucional, como dice la ministra de Trabajo (por supuesto sabemos que no lo es, como hemos explicado en muchas ocasiones, pero admitámoslo como hipótesis). En ese caso, una legislación que no lo admitiese (como la actual) estaría cumpliendo al cien por cien la Constitución, pero esa limitación constitucional sería enormemente ineficiente, pues como nos explican nuestros amigos de NeG, en la dualidad de nuestro mercado laboral se encuentra gran parte de la explicación de nuestro elevado nivel de paro. Dado que su grado de cumplimiento es elevado, ¿no procede entonces tocar la Constitución para reformar ese punto?
 
En cuarto lugar, y esto es lo más grave, olvida que sólo podremos ocuparnos eficazmente de la economía cuando previamente nos hayamos ocupado de la política de nuestro país y de sus instituciones. Creo que a estas alturas resaltar la íntima conexión que existe entre la salud política e institucional de un país y su desarrollo económico no es decir una tontería, precisamente. Sin duda gran parte de esa reforma institucional se puede hacer sin tocar la Constitución, pero me temo que hacerlo ayudaría mucho en ciertos puntos claves. Pensemos en la reorganización territorial del Estado a través de un sistema de delimitación de competencias mucho más claro y eficiente que el actual; pensemos en determinadas instituciones, como el Senado o hasta el Consejo General del Poder Judicial, a los que una reformita les vendría muy bien; pensemos en la conveniencia de eliminar ciertos privilegios constitucionalmente consagrados, como el aforamiento de nuestra clase política; o lo bien que vendría constitucionalizar determinados requisitos que garantizasen la democracia interna de nuestros partidos o mejorasen nuestro sistema electoral. Por eso, ¿cómo vamos a centrarnos en mejorar las administraciones olvidando la Constitución, cuando para resolver algunas de las causas de su mal funcionamiento se necesita una reforma de la Constitución?
 
No se trata de obsesionarse con la Constitución, sino, más bien al contrario, de no incurrir en la obsesión contraria de verla como algo intocable situado al margen de nuestros problemas actuales.