La Sociedad civil se mueve

Hace algunos días, en un acto público celebrado en el Círculo de Bellas Artes, se ha presentado un nuevo Manifiesto promoviendo una nueva Ley de Partidos Políticos para intentar que, a través de esa nueva regulación, los partidos vuelvan a ser un auténtico cauce para que la sociedad pueda desarrollarse en democracia, en vez de los grupos cerrados y celosos de sus propios intereses en que se han convertido con el tiempo.

 

Se trata de una iniciativa lanzada inicialmente por 100 politólogos, sociólogos, filósofos, economistas, historiadores, juristas y periodistas  encabezados por Elisa de la Nuez, abogada del Estado y coeditora de este blog “¿Hay Derecho?”, César Molinas; socio fundador de Multa Paucis, Carles Casajuana; diplomático y escritor, y Luis Garicano, catedrático de Economía, miembro de FEDEA y coeditor del blog “Nada es Gratis”: propuesta a la que me he incorporado como firmante 3454  a través de un intuitivo sistema de firma por internet que dejo enlazado.

 

No voy a reiterar aquí los motivos que justifican una reforma de este tipo, pues además de ser sobradamente conocidos, están perfectamente expuestos en este artículo firmado conjuntamente por Elisa de la Nuez y Cesar Molinas.

 

Curiosamente, pocos días antes, dos personalidades relevantes, y que conocen bien el paño pues hasta hace poco han pertenecido al establishment orgánico de los grandes partidos PP/PSOE, Josep Piqué y Jordi Sevilla, también han presentado una propuesta para profundizar en la democracia interna de los partidos políticos al liderar la plataforma +democracia, que aparece respaldada por prestigiosos profesionales y académicos -a varios de los cuales también conozco y respeto-. Una lástima que, siendo el objetivo tan aparentemente coincidente, se desaprovechara la oportunidad de ganar fuerza con la unión de esfuerzos.

 

Esta iniciativa se une a otras recientes que, desde un enfoque constructivo aunque muy plural y no siempre coincidente, también promulgan cambios y reformas en nuestras instituciones para intentar superar la decadente inercia en la que andamos metidos y tantas veces hemos denunciado.  Podemos citar también el manifiesto por la reforma de la Constitución y del Sistema Electoral promovido desde el Foro de la Sociedad civil liderado por Ignacio Camuñas -quien por cierto también aparece como uno de los cien primeros firmantes en el Manifiesto presentado en el Circulo de Bellas Artes-, que propugna un cambio en el sistema electoral y en el modelo territorial del Estado para retornar a una, no exenta de polémica, recentralización.

 

Junto a estas actuaciones, no debemos tampoco olvidar los diversas propuestas, tal vez más radicales, tal vez más avanzadas o ambiciosas (dependiendo del punto de vista de cada uno) planteadas por colectivos y asociaciones surgidos del impulso inicial del movimiento del 15-M, como Democracia Real Ya, que se ha constituido en una asociación “apartidista, asindicalista, no violenta y sin ánimo de lucro”; o como  el Partido X, que propugna una mayor trasparencia en la gestión pública y aboga por utilizar intensamente las nuevas tecnologías para que la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones sea posible de manera directa.

 

En este sentido, sería injusto desconocer el rol que, como precursores de esta respuesta ciudadana ante la decadencia de nuestras instituciones, tuvieron las asociaciones y colectivos que impulsaron la creación de Ciutadans o la Plataforma Pro que fue el germen donde surgió UPyD, nuevos partidos políticos que en un plazo relativamente corto y a pesar de la encarnizada resistencia de los partidos instalados en el sistema surgido de la transición se están consolidando, no sin algunos  problemas tanto externos como internos, como una posible alternativa.

 

De una manera u otra, resulta evidente que algo está cambiando y, en cierto modo, la crisis económica está haciendo de catalizador para que las frustraciones y desencantos que la inercia mantenía larvadas, comiencen a transformarse en un auténtico estado de opinión favorecedor de un cambio político importante. La sociedad civil está despertando y, cada vez más, se respiran aires de cambios.

 

Igual que ocurrió durante la transición, tres son las actitudes que adoptar ante la actual situación: el inmovilismo para intentar aferrarse mientras sea posible a los privilegios adquiridos con un sistema en incipiente descomposición; una posición reformista, como la de los promotores del Manifiesto que ahora comentamos, que parten de la idea de aprovechar las instituciones existentes y reformarlas para adaptar su funcionamiento a las nuevas exigencia y; por último, abogar por una ruptura, aspirando más a una transformación profunda de la sociedad a costa de un cambio radical -y sin duda traumático- del sistema político y económico.

 

De cómo sean capaces de canalizar estas ansias los actuales dirigentes políticos, dependerá el resultado final. Cuanto más se atrinchere lo que ahora ya se conoce como “casta política” en su “bunker” de blindajes, inmunidades y privilegios, más difícil será adoptar reformas eficaces que impidan que se produzca, tarde o temprano, una dolorosa ruptura del régimen. Generosidad, talento y amplitud de miras, cualidades de las que pudieron presumir quienes protagonizaron en los años 70 del siglo pasado la transición de la dictadura a la democracia, son de nuevo tan necesarias como entonces. El tiempo dirá

Legislar: ¿demasiado para el cuerpo de nuestros legisladores?

Mucho y  acertadamente se ha escrito en este blog sobre la inflación legislativa que soporta la sociedad española. Es difícil discrepar de la opinión que lo considera síntoma de degradación democrática y de disfunción del Estado de Derecho. Se legisla demasiado y se legisla mal. Esta entrada -o “post”- viene a recordar uno de los episodios más vergonzantes del mal hacer del legislador español en los últimos tiempos, que, pese a su total vigencia, corre riesgo de caer en el olvido, desbordado por el dramatismo de la situación actual.
 
El partido gobernante tras el vuelco electoral de marzo de 2004 no incluía en su programa electoral reforma alguna de la legislación sobre el divorcio. Sin embargo, el ministro de Justicia entrante presentó en septiembre siguiente un proyecto de ley “de divorcio express”, cuya finalidad declarada era “actualizar” la legislación anterior y “ampliar los ámbitos de libertad” de los cónyuges. Para ello, la regulación proyectada permitía acceder directamente al divorcio sin previa separación ni alegación de causa alguna, y, a propósito del ejercicio de las funciones parentales, literalmente decía en su Exposición de Motivos lo siguiente:
 
“ Al amparo de la Ley 30/1981, de 7 de julio, de modo objetivamente incomprensible, se ha desarrollado una práctica coherente con el modelo pretérito, que materialmente ha impedido en muchos casos que, tras la separación o el divorcio, los hijos continúen teniendo una relación fluida con ambos progenitores. La consecuencia de esta práctica ha sido que los hijos sufran innecesariamente un perjuicio que puede evitarse. (…) Consiguientemente, los padres deberán decidir si la guarda y custodia se ejercerá sólo por uno de ellos o bien por ambos de forma compartida”
 
Este texto sobrevivió milagrosamente a todo el proceso legislativo, hasta el punto de llegar a publicarse como preámbulo del texto definitivo (BOE 9-VII-2005, pag. 24.458) pese a que la regulación vigente es diametralmente opuesta en este punto a su motivación explícita.
 
En la iniciativa legislativa del Gobierno, la opción por la normalización de la custodia compartida parecía clara. En coherencia, el proyecto de ley retocaba mínimamente el artículo 92 del Código Civil, introduciendo dos párrafos nuevos, entre ellos, el que decía, sin exigir especiales requisitos: “Los padres podrán acordar o, en su caso, el Juez podrá decidir que la guarda de los hijos sean ejercida por uno sólo de ellos o conjuntamente.”
 
El proyecto de ley no fue sometido al preceptivo dictamen del Consejo de Estado. Por su parte, el Consejo del Poder Judicial elaboró dos informes: uno, de 20 de octubre de 2004, contrario al proyecto por configurar un divorcio sin causa ni plazo; otro, del día siguiente, 21 de Octubre, que, con los mismos fundamentos jurídicos, terminaba sin embargo en sus conclusiones aplaudiendo el texto del Gobierno.
 
El proyecto de ley, ligeramente retocado desde Justicia, fue remitido al Congreso de los Diputados, donde se tramitó entre el 1 de diciembre de 2004 y el 6 de abril de 2005, en que se aprobó en Pleno. En este trámite no se modificó el principio de descausalización del divorcio, pero sí se introdujeron modificaciones radicales al art. 92 para hacer excepcionalísima la custodia compartida: se pasó a exigir cumulativamente petición de parte, especial fundamentación  de la resolución judicial que la acordase, justificándolo excluyentemente en que “sólo de esa forma se protege adecuadamente el superior interés del menor”, e informe favorable del Ministerio fiscal, con carácter asombrosamente vinculante para el Juez. Ninguna otra modalidad de custodia de hijos de padres separados requeriría tan exigentes cautelas. Éste terminaría siendo el texto hoy vigente (salvo la disparatada exigencia del carácter vinculante del informe fiscal, declarada inconstitucional por STC 185/2012).
 
En el Senado, la tramitación del proyecto se prolongó entre el 6 de Mayo y el 30 de Junio de 2005, fecha de su aprobación en pleno. En este trámite, el propio grupo socialista suavizó el rigor de las exigencias para la custodia compartida que el mismo partido había introducido en la cámara baja, modificando nuevamente el artículo 92. El informe del fiscal sería preceptivo  pero limitado a la concurrencia de un único criterio objetivo: “asegurar, que, por la ubicación de los domicilios de los padres, el menor gozará de la necesaria estabilidad para el mejor desarrollo de su personalidad y para el desenvolvimiento idóneo de sus hábitos y relaciones personales.” Además, la prueba del dictamen de especialistas pasaría a ser obligatorio en todo caso de custodia compartida, pero podía ser emitido tanto por peritos judiciales como por especialistas externos “debidamente cualificados”.
 
Es decir, el texto que salió del Senado restringía la custodia compartida al superponer informes y dictámenes de sesgo orientable desde “arriba” en función del principio de subordinación jerárquica (fiscales) y de consabida manipulabilidad (peritos). Pero correlativamente, objetivaba unos criterios de atribución tendencialmente generalizables a impulsos de la evolución social y de la práctica judicial.
 
El texto fue devuelto por el Senado al Congreso y sometido a votación final en el pleno de esta cámara del día 30 de Junio de 2005. En el debate previo, el Grupo Socialista apoyó con entusiasmo las enmiendas introducidas por su partido en el Senado. En la votación de las enmiendas remitidas desde el Senado, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Sr. Villarrubia, desde la segunda bancada, indicó a su grey lo que tenían que votar, alzando su mano, conforme a la práctica parlamentaria española, con el número de dedos convenidos como señal (un dedo, votad sí; dos dedos, votad no). El Sr. Villarrubia, por error, levantó dos dedos (el índice y el anular), en lugar de un dedo. Disciplinadamente, todos los diputados del Grupo Socialista del Congreso votaron NO a las enmiendas que el Grupo Socialista del Senado había introducido, y que acababan de ser defendidas por su mismo portavoz. Es decir, el partido socialista votó contra sí mismo por error de su portavoz en el Congreso. De ese modo, el texto final remitido como Ley al BOE fue el aprobado allí en primera lectura, descaradamente impeditivo de la custodia compartida (ver aquí)
 
El desarrollo de la sesión está trascrito en la página 83 del Boletín número 16-14 de las Cortes Generales, de 30 de Junio de 2005, además de existir grabaciones de imagen y sonido: “320 votos emitidos; a favor 32; en contra 288 (Grupo Socialista (¡) y Grupo Popular); quedan rechazadas”.  La situación provocó estupefacción desde el primer momento, siendo advertida incluso por miembros del grupo mayoritario. El error fue reconocido en declaraciones a prensa de los protagonistas de fechas posteriores, y se especuló con alternativas para rectificarlo, pero jamás se hizo. La Ley fue publicada en el BOE once días más tarde que las demás que se aprobaron en la misma sesión.
 
Al levantar dos dedos en lugar de un dedo, aunque hubiera sido el anular,  el portavoz del grupo mayoritario desatendió no ya las impregnaciones de la ideología de género en nuestra socialdemocracia, sino, más sencillamente, el magisterio de Barrio Sésamo.
 
Al amparo de esta chapuza se han decretado entre 2006 y 2012 más de 830.000 rupturas matrimoniales, que han afectado directamente a cerca de 2.500.000 personas, entre ellas, más de 500.000 niños menores de edad. Cataluña, Aragón, Navarra y Valencia han promulgado leyes sobre el tema en ejercicio de reales o pretendidas competencias autonómicas, fraccionando la unidad de legislación civil en materia de matrimonio y familia, para descolgarse de una regulación estatal que desde su inicio no gustó a nadie.
 
El caso sugiere interesantes problemas jurídicos: ¿puede la llamada dimensión creadora de Derecho de la jurisprudencia del Tribunal Supremo reinterpretar una ley formal sobre la constatación de la divergencia entre voluntas legis y voluntas legislatoris?; ¿podría declararse en vía constitucional algún grado de ineficacia de una norma por esta clase de vicio del procedimiento legislativo?…   Pero, sobre todo, sugiere una reflexión más inquietante: ¿quizá es que la función de legislar le viene grande a la actual clase política?