El juez Elpidio Silva y la justicia (formal)

 

Los autos del juez Silva ordenando el ingreso en prisión del Sr. Blesa, el primero con fianza (que fue inmediatamente satisfecha) y el segundo sin ella, han suscitado en los medios un aluvión de comentarios y reacciones sobre la deficiente instrucción del caso, con el consiguiente riesgo de anulación de las actuaciones y perjuicio a la investigación que todo ello puede implicar. A la vista de cómo ha gestionado el juez su recusación por parte de la defensa del Sr. Blesa (a través del socorrido expediente de las piezas separadas que ya hemos criticado en este blog) y de otras irregularidades relacionadas especialmente con la falta de motivación, hasta el fiscal se plantea interponerle una querella criminal por prevaricación.

 

Al hilo del caso nos hemos enterado también que el juez ha acumulado durante su dilatada carrera expedientes disciplinarios de todo tipo, que se iniciaron en junio de 1994 (hace casi 20 años) con una sanción por desatención de su órgano jurisdiccional. En 2009 le fue impuesta otra sanción por desatención a los requerimientos de sus superiores, pero recurrió al TS que la dejó sin efecto. En 2010 volvió a ser sancionado por lo mismo, pero de nuevo el TS la anuló por haber caducado el expediente. En la actualidad tiene abiertos en el CGPJ un expediente por dos faltas muy graves y una grave que pueden conllevar (teóricamente, es decir, si no caduca el expediente) la separación de la carrera. Los motivos son el retraso injustificado en la tramitación, la falta de motivación (la de los autos citados no destaca por su profundidad, eso hay que reconocerlo) y la desconsideración hacia los funcionarios de su juzgado. También está siendo investigado por la fiscalía de Madrid por comportamiento poco adecuado durante sus actuaciones judiciales. Nos hemos enterado también que el CGPJ trató de jubilarle por incapacidad en 2008, pero que no prosperó porque el servicio médico dictaminó en contra.

 

De todo eso nos hemos enterado ahora, gracias al Sr. Blesa. Aunque seguro que los que sufrieron sus retrasos, desatenciones, desobediencias y desconsideraciones se enteraron mucho antes, pero, vaya, no eran ex presidentes de Caja Madrid. Verdaderamente, esta circunstancia por si sola nos permitiría rechazar la alegación de que se está cometiendo una injusticia con el Sr. Blesa. Porque ya sabemos desde el tiempo de Aristóteles que uno de los componentes fundamentales de la justicia (el formal) es la igualdad, es decir, tratar de manera idéntica casos iguales, y lo cierto es que, a la vista de sus antecedentes, el juez Silva ha tratado siempre de la misma manera a los usuarios del servicio, y ello a la vista, ciencia y paciencia (mucha paciencia) del CGPJ y del TS. Otra cosa es que ese trato no haya sido muy adecuado (en el aspecto material de la justicia, ciertamente), pero por lo menos el Sr. Blesa no puede alegar que el juez le esté tratando de manera discriminatoria.

 

No, no pretendo ser gracioso, solo constato que este caso viene a confirmar, una vez más, una regla general de funcionamiento de la judicatura en España (y no sólo de la judicatura, claro) confirmada de manera estentórea por el caso Garzón, que consiste en que un juez puede hacer de su capa un sayo en perjuicio de los sufridos usuarios sin que se le aparte del servicio hasta que, con ocasión de un acontecimiento de importante repercusión mediática (es decir, comete el exceso en un caso sensible) se le propina un bajonazo lateral sin respetar en lo más mínimo las reglas de la tauromaquia para retirarlo de una vez por todas del ruedo judicial. Por ello, si el fiscal termina por presentar la querella vaticino sin ninguna duda que va a prosperar, pese a que la práctica torticera de las piezas separadas esté tan extendida que ya ni llama la atención.

 

Y sin embargo, ¿no es mucho más lógico exigir responsabilidades a los jueces en su momento? Sobre eso hemos escrito mucho en este blog (por ejemplo, aquí y aquí). Pero, claro, tienen que ser de las que no caducan y de las que suponen en caso de reiteración una separación de la carrera judicial. Porque el riesgo de no hacerlo en el momento oportuno es que ahora, como ocurrió con el caso Garzón, la opinión dominante en la calle será que a los jueces se les aparta, no por desobedientes o incompetentes, sino por haberse atrevido a investigar la memoria histórica o meter en la cárcel a un banquero. Se alegará entonces que la Justicia es corrupta, cuando en realidad lo único que pasa es que funciona de manera deficiente.

 

Como ocurre continuamente en nuestro país, la falta de un buen sistema de asignación de responsabilidades nos lleva a identificar mal los problemas, y muchas veces (claro, esto es España) de manera interesada. Ahora resulta que con ocasión de este caso se recuperan los comentarios de Napoleón sobre el poder de los jueces de instrucción, y se propone que sean los fiscales los que instruyan. No es que la idea sea en mala en sí misma (depende, como siempre, de cómo se haga, y sobre todo, de que primero se reforme profundamente el estatuto del Fiscal para garantizar su independencia), pero en cualquier caso es improcedente utilizar esta instrucción como argumento, como si los fiscales fuesen cuerpos santos inmunes a los problemas que afectan a todo nuestro sector público. Con ese mismo argumento, a la vista del caso de la infanta, se podría solicitar que los fiscales no pudiesen recurrir las imputaciones realizadas por los jueces de instrucción.

 

En definitiva, que con el actual sistema puede haber poca justicia material, pero menos aún formal. Porque gracias a la repercusión mediática de ciertos casos y al imponente equipo de abogados de las defensas (que a veces incluyen hasta los mismísimos fiscales) se adultera ese componente fundamental de que se trate a todos los ciudadanos de la misma manera (preferentemente bien, pero de la misma manera). Unos conseguirán revertir las consecuencias negativas de un mal sistema gracias a su mayor poder, mientras que otros seguirán sufriéndolas a la sombra de los medios.

 

Como decía Perelman, “pour la justice, seule la pesée compte”. Pero, como muestra nuestro logo –y no tanto por corrupción como por ineficiencia- aquí la pluma sigue pesando más que el plomo.

 

 

 

La transparencia y la regla “follow the money”: también vale para sindicatos y organizaciones empresariales

Sigue el Proyecto de Ley de Transparencia su complejísima tramitación en el Congreso, con la confesada intención de convertirse en la ley de transparencia más avanzada del mundo, para asombro de generaciones presentes y futuras, así que, paciencia. Como pese a las declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno proclamando un cambio radical en el enfoque del Proyecto de Ley no tenemos por ahora (o no lo tengo yo, vaya) ningún borrador o texto alternativo al que entró en el Congreso allá por el mes de septiembre no puedo opinar mucho sobre esta anunciada reforma, más allá de lamentar que los grandes partidos se cierren en banda a configurar el derecho a la información pública como un derecho fundamental y a regularlo por ley orgánica.  Pero, de nuevo, los grupos nacionalistas se tientan la ropa ante el supuesto ataque a la sacrosanta autonomía, autorregulación, autoorganización, autocontrol y yomeloguisoyomelocomo y el Gobierno prefiere pactar  con el establishment antes que dar satisfacción a las expectativas de los ciudadanos. Nada nuevo bajo el sol.
 
Pero dejémoslo aquí, dado que como jurista anticuada que soy no me gusta opinar sobre declaraciones o ppts. Esperemos por lo menos a que haya algo parecido a un texto normativo o al menos algún informe.  En todo caso, lo que sí parece es que se va a ampliar el ámbito subjetivo de la Ley para recoger en la misma a entidades “privadas” que reciben dinero público, al menos en cuanto a ese dinero público. Se trata de la regla “follow the money”.
 
Oigan, pues ha sido hablar de incluir a organizaciones como sindicatos y organizaciones empresariales, cuya financiación con cargo al erario público es muy importante (como aclara este post de Jose María Pérez sobre financiación de los sindicatos, sobre organizaciones empresariales no hemos publicado nada porque no es nada fácil encontrar los datos) y empezar las declaraciones “a la defensiva” de los afectados 
 
Lo primero es trampear un poco con los datos. Así alegan que realmente estas organizaciones reciben pocos fondos públicos y que casi toda su financiación es privada. Claro que como son organizaciones tan opacas no es fácil saber nada acerca de sus cuentas, pero habida cuenta de que la disminución de las subvenciones públicas ha llevado a algunos ERES por lo menos en los grandes sindicatos (de hecho para justificar estos ERES los sindicatos han dicho precisamente que se les habían reducido subvenciones “finalistas” parece que la financiación pública sí que es muy importante. Tan importante que si se recorta (no digamos ya si se suprime) estas organizaciones tendrían serios problemas de supervivencia, al menos con sus características actuales.
 
Pero es más, es que los sindicatos también tienen fundaciones como los partidos políticos. Y participan en actividades empresariales Así, CCOO ha constituido diversas Fundaciones (Fundación para la Formación y el Empleo “Miguel Escalera”, Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga, Fundación 1º de Mayo, Instituto Siondical de Trabajo, Ambiente y Salud).  Existe una denominada Red Fundaciones http://www.1mayo.ccoo.es/nova/ compuesta porCentre d’Estudis i Recerca Sindicals (CERES) | Fundación Sindical de Estudios | Fundación Sindicalismo y Cultura | Fundación Juan Muñiz Zapico | Fundación 10 de Marzo | Fundación de Estudios Sindicales. Archivo Histórico de CCOO Andalucía | Fundaciód’Estudis i IniciativesSociolaborals (FEIS) | Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales (FIES) | Fundación Cultura y Estudios | Fundació Cipriano García Por cierto que la web de la FIES está en chino, no es broma.  UGT, por su lado ha constituido entre otras las siguientes Fundaciones: Fundación Bernardo Aladrén, Fundació La Fàbrica, Fundación Francisco Largo Caballero, Fundación Pascual Tomás, Fundación Luís Tilve…
 
Por supuesto todas estas Fundaciones también perciben subvenciones, es más, de no existir las subvenciones cerrarían tal y como se refleja en el  Informe de Auditoría sobre la Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga (CCOO); esta Fundación se dedica a la cooperación internacional y como la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional) dejó sin efecto en 2012 las subvenciones para cooperación internacional el Informe de Auditoría pone en duda el futuro de dicha Fundación
 
Nos aclaran no obstante estas organizaciones es que no todo el dinero público es igual. Así diferencian entre las subvenciones “a fondo perdido” o no finalistas (es decir, el dinero público no destinado a alguna finalidad específica) de las subvenciones “finalistas” donde –al menos teóricamente- hay que gastarse el dinero precisamente en la finalidad para cuya consecución se otorga la subvención. Al parecer estas últimas no cuentan. Pero resulta que representan un dineral. El caso es que las subvenciones (finalistas o no) como gasto público, deben ajustarse a los principios de eficiencia y economía (artículo 31.2 CE y 8.3 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones). Ello implicaría comprobar si los gastos justificados cumplen esos requisitos (por ejemplo si los sueldos de los que trabajan en los sindicatos o en las organizaciones empresariales  pueden considerarse como normales o son elevados, si el procedimiento de adquisición de bienes y servicios respeta los principios normales de mercado en operaciones similares, etc etc).
 
Eso sin olvidarnos de la formación a cargo de la cuota de formación profesional de los sindicatos. Conviene recordar que la cuota de formación profesional es el resultado de aplicar el tipo de 0,70% a la base de cotización por contingencias profesionales a la Seguridad Social. De ese 0,70%, un 0,1% es la parte que se detrae de la nómina del trabajador y un 0,60% es la parte que soporta la empresa.  Una parte de este dinero es gestionado por la denominada Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, en la que participan el Ministerio de Trabajo e Inmigración por la Administración, la CEOE y CEPYME como representantes de la empresa y CCOO, UGT y CIG como organizaciones sindicales más representativas.  ¿Y qué decir de los cursos para pymes y empresas de la patronal, también subvencionados? Pues lamentablemente poco, porque poco sabemos. Eso sí, algún día querríamos escribir sobre este tema –ya nos lo han sugerido- si es que algún amable lector o colaborador es capaz de proporcionarnos información suficiente, dado que no nos gusta hablar de oídas.
 
No hace falta que les diga que  el Tribunal de Cuentas español nunca ha auditado las cuentas ni de los sindicatos ni de las organizaciones empresariales. No es que la fiscalización del Tribunal sirva de gran cosa, pero supongo que al menos la necesidad de mandárselas introduciría algún tipo de control. La excusa, ya la saben: es que son entidades privadas. Pero claro, entidades privadas que reciben muchísimo dinero público. Y, por supuesto, como tampoco son sociedades mercantiles olvídense de los mecanismos habituales de control que se aplican a las cuentas de las empresas. Pero es que tampoco se controlan las subvenciones que reciben.  Total, que el Tribunal de Cuentas no ha fiscalizado nunca las subvenciones percibidas por los sindicatos destinadas al ejercicio de su actividad sindical. Sí ha fiscalizado subvenciones destinadas a programas de formación continua (FORCEM) dónde descubrió numerosos fraudes (El último Informe al respecto es de 2002 Informe de fiscalización sobre los fondos públicos destinados a la formación continua de trabajadores, ejercicios 1996, 1997 y 1998), tales como facturas de cursos inexistentes, costes falsos, etc, de los que se beneficiaron las organizaciones empresariales y los sindicatos. Ello provocó la extinción de FORCEM y que se creara la llamada Fundación Tripartita. Probablemente por ese motivo, desde el Informe de 2002 no se ha vuelto a fiscalizar ninguna subvención de cursos de formación. percibida por sindicatos. La Sindicatura de Cuentas de Cataluña si ha fiscalizado las subvenciones percibidas por los sindicatos con fondos de entidades del sector público catalán (autonómicos y locales)  desacando el otorgamiento de subvenciones de forma directa, sin convocatoria ni publicidad previa. Parece que esto de otorgar subvenciones directamente sin publicidad alguna debe ser bastante común en el ámbito autonómico y, sobre todo, en el local.
 
Pero no acaba aquí la cosa. Para evitar ser transparentes han invocado también desde la libertad sindical –que al parecer quedaría muy mermada si se exige saber qué se hace con el dinero público- a la libertad de empresa, pasando por la competitividad, la protección a la intimidad y, como no, la capacidad de autoorganización.  eufemismo que permite preservar la opacidad y la falta de control que habitualmente reinann en estas organizaciones. ¿O creen ustedes que es casualidad, por ejemplo, que el anterior Presidente de la CEOE esté en la cárcel o que el vicepresidente actual tenga unos problemillas de nada con la Seguridad Social pero siga siendo uno de los proveedores favorito del PP   especialmente en la CAM? ¿O que el secretario general de UGT lleve 20 años al frente del sindicato y gane las elecciones con el 86% de los votos?   A mí me parece que es más probable que este tipo de situaciones sea el resultado de una situación interna donde prima el secretismo, las camarillas, el clientelismo, la falta de democracia interna y de rendición de cuentas, donde la cúpula lo controla todo y donde se ha producido una “selección adversa” de los dirigentes.
 
¿Les suena? Pues sí, porque nuestros grandes sindicatos y organizaciones empresariales se parecen mucho a nuestros partidos políticos, no en vano fueron diseñados  (o rediseñados) de forma parecida al comienzo de la Transición y han sido también colonizados o mediatizados  éstos. Va a ser también muy difícil reformarlos desde dentro. La suplantación de la voluntad de afiliados y empresas por las cúpulas es también similar. En definitiva, son instituciones esenciales para el buen funcionamiento de la economía de mercado cuyo impresionante deterioro exige una reforma urgente.  Pero los que están al mando no lo van a hacer, porque no les interesa. Obligarles a ser transparentes puede ser un buen comienzo. Es urgente someter a estas organizaciones “privadas” tan generosamente regadas por nuestros impuestos a las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia. Al menos hasta donde llega la regla “follow the money”, en este caso nuestro money.