Los datos del desempleo en España y la amenaza de la economía informal (I)

 

A estas alturas de la crisis, y creo que no soy una excepción, el fantasma del paro ya no es solo una noticia que se ve en los periódicos sino que también ha alcanzado al círculo de mis afectos próximos, por lo que ni es posible desconocer su relevancia ni puede intentar minimizarse aprovechando informaciones coyunturales.

 

De acuerdo con los últimos datos conocidos de la Encuesta de Población Activa el paro alcanza ya al 26,30% de la población en edad de trabajar y se da una cifra cercana a las 6.200.000 personas. Según los datos recientes ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal serían 4.890.928 los inscritos en mayo de 2013 en las oficinas de empleo con una reducción significativa respecto de anteriores registros.

 

En este artículo pretendo hacer hincapié en el enorme desfase que, entre unos datos y otros, se sitúa en torno al 20% según el mecanismo de medición que se use -lo que, por otro lado, no es un problema nuevo- y como parece necesario tomar en seria consideración la denominada economía sumergida, o mejor dicho, la economía informal.

 

En 1995, cuando el porcentaje de desempleo estaba también en torno al 24% de la población activa, D. Rafael Termes, presentó en una ponencia presentada en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y publicada luego por el Instituto de Estudios Económicos bajo el título de “Las causas del paro”. Se trataba de un breve ensayo que visto con la perspectiva del tiempo resulta sumamente interesante. El trabajo comenzaba presentando al paro como el doloroso síntoma de una enfermedad más profunda. Al tratarse de una manifestación externa de otros males, los intentos de minimizar o paliar sus efectos sin pretender atajar la enfermedad principal, era como aplicar meros remedios paliativos.

 

Termes advertía, entre otras cosas, de la necesidad de no ignorar a la hora de enfocar el problema la incidencia de las inevitables discordancias entre la realidad estadística y la realidad social derivada de la existencia de una economía sumergida. Casi 20 años más tarde, puede afirmarse que aún existe una asignatura pendiente para los economistas y sociólogos a la hora de hallar una metodología fiable para su cuantificación  en nuestro país, tanto desde un punto de vista económico como social. Existen algunos ensayos de modelos de estimación como los resumidos en este artículo y cuyo resultados respecto a España también se resumen en este otro artículo del blog impulsado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, sin embargo las diferencias en los resultados según el modelo elegido van desde un 17% a un 24%.

 

Menos estudiado aun, está el impacto real de esta economía sumergida o informal en lo que se refiere al empleo, por lo que mucho de lo que se opina al respecto se queda –y este artículo no tiene por qué ser una excepción- en una mera conjetura mejor o peor argumentada. Si no se tienen los datos correctos, las decisiones que pueden tomar los gestores pueden ser inadecuadas o incluso contraproducentes.

 

En cualquier caso, la relevancia de su impacto no puede menospreciarse y podemos ilustrarla con el siguiente ejemplo: de acuerdo con los datos ofrecidos en la web de la de la Seguridad Social a finales de 2012, en promedio, estaban dados de alta en la Seguridad Social en la modalidad de servicio doméstico 414.454 asalariados; Sin embargo, para ese mismo año, en las Cuentas Nacionales en la actividad de servicio doméstico aparecen 1.319.000 puestos de trabajo. Para llegar a esa cifra el INE ha utilizado la EPF como principal fuente de información. En esta encuesta se recoge el consumo de los españoles en distintas rúbricas incluidos los gastos en servicio doméstico, así como el número de trabajadores registrados en la economía formal, seguramente también habrá utilizado información de otras  fuentes de empleo. Pero otros estudios, atendiendo a otros elementos de referencia, reducen ese número de puestos de trabajo a unos 700.000. La diferencia entre en un dato y otro es ni más ni menos que de 600.000 personas, de las cuales no se conoce realmente si están o no están realizando una actividad productiva en ese sector.

 

Si ponemos en relación estos datos con la cifra de 6.200.000 parados, nos encontramos con que es posible que el 10% de esas personas estén realizando una actividad laboral en la economía sumergida (solo en ese sector económico). Yo me pregunto ¿cómo es posible tomar decisiones acertadas con esas lagunas en la información? ¿Por qué no se acomete un mayor esfuerzo para realizar estas estimaciones con mayor precisión sector por sector?

 

 

 

El juez Elpidio Silva y la justicia (formal)

 
Los autos del juez Silva ordenando el ingreso en prisión del Sr. Blesa, el primero con fianza (que fue inmediatamente satisfecha) y el segundo sin ella, han suscitado en los medios un aluvión de comentarios y reacciones sobre la deficiente instrucción del caso, con el consiguiente riesgo de anulación de las actuaciones y perjuicio a la investigación que todo ello puede implicar. A la vista de cómo ha gestionado el juez su recusación por parte de la defensa del Sr. Blesa (a través del socorrido expediente de las piezas separadas que ya hemos criticado en este blog) y de otras irregularidades relacionadas especialmente con la falta de motivación, hasta el fiscal se plantea interponerle una querella criminal por prevaricación.
 
Al hilo del caso nos hemos enterado también que el juez ha acumulado durante su dilatada carrera expedientes disciplinarios de todo tipo, que se iniciaron en junio de 1994 (hace casi 20 años) con una sanción por desatención de su órgano jurisdiccional. En 2009 le fue impuesta otra sanción por desatención a los requerimientos de sus superiores, pero recurrió al TS que la dejó sin efecto. En 2010 volvió a ser sancionado por lo mismo, pero de nuevo el TS la anuló por haber caducado el expediente. En la actualidad tiene abiertos en el CGPJ un expediente por dos faltas muy graves y una grave que pueden conllevar (teóricamente, es decir, si no caduca el expediente) la separación de la carrera. Los motivos son el retraso injustificado en la tramitación, la falta de motivación (la de los autos citados no destaca por su profundidad, eso hay que reconocerlo) y la desconsideración hacia los funcionarios de su juzgado. También está siendo investigado por la fiscalía de Madrid por comportamiento poco adecuado durante sus actuaciones judiciales. Nos hemos enterado también que el CGPJ trató de jubilarle por incapacidad en 2008, pero que no prosperó porque el servicio médico dictaminó en contra.
 
De todo eso nos hemos enterado ahora, gracias al Sr. Blesa. Aunque seguro que los que sufrieron sus retrasos, desatenciones, desobediencias y desconsideraciones se enteraron mucho antes, pero, vaya, no eran ex presidentes de Caja Madrid. Verdaderamente, esta circunstancia por si sola nos permitiría rechazar la alegación de que se está cometiendo una injusticia con el Sr. Blesa. Porque ya sabemos desde el tiempo de Aristóteles que uno de los componentes fundamentales de la justicia (el formal) es la igualdad, es decir, tratar de manera idéntica casos iguales, y lo cierto es que, a la vista de sus antecedentes, el juez Silva ha tratado siempre de la misma manera a los usuarios del servicio, y ello a la vista, ciencia y paciencia (mucha paciencia) del CGPJ y del TS. Otra cosa es que ese trato no haya sido muy adecuado (en el aspecto material de la justicia, ciertamente), pero por lo menos el Sr. Blesa no puede alegar que el juez le esté tratando de manera discriminatoria.
 
No, no pretendo ser gracioso, solo constato que este caso viene a confirmar, una vez más, una regla general de funcionamiento de la judicatura en España (y no sólo de la judicatura, claro) confirmada de manera estentórea por el caso Garzón, que consiste en que un juez puede hacer de su capa un sayo en perjuicio de los sufridos usuarios sin que se le aparte del servicio hasta que, con ocasión de un acontecimiento de importante repercusión mediática (es decir, comete el exceso en un caso sensible) se le propina un bajonazo lateral sin respetar en lo más mínimo las reglas de la tauromaquia para retirarlo de una vez por todas del ruedo judicial. Por ello, si el fiscal termina por presentar la querella vaticino sin ninguna duda que va a prosperar, pese a que la práctica torticera de las piezas separadas esté tan extendida que ya ni llama la atención.
 
Y sin embargo, ¿no es mucho más lógico exigir responsabilidades a los jueces en su momento? Sobre eso hemos escrito mucho en este blog (por ejemplo, aquí y aquí). Pero, claro, tienen que ser de las que no caducan y de las que suponen en caso de reiteración una separación de la carrera judicial. Porque el riesgo de no hacerlo en el momento oportuno es que ahora, como ocurrió con el caso Garzón, la opinión dominante en la calle será que a los jueces se les aparta, no por desobedientes o incompetentes, sino por haberse atrevido a investigar la memoria histórica o meter en la cárcel a un banquero. Se alegará entonces que la Justicia es corrupta, cuando en realidad lo único que pasa es que funciona de manera deficiente.
 
Como ocurre continuamente en nuestro país, la falta de un buen sistema de asignación de responsabilidades nos lleva a identificar mal los problemas, y muchas veces (claro, esto es España) de manera interesada. Ahora resulta que con ocasión de este caso se recuperan los comentarios de Napoleón sobre el poder de los jueces de instrucción, y se propone que sean los fiscales los que instruyan. No es que la idea sea en mala en sí misma (depende, como siempre, de cómo se haga, y sobre todo, de que primero se reforme profundamente el estatuto del Fiscal para garantizar su independencia), pero en cualquier caso es improcedente utilizar esta instrucción como argumento, como si los fiscales fuesen cuerpos santos inmunes a los problemas que afectan a todo nuestro sector público. Con ese mismo argumento, a la vista del caso de la infanta, se podría solicitar que los fiscales no pudiesen recurrir las imputaciones realizadas por los jueces de instrucción.
 
En definitiva, que con el actual sistema puede haber poca justicia material, pero menos aún formal. Porque gracias a la repercusión mediática de ciertos casos y al imponente equipo de abogados de las defensas (que a veces incluyen hasta los mismísimos fiscales) se adultera ese componente fundamental de que se trate a todos los ciudadanos de la misma manera (preferentemente bien, pero de la misma manera). Unos conseguirán revertir las consecuencias negativas de un mal sistema gracias a su mayor poder, mientras que otros seguirán sufriéndolas a la sombra de los medios.
 
Como decía Perelman, “pour la justice, seule la pesée compte”. Pero, como muestra nuestro logo –y no tanto por corrupción como por ineficiencia- aquí la pluma sigue pesando más que el plomo.