Elites extractivas y regulación de los mercados

Desde que César Molinas formulara en El País el otoño pasado su teoría sobre la clase política española se han vertido ríos de tinta sobre las élites extractivas. Las ideas de Molinas y el libro de Acemoglu y Robinson sobre el fracaso de las naciones parecen haber capturado la imaginación de un país desconcertado con la crisis económica e indignado con sus políticos. Son muchos los puntos en los que se puede discrepar del análisis, de las conclusiones y, sobre todo, de las soluciones propuestas en esa teoría. La actualidad, sin embargo, parece conjurarse para darle algo de razón…

 

Concedamos, pues, por un momento el beneficio de la verosimilitud a esa teoría que apunta a un maridaje incestuoso entre élites e intereses políticos y económicos en nuestro país. ¿Cuáles son las condiciones para que esa alianza sea posible y duradera?

 

La primera condición es mantener protegidos de la competencia a ciertos sectores. Las empresas de estos sectores no tendrían por qué ser especialmente productivas ni innovadoras: sino más bien empresas extractoras de rentas. Es la ausencia de competencia la que permite en ciertos sectores la obtención de beneficios extraordinarios (en perjuicio de consumidores y contribuyentes). Con competencia, por el contrario, los mecanismos de captura de rentas en los que se basan serían insostenibles.

 

La protección frente a la competencia se logra fundamentalmente de tres modos: a) con normas que impongan barreras de entrada a posibles competidores nacionales o extranjeros; b) estableciendo acuerdos entre las empresas del sector; c) ejerciendo sin límites su posición de dominio (en el caso de los antiguos monopolios, por ejemplo).

 

Para garantizar la estabilidad de ese “capitalismo castizo”, sin embargo, la segunda condición es contar con un “paraguas político”. Las empresas españolas que operan en sectores sin competencia tienden a cooptar (o contratar o corromper, según los casos) a los políticos porque así tratan de garantizarse una regulación favorable (el punto a) anterior). No es casualidad, desde este punto de vista, que el fenómeno de las puertas giratorias (revolving doors) se dé precisamente en sectores donde antes había monopolios (Telefónica, sector energético); como no es casualidad el peso extraordinario de algunos colegios profesionales en la discusión de normas que les afectan.

 

En caso de que, para eximirse de la competencia externa, las empresas prefieran (o tengan que) recurrir a las otras dos vías (conocidas en Derecho de la Competencia como acuerdos anticompetitivos (b) y abusos de posición de dominio (c)), necesitan a los políticos para alterar a su favor las decisiones de las autoridades de competencia encargadas de perseguir esas conductas.

 

Finalmente, las empresas necesitan un último mecanismo de cierre en caso de que todo falle: que los tribunales (sobre todo los más altos) les den la razón si sus intereses se ven amenazados en vía jurisdiccional.

 

Como puede deducirse fácilmente del análisis expuesto, la introducción de más competencia en los diferentes mercados se hallaría, así, en el centro mismo de la solución a los problemas descritos por César Molinas. Desde el punto de vista de los cambios legislativos, la introducción de más competencia devalúa el atractivo de los políticos porque hace la actividad de las empresas menos dependiente de la regulación. Desde el punto de la vigilancia de las actividades anticompetitivas, una autoridad de competencia y un Poder Judicial independientes son la garantía de que las vías b) y c) no serán posibles para mantener un sector protegido de las fuerzas del mercado.

 

En sentido contrario, ¿qué harían las élites extractivas si quisieran mantener sus posiciones de privilegio? Pues exactamente lo que están haciendo: oponerse a los cambios legales que impliquen introducir más competencia, acabar con la independencia de la autoridad española de competencia y reformar el CGPJ para hacerlo más sumiso a las indicaciones políticas.

 

No es de extrañar que el Gobierno del sr. Rajoy -como antes el del sr. Zapatero- fueran especialmente alérgicos a la introducción de reformas procompetitivas. Este tipo de reformas implicarían la disolución de ese entramado de intereses mutuos que va de la política a la economía. Esta es seguramente la explicación de la criminal inacción que ha manifestado el Gobierno recientemente.

 

Lo que es nuevo y propio del Gobierno actual es la intención –cada vez más inminente- de acabar con la independencia de la autoridad de competencia (con la creación de la CNMC) y los tribunales (con la reforma del CGPJ).

 

El problema, sin embargo, es si el país ha llegado ya a un punto en el que no puede seguir creciendo sin que esa relación incestuosa salte por los aires. Efectivamente, mientras la economía iba bien nos podíamos permitir el lujo de alimentar a farmacéuticos, registradores de la propiedad, etc. etc.; y no eran vistos como tan graves los beneficios extraordinarios de petroleras, eléctricas, telefónicas, etc.

 

El problema es que el cambio de modelo productivo, del que tanto se ha hablado, tendría que pasar por dinamitar esas antiguas relaciones. Y ello por dos razones: la primera es que la economía española no puede ser competitiva con el lastre de esos sectores no sometidos a la competencia. La falta de competencia en un sector repercute negativamente en los demás: no tendremos empresas competitivas para las que los carburantes o la electricidad son un input básico si, por falta de competencia, tienen que pagar por inputs más que las empresas de otros países de nuestro entorno. Dado que todos los sectores de la economía están interrelacionados, la ausencia de competencia en uno de ellos afecta negativamente a los demás y los hace menos competitivos.

 

En segundo lugar, el florecimiento de los sectores del “capitalismo castizo” al margen de la competencia produce efectos de expulsión negativos. Las empresas de esos sectores detraen factores productivos (capital, trabajo, etc.) de otros sectores. Así, esos otros sectores –que deberían estar a la vanguardia del cambio de modelo productivo por ser los más dinámicos- están infradesarrollados en España, con consecuencias negativas para el crecimiento y el empleo.

 

Si leemos en nuestra Historia económica reciente podemos ver cómo el progreso económico ha estado ligado a procesos de apertura económica e introducción de más competencia en los diferentes sectores. En 1959, en 1985 y a mediados de los 90 España supo salir de situaciones económicas difíciles abriéndose a la competencia y liberando el potencial de crecimiento de nuestras empresas. En estos tres momentos clave se acometieron reformas estructurales de hondo calado en nuestro país (que incorporaban en gran medida la apertura a la competencia de muchos de nuestros sectores) y que supusieron el inicio de importantes períodos de crecimiento económico.

 

La pregunta hoy es si seremos capaces de adoptar las medidas que son necesarias o si nos arrastrarán más en la crisis los intereses de esas élites extractivas.

 

Los datos del desempleo en España y la amenaza de la economía informal (II)

 
Pero ¿Qué es la economía sumergida?, ¿Qué actividades abarca? En principio, esta perturbadora realidad debe comprenderse tanto en su vertiente de economía informal entendida como aquella que meramente elude las normas fiscales y laborales, como respecto de la economía ilegal referida a aquellos sectores económicos basados en actividades delictivas (tráfico de drogas, armas y demás actividades del mercado negro, delitos contra la propiedad, prostitución organizada, comisiones ilegales ligadas a la corrupción, etc…). Sin pretender menospreciar la dimensión económica de ésta última, en este post vamos a centrarnos solo en la primera categoría, la denominada economía informal.
 
El estudio de la economía informal comenzó a tratarse en relación con las economías de los denominado países en vías de desarrollo, primero en África y, después en América Latina. Conceptualmente, el binomio “economía formal/ informal” lo introdujo Keith Hart, en 1971 con su trabajo “Informal income opportunities and urban employment in Ghana”, contraponiéndolo al anterior paradigma “economía moderna/economía tradicional. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recogió dicho concepto por primera vez en un informe sobre el empleo en Kenia al año siguiente y, desde entonces no ha dejado de trabajar en él en distintas ocasiones, pudiendo citarse documentos sobre la economía informal en Latinoamérica (2005) y sobre trabajo decente y economía informal (2002).
 
Según los documentos citados, la evolución del mercado de trabajo en América Latina y el Caribe desde la década de los 90, coincidiendo con sus crisis de deuda externa, sufrió un proceso de mayor precariedad, combinando aumento de la tasa de desempleo y de la informalidad, con la disminución de la protección social de los trabajadores y el empeoramiento o mantenimiento de la desigualdad en niveles elevados. Además, la evolución del empleo padeció cambios importantes en la composición sectorial y en la calidad de las ocupaciones, resultantes entre otros factores, de los procesos de privatización, apertura económica, y el incremento de la importancia relativa del sector de servicios. Con esta evolución la incidencia de este tipo de economía ha pasado del 40% en los años 90 a más del 60% en muchos países de la región en la actualidad. Por su parte, estudios auspiciados por el Banco Mundial minimizan algo estas cifras, si bien coinciden en el importante crecimiento de esta economía.
 
Para la OIT las actividades desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas informales están insuficientemente contempladas por los sistemas formales o no lo están en absoluto. Asimismo, el incumplimiento de la ley se debe a su falta de adecuación a la realidad social en la que debe ser aplicada, a su complejidad o a los costos excesivos que supone su cumplimiento.
 
Así, los trabajadores de la economía informal son tanto los asalariados y como los que trabajan por cuenta propia, en ambos casos se encuentran en una situación de precariedad al carecer de protección, derechos y representación, lo cual los arrastra a la pobreza o les impide salir de ella, siendo un lastre para la movilidad social. Con el tiempo y la persistencia de la crisis económica su ámbito “se amplia e incluye ahora a trabajadores independientes en actividades de subsistencia, trabajadores domésticos, trabajadores a domicilio y asalariados e independientes de pequeños emprendimientos. En general los informales son aquellos excluidos por la ley, con un importante índice de vulnerabilidad, carentes de seguridad (de mercado laboral, de capacitación de protección social, de ingresos, etc.), es decir personas con déficit de trabajo decente, elemento fundamental para sobrevivir en el nuevo ámbito de la globalización”.
 
Más adelante en el seno de la OIT también se ha introducido el concepto “empleo vulnerable” que se define como la suma de los trabajadores por cuenta propia más los trabajadores en negocios familiares que, trabajando por su cuenta o con uno o más socios, tienen un trabajo considerado como auto-empleo (es decir, su remuneración depende directamente de los beneficios derivados de los bienes y servicios producidos), y no emplean de forma continua a ningún trabajador en el periodo de referencia. Si bien, no todos los incluidos bajo esta definición, tienen por qué pertenecer a la economía informal.
 
En fin, desde el punto de vista de la OIT, según las conclusiones de su 90ª Conferencia “la informalidad es ante todo una cuestión de gobernanza, que se ha generado por la aplicación de políticas macroeconómicas y sociales inadecuadas e ineficaces, en general no avaladas por consultas tripartitas, y con carencia de marcos jurídicos y de instituciones adecuadas que permitan aplicar de forma correcta las leyes”.
 
 
Aunque tanto en España como en Italia, la economía informal se ha venido cuantificando en torno a un 20% del PIB (dicho sea con las debidas cautelas teniendo en cuenta la debilidad de los instrumentos de valoración), tradicionalmente, como hemos visto, este problema se ha considerado propio de países en vías de desarrollo pero, partiendo de que existen algunas semejanzas entre esta crisis y la acaecida en Latinoamérica en los años 90 y existiendo ya un diferencial tan grande entre los datos de la EPA y los registros de los Servicios Públicos de Empleo ¿Podría sostenerse que en España está empezando a producirse un proceso en esta dirección? Tal vez afirmar eso sea demasiado aventurado, sin embargo, lo prudente sería adoptar medidas tendentes a evitar que la economía informal crezca más y se consolide como una realidad que, como ya ocurre en muchos países de América Latina, no es posible revertir ni a corto ni a medio plazo y que, posiblemente, explique en parte la tremenda inseguridad e inestabilidad que se vive en México, Argentina, Venezuela y otros países de ese entorno.
 
El crecimiento de la economía informal supone, en el ámbito de una economía como la española que sostiene sobre sus espaldas la estructura de un complejo y amplio estado de bienestar, un peligro añadido para la continuidad de éste, pues por una parte, el producto de la economía informal, en gran parte, escapa de la actividad recaudatoria tanto de Hacienda como de la Seguridad Social y por otra, las personas incluidas en ella, al no tener ingresos formales, también cumplen con los requisitos para ser beneficiarias de las prestaciones asistenciales lo que aumenta la fragilidad financiera del sistema.
 
En ese sentido, favorecer que en España la normativa laboral se acerque lo más posible a la realidad del mercado y no a una fantasía utópica puede, a la larga, garantizar mejor los derechos de los trabajadores. Del mismo modo, eliminar la discriminación fiscal que sufren los empleadores de los empleados domésticos también supondría la incorporación a la economía formal de una legión completa de trabajadores que ahora se encuentran en la sombra. La eliminación de numerosas trabas administrativas o “técnicas”, en algunos casos impuestas por poderosos sectores económicos para acotar su mercado a la competencia y expulsar de él al pequeño empresario o incluso la relajación en las políticas fiscales también podrían ser medidas que compensaran los actuales estímulos favorecedores del crecimiento de la economía informal.

Los datos del desempleo en España y la amenaza de la economía informal (II)

 

Pero ¿Qué es la economía sumergida?, ¿Qué actividades abarca? En principio, esta perturbadora realidad debe comprenderse tanto en su vertiente de economía informal entendida como aquella que meramente elude las normas fiscales y laborales, como respecto de la economía ilegal referida a aquellos sectores económicos basados en actividades delictivas (tráfico de drogas, armas y demás actividades del mercado negro, delitos contra la propiedad, prostitución organizada, comisiones ilegales ligadas a la corrupción, etc…). Sin pretender menospreciar la dimensión económica de ésta última, en este post vamos a centrarnos solo en la primera categoría, la denominada economía informal.

 

El estudio de la economía informal comenzó a tratarse en relación con las economías de los denominado países en vías de desarrollo, primero en África y, después en América Latina. Conceptualmente, el binomio “economía formal/ informal” lo introdujo Keith Hart, en 1971 con su trabajo “Informal income opportunities and urban employment in Ghana”, contraponiéndolo al anterior paradigma “economía moderna/economía tradicional. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recogió dicho concepto por primera vez en un informe sobre el empleo en Kenia al año siguiente y, desde entonces no ha dejado de trabajar en él en distintas ocasiones, pudiendo citarse documentos sobre la economía informal en Latinoamérica (2005) y sobre trabajo decente y economía informal (2002).

 

Según los documentos citados, la evolución del mercado de trabajo en América Latina y el Caribe desde la década de los 90, coincidiendo con sus crisis de deuda externa, sufrió un proceso de mayor precariedad, combinando aumento de la tasa de desempleo y de la informalidad, con la disminución de la protección social de los trabajadores y el empeoramiento o mantenimiento de la desigualdad en niveles elevados. Además, la evolución del empleo padeció cambios importantes en la composición sectorial y en la calidad de las ocupaciones, resultantes entre otros factores, de los procesos de privatización, apertura económica, y el incremento de la importancia relativa del sector de servicios. Con esta evolución la incidencia de este tipo de economía ha pasado del 40% en los años 90 a más del 60% en muchos países de la región en la actualidad. Por su parte, estudios auspiciados por el Banco Mundial minimizan algo estas cifras, si bien coinciden en el importante crecimiento de esta economía.

 

Para la OIT las actividades desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas informales están insuficientemente contempladas por los sistemas formales o no lo están en absoluto. Asimismo, el incumplimiento de la ley se debe a su falta de adecuación a la realidad social en la que debe ser aplicada, a su complejidad o a los costos excesivos que supone su cumplimiento.

 

Así, los trabajadores de la economía informal son tanto los asalariados y como los que trabajan por cuenta propia, en ambos casos se encuentran en una situación de precariedad al carecer de protección, derechos y representación, lo cual los arrastra a la pobreza o les impide salir de ella, siendo un lastre para la movilidad social. Con el tiempo y la persistencia de la crisis económica su ámbito “se amplia e incluye ahora a trabajadores independientes en actividades de subsistencia, trabajadores domésticos, trabajadores a domicilio y asalariados e independientes de pequeños emprendimientos. En general los informales son aquellos excluidos por la ley, con un importante índice de vulnerabilidad, carentes de seguridad (de mercado laboral, de capacitación de protección social, de ingresos, etc.), es decir personas con déficit de trabajo decente, elemento fundamental para sobrevivir en el nuevo ámbito de la globalización”.

 

Más adelante en el seno de la OIT también se ha introducido el concepto “empleo vulnerable” que se define como la suma de los trabajadores por cuenta propia más los trabajadores en negocios familiares que, trabajando por su cuenta o con uno o más socios, tienen un trabajo considerado como auto-empleo (es decir, su remuneración depende directamente de los beneficios derivados de los bienes y servicios producidos), y no emplean de forma continua a ningún trabajador en el periodo de referencia. Si bien, no todos los incluidos bajo esta definición, tienen por qué pertenecer a la economía informal.

 

En fin, desde el punto de vista de la OIT, según las conclusiones de su 90ª Conferencia “la informalidad es ante todo una cuestión de gobernanza, que se ha generado por la aplicación de políticas macroeconómicas y sociales inadecuadas e ineficaces, en general no avaladas por consultas tripartitas, y con carencia de marcos jurídicos y de instituciones adecuadas que permitan aplicar de forma correcta las leyes”.

 

 

Aunque tanto en España como en Italia, la economía informal se ha venido cuantificando en torno a un 20% del PIB (dicho sea con las debidas cautelas teniendo en cuenta la debilidad de los instrumentos de valoración), tradicionalmente, como hemos visto, este problema se ha considerado propio de países en vías de desarrollo pero, partiendo de que existen algunas semejanzas entre esta crisis y la acaecida en Latinoamérica en los años 90 y existiendo ya un diferencial tan grande entre los datos de la EPA y los registros de los Servicios Públicos de Empleo ¿Podría sostenerse que en España está empezando a producirse un proceso en esta dirección? Tal vez afirmar eso sea demasiado aventurado, sin embargo, lo prudente sería adoptar medidas tendentes a evitar que la economía informal crezca más y se consolide como una realidad que, como ya ocurre en muchos países de América Latina, no es posible revertir ni a corto ni a medio plazo y que, posiblemente, explique en parte la tremenda inseguridad e inestabilidad que se vive en México, Argentina, Venezuela y otros países de ese entorno.

 

El crecimiento de la economía informal supone, en el ámbito de una economía como la española que sostiene sobre sus espaldas la estructura de un complejo y amplio estado de bienestar, un peligro añadido para la continuidad de éste, pues por una parte, el producto de la economía informal, en gran parte, escapa de la actividad recaudatoria tanto de Hacienda como de la Seguridad Social y por otra, las personas incluidas en ella, al no tener ingresos formales, también cumplen con los requisitos para ser beneficiarias de las prestaciones asistenciales lo que aumenta la fragilidad financiera del sistema.

 

En ese sentido, favorecer que en España la normativa laboral se acerque lo más posible a la realidad del mercado y no a una fantasía utópica puede, a la larga, garantizar mejor los derechos de los trabajadores. Del mismo modo, eliminar la discriminación fiscal que sufren los empleadores de los empleados domésticos también supondría la incorporación a la economía formal de una legión completa de trabajadores que ahora se encuentran en la sombra. La eliminación de numerosas trabas administrativas o “técnicas”, en algunos casos impuestas por poderosos sectores económicos para acotar su mercado a la competencia y expulsar de él al pequeño empresario o incluso la relajación en las políticas fiscales también podrían ser medidas que compensaran los actuales estímulos favorecedores del crecimiento de la economía informal.

Los datos del desempleo en España y la amenaza de la economía informal (I)

 
A estas alturas de la crisis, y creo que no soy una excepción, el fantasma del paro ya no es solo una noticia que se ve en los periódicos sino que también ha alcanzado al círculo de mis afectos próximos, por lo que ni es posible desconocer su relevancia ni puede intentar minimizarse aprovechando informaciones coyunturales.
 
De acuerdo con los últimos datos conocidos de la Encuesta de Población Activa el paro alcanza ya al 26,30% de la población en edad de trabajar y se da una cifra cercana a las 6.200.000 personas. Según los datos recientes ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal serían 4.890.928 los inscritos en mayo de 2013 en las oficinas de empleo con una reducción significativa respecto de anteriores registros.
 
En este artículo pretendo hacer hincapié en el enorme desfase que, entre unos datos y otros, se sitúa en torno al 20% según el mecanismo de medición que se use -lo que, por otro lado, no es un problema nuevo- y como parece necesario tomar en seria consideración la denominada economía sumergida, o mejor dicho, la economía informal.
 
En 1995, cuando el porcentaje de desempleo estaba también en torno al 24% de la población activa, D. Rafael Termes, presentó en una ponencia presentada en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y publicada luego por el Instituto de Estudios Económicos bajo el título de “Las causas del paro”. Se trataba de un breve ensayo que visto con la perspectiva del tiempo resulta sumamente interesante. El trabajo comenzaba presentando al paro como el doloroso síntoma de una enfermedad más profunda. Al tratarse de una manifestación externa de otros males, los intentos de minimizar o paliar sus efectos sin pretender atajar la enfermedad principal, era como aplicar meros remedios paliativos.
 
Termes advertía, entre otras cosas, de la necesidad de no ignorar a la hora de enfocar el problema la incidencia de las inevitables discordancias entre la realidad estadística y la realidad social derivada de la existencia de una economía sumergida. Casi 20 años más tarde, puede afirmarse que aún existe una asignatura pendiente para los economistas y sociólogos a la hora de hallar una metodología fiable para su cuantificación  en nuestro país, tanto desde un punto de vista económico como social. Existen algunos ensayos de modelos de estimación como los resumidos en este artículo y cuyo resultados respecto a España también se resumen en este otro artículo del blog impulsado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, sin embargo las diferencias en los resultados según el modelo elegido van desde un 17% a un 24%.
 
Menos estudiado aun, está el impacto real de esta economía sumergida o informal en lo que se refiere al empleo, por lo que mucho de lo que se opina al respecto se queda –y este artículo no tiene por qué ser una excepción- en una mera conjetura mejor o peor argumentada. Si no se tienen los datos correctos, las decisiones que pueden tomar los gestores pueden ser inadecuadas o incluso contraproducentes.
 
En cualquier caso, la relevancia de su impacto no puede menospreciarse y podemos ilustrarla con el siguiente ejemplo: de acuerdo con los datos ofrecidos en la web de la de la Seguridad Social a finales de 2012, en promedio, estaban dados de alta en la Seguridad Social en la modalidad de servicio doméstico 414.454 asalariados; Sin embargo, para ese mismo año, en las Cuentas Nacionales en la actividad de servicio doméstico aparecen 1.319.000 puestos de trabajo. Para llegar a esa cifra el INE ha utilizado la EPF como principal fuente de información. En esta encuesta se recoge el consumo de los españoles en distintas rúbricas incluidos los gastos en servicio doméstico, así como el número de trabajadores registrados en la economía formal, seguramente también habrá utilizado información de otras  fuentes de empleo. Pero otros estudios, atendiendo a otros elementos de referencia, reducen ese número de puestos de trabajo a unos 700.000. La diferencia entre en un dato y otro es ni más ni menos que de 600.000 personas, de las cuales no se conoce realmente si están o no están realizando una actividad productiva en ese sector.
 
Si ponemos en relación estos datos con la cifra de 6.200.000 parados, nos encontramos con que es posible que el 10% de esas personas estén realizando una actividad laboral en la economía sumergida (solo en ese sector económico). Yo me pregunto ¿cómo es posible tomar decisiones acertadas con esas lagunas en la información? ¿Por qué no se acomete un mayor esfuerzo para realizar estas estimaciones con mayor precisión sector por sector?