Enrique López, magistrado del Tribunal Constitucional ¿otra muestra de la marca España?

En agosto de 2012 se produjo el nombramiento de los titulares de algunos de los cargos más importantes del Estado: la Defensora del Pueblo y su Adjunto, 4 magistrados del Tribunal Constitucional, los consejeros del Tribunal de Cuentas y los miembros electivos de la Junta Electoral Central.

 

Siguiendo una práctica habitual, toda similitud entre las comparecencias parlamentarias previas a la designación y un procedimiento mínimamente serio fue mera coincidencia: la de la Defensora del Pueblo duró menos de 90 minutos incluyendo su presentación, las intervenciones de los Grupos Parlamentarios –en algún caso meros halagos- y sus respuestas; menos tiempo per capita se dedicó a los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional y consejeros del Tribunal de Cuentas -45 minutos a cada uno- y a los 5 miembros de la Junta Electoral Central -30 minutos-.  

 

Las preguntas que surgen ante este panorama son las habituales: ¿por qué lo llamamos comparecencias para ser examinados por las Cámaras cuando queremos decir mera ratificación de los ya designados por los partidos mayoritarios? ¿Por qué hay el mismo número de comparecientes que el de cargos a cubrir? ¿Por qué lo llamamos examen cuando más que preguntas se trata de laudatios que llegan, incluso, a abochornar a algunos comparecientes? ¿Por qué en la mayoría de los casos se celebran ante una Comisión de nombramientos y no ante una de parlamentarios expertos en la materia?

 

Así pues, si todo parecido entre lo que ocurre en España y lo que sucede en otros países en ese mismo ámbito es pura casualidad, no sería exagerado decir, empleando una expresión al uso en estos tiempos malos para la lírica y la prosa, que eso es una muestra de la “marca España”. Por si este producto “de la marca” no fuera suficientemente malo, el pasado 7 de junio de 2013 nos presentaron una muestra todavía más deteriorada con ocasión del nombramiento, a propuesta del Gobierno, de Enrique López como magistrado del Tribunal Constitucional.

 

 

Como es sabido, dice la Constitución (art. 159.2) que “los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional”.

 

Pues bien, la candidatura del señor López al Tribunal Constitucional ya fue rechazada por el Senado en el año 2010 por considerar la Cámara Alta que no tenía la antigüedad mínima de 15 años de ejercicio profesional. Tres años después dicho requisito ha sido alcanzado, pero, a la vista del currículum que aporta el señor López, no parece que nos encontremos ante una persona que sobresalga, entre los miles de juristas de este país, por sus credenciales técnicas. Como nos recuerda la página web La Moncla.es: “ha estado destinado en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Arzúa (A Coruña), Valladolid y León. Ha ocupado diferentes puestos como letrado del Consejo General del Poder Judicial, organismo en el que fue vocal y portavoz. Fue profesor en el área de Derecho Procesal en la Universidad de Valladolid, profesor asociado del área de Derecho Penal de la Universidad de León y profesor de Derecho Penal en la Universidad Europea de Madrid, labor que desempeñaba en la actualidad. Desde junio de 2005 era magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”.

 

Pero el problema mayor, con ser importante, no sería sus carencias técnico-jurídicas para ser magistrado del Tribunal Constitucional, sino su trayectoria hasta la fecha: como vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial, lejos de mantener el perfil institucional exigido para el órgano de gobierno de dicho Poder, se implicó de manera contumaz en la maraña política, cuestionando la labor de la mayoría parlamentaria del momento y llegando al extremo de defender que el Consejo hiciera, sin concurrir los requisitos legales para ello, informes sobre la reforma del Estatuto de Cataluña y la Ley que aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

 

¿Puede actuar como integrante del intérprete supremo de la Constitución una persona que parece ignorar, como dispone el artículo 9.1 de la Carta Magna, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”?

 

¿Puede desempeñar sus funciones con la neutralidad exigida a una institución que controla la constitucionalidad de las normas legales aprobadas por el Gobierno (Decretos-Leyes, Decretos Legislativos) y por la actual mayoría parlamentaria (Leyes orgánicas, Leyes ordinarias) una persona que ha colaborado en más de 50 ocasiones con una Fundación -Faes- que se define como “vinculada al Partido Popular” y que pretende crear y difundir “ideas susceptibles de ser asumidas por los responsables políticos y transformadas en programas de acción política”?

 

Si, como nos dice su página web, “Marca España es una política de Estado, cuya eficacia reside en el largo plazo”, es evidente que el nombramiento del señor López se inserta en una política del Estado español que ha venido desarrollándose desde hace mucho tiempo y, sin duda, tendrá efectos a largo plazo (9 años nada menos). Lo que no parece tan claro es que, como pretende la citada marca, consiga “mejorar la imagen de nuestro país, tanto en el interior como más allá de nuestras fronteras”.

 

Elites extractivas y regulación de los mercados

Desde que César Molinas formulara en El País el otoño pasado su teoría sobre la clase política española se han vertido ríos de tinta sobre las élites extractivas. Las ideas de Molinas y el libro de Acemoglu y Robinson sobre el fracaso de las naciones parecen haber capturado la imaginación de un país desconcertado con la crisis económica e indignado con sus políticos. Son muchos los puntos en los que se puede discrepar del análisis, de las conclusiones y, sobre todo, de las soluciones propuestas en esa teoría. La actualidad, sin embargo, parece conjurarse para darle algo de razón…
 
Concedamos, pues, por un momento el beneficio de la verosimilitud a esa teoría que apunta a un maridaje incestuoso entre élites e intereses políticos y económicos en nuestro país. ¿Cuáles son las condiciones para que esa alianza sea posible y duradera?
 
La primera condición es mantener protegidos de la competencia a ciertos sectores. Las empresas de estos sectores no tendrían por qué ser especialmente productivas ni innovadoras: sino más bien empresas extractoras de rentas. Es la ausencia de competencia la que permite en ciertos sectores la obtención de beneficios extraordinarios (en perjuicio de consumidores y contribuyentes). Con competencia, por el contrario, los mecanismos de captura de rentas en los que se basan serían insostenibles.
 
La protección frente a la competencia se logra fundamentalmente de tres modos: a) con normas que impongan barreras de entrada a posibles competidores nacionales o extranjeros; b) estableciendo acuerdos entre las empresas del sector; c) ejerciendo sin límites su posición de dominio (en el caso de los antiguos monopolios, por ejemplo).
 
Para garantizar la estabilidad de ese “capitalismo castizo”, sin embargo, la segunda condición es contar con un “paraguas político”. Las empresas españolas que operan en sectores sin competencia tienden a cooptar (o contratar o corromper, según los casos) a los políticos porque así tratan de garantizarse una regulación favorable (el punto a) anterior). No es casualidad, desde este punto de vista, que el fenómeno de las puertas giratorias (revolving doors) se dé precisamente en sectores donde antes había monopolios (Telefónica, sector energético); como no es casualidad el peso extraordinario de algunos colegios profesionales en la discusión de normas que les afectan.
 
En caso de que, para eximirse de la competencia externa, las empresas prefieran (o tengan que) recurrir a las otras dos vías (conocidas en Derecho de la Competencia como acuerdos anticompetitivos (b) y abusos de posición de dominio (c)), necesitan a los políticos para alterar a su favor las decisiones de las autoridades de competencia encargadas de perseguir esas conductas.
 
Finalmente, las empresas necesitan un último mecanismo de cierre en caso de que todo falle: que los tribunales (sobre todo los más altos) les den la razón si sus intereses se ven amenazados en vía jurisdiccional.
 
Como puede deducirse fácilmente del análisis expuesto, la introducción de más competencia en los diferentes mercados se hallaría, así, en el centro mismo de la solución a los problemas descritos por César Molinas. Desde el punto de vista de los cambios legislativos, la introducción de más competencia devalúa el atractivo de los políticos porque hace la actividad de las empresas menos dependiente de la regulación. Desde el punto de la vigilancia de las actividades anticompetitivas, una autoridad de competencia y un Poder Judicial independientes son la garantía de que las vías b) y c) no serán posibles para mantener un sector protegido de las fuerzas del mercado.
 
En sentido contrario, ¿qué harían las élites extractivas si quisieran mantener sus posiciones de privilegio? Pues exactamente lo que están haciendo: oponerse a los cambios legales que impliquen introducir más competencia, acabar con la independencia de la autoridad española de competencia y reformar el CGPJ para hacerlo más sumiso a las indicaciones políticas.
 
No es de extrañar que el Gobierno del sr. Rajoy -como antes el del sr. Zapatero- fueran especialmente alérgicos a la introducción de reformas procompetitivas. Este tipo de reformas implicarían la disolución de ese entramado de intereses mutuos que va de la política a la economía. Esta es seguramente la explicación de la criminal inacción que ha manifestado el Gobierno recientemente.
 
Lo que es nuevo y propio del Gobierno actual es la intención –cada vez más inminente- de acabar con la independencia de la autoridad de competencia (con la creación de la CNMC) y los tribunales (con la reforma del CGPJ).
 
El problema, sin embargo, es si el país ha llegado ya a un punto en el que no puede seguir creciendo sin que esa relación incestuosa salte por los aires. Efectivamente, mientras la economía iba bien nos podíamos permitir el lujo de alimentar a farmacéuticos, registradores de la propiedad, etc. etc.; y no eran vistos como tan graves los beneficios extraordinarios de petroleras, eléctricas, telefónicas, etc.
 
El problema es que el cambio de modelo productivo, del que tanto se ha hablado, tendría que pasar por dinamitar esas antiguas relaciones. Y ello por dos razones: la primera es que la economía española no puede ser competitiva con el lastre de esos sectores no sometidos a la competencia. La falta de competencia en un sector repercute negativamente en los demás: no tendremos empresas competitivas para las que los carburantes o la electricidad son un input básico si, por falta de competencia, tienen que pagar por inputs más que las empresas de otros países de nuestro entorno. Dado que todos los sectores de la economía están interrelacionados, la ausencia de competencia en uno de ellos afecta negativamente a los demás y los hace menos competitivos.
 
En segundo lugar, el florecimiento de los sectores del “capitalismo castizo” al margen de la competencia produce efectos de expulsión negativos. Las empresas de esos sectores detraen factores productivos (capital, trabajo, etc.) de otros sectores. Así, esos otros sectores –que deberían estar a la vanguardia del cambio de modelo productivo por ser los más dinámicos- están infradesarrollados en España, con consecuencias negativas para el crecimiento y el empleo.
 
Si leemos en nuestra Historia económica reciente podemos ver cómo el progreso económico ha estado ligado a procesos de apertura económica e introducción de más competencia en los diferentes sectores. En 1959, en 1985 y a mediados de los 90 España supo salir de situaciones económicas difíciles abriéndose a la competencia y liberando el potencial de crecimiento de nuestras empresas. En estos tres momentos clave se acometieron reformas estructurales de hondo calado en nuestro país (que incorporaban en gran medida la apertura a la competencia de muchos de nuestros sectores) y que supusieron el inicio de importantes períodos de crecimiento económico.
 
La pregunta hoy es si seremos capaces de adoptar las medidas que son necesarias o si nos arrastrarán más en la crisis los intereses de esas élites extractivas.