Vuelva usted…la próxima legislatura. (Sobre el informe Cora y la no reforma de las Administraciones Públicas)

 

Esta semana última el Gobierno y los medios de comunicación nos han intentado convencer de que por fin se va a hacer la imprescindible reforma de las Administraciones Públicas españolas, o del inviable sector público del Estado Español (lo que ustedes prefieran) porque se ha elaborado un informe. Esta vez es el informe CORA, acrónimo de Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas que lo ha elaborado. El informe tiene 250 hojas y plantea 237 propuestas. Ha sido realizado (según explica en su resumen ejecutivo) por técnicos de diversos Ministerios en colaboración con un Consejo asesor donde han estado representados el Defensor del Pueblo, las organizaciones empresariales y representativas de empleados públicos (CC.OO., UGT, CSIF, FEDECA, CEOE-CEPYME), el Consejo de  Consumidores y Usuarios, la Asociación de Trabajadores Autónomos, el Instituto de Empresa Familiar, el  Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la Asociación Española de Empresas de Consultoría.  Como pueden ver, una nutrida representación de “insiders”.Además se ha abierto un buzón para la participación ciudadana a través del cual se han recibido 2.239 sugerencias en materia de duplicidades y simplificación administrativa que se califican de muy útiles.

 

Lo curioso del tema es que a estas alturas y más allá del contenido del informe, en el que entraremos brevemente, alguien pueda confundir reformar con decir que se va a reformar. Y más gracioso todavía es que el anuncio haya puesto en pie de guerra a las CCAA, lo que augura el éxito que va a tener la puesta en marcha de las 237 propuestas, suponiendo que alguien de verdad tenga la voluntad política de hacerlo, que esa es otra. Si en España las leyes o las sentencias no se cumplen por los que tienen el poder suficiente para hacerlo, ya me contarán ustedes qué posibilidades hay de que se cumplan unas recomendaciones incluso en CCAA gobernadas por el PP.

 

En cuanto a las cifras de ahorro, probablemente la cosa quede mucho peor de lo que dice Juan Ramón Rallo

http://youtu.be/73zyNoFeQZc

 

Este blog creo que ha sido uno de los primeros en haber denunciado en numerosísimos posts no solo las duplicidades, excrecencias, ineficiencias y corruptelas del sector público español, especialmente en sus variedades autonómica y local, sino también los muchos anuncios de reforma y de supresión de organismos públicos que se han quedado en nada o en casi nada. Muy recientemente Jaime Castellano monitorizaba (en base a datos oficiales) el proceso de racionalización de entes autonómicos  Porque recordemos que este proceso de racionalización del sector público autonómico “nació” en el Consejo de Política fiscal y financiera del año 2010. A estas alturas de 2013 podemos asegurar que ha sido un fracaso total, sin olvidar algunos episodios francamente grotescos como las reuniones preventivas de los posibles “afectados” para defender sus chiringuitos, entre ellos los Defensores del Pueblo autonómicos de los que hemos hablado en algún post   Normal, si se tiene en cuenta lo bien que se puede vivir en un sitio de estos a costa del contribuyente, por ejemplo vean las andanzas a lo largo y ancho de este mundo del Sindic de Greuges de Cataluña siempre, claro está, en beneficio de los ciudadanos catalanes, faltaría más.

 

La primera razón de que este proceso haya sido un desastre es muy sencilla: la mayoría de estos organismos autonómicos y locales duplicados, triplicados (y diecisieteplicados si hace falta) son sitios estupendos para colocar gente que no ha tenido que pasar ningún proceso de selección mínimamente riguroso y, por tanto, organismos muy adecuados para colocar a la clientela de los partidos políticos o/y subcontratar servicios a empresas afines. Son instrumentos del sistema clientelar y caciquil importantísimos . Dependiendo de la forma jurídica suelen quedar, además, extramuros de los controles administrativos previos y de las incomodidades aunque sea formales que plantea la sujeción a la normativa de contratos del sector público y de subvenciones. La subcontratación suele ser imprescindible si, como es habitual, el sistema de selección impide que el organismo en cuestión disponga del personal con capacidad suficiente para prestar el servicio de que se trate, por innecesario que sea. Todo a costa del contribuyente.  La justificación “oficial” los lectores del blog ya se la saben: la cercanía al ciudadano. Ponga usted en su barrio una agencia meteorológica, un defensor del Pueblo, un Observatorio de lo que sea, no vaya a ser que si están centralizados se equivoquen con el pronóstico del tiempo o no le tramiten bien su queja o no observen bien las particularidades locales.

 

La segunda razón tiene que ver con una consideración que no es tan evidente para los ciudadanos; si se cierran organismos de verdad, y no de mentirijillas mediante cambalaches varios, fusiones, absorciones, cambios de nombre, de dependencia, etc, etc (triquiñuelas denunciadas hace meses en post como este )   hay mucha gente que se tendría que ir a la calle. ¿Qué gente? Pues los propios “colocados” o enchufados pero también otras muchas personas con un perfil más técnico o más profesional que han podido ser contratadas por necesidades de operativa, dado que para gestionar una televisión autonómica o un Centro de supercomputación, aunque sea perdiendo un dineral, se necesita algún tipo de perfil de este tipo. En realidad, cuando menos ficticio el servicio prestado por estos organismos más profesionales “de verdad” necesitará, aunque las cúpulas directivas, con escasas excepciones, se utilicen como botín a repartir por los partidos de turno y los profesionales requeridos sean, de preferencia, los más cercanos o afines. Lógicamente, mandar a los propios al paro no interesa nada. Pero a estas alturas, con más de seis millones de parados, tampoco interesa nada mandar a la calle incluso a los que no lo son, aunque si no hay más remedio, se empezará y terminará por ellos.  Como en el ERE de Telemadrid. En definitiva, si de verdad se cerrasen organismos duplicados o triplicados tendría que aumentar muy sustancialmente el número de personas en paro. No olvidemos esto. Y aún así, la reforma hay que hacerla porque la situación es  insostenible.

 

La tercera razón tiene que ver con otra cuestión de la que también hemos hablado largo y tendido en este blog, y es la falta de mecanismos o herramientas del Estado Central para poner orden en las CCAA y en las Administraciones locales. No me refiero a las dificultades de tipo político, que son evidentes, sino simplemente a las jurídicas. Claro que en último extremo se podrían salvar, pero los procesos serían extremadamente complejos y largos, de manera que al final lo que le queda al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es el palo (o la zanahoria) del déficit autonómico. Pero lo que estamos viendo por ahora es algo muy distinto: el déficit a la carta, ya sea porque las CCAA arruinadas  están en manos de gobiernos del PP como Valencia, o amenazan con la secesión, como Cataluña, o son de otro partido, como Andalucía. Como mucho, puede que  el Gobierno termine haciendo como la Unión Europea con España; dando el dinero justo dejando en manos de los Gobiernos autonómicos las prioridades para gastarlo. Y visto lo visto, no podemos ser muy optimistas.

 

Entrando ya en el contenido del informe, hay que destacar que es una buena noticia que se empiecen a manejar datos económicos sobre el tamaño del sector público español, más vale tarde que nunca. Dejo a los economistas su análisis detenido, aunque reconozco que algunas afirmaciones me producen cierta perplejidad, como el tamaño “relativamente pequeño” del sector público español con relación a la media de la UE o los relativos a los empleados públicos, ya que se nos dice, que de acuerdo con los datos del Registro Central de Personal, entre 1982 y 2012 los empleados de la Administración General del Estado (AGE) se han reducido a cerca de la cuarta parte; los de las CC.AA., prácticamente inexistentes en 1982, se han multiplicado por 30 y los de las EE.LL. se han multiplicado casi por 4.  No es esto lo que nos salía a nosotros al analizar el informe de la OCDE “Government at a glance” 2011 en este post.  Como explicó Rafael Rivera en ese post el perfil de los empleados públicos en España también es muy preocupante, ya que abundan los perfiles inferiores y escasean los altos (titulados superiores y medios) en contra de lo que sucede en otros países y en las organizaciones privadas más eficientes. Sin duda, algo tiene que ver con el peso en el sector público de los sindicatos del establishment, CCOO y UGT (aunque no precisamente por su afiliación) que defienden básicamente los intereses de estos empleados.

 

Por lo que respecta a las duplicidades de organismos y a organismos nuevos, el informe pretende saber de qué estamos hablando ordenando la integración en el INVESPE (registro estatal de entidades) de las entidades dependientes de las CCAA  y de paso intenta poner ciertas restricciones a la creación de otras entidades nuevas para que no dupliquen las ya existentes. Yo no me preocuparía mucho ahora, dado que ahora la principal restricción para hacerlo es la falta de dinero, pero en cualquier caso intentar saber cuantas entidades públicas hay en España y a que se dedican y que cuestan no estaríanada  mal.  Veremos si es posible. A continuación se localizan unos cuantos organismos “duplicados” en la Administración General del Estado, en todos los casos organismos muy menores cuya fusión o supresión o integración en otros se ordena,  o cuya denominación se cambia, o que se decide que compartan “servicios comunes” con otros organismos por ser similares su objetivo y funciones. En fin, nada muy relevante para los que conocemos bien la Administración, Por citarles ejemplos, se trata de organismos cuya existencia no podría ni sospechar un ciudadano normal, como la Cria caballar de las fuerzas armadas, el Canal de Experiencias Hidronimáticas del Pardo, la Sociedad de Estiba y desestiba del puerto de la Gomera o la Fundación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y de las Ciencias del Mar. Otros sencillamente cambian de denominación o se fusionan con los que hacían lo mismo.  En cuanto al personal, me imagino que se recoloca a todo el mundo.

 

Por cierto, se  venden también como reformas de las AAPP algunas leyes y Decretos-leyes que ya se han aprobado o que se están tramitando con no pocos problemas  (como la de Transparencia, la de reforma a las Administraciones locales) o de las que todavía no se sabe mucho, como la Ley de Unidad de Mercado. Se habla de algunas medidas de gestión centralizada de recursos (para la AGE) que son de sentido común pero que conociendo el paño dudo que se lleguen a implantar en esta legislatura. Se habla por enésima vez de ventanillas únicas, administración electrónica, facturas electrónicas y todas esas maravillas tecnológicas que  harán que por arte de birlibirloque desaparezcan colas y se agilicen los procesos, eso sí, sin tocar para nada los incentivos que tienen los empleados públicos Ah! Y ya saben, se recomienda a las CCAA que sean buenas.

 

Podríamos seguir hablando un rato, pero supongo que a estas alturas ustedes están tan cansados como yo. Muchas gráficas, algunos vocablos en inglés  y algunos datos, que siempre son de agradecer, dada la renuencia de nuestros responsables políticos a proporcionarlos, aunque me imagino que habrá que mirarlos con lupa. Mi conclusión personal: vuelva usted la próxima legislatura y a ver si con un poco de suerte no están los mismos detrás de la ventanilla.

La importancia de la responsabilidad cívica en la actual situación de crisis

Ahora en la crisis europea, que no es solamente financiera, sino sobre todo una crisis de confianza, la virtud de sentirse responsable del bien común es popular como nunca. Hay varios movimientos cívicos que están saliendo a raíz de esto. Los cuidadanos despiertan en Estanbul, Estocolmo y Brasil.
 
El bien común tiene una importancia especial en Alemania. La canciller llama siempre al “sentido de la solidaridad y al sentido del bien común” de los alemanes cuando se les pide por ejemplo garantizar los rescates europeos con sus propios ahorros o estar a favor de un control europeo de los bancos que incluye también un mecanismo de ayuda reciproca. El tema de la responsabilidad forma parte también de una multitud de debates en Alemania, en la tele, en las universidades o en la política.
 
Es cierto que en España el imagen de Alemania es diferente. Esta actitud de tomar la responsabilidad se interpreta como egoísmo, como acto soberbio y arrogante. Según muchos medios españoles Alemania toma el volante en Europa para garantizar que domina y se siguen sus instrucciones. El país se ve como víctima del egoísmo alemán y apunta a Alemania como un responsable de la propia miseria.
 
Pero está claro que la palabra alemán Verantwortung, en español “responsabilidad”, es una palabra que forma parte de numerosas palabras compuestas de la lengua alemana y aparece en decenas de variaciones, extendiéndose a todo tipo de aéreas de la sociedad: el medio ambiente, la convivencia ciudadana, el trabajo, la vida empresarial y la vida política, por poner solo algunos ejemplos. “Conciencia de responsabilidad cívica” (Bürgerliches Verantwortungsbewusstsein) “ o conciencia social” (Gesellschaftsverantwortung) –  unas de estas palabras compuestas y largas en la lengua alemana tienen que ver con algo fundamental  de la cultura germana: cada uno debe asumir las consecuencias de sus actos, pero debe responsabilizarse al mismo tiempo del bien común, de la sociedad en su conjunto.
 
Otra palabra alemana muy vinculada a la de Verantwortung es Anstand, decencia. En Alemania, seguramente por la influencia del protestantismo en la educación y el peso de la  culpa histórica, se considera muy importante ser anständig, ser decente.[1] Todo ello  explica , en parte, que los alemanes resulten a los miembros de otras culturas distantes, demasiado serios y, a veces, muy exigentes y fríos con sus propios hijos.
 
En Alemania, los ciudadanos, la sociedad y el Estado parten de la base de  que todos han de cumplir y cumplen generalmente las leyes, contribuyendo al bienestar social dentro de  sus posibilidades. En ese respeto a la legalidad y aportación a la consecución del bien común reside el fundamento del orden y la exigencia de coherencia y sinceridad.
 
Así se explica, por ejemplo, que dos ministros del gobierno de Merkel hayan dimitido por plagios en sus tesis doctorales, el ministro de Defensa, Karl-Theodor zu Guttenberg, en marzo de 2011, y la ministra de Cultura, Annette Schavan, en febrero de 2013. Estos son hechos que en otros países se perciben con cierta chanza por tratarse de  incidentes relativamente pequeños en comparación con otros escándalos de nepotismo o corrupción que, más frecuentes en la vida política alemana en el pasado, y nada inusuales en otros países europeos. Esto tiene que ver también con el sentido de hay que cumplir con las leyes.
 
Así, cuando la justicia abre una investigación judicial contra un político, se ve obligado a dimitir, como fue el caso del Presidente de la República Christian Wulff, que tuvo  que abandonar su cargo de jefe de Estado en febrero de 2012 por  supuesto tráfico de influencias: el disfrute de un viaje financiado por una productora de cine y la concesión de un crédito en condiciones muy ventajosas. Su llamada al diario BILD para pedir un trato respetuoso y evitar la creciente oposición de la opinión pública se percibió por muchos como una clara vulneración del principio de libertad de expresión, muy respetado en Alemania: un político nunca puede presionar o influir en la opinión de los medios de comunicación. BILD hice pública esta llamada y Wulff tuvo que dimitir poco más tarde por la presión de gran parte de la sociedad.
 
Una cultura cívica en la actual crisis es, sin duda, fundamental para el funcionamiento del sistema democrático y también de la vida económica, pero muchos –también en Alemania– la consideran un lastre para la joie de vivre, la alegría de vivir, porque la responsabilidad, la previsión y el comedimiento restringen a menudo la satisfacción de preferencias personales. Así pues, la cultura de la responsabilidad cívica de los germanos tiene implicaciones ingratas, no solo para sus socios europeos, sino también para ellos mismos. Pero cierto es que el objetivo de procurar el bienestar de la comunidad y sentirse responsable ante ella funciona muy bien como un control democrático. Por ello todos los movimientos cívicos no violentos son un signo de esperanza, de que está crisis signifique también un cambio hacía una democracia verdadera en la que los ciudadanos tengamos libertades, pero también tengamos obligaciones.



[1]

La importancia de la responsabilidad cívica en la actual situación de crisis

Ahora en la crisis europea, que no es solamente financiera, sino sobre todo una crisis de confianza, la virtud de sentirse responsable del bien común es popular como nunca. Hay varios movimientos cívicos que están saliendo a raíz de esto. Los cuidadanos despiertan en Estanbul, Estocolmo y Brasil.

 

El bien común tiene una importancia especial en Alemania. La canciller llama siempre al “sentido de la solidaridad y al sentido del bien común” de los alemanes cuando se les pide por ejemplo garantizar los rescates europeos con sus propios ahorros o estar a favor de un control europeo de los bancos que incluye también un mecanismo de ayuda reciproca. El tema de la responsabilidad forma parte también de una multitud de debates en Alemania, en la tele, en las universidades o en la política.

 

Es cierto que en España el imagen de Alemania es diferente. Esta actitud de tomar la responsabilidad se interpreta como egoísmo, como acto soberbio y arrogante. Según muchos medios españoles Alemania toma el volante en Europa para garantizar que domina y se siguen sus instrucciones. El país se ve como víctima del egoísmo alemán y apunta a Alemania como un responsable de la propia miseria.

 

Pero está claro que la palabra alemán Verantwortung, en español “responsabilidad”, es una palabra que forma parte de numerosas palabras compuestas de la lengua alemana y aparece en decenas de variaciones, extendiéndose a todo tipo de aéreas de la sociedad: el medio ambiente, la convivencia ciudadana, el trabajo, la vida empresarial y la vida política, por poner solo algunos ejemplos. “Conciencia de responsabilidad cívica” (Bürgerliches Verantwortungsbewusstsein) “ o conciencia social” (Gesellschaftsverantwortung) –  unas de estas palabras compuestas y largas en la lengua alemana tienen que ver con algo fundamental  de la cultura germana: cada uno debe asumir las consecuencias de sus actos, pero debe responsabilizarse al mismo tiempo del bien común, de la sociedad en su conjunto.

 

Otra palabra alemana muy vinculada a la de Verantwortung es Anstand, decencia. En Alemania, seguramente por la influencia del protestantismo en la educación y el peso de la  culpa histórica, se considera muy importante ser anständig, ser decente.[1] Todo ello  explica , en parte, que los alemanes resulten a los miembros de otras culturas distantes, demasiado serios y, a veces, muy exigentes y fríos con sus propios hijos.

 

En Alemania, los ciudadanos, la sociedad y el Estado parten de la base de  que todos han de cumplir y cumplen generalmente las leyes, contribuyendo al bienestar social dentro de  sus posibilidades. En ese respeto a la legalidad y aportación a la consecución del bien común reside el fundamento del orden y la exigencia de coherencia y sinceridad.

 

Así se explica, por ejemplo, que dos ministros del gobierno de Merkel hayan dimitido por plagios en sus tesis doctorales, el ministro de Defensa, Karl-Theodor zu Guttenberg, en marzo de 2011, y la ministra de Cultura, Annette Schavan, en febrero de 2013. Estos son hechos que en otros países se perciben con cierta chanza por tratarse de  incidentes relativamente pequeños en comparación con otros escándalos de nepotismo o corrupción que, más frecuentes en la vida política alemana en el pasado, y nada inusuales en otros países europeos. Esto tiene que ver también con el sentido de hay que cumplir con las leyes.

 

Así, cuando la justicia abre una investigación judicial contra un político, se ve obligado a dimitir, como fue el caso del Presidente de la República Christian Wulff, que tuvo  que abandonar su cargo de jefe de Estado en febrero de 2012 por  supuesto tráfico de influencias: el disfrute de un viaje financiado por una productora de cine y la concesión de un crédito en condiciones muy ventajosas. Su llamada al diario BILD para pedir un trato respetuoso y evitar la creciente oposición de la opinión pública se percibió por muchos como una clara vulneración del principio de libertad de expresión, muy respetado en Alemania: un político nunca puede presionar o influir en la opinión de los medios de comunicación. BILD hice pública esta llamada y Wulff tuvo que dimitir poco más tarde por la presión de gran parte de la sociedad.

 

Una cultura cívica en la actual crisis es, sin duda, fundamental para el funcionamiento del sistema democrático y también de la vida económica, pero muchos –también en Alemania– la consideran un lastre para la joie de vivre, la alegría de vivir, porque la responsabilidad, la previsión y el comedimiento restringen a menudo la satisfacción de preferencias personales. Así pues, la cultura de la responsabilidad cívica de los germanos tiene implicaciones ingratas, no solo para sus socios europeos, sino también para ellos mismos. Pero cierto es que el objetivo de procurar el bienestar de la comunidad y sentirse responsable ante ella funciona muy bien como un control democrático. Por ello todos los movimientos cívicos no violentos son un signo de esperanza, de que está crisis signifique también un cambio hacía una democracia verdadera en la que los ciudadanos tengamos libertades, pero también tengamos obligaciones.



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