La guerra de las becas

La polémica desatada por la elevación de la nota necesaria para la concesión de becas universitarias, con rectificación del Ministro Wert incluida (del 6,5 al 5,5), nos parece muy significativa de lo profundas que son las raíces de nuestra crisis. Las distorsiones que debates como éste ponen de manifiesto son, sin duda, unas de las causas de la desastrosa situación de la educación en España, que certifica, año tras año, el informe PISA. la mala situación de las Universidades españolas en el famoso ranking de Shanghai y el último informe de la OCDE sobre la educación española. Mientras tanto, aquí seguimos discutiendo de religión, de hijos de banqueros vs hijos de mineros, o si los 7 son notas franquistas y los 5 notas progresistas. De cualquier cosa que sirva para tirarse los trastos a la cabeza y no analizar el fondo del problema. Y por supuesto sin que nadie asuma responsabilidad alguna por nada, empezando por los beneméritos rectores (cuya gestión algo tendrá que ver con la situación de las Universidades españolas muchas de ellas mediocres y medioquebradas) que con tanta tenacidad se oponen a la subida de la nota de corte. Pero es que como nos recordaba Rafael Rivera en este post que fue de los primeros y más leídos de este blog, el sistema de gobernanza de las Universidades españolas genera unos incentivos tremendamente perversos.

 

Así hemos llegado a una situación muy peligrosa en la que el principio de responsabilidad personal y social, y la idea de que que para acceder a unas ayudas públicas hay que merecerlas, resultan hoy para muchos casi una provocación. Y, por el contrario, está arraigada la creencia de que constituye una especie de derecho conquistado el que baste con un cinco o poco más de nota que te concedan una beca, un derecho universal que ahora se pretenda arrebatar. En definitiva, en nuestra sociedad hoy es posible decir cosas como que un pobre vago debe de tener las mismas posibilidades de estudiar que un rico vago (se entiende que porque sus padres le pagan los estudios, suponemos) sin despeinarse. Es más, pasando por progresista, cuando lo más progresista del mundo es defender una educación pública de calidad y eso requiere mérito y esfuerzo, no solo de los alumnos, por supuesto, sino también de los profesores. Que se lo digan a Albert Camus que dedicó su discurso de recepción del Nobel al profesor Louis Germain, el cual convenció a su madre analfabeta para que dejase seguir estudiando a su brillante hijo y se desvivió por conseguirle una beca. Y no ha sido el único al que una buena enseñanza pública le cambió la vida.

 

Al analizar este debate sobre las becas vemos que asoman varias patologías o síntomas de la enfermedad moral que nos está devorando. Y hay que ponerlas en evidencia, de nuevo levantando el telón de la corrección política. Es bueno recordar unas cuantas cosas muy básicas, de sentido común. Pero que asombrosamente en España parecen revolucionarias por lo que es preciso seguir insistiendo en ellas.

 

Por una parte, hay que recordar que al contrario de lo que pensaba aquella ilustre política del PSOE el dinero público sí es de alguien. Porque algunos tenaces defensores de las becas “urbi et orbe” no parecen considerar que el dinero en cuestión sale del bolsillo de los sufridos contribuyentes o, peor, de deuda pública que tendrá que pagarse durante muchos años y que estamos dejando como pesada losa a las nuevas generaciones. Como desde esa ficción tales recursos no son de nadie, sino que es una especie de maná que cae del cielo, se puede repartir generosamente sin exigir casi nada a cambio. Claro que esta idea también ha sido fomentada por políticos demagogos que en los años de la euforia y el boom transmitían que los AVES, aeropuertos, palacios de congreso, Universidades, etc, etc, salían, no de nuestros bolsillos, presentes o futuros, sino de su magnánima voluntad y su prodigiosa capacidad de gestión.

 

Otra patología destacable que se detecta en el debate de las becas es la dialéctica, tan cara en ciertos ambientes, de los “derechos adquiridos” o “conquistados”. Para los defensores de esta tesis  -tan agradecida desde el punto de vista psicológico, ya que la responsabilidad siempre recae sobre otros- la historia de la humanidad en general y la de España en particular se reduce a una lucha de los buenos (que cada uno identifica con quien prefiere) frente a los malos (lo mismo) en que los primeros van conquistando bienes, derechos y servicios en una feroz guerra de trincheras, arrebatandoselos poco a poco a los segundos. Y ahora estaríamos en un momento en que los malos, con nuevas fuerzas, pretenden reconquistar el terreno perdido. Por supuesto las becas al cinquillo formarían parte de ese botín que ahora se pretende arrebatar a “los buenos”, al sufrido pueblo (no añadimos “trabajador” por lo del cinco) por “los malos” (encarnados, por el momento, en el Ministro Wert que la verdad es que da el tipo estupendamente, todo hay que decirlo).

 

Lamentablemente la realidad jurídica, económica y social no abona la tesis de un pastel fijo de derechos que hay que repartir, de forma que lo que se da a unos (los pobres, los buenos) se quita a otros (los ricos, los malos). Por el contrario, los incentivos correctos al talento, el esfuerzo y la honestidad pueden dar lugar a un pastel más grande al fomentar la generación de riqueza y crecimiento, mientras que los incentivos perversos pueden llevar al estancamiento y a la pobreza. Y sólo donde hay se puede repartir. Quizá el capital humano es donde con mayor crudeza se manifiesta este principio: cuanto mejor preparados y más formados son los ciudadanos de un país, mayores posibilidades tienen de generar riqueza y por tanto más posibilidades hay de que la tarta crezca. En caso contrario, lo más probable es que la tarta decrezca. Y ojo: no hay que confundir formación con título.

 

En definitiva, regulaciones hiperprotectoras y voluntaristas que obvian la realidad a menudo lo que acaban provocando es estancamiento y pobreza. Los recursos públicos, insistimos, no caen del cielo: salen del bolsillo de los ciudadanos. Por su propia naturaleza son escasos, puesto que no solo un exceso de tributación acaba con la capacidad del país de generar riqueza (la famosa curva de Laffer)  sino que lo que se destina a unas necesidades siempre es en detrimento de otras.

 

La distribución de los recursos públicos debe de obedecer a criterios de justicia, por supuesto, pero siempre cuidando de que se generen los incentivos correctos. Por esa razón no puede prescindirse en un sistema de becas educativas de recompensar el mérito y el esfuerzo. Destinar recursos públicos a permitir la entrada masiva de estudiantes mediocres sin ganas de estudiar en la Universidad en un país que ya tiene un excesivo número de estudiantes universitarios, muchos de cuyos títulos valen muy poco en un mercado laboral muy complicado parece un verdadero despropósito. Máxime cuando carecemos de cuadros medios bien formados, y de una buena formación profesional con la que estos estudiantes podrían asegurarse un futuro profesional. Si al final todo el mundo tiene derecho a un título universitario y para eso hay que rebajar el nivel hasta donde haga falta, ese título no valdrá nada puesto que no garantizará nada.

 

Seamos serios y digamos en voz alta lo que es un secreto a voces: En España sobran universidades y universitarios mediocres y faltan universidades de prestigio con un buen nivel de exigencia y actividad investigadora. Las Universidades públicas como bien se denuncia este editorial  han proliferado como setas en los últimos años a mayor gloria de autoridades autonómicas, rectores, prohombres locales etc, etc. Muchas de ellas han tenido que generar “demanda” en sitios donde no la había,  y para  eso se lo han puesto muy fácil a los alumnos y también a los profesores, por cierto. En cambio, faltan buenos centros de formación profesional y falta investigación de calidad Sobra mediocridad universitaria. No tiene sentido seguir subvencionándola.

 

Así se puede ver en este cuadro extraído de una conferencia que dio Juan José Dolado en la UIMP sobre la situación de la educación universitaria en España en el verano de 2011.  Esta es la distribución de la titulación terciaria (universitaria) secundaria (obligatoria) e inferior en España, en la UE y en la OCDE.

Y la relación entre enseñanza universitaria y formación profesional es muy diferente también en España y en la UE:

 

–  España tiene mas universitarios que en Francia o en Alemania.

–  La proporción estudiantes/formación profesional es 3/1 en España, y 1/1 en la Unión Europea.

 

Si en el pasado se han cometido errores tremendos en el sistema educativo español, que se han mantenido durante décadas gracias al boom o a la inercia o a los intereses creados esto no debe ser obstáculo para replantearnos de una vez la distribución de los recursos públicos destinados a la educación universitaria y proporcionar al esfuerzo y mérito el estímulo que merecen.

 

Como bien dice César Molinas en su reciente libro “Qué hacer con España”,  necesitamos un Plan Marshall en materia educativa. Ahora o nunca.

 

Tasas judiciales, Bruselas se lava las manos ¿de momento?

El 11 de febrero de 2013 se puso en conocimiento de la Comisión Europea el siguiente escrito:
 
“La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia… (BOE nº 280, 21 de noviembre de 2012), generaliza la aplicación de las referidas tasas y las aumenta de forma desaforada.
 
Dicha Ley ha sido contestada por todos los operadores jurídicos, al considerarse contraria al Derecho a la tutela judicial efectiva. Puede verse la información facilitada por el Consejo General de la Abogacía Española.
 
Según el Derecho de la UE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el control de la aplicación del derecho comunitario descansa, primariamente, en los órganos jurisdiccionales nacionales. Por tanto, los impedimentos que de orden económico puedan establecerse para el acceso a la justicia nacional, en los casos en los que esté en cuestión la aplicación del Derecho de la UE no son ajenos a los derechos fundamentales reconocidos por la Unión, especialmente en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales.
 
Constante jurisprudencia del Tribunal de Justicia (entre otras la reciente Sentencia, de 15 de enero de 2013, TJ recaída en el Asunto C-416/10) declara que “según reiterada jurisprudencia no puede admitirse que normas de Derecho nacional, aunque sean de rango constitucional, menoscaben la unidad y la eficacia del Derecho de la Unión”.
 
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia se refiere también a los principios de efectividad y equivalencia.
 
Por tanto, nada tienen que ver los procedimientos de control de la referida Ley de tasas que puedan haberse instado hasta la fecha en el orden interno (recursos de inconstitucionalidad, etc) con los procedimientos de control que, en su caso, puedan iniciarse en el orden comunitario: procedimiento de infracción. Un procedimiento interno no puede relegar un procedimiento comunitario.
 
Hay un primer pronunciamiento comunitario al respecto, el de la Comisaria Reding:
 
“Bruselas admite que tasa judicial excesiva puede restringir el acceso a la justicia y vigilará el caso español.
 
La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, ha dejado claro que  “el carácter excesivo” de las tasas judiciales “puede constituir una restricción que vulnere la propia esencial del derecho fundamental de una persona a ser oída por un tribunal” aunque “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que el requisito de pagar tasas a los tribunales por la tramitación de una causa no constituye en sí mismo una violación del derecho fundamental de acceso a la justicia” y ha prometido hacer seguimiento del caso español”.
 
En opinión del que suscribe, no se trata de “vigilar el caso español”, sino de abrir, formalmente, el necesario procedimiento de infracción, a fin de dilucidar si la referida Ley vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto pueda perjudicar la aplicación, por los órganos jurisdiccionales nacionales, del Derecho de la Unión Europea.
 
“…Por tanto, solicito la apertura del correspondiente procedimiento de infracción del Derecho de la UE”.
 
El 26 de abril se le amplió la información a la Comisión  en los siguientes términos:
 
“Por si fuera de interés para el asunto de referencia, les remito al siguiente enlace en Internet  sobre la noticia que reproduzco al final de este escrito.
 
En el referido enlace aparecen otros en los que se pueden leer las cartas dirigidas por dicha institución de la abogacía europea a distintas autoridades españolas.
 
“La Federación de Colegios de Abogados de Europa pide al Rey y a Rajoy la derogación de la Ley de Tasas Judiciales”.
 
El 29 de abril se puso en conocimiento de la Comisión lo siguiente:
 
“El CGPJ detecta un descenso en los asuntos del ámbito civil y contencioso-administrativo tras la Ley de Tasas.
 
 
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha señalado este viernes que se ha detectado un descenso en la entrada de asuntos judiciales en los ámbitos civil y contencioso-administrativo desde la entrada en vigor el pasado mes de enero de la Ley de Tasas Judiciales, aunque ha señalado que “aún es pronto” para valorar el impacto de la nueva norma” (ver http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1112723)
 
Indicando que, “de dicha noticia se infiere que, al menos indiciariamente, la Ley de Tasas judiciales está provocando la disminución del número de demandas judiciales, lo que podría afectar negativamente a la defensa de los Derechos que confiere el Derecho de la Unión Europea y que han de ventilarse ante los tribunales nacionales”.
 
Por último, el 12 de junio se le notificó lo siguiente:
 
“El CGPJ detecta un “apreciable efecto” de las tasas judiciales en la rebaja de contenciosos contra la Administración. La crisis económica ha reducido la actividad de los juzgados, aunque aún es pronto para valorar el impacto de la medida”.
 
“Pese a todo ello, en la jurisdicción contenciosa sí se ha observado un apreciable efecto de las tasas, “pues en todos los tipos de procedimientos que se han comparado se ha observado una reducción entre los valores observados y los que eran previsibles antes de la entrada en vigor de las nuevas tasas”.
 
Así, en los juzgados de lo contencioso se esperaba el ingreso de más de 56.000 asuntos y se observó la entrada de casi un 15 por ciento menos, un total de 48.164 euros”. (ver http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1114443)
 
Indicando a la Comisión  por último que, “debe tenerse en cuenta que la jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los asuntos en los que se dilucida la incompatibilidad del Derecho nacional contrario al Derecho de la Unión Europea”.
 
Pues bien, la Comisión Europea, finalmente, se ha despachado con la siguiente respuesta de 14 de junio de 2013, de la Dirección General de Justicia:
 
“Me gustaría agradecerle la carta que envió a la Comisión el 11 de febrero de 2013, registrada con la referencia CHAP (2013)00500. El motivo de su carta fue la aprobación por parte de las autoridades españolas a finales del año pasado de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Esta reforma efectuó una ampliación sustancial de las tasas judiciales (tanto de los hechos imponibles como de los sujetos pasivos, que alcanzan también ahora a las personas físicas). En su carta, solicitaba la apertura de un procedimiento de infracción contra el Reino de España por infracción del derecho comunitario, especialmente por una supuesta vulneración del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
 
Como ya señaló la Comisión en su respuesta a preguntas parlamentarias[1], el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental reconocido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En este sentido, es importante recordar que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no se aplica a todas las situaciones de supuesta violación de los derechos fundamentales. De acuerdo con su artículo 51(1), la Carta se aplica a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión Europea. Por otra parte, (1) el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea establece que “las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados.” Para más información relativa a la Carta y las circunstancias en las que se aplica, puede consultar la sección sobre derechos fundamentales de la página web de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea. En los elementos que se han presentado no se ha podido establecer que haya existido vínculo directo con el derecho de la Unión Europea en asuntos concretos en los que deba analizarse una supuesta violación.
 
Por lo demás, la Comisión ya indicó en su respuesta a las preguntas parlamentarias antes citadas que a la hora de analizar una posible violación del derecho a la tutela judicial efectiva es importante tener en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dictaminado en su jurisprudencia que el requisito de pagar tasas a los tribunales por la tramitación de una causa no constituye en sí mismo una violación del derecho fundamental de acceso a la justicia[2].
 
Si bien la existencia de tasas judiciales no constituye en sí misma una violación del derecho a una tutela judicial efectiva, el carácter excesivo de una tasa sí que podría constituir una restricción que vulnere la propia esencia del derecho fundamental de una persona a ser oída por un Tribunal[3]. La evaluación del carácter excesivo de una tasa debe hacerse a la luz de todos los elementos pertinentes de la legislación por la que se establece dicha tasa, incluidas las posibles excepciones que se apliquen a las personas que puedan acogerse a asistencia jurídica.
 
A la vista de la información pública, la Comisión entiende que tras la aprobación de dicha ley las autoridades españolas consideraron que en determinados casos concretos la cuantía fijada en la tasa podría resultar excesiva. La Defensora del Pueblo había entregado recomendaciones en este sentido al Ministro de Justicia español el pasado 12 de febrero[4]. Estos hechos parecen haber llevado a la aprobación del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, que ha introducido un tipo menor que el general para el cálculo del tramo variable de las tasas aplicables a las personas naturales, ha incorporado nuevos supuestos de exención del pago de tasas y ha ampliado las posibilidades de solicitar asistencia jurídica gratuita.
 
En sus escritos de 26 y 29 de abril y de 12 de junio de 2013 nos envía información adicional referente a reacciones a estas reformas y nos remite a un informe del Consejo General del Poder Judicial que señala que en los primeros meses del 2013 se habría observado en España un descenso de asuntos en algunos órdenes. Las fuentes citadas también indican la imposibilidad, con la información disponible a día de hoy, de imputar con certeza la causa del descenso observado a la modificación de las tasas.
 
Por consiguiente, y a la luz de los distintos elementos expuestos, el asunto CHAP con el número de referencia (2013) 00500 será cerrado en un plazo de cuatro semanas a partir del envío de la presente. No dude en contactarnos si tiene dudas o preguntas adicionales”.



[1] Respuesta de 7 de febrero de 2013 de la Vicepresidenta Reding a las preguntas E-011366/2012, E-011367/2012, E-011505/2012, P-011601/2012.
[2] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 19 de junio de 2001, asunto Kreuz c. Polonia
(TEDH 28249/95), apartados 53 y 54.
[3] Véase jurisprudencia citada en la nota al pie 1, apartados 54 y 55.
[4] http://www.defensordelpueblo.eS/es/Prensa/Notas/Documentos/RecomendacionesJ:asasJudiciales.pdf