La reforma del Consejo General del Poder Judicial. ¿Un golpe institucional?

La página 169 del programa electoral del Partido Popular dice que “de una equilibrada distribución efectiva del poder depende el buen funcionamiento de las instituciones”. Y, a su vez, que “del adecuado funcionamiento de las instituciones depende el vigor de la vida democrática, la fortaleza y la credibilidad del compromiso que vincula a representantes y representados”. Por eso considera que “el fortalecimiento del marco institucional es una necesidad permanente para un sistema democrático activo”. Resulta bastante congruente, entonces, que un poco más adelante (p. 179), a la hora de concretar este encomiable espíritu liberal en el fundamental ámbito de la Administración de Justicia, proponga:

 

“11. Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”.

 

Luego, si poder equilibrado = salud institucional = vida democrática,

 

podremos deducir que, conforme al propio programa del Partido Popular aprobado por el Congreso del partido, su órgano soberano:

 

Poder hegemónico =  perversión institucional = ausencia de vida democrática,

 

de ahí que a la pregunta que encabeza este post, el PP conteste, decididamente: .

 

Por eso, debemos ser muy conscientes de que aquí no nos encontramos ante una nueva promesa electoral incumplida, como tantas otras en este año y medio de Gobierno del PP, sino ante algo infinitamente más grave: ante uno de los mayores atentados al Estado de Derecho desde la Constitución de 1978. Como no aspiro a que me crean sin pruebas, vamos a comprobarlo examinando aquello que la nueva Ley Orgánica 4/2013 publicada en el BOE el sábado pasado mantiene, y aquello que modifica.

 

Pero antes es necesario comprender el curioso planteamiento de la Ley, transparente desde su Exposición de Motivos. Consiste en confundir intencionadamente los graves síntomas que afectan al CGPJ (bloqueo en la renovación de los vocales por el Parlamento, bloqueo en la toma de decisiones por el propio Consejo, preponderancia de las asociaciones de jueces, defectuoso funcionamiento interno, etc.) con problemas puntuales que es posible resolver… profundizando aún más en la enfermedad de donde derivan esos síntomas. Es decir, como los políticos no se ponen de acuerdo rápidamente a la hora de repartirse las cuotas dentro del Consejo, dando lugar a prórrogas indeseables, se “soluciona” el problema permitiendo que el partido que tenga mayoría, al menos en una cámara, pueda nombrarlos a todos. Esto es como resolver los problemas de rodilla de Nadal cortándole la pierna. Seguro que ya no le duele, pero intuyo que va a jugar peor al tenis.

 

Con esta reforma, el CGPJ va a jugar todavía peor a lo que la Constitución le encomienda: preservar la independencia judicial, pilar de cualquier Estado de Derecho que aspire a ese nombre. Efectivamente, en contra de la promesa electoral, se mantiene el nombramiento de todos los vocales por el Parlamento, 10 por el Congreso y 10 por el Senado, con la consabida y necesaria mayoría de 3/5 (límite impuesto por la Constitución). Pero, ahora, si un partido tiene mayoría de 3/5 en una Cámara (el PP la tiene en el Senado) puede conseguir poner en marcha el nuevo CGPJ sin necesidad de llegar a un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas de la otra Cámara. Antes, todo el Consejo se renovaba en bloque, de tal manera que o había un acuerdo total o no se constituía. Ahora (art. 570) el PP puede nombrar los diez del Senado y funcionar con estos y con los antiguos diez nombrados por el Congreso para el mandato anterior (entre los cuales habrá nombrado a unos cuantos). Es evidente que los incentivos para la negociación cambian radicalmente. Ahora el partido minoritario (aunque éste sea el PSOE) está completamente “pillado”, pues si se muestra inflexible la mayoría tira para adelante y le tritura por la vía de hecho. El estímulo para obligarle a tragar (“por lo menos te doy algo, chico”) es obvio.

 

Pero esto es sólo el principio. Para que el control sea todavía más férreo, la Ley“soluciona” diligentemente otros problemas. Uno importante era el del bloqueo dentro del Consejo a la hora de tomar determinadas decisiones. La antigua Ley Orgánica exigía una mayoría de 3/5 para todos los nombramientos importantes dentro de la carrera judicial, lo que obligaba de nuevo a la negociación –desgraciadamente a las cuotas- a la hora de realizar las designaciones. Pero la nueva (art. 599) sólo mantiene los 3/5 para el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde designar al Consejo, mientras que para el resto de nombramientos rige el principio general de la mayoría simple. De esta manera, el partido mayoritario (en esta ocasión el PP) se lo lleva absolutamente todo. Ahora sí, eso es verdad, hay que reconocerlo honestamente: soluciona el problema de los bloqueos.

 

La forma de solucionar otro de los “problemas” –la excesiva preponderancia de las asociaciones judiciales- resultaría tierna si, en el fondo, no fuera todo tan dramático. Cuando uno se pone a leer el capítulo II (“Procedimiento de designación de vocales de origen judicial”), que comprende los artículos 572 a 578 (lo recomiendo encarecidamente), le da la impresión de que está tocando el nirvana de los éxtasis democráticos: cualquier juez puede presentar su candidatura con apenas unos pocos avales, se fija el procedimiento para hacerlo, se establece el plazo de presentación de candidaturas, la constitución de la “Junta Electoral”, su régimen de funcionamiento y adopción de decisiones, la proclamación definitiva de las candidaturas, etc., etc. Todo muy, muy democrático. Pero el problema es que… eh, ¿cómo decirlo?: es que no hay elecciones. Sí, no hay elecciones. Vamos, que los jueces no votan. Cuando se ha terminado con ese enorme paripé, el art. 578 dice que transcurridos los plazos correspondientes, el Presidente del Consejo remite las candidaturas admitidas a los Presidentes del Congreso y del Senado, a fin de que ambas Cámaras procedan a la designación de los vocales, es decir, procedan a la designación de los suyos, al modo de aquellas ternas de infausto recuerdo.

 

En definitiva, que como mucho se permite que algún juez pueda levantar el dedo y decir: “¡eh, oye, los del PP, que yo también soy “conservador”, que no sólo lo son los de la Asociación Profesional de la Magistratura! (no veis que me acabo de desafiliar…)”. De hecho así habrá que organizarlo para respetar la proporción entre afiliados y no afiliados. Sin duda es un gran avance respecto de la situación actual. Acabamos con la dependencia respecto de las asociaciones (al menos la teórica) aunque es una pena que agravemos la dependencia respecto de los políticos. Está claro que todo no se puede tener.

 

Pero es que esto sigue. Hay otro “problema” que desde el escándalo Divar conviene “solucionar”, sin duda alguna: el del desbarajuste interno del CGPJ. Pero ese problema de absoluta falta de exigencia de responsabilidades no es un síntoma derivado del reparto partitocrático, no, sino un problema puntual que se soluciona de manera radical fortaleciendo la dependencia del Consejo respecto de su mandante, el Parlamento (o, con mayor precisión, el partido mayoritario). Para garantizar la fluidez de la cadena de mando se cambia la estructura interna del Consejo, creando una serie de nuevos órganos que coadyuvan a ese fin: la ComisiónPermanente, el Vicepresidente, los vocales sin dedicación permanente y el Promotor de la Acción Disciplinaria (no, no es el título de una película de estreno). En este nuevo esquema el órgano absolutamente preponderante es la Comisión Permanente (lo que sin duda causará cierto estremecimiento a los notarios que lean este post, por experiencia propia). En esa comisión es donde reside el verdadero poder judicial (la excusatio non petita de la Exposición de Motivos no hace sino confirmarlo), pues se constituye en órgano vigilante y controlador al que de una manera u otra se someten los demás y en donde reside el poder residual del Consejo (art. 602).

 

Termino ya. Sin duda la designación de más de la mitad de los vocales por los propios jueces plantea también sus problemas, no de independencia del Poder Judicial, claro, pero sí de ineficacia y de falta de asunción de responsabilidades. No obstante, de lo que no cabe duda es que, al margen de que la existencia de posibilidades intermedias (lo hemos tratado en este blog: El Poder Judicial no es propiedad de los jueces ni de los partidos) la “reforma” del PP discurre en un sentido todavía mucho más partitocrático y antidemocrático (según su propio programa) que la reforma del PSOE de 1985, a la que en ese momento los conservadores tanto se opusieron.

 

El Tribunal Constitucional, pese a declarar que el sistema de la primera Ley era mejor y más compatible con la Constitución, avaló la reforma de 1985, siempre, eso sí, “que las Cámaras, a la hora de hacer sus propuestas, no atiendan sólo a la división de fuerzas existentes en su seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos.” No me cabe duda de que no permitirá esta nueva vuelta de tuerca, especialmente en un momento tan delicado, judicialmente hablando, para el partido del Gobierno. Estoy convencido de que esa pléyade de magistrados de reconocido prestigio, liderados por Enrique López, sabrá dar rápida y cumplida respuesta a este abuso. Así que, conciudadanos, tranquilidad y a seguir votando como siempre, todo se arreglará por si solo.

La guerra de las becas

La polémica desatada por la elevación de la nota necesaria para la concesión de becas universitarias, con rectificación del Ministro Wert incluida (del 6,5 al 5,5), nos parece muy significativa de lo profundas que son las raíces de nuestra crisis. Las distorsiones que debates como éste ponen de manifiesto son, sin duda, unas de las causas de la desastrosa situación de la educación en España, que certifica, año tras año, el informe PISA. la mala situación de las Universidades españolas en el famoso ranking de Shanghai y el último informe de la OCDE sobre la educación española. Mientras tanto, aquí seguimos discutiendo de religión, de hijos de banqueros vs hijos de mineros, o si los 7 son notas franquistas y los 5 notas progresistas. De cualquier cosa que sirva para tirarse los trastos a la cabeza y no analizar el fondo del problema. Y por supuesto sin que nadie asuma responsabilidad alguna por nada, empezando por los beneméritos rectores (cuya gestión algo tendrá que ver con la situación de las Universidades españolas muchas de ellas mediocres y medioquebradas) que con tanta tenacidad se oponen a la subida de la nota de corte. Pero es que como nos recordaba Rafael Rivera en este post que fue de los primeros y más leídos de este blog, el sistema de gobernanza de las Universidades españolas genera unos incentivos tremendamente perversos.
 
Así hemos llegado a una situación muy peligrosa en la que el principio de responsabilidad personal y social, y la idea de que que para acceder a unas ayudas públicas hay que merecerlas, resultan hoy para muchos casi una provocación. Y, por el contrario, está arraigada la creencia de que constituye una especie de derecho conquistado el que baste con un cinco o poco más de nota que te concedan una beca, un derecho universal que ahora se pretenda arrebatar. En definitiva, en nuestra sociedad hoy es posible decir cosas como que un pobre vago debe de tener las mismas posibilidades de estudiar que un rico vago (se entiende que porque sus padres le pagan los estudios, suponemos) sin despeinarse. Es más, pasando por progresista, cuando lo más progresista del mundo es defender una educación pública de calidad y eso requiere mérito y esfuerzo, no solo de los alumnos, por supuesto, sino también de los profesores. Que se lo digan a Albert Camus que dedicó su discurso de recepción del Nobel al profesor Louis Germain, el cual convenció a su madre analfabeta para que dejase seguir estudiando a su brillante hijo y se desvivió por conseguirle una beca. Y no ha sido el único al que una buena enseñanza pública le cambió la vida.
 
Al analizar este debate sobre las becas vemos que asoman varias patologías o síntomas de la enfermedad moral que nos está devorando. Y hay que ponerlas en evidencia, de nuevo levantando el telón de la corrección política. Es bueno recordar unas cuantas cosas muy básicas, de sentido común. Pero que asombrosamente en España parecen revolucionarias por lo que es preciso seguir insistiendo en ellas.
 
Por una parte, hay que recordar que al contrario de lo que pensaba aquella ilustre política del PSOE el dinero público sí es de alguien. Porque algunos tenaces defensores de las becas “urbi et orbe” no parecen considerar que el dinero en cuestión sale del bolsillo de los sufridos contribuyentes o, peor, de deuda pública que tendrá que pagarse durante muchos años y que estamos dejando como pesada losa a las nuevas generaciones. Como desde esa ficción tales recursos no son de nadie, sino que es una especie de maná que cae del cielo, se puede repartir generosamente sin exigir casi nada a cambio. Claro que esta idea también ha sido fomentada por políticos demagogos que en los años de la euforia y el boom transmitían que los AVES, aeropuertos, palacios de congreso, Universidades, etc, etc, salían, no de nuestros bolsillos, presentes o futuros, sino de su magnánima voluntad y su prodigiosa capacidad de gestión.
 
Otra patología destacable que se detecta en el debate de las becas es la dialéctica, tan cara en ciertos ambientes, de los “derechos adquiridos” o “conquistados”. Para los defensores de esta tesis  -tan agradecida desde el punto de vista psicológico, ya que la responsabilidad siempre recae sobre otros- la historia de la humanidad en general y la de España en particular se reduce a una lucha de los buenos (que cada uno identifica con quien prefiere) frente a los malos (lo mismo) en que los primeros van conquistando bienes, derechos y servicios en una feroz guerra de trincheras, arrebatandoselos poco a poco a los segundos. Y ahora estaríamos en un momento en que los malos, con nuevas fuerzas, pretenden reconquistar el terreno perdido. Por supuesto las becas al cinquillo formarían parte de ese botín que ahora se pretende arrebatar a “los buenos”, al sufrido pueblo (no añadimos “trabajador” por lo del cinco) por “los malos” (encarnados, por el momento, en el Ministro Wert que la verdad es que da el tipo estupendamente, todo hay que decirlo).
 
Lamentablemente la realidad jurídica, económica y social no abona la tesis de un pastel fijo de derechos que hay que repartir, de forma que lo que se da a unos (los pobres, los buenos) se quita a otros (los ricos, los malos). Por el contrario, los incentivos correctos al talento, el esfuerzo y la honestidad pueden dar lugar a un pastel más grande al fomentar la generación de riqueza y crecimiento, mientras que los incentivos perversos pueden llevar al estancamiento y a la pobreza. Y sólo donde hay se puede repartir. Quizá el capital humano es donde con mayor crudeza se manifiesta este principio: cuanto mejor preparados y más formados son los ciudadanos de un país, mayores posibilidades tienen de generar riqueza y por tanto más posibilidades hay de que la tarta crezca. En caso contrario, lo más probable es que la tarta decrezca. Y ojo: no hay que confundir formación con título.
 
En definitiva, regulaciones hiperprotectoras y voluntaristas que obvian la realidad a menudo lo que acaban provocando es estancamiento y pobreza. Los recursos públicos, insistimos, no caen del cielo: salen del bolsillo de los ciudadanos. Por su propia naturaleza son escasos, puesto que no solo un exceso de tributación acaba con la capacidad del país de generar riqueza (la famosa curva de Laffer)  sino que lo que se destina a unas necesidades siempre es en detrimento de otras.
 
La distribución de los recursos públicos debe de obedecer a criterios de justicia, por supuesto, pero siempre cuidando de que se generen los incentivos correctos. Por esa razón no puede prescindirse en un sistema de becas educativas de recompensar el mérito y el esfuerzo. Destinar recursos públicos a permitir la entrada masiva de estudiantes mediocres sin ganas de estudiar en la Universidad en un país que ya tiene un excesivo número de estudiantes universitarios, muchos de cuyos títulos valen muy poco en un mercado laboral muy complicado parece un verdadero despropósito. Máxime cuando carecemos de cuadros medios bien formados, y de una buena formación profesional con la que estos estudiantes podrían asegurarse un futuro profesional. Si al final todo el mundo tiene derecho a un título universitario y para eso hay que rebajar el nivel hasta donde haga falta, ese título no valdrá nada puesto que no garantizará nada.
 
Seamos serios y digamos en voz alta lo que es un secreto a voces: En España sobran universidades y universitarios mediocres y faltan universidades de prestigio con un buen nivel de exigencia y actividad investigadora. Las Universidades públicas como bien se denuncia este editorial  han proliferado como setas en los últimos años a mayor gloria de autoridades autonómicas, rectores, prohombres locales etc, etc. Muchas de ellas han tenido que generar “demanda” en sitios donde no la había,  y para  eso se lo han puesto muy fácil a los alumnos y también a los profesores, por cierto. En cambio, faltan buenos centros de formación profesional y falta investigación de calidad Sobra mediocridad universitaria. No tiene sentido seguir subvencionándola.
 
Así se puede ver en este cuadro extraído de una conferencia que dio Juan José Dolado en la UIMP sobre la situación de la educación universitaria en España en el verano de 2011.  Esta es la distribución de la titulación terciaria (universitaria) secundaria (obligatoria) e inferior en España, en la UE y en la OCDE.

Y la relación entre enseñanza universitaria y formación profesional es muy diferente también en España y en la UE:
 
–  España tiene mas universitarios que en Francia o en Alemania.
–  La proporción estudiantes/formación profesional es 3/1 en España, y 1/1 en la Unión Europea.
 
Si en el pasado se han cometido errores tremendos en el sistema educativo español, que se han mantenido durante décadas gracias al boom o a la inercia o a los intereses creados esto no debe ser obstáculo para replantearnos de una vez la distribución de los recursos públicos destinados a la educación universitaria y proporcionar al esfuerzo y mérito el estímulo que merecen.
 
Como bien dice César Molinas en su reciente libro “Qué hacer con España”,  necesitamos un Plan Marshall en materia educativa. Ahora o nunca.