Propuestas para incrementar la transparencia y el control por (y en) el Tribunal de Cuentas

«Algunas propuestas concretas para que puedan ser tenidas en cuenta, si lo consideran oportuno, por quienes tienen constitucionalmente atribuida la iniciativa legislativa.» Así titula el Tribunal de Cuentas un apartado de su informe para mejorar el control de la gestión económico financiera.
 
¿Consideraran oportuno llevar a cabo estas sencillas reformas los diputados y senadores que hoy tienen la mayoría  necesaria? La respuesta, en septiembre, cuando se debatan (es un decir) y se voten las enmiendas al Proyecto de Ley de Transparencia presentadas por un partido político
 
En un reportaje de El País EPS del pasado 23 de junio, titulado «Anatomía del Tribunal de cuentas» se cuenta que algunos técnicos del Tribunal, «a media voz» , dan pistas de lo que no funciona: «Se trabaja con rigor y calidad, pero el problema es la lentitud que no siempre es achacable a nosotros sino al retraso con el que los cuentandantes nos entregan las cuentas y, después, a que la comisión parlamentaria tarda hasta dos años en leerse nuestros informes (si es que se los lee). Y más aún en periodo electoral donde todo se paraliza. La paradoja es que no podemos sancionarles por esos retrasos y si lo hacemos es con una cuantía ridícula, entre 60 y 900 euros. Y luego, en el tema de la fiscalización: es imprescindible que nos ayuden la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y nos aporten los datos que necesitamos para cruzarlos con los nuestros y llegar a conclusiones sobre la financiación, la contratación ilegal y los sobresueldos. No lo hacen. De ninguna Manera –añade el técnico-. Este año hemos conseguido que la Central de Riesgos del Banco de España nos informe sobre los créditos que tienen contratadas las formaciones políticas y sus condonaciones irregulares. Hemos estado ocho años pidiéndoselo. Hay zonas de la Administración que parece que no quieren que se haga la luz en el tema de los partidos».
 
Esa reforma fundamental, como la calificó el Tribunal de Cuentas en su comparecencia  para informar sobre el proyecto de Ley de Transparencia, ya se ha conseguido. Y ello gracias a una enmienda presentada al Proyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos en octubre de 2012., concretamente la número 31 presentada por UPyD: bastaba con añadir a un decreto de 1986 las palabras «Tribunal de Cuentas» como sujeto legitimado al que el Banco de España tiene que facilitar información de los créditos de los partidos;  condonaciones y demás contingencias. Ocho años reclamando algo tan simple: ¿por qué no se hizo por los Gobiernos PP o PSOE? La respuesta parece evidente.
 
Pues bien, de prosperar la enmienda 71 de las presentadas por UPyD al Proyecto de Ley de Transparencia, con una simple modificación de la Ley General Tributaria se lograría facilitar ese cruce de datos con Hacienda y Seguridad Social que reclama el Tribunal de Cuentas. También se conseguiría un mejor control de la gestión económico-financiera del sector público de aceptarse las enmiendas 72 y 73 de la misma formación, por las que La Central de Información de Riesgos del Banco de España debería facilitar al Tribunal de Cuentas los datos sobre el endeudamiento de todas las Administraciones Públicas territoriales y sus entidades dependientes.
 
Asimismo, cabe destacar la propuesta de aumentar el importe de las multas coercitivas al responsable de incumplir los requerimientos efectuados por el Tribunal: una multa de 1.800 a 27.000 euros, que podrá reiterarse hasta obtener el total cumplimiento de lo interesado y que se graduará teniendo en cuenta la importancia de la perturbación sufrida.
 
Pero no seamos ingenuos: de poco servirían estas reformas si no se hay voluntad política para fomentar realmente la independencia de este Organismo de fiscalización. El Tribunal Supremo ha alertado de la politización del Tribunal de Cuentas: en su sentencia de 3 de diciembre de 2012 anuló el nombramiento de la subdirectora adjunta de la asesoría jurídica y el del asesor económico financiero realizado por el sistema de libre designación y sin la adecuada motivación. El alto Tribunal acoge así la denuncia de la asociación recurrente de que, en la práctica, mediante acuerdos del Pleno y contraviniendo frontalmente el espíritu de la regulación que se desprende del artículo 89 de la Ley de Funcionamiento se altere el número de puestos efectivamente ocupados por los Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas, aumentando los ocupados por los funcionarios de otras Administraciones Públicas (89 frente a 94 en 2011).
 
Y dado que la transparencia bien entendida empieza por uno mismo, convendría que el propio Tribunal de Cuentas hiciera públicos los borradores de informe realizados por dichos funcionarios de carrera que se elevan al Pleno. No sólo para dar ejemplo, sino para prevenir eventuales tentaciones de manipulación y evitar suspicacias sobre los datos que se incluyen o dejan de incluir finalmente en los informes del órgano de fiscalización. Organismo que, como el Poder Judicial, se ve aquejado de politización: una infección fruto de la colonización por los partidos políticos tradicionales a los que supuestamente deberían controlar.