A algunos jueces buenos, nuestro agradecimiento.

Nos piden algunos lectores que nos pronunciemos acerca del escándalo de los papeles de Bárcenas, en particular por lo que se refiere al supuesto cobro de sobresueldos por parte del actual Presidente del Gobierno y de algunos ex-Ministros cuando todavía lo eran, cobro absolutamente prohibido en la Ley 12/1995  de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno. Ciertamente, si esos cobros se produjeron, la situación del Presidente del Gobierno es sencillamente insostenible. Y el que esa acusación tenga tintes de verosimilitud ya la convierte en muy seria, políticamente hablando, claro. Todo ello al margen, además, de la financiación irregular del partido (con o sin contrapartidas) y de la increíble actuación del que fue tesorero del PP durante tantos años.

 

Pero lo que ocurre es que, para bien y para mal, el asunto ya está judicializado, que es precisamente a lo que ha jugado siempre el Gobierno y a lo que suelen en general jugar todos los partidos en casos parecidos. Por ejemplo, exactamente lo mismo ha hecho el PSOE con los ERES andaluces. Los políticos confían así en ganar tiempo de cara a las siempre próximas elecciones, porque la Justicia es muy lenta. Juegan también a confundir las responsabilidades políticas (las derivadas por ejemplo de que el tesorero del partido del Gobierno esté en la cárcel o de haber tenido bajo las narices una trama corrupta durante años, da igual que sea la de los ERES, la de Gurtel o la de las ITV) con las responsabilidades jurídicas o exigibles en sede judicial. Aunque con esta conducta se lleven por delante la confianza de los ciudadanos, unas cuantas instituciones y, quizá, a sus propios partidos, aunque parece que no, afortunadamente, a la propia democracia.

 

Al hacer esto olvidan algo muy importante. Que  los jueces tienen sus tiempos y sus reglas, y esos tiempos y esas reglas  no son los de la política. Aunque indudablemente van a afectar y mucho a la política. Y a la justicia. Y a la propia democracia. Pero eso, no lo olvidemos, ha sido también una decisión de los políticos, no de los jueces. Y es a esos jueces a los que queremos dedicar nuestro post de hoy con un título muy cinematográfico, y no para sugerir que sólo algunos jueces lo sean, y no la mayoría. Nada más lejos de nuestra intención. Estamos seguros de que el comportamiento de muchos de ellos, situados en el mismo escenario que nuestros protagonistas, sería el mismo. Ayer mismo hablábamos de que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha dejado visto para sentencia el caso de la mafia organizada en que se convirtió el partido Unió Mallorquina bajo la dirección de Maria Antonia Munar.  Lo que queremos sencillamente es destacar el valor y la integridad moral que están teniendo que exhibir determinados jueces, enfrentados nada menos que a la asfixiante partitocracia que controla en España y que pretende ocupar todos los resortes del poder. Y sin más armas que la Ley.

 

Son muchos más, pero en representación de todos, y por su especial protagonismo en estos días, queremos rendir un especial homenaje de gratitud a dos de ellos: al juez Pablo Ruz, encargado de la instrucción del caso Bárcenas, probablemente el caso más delicado después de los GAL que ha tenido jamás un Juez de Instrucción por sus implicaciones para el Gobierno del PP y para el propio partido, y a la Juez Mercedes Alaya, encargada del caso ERES, en Andalucía, una red de corrupción y malversación de caudales públicos que afecta de lleno al principal bastión del poder socialista.

 

En otros casos, y durante muchos años, ante los (excesivos) casos de corrupción que afectaban a nuestra clase política siempre nos hemos encontrado con una reacción simétrica. El partido afectado ponía el grito en el cielo, alegaba estar siendo objeto de una persecución política y los líderes principales “ponían a mano en el fuego” por los encausados, en lo que Ignacio Gomá (aquí) ha llamado el “muy español juicio de de la ordalía”. Todo ello acompañado de un “sin perjuicio del debido respeto a las decisiones judiciales” que parecía más bien una patente de corso que lo  limpiaba y legitimaba todo. Aunque por las opiniones expresadas, con sus acusaciones veladas y no tan veladas, y por los hechos (maniobras varias para sacarse al Juez en cuestión de encima, desacreditarlo o incluso ganarlo para la causa del partido) tal respeto brillara en realidad por su ausencia.

 

Sin embargo, y como compensación, el otro (o los otros) partidos en oposición al de los imputados aplaudían a rabiar las actuaciones de la instrucción judicial, y aprovechaban para anticipar un veredicto de culpabilidad que sería sin duda la conclusión a la que llegaría el juez justiciero. A éste se le agradecía el favor (político), pero se seguía de idéntica manera sin respetar la independencia judicial. Para aclararnos: en España los políticos hacen con la independencia judicial y el respeto a las resoluciones de los Jueces  lo que los anglosajones denominan “lip service” es decir,  es una consigna que se repite, que se dice de boquilla, porque después se intenta destruir por tierra, mar y aire. Hemos hablado en este blog sobre la reforma del CGPJ. O sobre los aforamientos. O sobre los indultos arbitrarios. Y vemos en la prensa todos los días ejemplos de esta actitud.

 

De esta forma, como también hemos denunciado en este blog, el debate político se traslada indebidamente al procedimiento judicial, casi como si estuviéramos viendo una película americana de fiscal contra abogado defensor. Pero hoy, quizá por justicia poética o quizá por degradación del Sistema, coinciden en el tiempo las instrucciones de los casos Bárcenas y ERES. Por eso a las tradicionales acusaciones de tergiversación y persecución, emanadas del partido afectado, sólo le acompaña un silencio casi cómplice por parte de los representantes del otro partido, convencidos con buenas razones de que todo lo que digan puede volverse en su contra cuando se hable de su propio problema doméstico.

 

Ha habido diversas ocasiones en que unos pocos hombres situados en puestos claves han sido capaces de afrontar fuerzas mucho más poderosas, y han cambiado así el rumbo de la Historia. Todos conocemos la hazaña de las Termópilas, del pequeño ejército griego comandado por el Rey Leónidas de Esparta, que consiguió frenar unos días decisivos a un inmenso ejército persa. O la Batalla de Inglaterra, en la que los pilotos británicos de la casi improvisada RAF consiguieron contra todo pronóstico hacer frente a la entonces poderosa Luftwaffe, y salvar al Reino Unido cuando se había quedado solo en su lucha contra la Alemania hitleriana. Sí, la famosa frase de Churchill, “nunca tan pocos hicieron tanto por tantos”. Pero no es necesario acudir a situaciones tan dramáticas para encontrar precedentes ilusionantes. También podemos recordar la iniciativa de los jueces de Manos Limpias, que consiguieron acabar con el corrupto régimen partitocrático de la República Italiana a partir del llamado caso Tangentópolis, en la década de los 90. Si lo que vino después no ha sido mucho mejor, eso no se les puede reprochar a aquéllos.

 

¿Estamos en el comienzo de una hazaña semejante en el caso de los Jueces Alaya y Ruz? Por lo pronto todo el establishment político ha decidido cargar contra ellos, cada uno desde sus posiciones, con fuego grueso de mortero, según se puede leer aquí o aquí. Toda esa reacción desaforada (y tan similar en uno y otro partido) demuestra nerviosismo y miedo ante la eventualidad de que una situación fuera de control pueda dañar el corazón mismo del sistema partitocrático.

 

Con bastante probabilidad ciertas reforma en marcha o previstas están dirigidas a desactivar para el futuro la posibilidad de situaciones semejantes, tan incómodas, en las que ciertas prácticas de muchos partidos quedan en evidencia. Como la reforma del CGPJ, destinada a disminuir aún más la independencia judicial, y a conceder al partido dominante instrumentos que le faciliten la domesticación de los jueces. O tal vez el proyectado Código Procesal Penal, que pretende arrebatar la instrucción de los jueces para atribuirlos a una fiscalía que el Gobierno de turno suele querer dominar.

 

En esa misma clave hay que interpretar la negativa a reducir nuestro peculiar sistema de aforamiento, que tan generosamente cubre a gran parte de nuestra clase política .  De hecho las cúpulas de los partidos afectados tienen la esperanza de que ese privilegio pueda permitirles deshacerse de jueces tan “intratables”.

 

Los miembros de la judicatura no pueden permanecer ajenos a este linchamiento. Y afortunadamente parece que muchos se están dando cuenta de la importancia de este envite, y de en qué se les quiere convertir. Incluso en el caso de la Juez Alaya la asociación judicial progresista Jueces para la Democracia ha salido ya en su defensa 

 

Que contemos aún con bastiones de independencia, y con titulares con el coraje e integridad para defenderla, en un país donde la mayoría de los controles y equililibrios han sido colonizados por los partidos y desactivados como tales, es un motivo de alegría y optimismo. En otros países la judicatura es sólo un trampantojo, una apariencia de independencia, perfectamente integrada en realidad en una estructura extractiva de poder. Desde este blog, fundado en la defensa del Estado de Derecho, deseamos que eso nunca llegue a suceder aquí. Por eso queremos trasladar nuestro apoyo a los valientes jueces y a todo lo que significan. Y deseamos que lleguen hasta donde tengan que llegar. Quizá para ellos, algún día, alguien pueda repetir la histórica frase de Churchill.

 

Historias de “mafia siciliana” en Mallorca: el caso Ca´n Domenge

Hace escasos días ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca el juicio contra la cúpula del partido Unió Mallorquina, comandada por la inefable María Antonia Munar,  por el sonado caso conocido como “Ca’n Domenge”. En un post publicado hace un año en este mismo blog (María Antonia Munar como paradigma) a raíz de la condena de esta misma señora por un caso anterior, ya expliqué las peculiaridades de una figura política que, presidiendo un partido minúsculo que obtenía no más 30.000 votos en cada una de las elecciones celebradas en la isla, se convirtió en ama y señora de la política mallorquina durante más de quince años, coaligándose alternativamente con uno u otro de los dos grandes partidos mayoritarios. Voy a contarles ahora una más de las hazañas de este irrepetible personaje, en un caso que ha saltado a los medios de comunicación de toda España porque el Fiscal Anticorrupción de Baleares Juan Carrau, en sus conclusiones en el juicio oral recién celebrado, comparó a Munar y a su partido con la delincuencia organizada propia de la mafia siciliana, haciendo  referencia en su alegato a figuras legendarias como el Juez Falcone y el capo Totó Riina, que fue capturado gracias a la colaboración de arrepentidos, como ha sucedido, en cierto modo, en el caso que nos ocupa.
 
Ca’n Domenge era probablemente, en el año 2005, el solar de titularidad pública más valioso de la isla de Mallorca. Sus 52.200 metros urbanos situados junto al casco de Palma, al lado de la Vía de Cintura y con acceso directo por una de las arterias principales de la ciudad, le convertían en la joya de la corona de las propiedades del Consell de Mallorca, la antigua Diputación Provincial, presidida entonces por Doña María Antonia Munar. Además de su excelente ubicación, su calificación urbanística permitía la edificación de casi 600 viviendas de lujo, lo que hacía de él, en aquellos años dorados, un más que jugoso bocado. Pues bien, estando tasado el solar por la Agencia Tributaria en 57,8 millones de euros, la Sra. Munar y sus lugartenientes Miquel Nadal (Vicepresidente del Consell de Mallorca), Bartomeu Vicens (Conseller de Territorio), y Miquel Angel Flaquer (Conseller de Economía y Hacienda) elaboraron un concurso público para su venta, que se publicó el 3 de enero de 2006 (en plenas fiestas navideñas), y concedieron un breve plazo de 15 días (de los cuales sólo 10 fueron laborables) para presentar una propuesta de compra que debía incluir un proyecto arquitectónico para la edificación de las 600 viviendas. Terminado ese limitadísimo plazo, adjudicaron el solar a la UTE formada por Sacresa (empresa de la familia Sanahuja) y la mallorquina Ferrá Tur, que presentaba un proyecto del afamado arquitecto francés Jean Nouvel y había ofrecido sólo 30 millones de euros, desechando otras ofertas como la del ex Presidente del Fútbol Club Barcelona José Luis Núñez, que había ofrecido 60 millones en el mismo concurso. Para vestir la peculiar adjudicación, idearon el artificio de poner un “precio máximo” a la venta, cosa inaudita en un concurso público, alegando que lo importante de verdad era el proyecto arquitectónico para la ciudad de Palma. Por supuesto, y como después se supo, lo “importante de verdad” era otra cosa, bastante más inconfesable. Evidentemente, las entidades adjudicatarias fueron más que “generosas” con los jefes políticos del Consell de Mallorca, a los que regaron con, por lo menos, 4 millones de euros en dinero negro, tal como, tras varios años “macerándose” en prisión por otro asunto menor, se encargó de contar a la Fiscalía el “arrepentido” ex Conseller de Territorio Bartomeu Vicens.
 
Hasta aquí la penosa historia del concurso de Ca’n Domenge, que está siendo tratada con profusión por todos los medios de comunicación locales, y que ha saltado a la prensa nacional dados los llamativos calificativos empleados por el Fiscal en el juicio oral recientemente finalizado, comparando a la banda de UM con la mafia siciliana, y defendiendo la escasa pena de 8 meses de prisión solicitada para el “arrepentido” Vicens equiparándole a los pentiti sicilianos, cuyo testimonio permitió la captura del despiadado capo Salvatore “Totó” Riina.
 
Pero una vez contado esquemáticamente lo anterior, que es lo que han hecho estos días con mayor o menor fortuna la mayoría de medios de comunicación, no puedo dejar de ser fiel al ideario de este blog y tengo que añadirles a ustedes algo más, una triste y preocupante “intrahistoria”, sólo narrada públicamente por unos pocos, que ha discurrido en forma paralela al desarrollo e investigación de este escándalo inmobiliario de primera magnitud. Congraciándome sobremanera, como ciudadano de mi tierra, por el enjuiciamiento de la cúpula de Unió Mallorquina, por los contundentes alegatos del Fiscal Carrau, y por la más que previsible condena de quienes han dilapidado en beneficio propio el patrimonio público de todos los mallorquines, tengo que decirles, con indudable preocupación, que el éxito de esta concreta investigación no se debe, en absoluto, a quienes se han pavoneado estas semanas frente a los acusados y ante el Tribunal de la Audiencia de Palma dando sonoros titulares a los medios. Este asunto ha llegado a juicio por el empeño y valor de unos pocos héroes casi anónimos que, contra viento y marea, y con la postura de perfil del Ministerio Público hasta hace escasos meses, osaron y persistieron en denunciar e investigar a la hasta hace muy poco intocable y poderosa“Presidenta de Mallorca”.
 
La denuncia pública del nauseabundo amaño del concurso de Ca’n Domenge no la hizo la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, tan activa y contundente durante los últimos años en temas que afectaban a otros políticos de un partido diferente, sino que la fue haciendo, casi en tiempo real, desde principios del año 2006, un solo medio de comunicación, de los bastantes que tenemos en Baleares. Los demás medios, sometidos al generoso chorro subvencionador de Doña María Antonia o de sus aliados políticos, callaron vergonzosamente durante casi siete años. La querella no fue interpuesta por el implacable Fiscal Anticorrupción Carrau, ni por el Fiscal Jefe Barceló, quien preguntado varias veces nunca veía “nada extraño” en este tema, sino ya en el año 2007 y por uno de los promotores perdedores del concurso, al que después “obsequió” la Sra. Munar con la increíble protección de un edificio que tenía que derribar en primera línea de Palma para edificar una costosa promoción de pisos de lujo en unos terrenos que ya tenía adquiridos y proyectados con todos los pronunciamientos legales a su favor. Y la investigación judicial del escándalo, limitada en principio a sus subalternos, sólo alcanzó de lleno a la Presidenta Munar, cerebro del asunto, gracias al valor y sabiduría jurídica de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, a quien se encomendó la instrucción del caso tras ser imputados los aforados Nadal y Vicens por la Jueza de Instrucción que se estaba encargando de la investigación. Este Magistrado ordenó, en noviembre de 2009, el registro de la sede de la empresa adjudicataria Sacresa  en Barcelona, y encontró la documentación manuscrita que probaba el amaño del concurso.
 
Por todo ello, en nombre de todos los mallorquines y también de los españoles de bien, gracias a El Mundo de Baleares, a Don José Luis Núñez, a Doña María del Carmen González y a Don Francisco Javier Muñoz. Así se llaman los verdaderos héroes de este caso.