Pues sí, existe el “derecho a no casarse”: la inacabada problemática acerca de las parejas de hecho

  “… la unión de hecho puede caracterizarse en principio como una relación estable de convivencia more uxorio, cuyo elemento definitorio común queda cifrado en la voluntad libremente configurada de permanecer al margen del Derecho en cuanto a las consecuencias jurídicas inherentes a la institución matrimonial a que se refiere el artículo 32 de la CE…”.

 

 He querido comenzar  mi primera colaboración a este blog (que espero y deseo no sea la última), transcribiendo una afirmación/definición que se contiene en la citada STC pues, a modo de introducción, sirve para centrar perfectamente la problemática de las parejas de hecho; tema recurrente, que aparece y desaparece con frecuencia, y en el que se entremezclan diversos aspectos que no siempre se diferencian adecuadamente a la hora de abordar su problemática, enturbiando así, hasta extremos insospechados, lo que debería de ser un enfoque correcto de la cuestión.

 

Y es que, en efecto, muchas veces olvidamos que ante un fenómeno como el de las parejas de hecho (o uniones estables si se prefiere), el  legislador actúa con ciertas dosis de perplejidad y aun mayores dosis de confusión: sí debe regularlas, o no, y cómo y con qué limitaciones, pues no en vano ya se había puesto de manifiesto  por estudiosos del tema, que regular estas situaciones suponía vulnerar el artículo 32 de la CE, si se le examinaba desde una perfectiva negativa, esto es, el derecho a no casarse por quienes no deseaban hacerlo, aunque tampoco habían faltado otras opiniones que defendían que sí que había un campo en el que cobraba pleno sentido regulación y por ende la posible equiparación entre pareja que convive y matrimonio, cual era el ámbito del derecho público, pues -se decía- para el derecho social o para el derecho fiscal es la situación económica de las personas y no la vestidura legal que las cobija la que debe ser tomada en consideración (el necesitar una mayor o menor asistencia social, o pagar más o menos impuestos no es cuestión que halla de depender del derecho civil)

 

El legislador estatal no ha querido regular estas situaciones desde la perspectiva del derecho civil, ni parece que tenga intención alguna de hacerlo por el momento; por lo demás, es un dato perfectamente conocido la profusa legislación que durante estos años ha ido emanando de la CC.AA. y no solo en aspectos propios del derecho público, sino también en el ámbito de las relaciones interprivativos que constituyen las reglas del derecho civil, para lo cual solo tienen competencia en nuestro ordenamiento jurídico algunas de ellas y no todas (algo que, por ejemplo, ha sido causa de la reciente anulación por parte del TC 11 de abril de 2013, que ha declarado inconstitucionales y nulos los arts. 4 y 5 de la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho).

 

Pues bien, a la vista de STC de 23 de abril (y de la solo puedo ocuparme en sus aspectos más llamativos), que ha anulado importantes aspectos de naturaleza jurídico privado de la Ley Navarra, creo que ha llegado el momento de reflexionar de nuevo sobre estas situaciones y ver si conviene o no regularlas y de que manera, así como pensar si todos los posibles efectos jurídicos se atribuyen indiscriminadamente; cuestión esta última a  cuya respuesta no puede ser en modo alguno ajena la evolución de la propia jurisprudencia constitucional, una vez que ya se ha pronunciado sobre la ley que reformó la disciplina matrimonial eliminando el requisito de la diversidad de sexo, pues precisamente la imposibilidad que para contraer matrimonio existía para las parejas del mismo sexo fue una de las justificaciones esgrimidas “por los legisladores” para regular las uniones estables.

 

Así las cosas y ciñéndonos al campo estrictamente jurídico privado, el legislador tiene ante sí dos opciones: o bien optar por la no intervención y abstenerse de regular las relaciones jurídico privadas de quienes precisamente ha  querido organizar su vida eludiendo “las regulaciones”; o bien y si tiene competencia legislativa para ello, regularlas, pero de una manea que sea absolutamente respetuosa con principios constitucionales como el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad y, por que no decirlo, la autonomía privada. Acierta plenamente por ello el TC, cuando al examinar la adecuación a estos principios de la ley de parejas de hecho de dicha Comunidad Foral Navarra del año 2000 (que además del posible sometimiento voluntario de los convivientes a sus dictados, disponía imperativamente el sometimiento a dicha legislación, con independencia de la voluntad de los convivientes y por la simple concurrencia en ellos de determinadas circunstancias), nos dice que el problema queda cifrado en los límites que la propia esencia de la unión de hecho impone al legislador cuando éste decide supeditar su reconocimiento a ciertas condiciones o atribuir determinadas consecuencias jurídicas a tal unión, ya que el límite principal con el que se tropieza es la propia libertad de los integrantes de la pareja y su autonomía privada, por lo que una regulación detallada de los efectos, tanto personales como patrimoniales, que se pretendan atribuir a esa unión, puede colisionar con la citada libertad, si se impusieran a los integrantes de la pareja unos efectos que, precisamente, los sujetos quisieron excluir en virtud de su decisión libre y constitucionalmente amparada de no contraer matrimonio.  Por ello –proclama- “el régimen jurídico que el legislador puede establecer al efecto deberá ser eminentemente dispositivo y no imperativo, so pena de vulnerar la libertad consagrada en el art. 10.1 CE. De manera que únicamente podrán considerarse respetuosos de la libertad personal aquellos efectos jurídicos cuya operatividad se condiciona a su previa asunción por ambos miembros de la pareja.”

 

Poco más cabe añadir a tan juiciosos razonamientos; tan solo abrir un periodo de reflexión y abandonar esa perniciosa idea de “panreglamentación”, tan magistralmente definida y caracterizada como en tantas otras ocasiones por Vallet de Goytisolo, y permitir a las personas que en uso de su libertad personal -que obviamente conlleva iguales dosis de responsabilidad- regulen su vida privada y sean libre de adoptar sus propias decisiones, casándose, no casándose, o en mi modesta opinión y en tanto no se llevan a cabo las a mi juicio ineludibles reformas legislativas, acordando, lisa y llanamente, la exclusión voluntaria (algo perfectamente posible al amparo del artículo 6 del C.C.) del régimen legal que eventualmente pudiera regir su unión estable por la simple concurrencia de determinadas circunstancias objetivas que se les impondrían, pese a no haberse acogido a tal régimen legal voluntariamente.

 

Por cierto, y con esto concluyo, sigue siendo tan polémica y confusa la cuestión que nos ocupa, que en la STC de 23 de abril de 2013 hay dos votos particulares que entienden que al ser la unión estable de hecho una institución jurídica análoga al matrimonio, solo el Estado tendría competencia para legislar sobre ella, tal y como proclama el art. 149.1.8. de la CE (por lo que a su juicios debería haberse anulado la totalidad de la Ley recurrida).  Y como esto es un blog que recoge opiniones y busca el debate sobre cuestiones de actualidad, mi postura personal es que el legislador ha de optar, de una vez por todas, por la no regulación de las uniones estables en el ámbito jurídico privado (¿se acuerdan del caso de la compañera de StiegLarsson?), pues la tutela de otros posibles derechos fundamentales afectados (los hijos, por ejemplo), existe en la legislación y se impone por el mero hecho de la parentalidad (expresión últimamente en boga); y el remedio de las posibles situaciones injustas, o no deseables, que hayan podido originarse en el seno de la pareja, se puede alcanzar mediante el juego de instituciones que el derecho privado tiene perfectamente decantadas desde tiempo ha (enriquecimiento injusto, gestión de negocios ajenos…).

 

Premio de ensayo convocado por la “Plataforma Cívica por la independencia judicial”

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial convoca su primer premio al mejor ensayo sobre la politización de la Justicia en España. El plazo ya está abierto y termina el 7 de octubre y las bases de la convocatoria las tienen aquí.
 
El jurado está compuesto por don Eloy Velasco (Magistrado de la Audiencia Nacional), don Jerónimo Matamlas (perito judicial y empresario) y don Ignacio Gordillo (exfiscal de la Audiencia Nacional y abogado); como suplente,  el magistrado de Melilla, don Fernando Germán Portillo Rodrigo.
 
¡No nos extrañaría nada que el futuro ganador estuviese entre los colaboradores y lectores del blog!

Premio de ensayo convocado por la “Plataforma Cívica por la independencia judicial”

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial convoca su primer premio al mejor ensayo sobre la politización de la Justicia en España. El plazo ya está abierto y termina el 7 de octubre y las bases de la convocatoria las tienen aquí.

 

El jurado está compuesto por don Eloy Velasco (Magistrado de la Audiencia Nacional), don Jerónimo Matamlas (perito judicial y empresario) y don Ignacio Gordillo (exfiscal de la Audiencia Nacional y abogado); como suplente,  el magistrado de Melilla, don Fernando Germán Portillo Rodrigo.

 

¡No nos extrañaría nada que el futuro ganador estuviese entre los colaboradores y lectores del blog!

A algunos jueces buenos, nuestro agradecimiento.

Nos piden algunos lectores que nos pronunciemos acerca del escándalo de los papeles de Bárcenas, en particular por lo que se refiere al supuesto cobro de sobresueldos por parte del actual Presidente del Gobierno y de algunos ex-Ministros cuando todavía lo eran, cobro absolutamente prohibido en la Ley 12/1995  de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno. Ciertamente, si esos cobros se produjeron, la situación del Presidente del Gobierno es sencillamente insostenible. Y el que esa acusación tenga tintes de verosimilitud ya la convierte en muy seria, políticamente hablando, claro. Todo ello al margen, además, de la financiación irregular del partido (con o sin contrapartidas) y de la increíble actuación del que fue tesorero del PP durante tantos años.
 
Pero lo que ocurre es que, para bien y para mal, el asunto ya está judicializado, que es precisamente a lo que ha jugado siempre el Gobierno y a lo que suelen en general jugar todos los partidos en casos parecidos. Por ejemplo, exactamente lo mismo ha hecho el PSOE con los ERES andaluces. Los políticos confían así en ganar tiempo de cara a las siempre próximas elecciones, porque la Justicia es muy lenta. Juegan también a confundir las responsabilidades políticas (las derivadas por ejemplo de que el tesorero del partido del Gobierno esté en la cárcel o de haber tenido bajo las narices una trama corrupta durante años, da igual que sea la de los ERES, la de Gurtel o la de las ITV) con las responsabilidades jurídicas o exigibles en sede judicial. Aunque con esta conducta se lleven por delante la confianza de los ciudadanos, unas cuantas instituciones y, quizá, a sus propios partidos, aunque parece que no, afortunadamente, a la propia democracia.
 
Al hacer esto olvidan algo muy importante. Que  los jueces tienen sus tiempos y sus reglas, y esos tiempos y esas reglas  no son los de la política. Aunque indudablemente van a afectar y mucho a la política. Y a la justicia. Y a la propia democracia. Pero eso, no lo olvidemos, ha sido también una decisión de los políticos, no de los jueces. Y es a esos jueces a los que queremos dedicar nuestro post de hoy con un título muy cinematográfico, y no para sugerir que sólo algunos jueces lo sean, y no la mayoría. Nada más lejos de nuestra intención. Estamos seguros de que el comportamiento de muchos de ellos, situados en el mismo escenario que nuestros protagonistas, sería el mismo. Ayer mismo hablábamos de que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha dejado visto para sentencia el caso de la mafia organizada en que se convirtió el partido Unió Mallorquina bajo la dirección de Maria Antonia Munar.  Lo que queremos sencillamente es destacar el valor y la integridad moral que están teniendo que exhibir determinados jueces, enfrentados nada menos que a la asfixiante partitocracia que controla en España y que pretende ocupar todos los resortes del poder. Y sin más armas que la Ley.
 
Son muchos más, pero en representación de todos, y por su especial protagonismo en estos días, queremos rendir un especial homenaje de gratitud a dos de ellos: al juez Pablo Ruz, encargado de la instrucción del caso Bárcenas, probablemente el caso más delicado después de los GAL que ha tenido jamás un Juez de Instrucción por sus implicaciones para el Gobierno del PP y para el propio partido, y a la Juez Mercedes Alaya, encargada del caso ERES, en Andalucía, una red de corrupción y malversación de caudales públicos que afecta de lleno al principal bastión del poder socialista.
 
En otros casos, y durante muchos años, ante los (excesivos) casos de corrupción que afectaban a nuestra clase política siempre nos hemos encontrado con una reacción simétrica. El partido afectado ponía el grito en el cielo, alegaba estar siendo objeto de una persecución política y los líderes principales “ponían a mano en el fuego” por los encausados, en lo que Ignacio Gomá (aquí) ha llamado el “muy español juicio de de la ordalía”. Todo ello acompañado de un “sin perjuicio del debido respeto a las decisiones judiciales” que parecía más bien una patente de corso que lo  limpiaba y legitimaba todo. Aunque por las opiniones expresadas, con sus acusaciones veladas y no tan veladas, y por los hechos (maniobras varias para sacarse al Juez en cuestión de encima, desacreditarlo o incluso ganarlo para la causa del partido) tal respeto brillara en realidad por su ausencia.
 
Sin embargo, y como compensación, el otro (o los otros) partidos en oposición al de los imputados aplaudían a rabiar las actuaciones de la instrucción judicial, y aprovechaban para anticipar un veredicto de culpabilidad que sería sin duda la conclusión a la que llegaría el juez justiciero. A éste se le agradecía el favor (político), pero se seguía de idéntica manera sin respetar la independencia judicial. Para aclararnos: en España los políticos hacen con la independencia judicial y el respeto a las resoluciones de los Jueces  lo que los anglosajones denominan “lip service” es decir,  es una consigna que se repite, que se dice de boquilla, porque después se intenta destruir por tierra, mar y aire. Hemos hablado en este blog sobre la reforma del CGPJ. O sobre los aforamientos. O sobre los indultos arbitrarios. Y vemos en la prensa todos los días ejemplos de esta actitud.
 
De esta forma, como también hemos denunciado en este blog, el debate político se traslada indebidamente al procedimiento judicial, casi como si estuviéramos viendo una película americana de fiscal contra abogado defensor. Pero hoy, quizá por justicia poética o quizá por degradación del Sistema, coinciden en el tiempo las instrucciones de los casos Bárcenas y ERES. Por eso a las tradicionales acusaciones de tergiversación y persecución, emanadas del partido afectado, sólo le acompaña un silencio casi cómplice por parte de los representantes del otro partido, convencidos con buenas razones de que todo lo que digan puede volverse en su contra cuando se hable de su propio problema doméstico.
 
Ha habido diversas ocasiones en que unos pocos hombres situados en puestos claves han sido capaces de afrontar fuerzas mucho más poderosas, y han cambiado así el rumbo de la Historia. Todos conocemos la hazaña de las Termópilas, del pequeño ejército griego comandado por el Rey Leónidas de Esparta, que consiguió frenar unos días decisivos a un inmenso ejército persa. O la Batalla de Inglaterra, en la que los pilotos británicos de la casi improvisada RAF consiguieron contra todo pronóstico hacer frente a la entonces poderosa Luftwaffe, y salvar al Reino Unido cuando se había quedado solo en su lucha contra la Alemania hitleriana. Sí, la famosa frase de Churchill, “nunca tan pocos hicieron tanto por tantos”. Pero no es necesario acudir a situaciones tan dramáticas para encontrar precedentes ilusionantes. También podemos recordar la iniciativa de los jueces de Manos Limpias, que consiguieron acabar con el corrupto régimen partitocrático de la República Italiana a partir del llamado caso Tangentópolis, en la década de los 90. Si lo que vino después no ha sido mucho mejor, eso no se les puede reprochar a aquéllos.
 
¿Estamos en el comienzo de una hazaña semejante en el caso de los Jueces Alaya y Ruz? Por lo pronto todo el establishment político ha decidido cargar contra ellos, cada uno desde sus posiciones, con fuego grueso de mortero, según se puede leer aquí o aquí. Toda esa reacción desaforada (y tan similar en uno y otro partido) demuestra nerviosismo y miedo ante la eventualidad de que una situación fuera de control pueda dañar el corazón mismo del sistema partitocrático.
 
Con bastante probabilidad ciertas reforma en marcha o previstas están dirigidas a desactivar para el futuro la posibilidad de situaciones semejantes, tan incómodas, en las que ciertas prácticas de muchos partidos quedan en evidencia. Como la reforma del CGPJ, destinada a disminuir aún más la independencia judicial, y a conceder al partido dominante instrumentos que le faciliten la domesticación de los jueces. O tal vez el proyectado Código Procesal Penal, que pretende arrebatar la instrucción de los jueces para atribuirlos a una fiscalía que el Gobierno de turno suele querer dominar.
 
En esa misma clave hay que interpretar la negativa a reducir nuestro peculiar sistema de aforamiento, que tan generosamente cubre a gran parte de nuestra clase política .  De hecho las cúpulas de los partidos afectados tienen la esperanza de que ese privilegio pueda permitirles deshacerse de jueces tan “intratables”.
 
Los miembros de la judicatura no pueden permanecer ajenos a este linchamiento. Y afortunadamente parece que muchos se están dando cuenta de la importancia de este envite, y de en qué se les quiere convertir. Incluso en el caso de la Juez Alaya la asociación judicial progresista Jueces para la Democracia ha salido ya en su defensa 
 
Que contemos aún con bastiones de independencia, y con titulares con el coraje e integridad para defenderla, en un país donde la mayoría de los controles y equililibrios han sido colonizados por los partidos y desactivados como tales, es un motivo de alegría y optimismo. En otros países la judicatura es sólo un trampantojo, una apariencia de independencia, perfectamente integrada en realidad en una estructura extractiva de poder. Desde este blog, fundado en la defensa del Estado de Derecho, deseamos que eso nunca llegue a suceder aquí. Por eso queremos trasladar nuestro apoyo a los valientes jueces y a todo lo que significan. Y deseamos que lleguen hasta donde tengan que llegar. Quizá para ellos, algún día, alguien pueda repetir la histórica frase de Churchill.