¿Algún seguidor de este blog se atrevería a publicar su opinión crítica con el sistema nacional de trasplantes, o con que se comercialicen productos bajo la etiqueta de “ecológicos”? ¿Alguien duda de que todos los homicidios de mujeres a manos de sus parejas son manifestaciones de machismo? ¿Quién defendería en público la implantación de un servicio social obligatorio e igualitario entre sexos, o la validez civil de un matrimonio indisoluble de conformidad con la respectiva confesión religiosa? ¿Y la introducción de límites a la profesionalización del deporte, o la desaparición de todos los medios de comunicación de titularidad pública? ¿Algún partido con opciones de poder ha propuesto alguna vez la capitalización y reintegro de los derechos cotizados a la Seguridad Social, la introducción del cheque escolar o la legalización de la prostitución?
 
Los debates sociales están adulterados cuando una de las posiciones dialécticas aparece impuesta de antemano. La tesis dominante no es entonces expresión de un consenso social, sino una situación de hecho en cuyo trasfondo siempre se encuentra la inoperancia de los mecanismos de formación y expresión de la opinión pública. El vacío de ideas deja margen para que ciertas tesis aparezcan como incontestables, desde ideologías expansivas incrustadas o aliadas con el poder político, o desde lobbies de minorías sociales muy activas o de grupos de interés. Los medios de comunicación masivos se alinean con las tesis dominantes por inercia irresistible tanto como por iniciativa ideológica. En su expresión más acabada, tales tesis consiguen revestirse de autoridad científica, jurídica o internacional, lo que, más que pervertir el debate, lo sustrae del ámbito social.
 
Esta situación no sólo es propia de regímenes autoritarios; también se da en democracias de baja intensidad, como la nuestra. Los debates adulterados degradan gravemente la calidad del sistema democrático: el debate es presupuesto de la participación política y del activismo cívico. Al no haber intercambio de argumentos, la tesis dominante no necesita especial refuerzo ideológico ni intelectual; las tesis disidentes, si se atreven a manifestarse, son fácilmente manipuladas y expulsadas a la marginalidad o a la extravagancia. Lo anterior repercute en los programas electorales de los partidos y en la acción de gobierno de los vencedores, que tiende a moverse en márgenes cada vez más estrechos. La tensión dialéctica imprescindible para la renovación de ideas queda neutralizada. Puede haber alternancia política, pero no hay alternativas de proyectos sociales.
 
En Francia, el debate social se considera que forma parte del núcleo esencial de los valores republicanos. Uno de los ejercicios de la selectividad universitaria (el temido “bac”) ha venido consistiendo en proponer un tema de relevancia pública sobre el que el alumno debe redactar un planteamiento dialéctico: argumentos a favor, en contra y síntesis. No se trata de acertar, sino de saber expresar y contrarrestar opiniones contrarias a la propia. En Reino Unido, aparte de la calidad legendaria de sus medios de información públicos, el sistema mayoritario y la dimensión del distrito electoral obliga a todos los candidatos a bajar a la arena del debate casa a casa y cara a cara, tanto de los asuntos domésticos como de las grandes cuestiones nacionales.
 
Entre nosotros, es tópico decir que padecemos una propensión histórica a intercambiar tiros en vez de razones. Pero en la situación actual, estas ocurrencias no nos deben hacer perder la perspectiva. El origen de la actual adulteración de los debates públicos se encuentra en parte en las circunstancias en que se desarrolló la transición. Miedo a la involución, posibilismo y consensos forzados arrinconaron debates cuyo solo planteamiento habría herido demasiadas sensibilidades. Por todos, el relativo a la legitimidad histórica de la monarquía juancarlista, tema unido al de la forma de Estado.
 
Durante la democracia, los medios de comunicación no han contribuido a la apertura de los debates públicos. La supresión del programa “La Clave” en la campaña institucional del referendum sobre la OTAN de 1986, o el tratamiento informativo de la huelga general de 2002, por no hablar del escándalo permanente de las televisiones autonómicas, son ejemplos de la desvergüenza con que el grupo gobernante ha instrumentalizado a su favor los medios de titularidad pública. El blindaje laboral de los profesionales contratados en cada etapa no facilita que cambien las cosas.
 
Los medios privados han padecido en este período una grave asimetría ideológica, lo que ha limitado su papel en el campo de la formación de opinión. Los medios escritos, sin la competencia de los de titularidad pública desde la desaparición de la prensa “del movimiento”, y los radiofónicos, han estado en estos años muy fragmentados en el campo de la derecha, y nucleados en torno a un grupo principal en el sector de la izquierda. Los primeros han estado condicionados por su tamaño o, especialmente los de capital extranjero, por dinámicas empresariales ajenas a estas inquietudes. En cuanto al grupo mediático mayoritario en la izquierda, sus niveles de difusión y de homologación internacional le hubieran podido conferir autoridad intelectual suficiente para asumir cierta función institucional de instrumento de debate social. Pero una política empresarial ultrapersonalista y, últimamente, urgencias de supervivencia financiera, han determinado que los redactores de estos medios hayan tenido que anteponer como norma su pretendida capacidad de consigna y de presión, a la función social de la información de la que hablamos.
 
El cine, el teatro, la música y otras manifestaciones culturales, no han sabido en estas décadas acoger ni provocar debates sociales abiertos. Un sesgo ideológico demasiado explícito y actitudes gremiales exageradas han desconectado estos ámbitos de la sensibilidad general, lo que en el caso del cine alcanza desde el “no a la guerra” de los premios Goya del 2003, extremos de verdadera patología social. La transversalidad del pop de la “movida” parece haberse sustituido por el linchamiento ideológico de los no afiliados al sindicato de la ceja (Russian Red, Nena Daconte, Café Quijano…).
 
El marco institucional no favorece los debates públicos. Nada que añadir a las iniciativas de los editores de este blog en relación con las disfunciones del sistema de partidos. No hay debate ni en las bases ni en los cuadros. El sistema jerarquizado, la ausencia de primarias y de trabajos precongresuales, y las listas electorales cerradas blindan la organización contra la disidencia interna.
 
Pero tampoco los restantes mecanismos de representación política fomentan el debate abierto. La regulación constitucional del referendum es absolutamente restrictiva; su aplicación ha estado además contaminada por la falta de neutralidad institucional del gobierno de turno, apoyando con todo su aparato propagandístico la opción finalmente triunfante. Por ello son percibidos como un instrumento de refrendo plebiscitario a la iniciativa del gobierno, y las cifras de participación en los dos celebrados durante la democracia son modestas (59% en el de la OTAN de 1986, y 42% en el de la Constitución Europea de 2005). La iniciativa legislativa popular del art. 87 CE está regulada con desconfianza y racanería, y no garantiza que la opinión pública movilizada se vea reflejada normativamente.
 
Por otra parte, no existe en nuestro país un entramado de organizaciones sociales consagradas a la elaboración de ideas de debate, característico del mundo anglosajón. En el ámbito público, las universidades no han podido asumir el papel de think tanks que les habría correspondido por historia, presupuesto y dimensiones. La politización, las distorsiones del sistema autonómico, y los muy discutidos criterios de selección y promoción, son explicaciones sólo parciales de esta realidad. Las fundaciones “pensantes” de los partidos actúan como reductos de atrincheramiento ideológico de cada facción, cuando no de puro personalismo de políticos prejubilados.
 
Hay iniciativas privadas en este sector de los laboratorios de ideas, para las que las redes globales de transmisión de la información han constituido instrumento determinante de despegue. Están llamadas a ser parte fundamental de la apertura de los debates. Pero los seducidos por ellas debemos reconocer que parte de la sociedad española sigue asociando las más relevantes a intereses particulares: empresariales, corporativos, confesionales, o, en general, elitistas. Una de las más pintorescas está reservada sólo para exministros; quizá más de uno debería aplicarse el principio marxista de no aceptar nunca ser miembro de un club donde admitan gente como él.  Nuestra falta de tradición en fabricar ideas provoca más simpatía e interés hacia movimientos de debate asambleario como el 15M, víctima de su propia espontaneidad.
 
La actual crisis económica e institucional ha precipitado debates públicos esenciales para nuestro futuro colectivo: forma de Estado, distribución territorial del poder, dimensión de la función pública, cauces de representación política y sindical, extensión y límites del estado del bienestar, función social de la educación, estructura del sistema tributario, mecanismos de previsión social, disponibilidad de la vida humana, marco jurídico de la familia, etc.
 
Nos está llegando el momento de decidir, quizá sin miedo esta vez a una quiebra traumática de la convivencia, pero sin ámbitos ni mecanismos de debate social.  Debates sociales adulterados darán lugar a que lo que salga de esta crisis sea tan frágil y artificial como lo que hoy criticamos. “Las ideas tienen consecuencias”.