Artículo de Elisa de la Nuez en El Mundo: “La transparencia, un derecho oculto”

El otro día me invitaron a dar una charla en el País Vasco sobre transparencia y corrupción. Como ya he escrito mucho sobre el primer tema, me centraré un poco más en el segundo, especialmente en la importancia de la transparencia como herramienta para combatir la corrupción o, para ser más exactos, para prevenirla y sancionarla.

 

No está de más recordar que siendo la transparencia un valor fundamental en una democracia avanzada, el derecho a la información pública (más allá de que esté literalmente reconocido o no como tal en un texto constitucional) es un derecho democrático fundamental. La democracia no se reduce a un procedimiento de gobierno y menos todavía a un procedimiento electoral cada cuatro años, como parecen preferir nuestros representantes. La democracia es también y sobre todo un sistema de derechos. En particular, el derecho a la información pública permite que el ciudadano alcance una comprensión ilustrada de lo que ocurre en su país en un momento dado. Comprensión es imprescindible para entender los problemas institucionales y para intentar corregirlos. Y lo cierto es que en España las disfuncionalidades son tantas que casi puede considerarse el funcionamiento normal de las instituciones la excepción y no la regla general. El esfuerzo de la propaganda política por convencernos de lo contrario es enorme, pero no hay más que abrir los ojos y ver lo que tenemos delante de nuestras narices, aunque esto requiera, como ya advirtiera Orwell, una lucha constante. Por poner un ejemplo reciente, cabe referirse al nombramiento de un magistrado del Tribunal Constitucional propuesto por el Gobierno por su proximidad al PP gracias al voto de calidad del ex presidente saliente (nombrado a propuesta del PSOE) conocido por su complacencia con el establishment en este y en cargos anteriores.

 

Pues bien, a estas alturas ya sabemos que no podemos esperar demasiado de una Ley de Transparencia «otorgada» ya sea a nivel estatal o a nivel autonómico en un país donde la cultura reinante es la de la opacidad. Puede suceder perfectamente que terminemos con muchas leyes de transparencia sin haber avanzado nada en la práctica de la transparencia. En España es frecuente que las leyes se incumplan, o por lo menos que se incumplan por los que tienen el poder de hacerlo, que es precisamente a los que más interesaría controlar. Porque hay que tener claro que no basta con garantizar derechos democráticos por escrito, aunque sea en una ley o en un texto fundamental. Los derechos deben de ser realmente efectivos y estar realmente a disposición de los ciudadanos.

 

A mi juicio con el proyecto de Ley de Transparencia que entró en el Congreso no pasaba esto y tampoco confío mucho en que vaya a pasar tras la promesa gubernamental de modificar el proyecto. No podemos confundir declaraciones con hechos. Recordando los requisitos que un grupo de expertos considerábamos esenciales para tomarnos en serio el proyecto (reconocimiento como derecho fundamental, órgano independiente de supervisión, procedimiento sencillo y ágil para atender las demandas de los ciudadanos, extensión subjetiva del ámbito de aplicación de la ley, reducción de los límites al derecho, establecimiento de un régimen efectivo de incentivos positivos y negativos para favorecer su cumplimiento) parece que la mayoría no van a ser tenidos en cuenta. En conclusión, no es realista esperar que esta la ley suponga el giro copernicano que este país necesita para eliminar la cultura de la opacidad de los políticos, de los gestores públicos y hasta de los empleados públicos. No se aprecia la ambición de la ley antitabaco o de la ley de Seguridad Vial, leyes que sí tenían el objetivo claro de provocar un cambio cultural en los colectivos de fumadores y de conductores. Y lo han conseguido, sin duda, aunque para eso han tenido que imponer incentivos bastante «agresivos», tales como la pérdida de los puntos del carnet de conducir o la prohibición general de fumar en espacios cerrados.

 

No hay nada parecido en el proyecto de Ley de Transparencia, que por no establecer, no establece ni las sanciones por incumplimiento. Compárese, por ejemplo, con la Ley de Transparencia chilena que establece para los superiores y directivos de los organismos públicos que incumplan las obligaciones de transparencia (no para los «curritos») sanciones de reducción de sus salarios de entre el 30 y el 50%. Y es que si somos honestos tendremos que darnos cuenta de que la transparencia produce horror a nuestros políticos y gestores públicos por la sencilla razón de que ya no podrían seguir haciendo las cosas como hasta ahora, en la oscuridad y entre bambalinas, que es donde se manejan estupendamente. El problema es que probablemente no saben ya hacerlas de otra manera. Además en España hasta los funcionarios tienen miedo de la transparencia porque piensan –probablemente con razón– que es mucho más fácil que les sancionen por exceso de transparencia que por defecto. En cuanto a las responsabilidades políticas por falta de transparencia mejor no hablar. Ni están ni se las espera.

 

Por el contrario, la ciudadanía y la sociedad civil están clamando por una mayor transparencia (o sencillamente por algo de transparencia) ya que la gente percibe correctamente que su falta tiene mucho que ver con la corrupción. No solo con la corrupción más burda, tipo Bárcenas o Urdangarin (hay tantos casos que cada uno puede elegir el suyo favorito) sino también con la corrupción light, es decir, con el despilfarro y la mala gestión del dinero público, quizá menos vistosa pero no menos dañina para los intereses generales y absolutamente generalizada a todos los niveles.

 

Es importante destacar que la corrupción en España está muy conectada con el (mal) uso del dinero público, lo que es llamativo dado que su gestión, al menos formalmente, se encuentra muy regulada. No solo eso, hay muchísimas obligaciones de transparencia en la Ley de Contratos del sector público, en la normativa de subvenciones, en las normas que regulan el acceso al empleo público…

 

Y sin embargo la corrupción está muy relacionada con la contratación pública, las subvenciones y el empleo público, por no hablar de la regulación o las ventajas más generales que puede proporcionar la proximidad al Poder.

 

¿Qué ocurre entonces? Sencillamente que las leyes se incumplen sin que pase nada, o, en el mejor de los casos, se cumplen solo formalmente. Está muy extendida la idea de que cumplidos los requisitos formales ya no es exigible responsabilidad jurídica alguna a nadie por el resultado final, por desastroso o delictivo que sea. Además como sabemos, las responsabilidades políticas no se exigen nunca. Y las jurídicas son difíciles de delimitar y de exigir cuando el procedimiento es formalmente correcto. De esta forma, los requisitos formales, incluidos los relativos a la transparencia, se perciben como obstáculos a salvar para que el expediente quede presentable, especialmente si hay que presentarlo en un Juzgado.

 

El caso es que muchos de estos requisitos han sido introducidos por exigencia de la normativa comunitaria pero no parece que haya calado la idea de que responden a una finalidad: la de evitar el despilfarro, el amiguismo, las comisiones ilegales, las revolving door, las adjudicaciones amañadas, la prevaricación, el cohecho o cualquier otra forma de corrupción. De la misma forma no ha calado tampoco la idea de que la transparencia es esencial para el buen funcionamiento de los partidos, las instituciones, los «agentes sociales» y hasta las empresas por lo menos en sus relaciones con los gestores públicos, dado que la opacidad es terreno abonado para el «capitalismo castizo».

 

Pero no se nos puede olvidar que, en palabras de Victoria Camps, cuando hay corrupción existe la complicidad del grupo político y también la de toda la sociedad. Si nuestros políticos pueden permitirse ser poco transparentes, generando amplias zonas de sombra donde la corrupción campa a sus anchas es porque los ciudadanos se lo hemos consentido. Hay que tener presente que la transparencia es lo que permite garantizar o y reforzar el deber de vigilancia de las instituciones por parte de los ciudadanos para prevenir o sancionar la corrupción, dado que los controles internos han sido desmontados o no han funcionado.

 

Los ciudadanos tienen que exigir transparencia ya, con o sin ley. La exigencia activa de transparencia permite desarrollar su capacidad de crítica y de autonomía moral, liberándolos de hábitos obsoletos de dependencia y de deferencia respecto a los líderes políticos. Nos toca ya alcanzar la mayoría de edad en este ámbito como en tantos otros. Resulta que, en democracia, los Reyes Magos somos nosotros y nadie nos va a traer más derechos ni más transparencia que la que seamos capaces de obtener desde la sociedad civil mediante la exigencia de información, la crítica constante y la exigencia de responsabilidades.

 

En definitiva, no preguntes lo que la transparencia puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por la transparencia.

Los debates adulterados

¿Algún seguidor de este blog se atrevería a publicar su opinión crítica con el sistema nacional de trasplantes, o con que se comercialicen productos bajo la etiqueta de “ecológicos”? ¿Alguien duda de que todos los homicidios de mujeres a manos de sus parejas son manifestaciones de machismo? ¿Quién defendería en público la implantación de un servicio social obligatorio e igualitario entre sexos, o la validez civil de un matrimonio indisoluble de conformidad con la respectiva confesión religiosa? ¿Y la introducción de límites a la profesionalización del deporte, o la desaparición de todos los medios de comunicación de titularidad pública? ¿Algún partido con opciones de poder ha propuesto alguna vez la capitalización y reintegro de los derechos cotizados a la Seguridad Social, la introducción del cheque escolar o la legalización de la prostitución?
 
Los debates sociales están adulterados cuando una de las posiciones dialécticas aparece impuesta de antemano. La tesis dominante no es entonces expresión de un consenso social, sino una situación de hecho en cuyo trasfondo siempre se encuentra la inoperancia de los mecanismos de formación y expresión de la opinión pública. El vacío de ideas deja margen para que ciertas tesis aparezcan como incontestables, desde ideologías expansivas incrustadas o aliadas con el poder político, o desde lobbies de minorías sociales muy activas o de grupos de interés. Los medios de comunicación masivos se alinean con las tesis dominantes por inercia irresistible tanto como por iniciativa ideológica. En su expresión más acabada, tales tesis consiguen revestirse de autoridad científica, jurídica o internacional, lo que, más que pervertir el debate, lo sustrae del ámbito social.
 
Esta situación no sólo es propia de regímenes autoritarios; también se da en democracias de baja intensidad, como la nuestra. Los debates adulterados degradan gravemente la calidad del sistema democrático: el debate es presupuesto de la participación política y del activismo cívico. Al no haber intercambio de argumentos, la tesis dominante no necesita especial refuerzo ideológico ni intelectual; las tesis disidentes, si se atreven a manifestarse, son fácilmente manipuladas y expulsadas a la marginalidad o a la extravagancia. Lo anterior repercute en los programas electorales de los partidos y en la acción de gobierno de los vencedores, que tiende a moverse en márgenes cada vez más estrechos. La tensión dialéctica imprescindible para la renovación de ideas queda neutralizada. Puede haber alternancia política, pero no hay alternativas de proyectos sociales.
 
En Francia, el debate social se considera que forma parte del núcleo esencial de los valores republicanos. Uno de los ejercicios de la selectividad universitaria (el temido “bac”) ha venido consistiendo en proponer un tema de relevancia pública sobre el que el alumno debe redactar un planteamiento dialéctico: argumentos a favor, en contra y síntesis. No se trata de acertar, sino de saber expresar y contrarrestar opiniones contrarias a la propia. En Reino Unido, aparte de la calidad legendaria de sus medios de información públicos, el sistema mayoritario y la dimensión del distrito electoral obliga a todos los candidatos a bajar a la arena del debate casa a casa y cara a cara, tanto de los asuntos domésticos como de las grandes cuestiones nacionales.
 
Entre nosotros, es tópico decir que padecemos una propensión histórica a intercambiar tiros en vez de razones. Pero en la situación actual, estas ocurrencias no nos deben hacer perder la perspectiva. El origen de la actual adulteración de los debates públicos se encuentra en parte en las circunstancias en que se desarrolló la transición. Miedo a la involución, posibilismo y consensos forzados arrinconaron debates cuyo solo planteamiento habría herido demasiadas sensibilidades. Por todos, el relativo a la legitimidad histórica de la monarquía juancarlista, tema unido al de la forma de Estado.
 
Durante la democracia, los medios de comunicación no han contribuido a la apertura de los debates públicos. La supresión del programa “La Clave” en la campaña institucional del referendum sobre la OTAN de 1986, o el tratamiento informativo de la huelga general de 2002, por no hablar del escándalo permanente de las televisiones autonómicas, son ejemplos de la desvergüenza con que el grupo gobernante ha instrumentalizado a su favor los medios de titularidad pública. El blindaje laboral de los profesionales contratados en cada etapa no facilita que cambien las cosas.
 
Los medios privados han padecido en este período una grave asimetría ideológica, lo que ha limitado su papel en el campo de la formación de opinión. Los medios escritos, sin la competencia de los de titularidad pública desde la desaparición de la prensa “del movimiento”, y los radiofónicos, han estado en estos años muy fragmentados en el campo de la derecha, y nucleados en torno a un grupo principal en el sector de la izquierda. Los primeros han estado condicionados por su tamaño o, especialmente los de capital extranjero, por dinámicas empresariales ajenas a estas inquietudes. En cuanto al grupo mediático mayoritario en la izquierda, sus niveles de difusión y de homologación internacional le hubieran podido conferir autoridad intelectual suficiente para asumir cierta función institucional de instrumento de debate social. Pero una política empresarial ultrapersonalista y, últimamente, urgencias de supervivencia financiera, han determinado que los redactores de estos medios hayan tenido que anteponer como norma su pretendida capacidad de consigna y de presión, a la función social de la información de la que hablamos.
 
El cine, el teatro, la música y otras manifestaciones culturales, no han sabido en estas décadas acoger ni provocar debates sociales abiertos. Un sesgo ideológico demasiado explícito y actitudes gremiales exageradas han desconectado estos ámbitos de la sensibilidad general, lo que en el caso del cine alcanza desde el “no a la guerra” de los premios Goya del 2003, extremos de verdadera patología social. La transversalidad del pop de la “movida” parece haberse sustituido por el linchamiento ideológico de los no afiliados al sindicato de la ceja (Russian Red, Nena Daconte, Café Quijano…).
 
El marco institucional no favorece los debates públicos. Nada que añadir a las iniciativas de los editores de este blog en relación con las disfunciones del sistema de partidos. No hay debate ni en las bases ni en los cuadros. El sistema jerarquizado, la ausencia de primarias y de trabajos precongresuales, y las listas electorales cerradas blindan la organización contra la disidencia interna.
 
Pero tampoco los restantes mecanismos de representación política fomentan el debate abierto. La regulación constitucional del referendum es absolutamente restrictiva; su aplicación ha estado además contaminada por la falta de neutralidad institucional del gobierno de turno, apoyando con todo su aparato propagandístico la opción finalmente triunfante. Por ello son percibidos como un instrumento de refrendo plebiscitario a la iniciativa del gobierno, y las cifras de participación en los dos celebrados durante la democracia son modestas (59% en el de la OTAN de 1986, y 42% en el de la Constitución Europea de 2005). La iniciativa legislativa popular del art. 87 CE está regulada con desconfianza y racanería, y no garantiza que la opinión pública movilizada se vea reflejada normativamente.
 
Por otra parte, no existe en nuestro país un entramado de organizaciones sociales consagradas a la elaboración de ideas de debate, característico del mundo anglosajón. En el ámbito público, las universidades no han podido asumir el papel de think tanks que les habría correspondido por historia, presupuesto y dimensiones. La politización, las distorsiones del sistema autonómico, y los muy discutidos criterios de selección y promoción, son explicaciones sólo parciales de esta realidad. Las fundaciones “pensantes” de los partidos actúan como reductos de atrincheramiento ideológico de cada facción, cuando no de puro personalismo de políticos prejubilados.
 
Hay iniciativas privadas en este sector de los laboratorios de ideas, para las que las redes globales de transmisión de la información han constituido instrumento determinante de despegue. Están llamadas a ser parte fundamental de la apertura de los debates. Pero los seducidos por ellas debemos reconocer que parte de la sociedad española sigue asociando las más relevantes a intereses particulares: empresariales, corporativos, confesionales, o, en general, elitistas. Una de las más pintorescas está reservada sólo para exministros; quizá más de uno debería aplicarse el principio marxista de no aceptar nunca ser miembro de un club donde admitan gente como él.  Nuestra falta de tradición en fabricar ideas provoca más simpatía e interés hacia movimientos de debate asambleario como el 15M, víctima de su propia espontaneidad.
 
La actual crisis económica e institucional ha precipitado debates públicos esenciales para nuestro futuro colectivo: forma de Estado, distribución territorial del poder, dimensión de la función pública, cauces de representación política y sindical, extensión y límites del estado del bienestar, función social de la educación, estructura del sistema tributario, mecanismos de previsión social, disponibilidad de la vida humana, marco jurídico de la familia, etc.
 
Nos está llegando el momento de decidir, quizá sin miedo esta vez a una quiebra traumática de la convivencia, pero sin ámbitos ni mecanismos de debate social.  Debates sociales adulterados darán lugar a que lo que salga de esta crisis sea tan frágil y artificial como lo que hoy criticamos. “Las ideas tienen consecuencias”.