¿Hay Derecho?, renovado

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Como puede comprobar, amigo lector, hemos cumplido nuestra palabra. Presentamos la nueva imagen del blog, a la que le hemos dado muchas vueltas. La idea fundamental ha sido hacer más atractiva y armoniosa la web mediante la modificación de los colores, que en la versión primitiva era muy sencilla y standard. Se ha introducido una banda de color, se ha cambiado la letra y la disposición de las utilidades, aparte de poner más posts en el inicio para que de una simple ojeada se puedan ver las últimas publicaciones.
 
Muy importante es, también, que hemos mejorado el buscador que, anteriormente, no funcionaba eficazmente de manera que no resultaba fácil encontrar entradas que se sabe positivamente que existen.
 
Es más, y aunque sabemos que esto puede producir diatribas a nivel nacional, nos hemos decidido a cambiar el logo, tras arduas discusiones internas, por todo tipo de redes sociales y comunicaciones electrónicas, entre los editores. El concepto es el mismo -que la pluma inclina la balanza más que la pesa- pues representa perfectamente el espíritu del blog, pero se ha modificado su diseño con ruptura total.
 
Esperemos que les guste. Nos ha ayudado en esta labor Daniel Ucha de Rumpelstinski. En todo caso, a partir del día 12 iniciaremos la publicación de entradas, eso sí, en agosto a un ritmo algo menor que el del post diario rigurosamente ininterrumpido que nos caracteriza.

¿Hay Derecho? se renueva

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Los editores de ¿Hay Derecho? llevamos un tiempo pensando en mejorar la estética y las funcionalidades de nuestra web. Cuando comenzamos con esto, hace ya dos años y medio, la mayoría de las herramientas y diseños eran artesanales, y quizá es momento de dar un lavado de cara a nuestra imagen. Vamos a cambiar el logo, manteniendo el concepto, los colores y algunas herramientas. Esperamos que les guste.
 
Aprovecharemos para ello la semana del 5 al 12 de agosto, durante la cual el blog permanecerá inactivo y luego volveremos, aunque, como ya es tradicional a un ritmo, un poco más pausado, con dos o tres posts por semana, para mantener la llama encendida.
 
En todo caso, aprovechemos todos para descansar y recuperar fuerzas para la lucha.
 
¡Felices vacaciones!

Qué pena de Parlamento

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«Que se jodan», Andrea Fabra, diputada del PP, el 11 de julio de 2012 en el Congreso de los Diputados.
 
Hay anécdotas personales que tienen por sí mismas gran expresividad de una idea o realidad. Sobre el actual deterioro del valor del Congreso, –del que hace ya bastantes años formé parte–, en dos artículos publicados en EL MUNDO, relataba alguna experiencia. En ¿Para qué sirve el Parlamento? (30 de julio 2012) contaría el reproche de un alto dirigente de mi grupo en 2003 recriminándome en el hemiciclo: «Jesús, aplaudes poco». En Políticos honestos pero silentes (3 de marzo de 2013), relataba cómo en las reuniones internas era imposible que un compañero, amenazado por los oídos del Gran Hermano, pudiese compartir, ni tampoco en privado, una reflexión crítica y leal sobre un asunto de actualidad. Ya entonces empecé a mostrar públicamente distancias.
 
Ahora quiero compartir otra experiencia muy reciente. Para la Revista de las Cortes Generales, una publicación sobre Derecho Político-Constitucional (donde antaño me editó cuatro trabajos académicos), envié el texto de una conferencia que impartí en la prestigiosa ICADE. El título era Calidad normativa-Calidad democrática. Era una reflexión sobre el modo defectuoso de hacer leyes, apresurado, donde la virtud de la rapidez es sustituida por el defecto de la prisa, donde el Parlamento es solo un trámite o una apostilla a lo remitido por el Gobierno o, como sucede ahora, ya ha aprobado previamente, arrogándose la potestad legislativa y donde el debate no existe y no se da la cara, confundiendo una mayoría absoluta legítima en origen con una mayoría absolutista ilegítima en su ejercicio.
 
El trabajo tenía carácter técnico, con citas de leyes y sentencias del Tribunal Constitucional. Pero también estaba inserto en una reflexión de que esa merma de la calidad normativa se está intensificando y, al mismo tiempo, está generando una aguda crisis de la calidad democrática. Me pidieron en dos momentos que corrigiese seis o siete puntos, algo poco frecuente pero lo hice. Algunas sugerencias mejoraban el texto, otras no pero las recogí. Pregunté semanas después por el artículo y me comunicaron que saldría en el siguiente número de inmediata aparición.
 
Pero, y ahí surge la anécdota, días después me llaman para trasmitirme que «no se considera oportuna su publicación». Tras 65 artículos publicados en las revistas jurídicas más variadas y prestigiosas de España y de carácter internacional, por vez primera padecía tanto por mi persona, como por el contenido y por quien lo promovió, un acto de censura grave. Y por razones políticas. El estupor era un motivo más de indignación por cómo el Congreso evitaba, incluso en una revista jurídica de éste, cualquier reflexión leal con el sistema pero crítica sobre el funcionamiento del Parlamento.
 
El deterioro de la clase política es inmenso. El divorcio con la ciudadanía es total. No es solo la corrupción y el consentimiento y complicidad con ella (la de los vividores de sobresueldos gracias a favores a contratistas y especuladores a través del cobrador es indisoluble) sino cómo su atrincheramiento está afectando muy negativamente a las instituciones. Y cualquier reflexión, aunque sea técnica sobre esto último, es reprimida. Es grave ese retroceso democrático.
 
El inmenso daño no les preocupa. Solo quieren seguir viviendo de lo público como llevan haciendo, no pocos de ellos (Rubalcaba y Rajoy los primeros) incluso más de 30 años y donde cada vez el hemiciclo se ha ido okupando progresivamente de sumisos vividores profesionales que no han hecho en su vida otra cosa. Se les ocurrió fichar a un galáctico, Manuel Pizarro, que salió corriendo cuando pudo. Fue el último patriota ingenuo.
 
Es lamentable que no les preocupe el descrédito de las instituciones. Es más, les molesta tanto la crítica, que la desvían como si fuesen críticas a las instituciones y casi al modelo democrático. Pero no somos antisistema muchísimos de los millones de ciudadanos de todas las tendencias que estamos decepcionados por el secuestro de las instituciones. Se atrincheran en sus escaños, están muy alejados de la realidad y siguen bunkerizados respecto una realidad social que cada vez más les desprecia.
 
El actual Congreso, por vez, primera ha sustituido la histórica jornada de puertas abiertas por la de puertas cerradas. Rompieron, miedosos, una tradición de que el pueblo pudiese visitar el Parlamento en diciembre. Las concentraciones en Neptuno les aterraban y luego a los manifestantes les imputaban delitos casi de subversión que los jueces rechazaron con nitidez. Como un equipo futbolístico que no quiso ceder su estadio para una final de copa, se «promovieron» unas obras y todo cerrado.
 
Hace ahora justo un año, se exclamó en el hemiciclo, en el mini-debate sobre los mayores recortes sociales en 35 años de Historia constitucional, la frase de arriba. Si eso fue grave, también lo es que en este tiempo ni pidiera disculpas ni que ningún dirigente de su grupo le reprochara públicamente esa ofensa a millones de españoles sufrientes. Esa frase nunca será olvidada y formará parte de la degradación y la infamia parlamentaria, consentida, además, por sus jefes. ¡Los mismos que culpan a la oposición de encubrir a su propio tesorero!
 
El aislamiento del Parlamento se refleja en que pese la gran tormenta siguen viajando en primera clase. Muchísimas son las empresas, entidades e instituciones públicas y privadas cuyos altos dirigentes viajan ahora en turista. Tanto por ahorro como por imagen. En cambio, ellos no, salvo los pocos que voluntariamente renuncian a ello. En rutas nacionales cuyos vuelos son de 45 minutos o una hora, cuyos asientos son iguales (se desplaza la cortina separadora) y solo varía el aperitivo gratis, es frecuente ver sólo sentados a parlamentarios. Claro, son de otra pasta los de la casta.
 
Lo de los gin tonics subvencionados que generó amplios comentarios hace poco parece una tontería pero no lo es. La falta de sensibilidad de sus altos mandatarios y sus mandarines serviles les hace cometer esos errores. Están en otra galaxia y ausentes de una realidad que, más allá de una propaganda edulcorada (cualquier día repiten el «España va bien»), es la de un país en enorme crisis institucional, social y ética. Aplican la frase de Voltaire: «El optimismo consiste en insistir que todo va bien cuando todo va mal».
 
El sistema constitucional español se define como «parlamentario» pero la realidad es muy distante de ello. Con los dos partidos principales cuyo gran desgaste, desprestigio y falta de credibilidad están dañando a la institución, tenemos que seguir urgiendo una regeneración frente a esa casta política decadente.

La hora de la verdad: artículo de nuestra coeditora Elisa de la Nuez en “El Mundo”

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Ayer tuvo lugar por fin la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso, comparecencia que podemos calificar como una de las más importantes en la historia de nuestra democracia. Se trataba de que Rajoy diese explicaciones creíbles y convincentes sobre el caso Bárcenas para detener la hemorragia de credibilidad y de desprestigio del partido del Gobierno y de su presidente en particular. Conviene destacar que esta situación ha sido provocada en parte por su falta de disponibilidad para dar explicaciones fuera de los sitios donde nadie tenía intención de pedirlas, como los órganos internos del Partido Popular, o por los reiterados intentos de evitar preguntas incómodas en ruedas de prensa mediante trucos poco presentables. Tampoco han ayudado las teorías conspiranoicas difundidas por algunos destacados miembros de su guardia pretoriana, dirigidas contra este periódico, contra los partidos de la oposición o contra cualquiera que osara dudar de la verdad oficial. En definitiva, a Rajoy le ha costado mucho dar explicaciones sobre el caso Bárcenas y su silencio y evasivas durante los días transcurridos desde que el ex tesorero decidió «tirar de la manta» y denunciar la contabilidad B y la financiación irregular del PP (con sobresueldos para sus principales dirigentes incluidos) pesaban ya como una losa antes de su declaración de ayer.
 
¿Qué pasó ayer? Distingamos la forma del fondo. En la forma el presidente estuvo dialécticamente bien, por encima del bien y del mal. No tuvo tampoco empacho en identificarse a sí mismo y a su Gobierno con España, a la manera tan cara a los nacionalistas, ligando la estabilidad e imagen de España a la estabilidad e imagen de su Gobierno, que a su vez (como en el juego de las muñecas rusas) no es sino la estabilidad e imagen del PP y de su líder.
 
Con respecto al fondo, Rajoy sustituyó las explicaciones racionales sobre la financiación del partido y el tesorero del PP en estos últimos 20 años por un relato poco verosímil de sus relaciones personales con Bárcenas, defendiendo en sede parlamentaria la llamada teoría del fusible. Según esta tesis, el único que debe de fundirse y responder –judicial y políticamente– en una situación de financiación irregular en un partido ligada a la concesión de contratos o favores políticos es su tesorero. Dado que los órganos internos y los dirigentes del partido no suelen aprobar formalmente la contabilidad y no existen las auditorías, es difícil probar que alguien más tuviera conocimiento de las posibles irregularidades. Aunque todavía es más difícil creer que un tesorero puede montar él solo una trama de financiación irregular en su partido a cambio de contratos o favores públicos durante más de 20 años, enriqueciéndose de paso de forma harto sospechosa sin que nadie se entere, especialmente sus jefes, incluso los que cobraban sobresueldos. En ese sentido van también las declaraciones de Rajoy sobre la citación como testigos por parte del juez Ruz de los secretarios generales de su partido defendiendo que «no tenían por qué estar encima de las cuentas».
 
Por lo que dice Rajoy en el PP nadie estaba encima del tesorero, y eso que la financiación (en A) del partido era muy relevante. En consecuencia, dado que en el mundo no existe ninguna entidad mercantil o no mercantil (fuera de los partidos españoles) en la que la gestión económica y la contabilidad se delegue totalmente en una única persona, podemos presumir que, cuanto tal cosa ocurre, existe una clara voluntad de permitir una financiación no ortodoxa, por decirlo de manera prudente.
 
De acuerdo con el relato oficial, todo el problema se reduce a una relación de confianza entre presidente del partido y tesorero, ya que no hay nada parecido a una relación orgánica o profesional entre ambos. Esta versión tiene la ventaja de que justifica la relación de amistad existente. Así, como el presidente del Gobierno parece haberse dado cuenta de que ya no le basta con invocar la fe en su persona y en su palabra frente a las revelaciones del «delincuente» Bárcenas, ha decidido reconocer la equivocación de haber elegido y mantenido a una persona indigna como responsable de las cuentas. Equivocación que, por otra parte, no tiene consecuencia práctica alguna. También ha reconocido el cobro de sobresueldos o complementos –que considera no solo justificados sino práctica habitual–, con o sin Ley de Incompatibilidades de por medio. De nuevo, no hay ninguna consecuencia.
 
Aún así se ve que le ha pesado tanto reconocer este error, sobre todo tras los desmentidos y el silencio de estos últimos meses, que no ha podido evitar la tentación de atribuir su magnánimo proceder con el ex tesorero no a la posibilidad de un chantaje (como algún ciudadano desconfiado podría pensar) sino a su respeto por la presunción de inocencia y a las ganas de ayudar a sus colaboradores. Proceder que se resume en la estrategia procesal del PP en el caso (comportándose más como abogado defensor que como acusación particular hasta que el juez Ruz les echó del proceso), en el pago de las minutas de sus abogados que justamente se retiran del caso cuando decide tirar de la manta, en los sueldos espléndidos, reconocimiento de indemnizaciones «en diferido», tratamiento VIP para evitar el paseíllo a la esposa imputada, mantenimiento del coche y despacho oficial hasta hace nada y que termina con los impresentables SMS de apoyo del tipo «sé fuerte Luis». Mensajes cuya existencia se intentó vender a la opinión pública como una prueba de que no se había manipulado a jueces y fiscales y de que el Estado de Derecho (identificado con Rajoy) no admitía chantajes, demostrando, una vez más, el escaso respeto a la inteligencia de los ciudadanos que tiene nuestra clase política.
 
En definitiva, el presidente del Gobierno ha elegido construir un relato poco verosímil en el que toda la responsabilidad recae sobre el tesorero infiel en el que ni siquiera los tiempos cuadran. Se presenta ante la opinión pública como alguien sorprendido en su buena fe, víctima de una traición personal de manera que queda exonerado no ya de responsabilidades penales –eso lo decidirá el juez en su momento– sino de las responsabilidades políticas correspondientes.
 
¿Y las contestaciones a las 20 preguntas de Rosa Díez que arrojarían un poco más de luz sobre el caso? Pues éstas no se han dado, porque no era posible sin asumir inmediatamente la responsabilidad política correspondiente, en forma de dimisión y/o cese de dirigentes del partido con responsabilidades en la etapa de Bárcenas. Se ve que nadie se ha ofrecido como chivo expiatorio. Algo bastante lógico, dado que cuesta imaginar que estos hechos hayan sucedido sin que bastantes dirigentes del partido los hayan conocido y/o consentido. En todo caso, era su obligación enterarse de donde procedían los fondos que tan alegremente se gastaban. En resumen, parece que por ahora no hay más palo que aguante su vela que el del ex tesorero. Quizá porque seguimos confundiendo responsabilidad judicial y penal con responsabilidad política.
 
Porque si algo deja claro la comparecencia de ayer es que la clase política española, con el presidente al frente, sigue empeñada en su interesado intento de confundir responsabilidad jurídica –particularmente la penal– con responsabilidad política. Interesado porque si tienen suerte (y la suelen tener con los tribunales que les tocan como aforados), descartada la existencia de responsabilidad penal, pueden proclamar sin solución de continuidad la inexistencia de responsabilidad política. Seamos claros, este nivel de exigencia no es homologable con el de los países de la UE, y es propio de una democracia bananera. Comprendo que todavía sea pronto para exigir que un ministro dimita por copiar una tesis doctoral, pero de eso a que los ciudadanos españoles nos tengamos que dar con un canto en los dientes por no tener representantes que sean delincuentes va mucho trecho. Al contrario, los representantes deben de dar ejemplo en el cumplimiento de sus obligaciones, y no me refiero sólo a las legales sino también a las éticas. Incluidas las de decir la verdad a los ciudadanos.
 
Por eso son también interesadas las declaraciones de Rajoy hablando de falta de pruebas o de presunción de inocencia. Esto será relevante en el ámbito penal. Aquí hablamos de responder políticamente por la forma en que funcionaba la financiación del PP, ya sea por culpa directa o indirecta (in eligendo o in vigilando), por la forma lamentable en que se ha gestionado el asunto intentando taparlo, las obstrucciones procesales, la falta de transparencia, etc. En este ámbito no hay presunción de inocencia que valga frente a las deducciones lógicas y razonables que impone el sentido común de cualquier ciudadano informado.
 
Por ese motivo, la falta de asunción de responsabilidad política en un caso tan grave como éste produce efectos devastadores en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Por eso las declaraciones de Rajoy sobre la estabilidad del país suenan tan huecas. No nos engañemos, la genuina estabilidad en una democracia es la que se deriva de comportamientos democráticos como decir la verdad en el Parlamento y asumir la correspondiente responsabilidad. Por el bien de España.

La intervención de Rajoy: la retórica contra la confianza

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Finalmente intervino el presidente del Gobierno ante el pleno para dar, en sus palabras, “su versión” de los hechos del asunto Bárcenas. Era una papeleta en principio complicada, la verdad, porque las informaciones aparecidas en los periódicos eran escalofriantes.
 
El presidente estuvo en mi opinión retóricamente bien, en modo estadista por encima del bien y del mal, y fue jaleado estruendosamente por sus huestes, tal y como había sido solicitado el aparato. Tuvo, además, la habilidad de no intentar distraer con el tema de la economía, frente a lo que se había estado sugiriendo, y se limitó a ponerla como un punto de referencia lejano hacia el que él dirige como presidente, dejando caer que este lamentable asunto detrae parte de sus esfuerzos de ese designio superior. También tuvo la astucia de no meterse directamente con los trapos sucios de los otros, el “y tú más”, aunque sí dijo que su comparecencia no iba nunca a contentar a aquéllos que se han formado ya un criterio, a modo de dogma personal.
 
Luego acometió el asunto directamente para decir:
1.- Que se ha equivocado al mantener la confianza en quien no la merecía.
2.- Que hay que creer en las personas “mientras los hechos no desvirtúen la presunción de inocencia”, reforzando el concepto con numerosas citas (culminado con el ya muy parodiado “fin de la cita”), incluso de Rubalcaba. Hizo notar las especiales circunstancias en que se inició el procedimiento, con Garzón y el ministro yéndose a cazar, insinuando que eso justificaba el escepticismo frente a las acusaciones.
3.- Que son falsas o medias verdades las acusaciones de Bárcenas.
4.- Que se han pagado remuneraciones complementarias, y que es responsabilidad de cada uno declararlas a Hacienda.
 
Para rematar la faena, le dio una elegante colleja a Pérez Rubalcaba, mostrando que amenazar con la moción de censura para hacerle venir a dar explicaciones era un “fraude constitucional”, amonestándole por la incertidumbre que eso produce dentro y fuera de España, y metiéndole a continuación el dedo en el ojo al dejar en evidencia que no hay candidato real, requisito imprescindible de la moción de censura.
 
Finalmente, aderezó todo con unas cuantas promesas: de la ley de Actividad Económica y Financiera de los Partidos políticos, otra del Tribunal de Cuentas, otra de Contratos del Sector Público, de Funciones políticas, de la LEC y Código penal.
 
Retórica, y luego dialécticamente, pienso que el presidente estuvo bien, seguro y contundente. Pero la cuestión no es si estuvo bien o no, si “ganó” a los puntos a Rubalcaba o si el “aplausómetro” dio vencedor a uno u otro. Hoy la cuestión es la de la confianza: pero no la confianza de la que habla el presidente, del mundo en España, sino la que nosotros podamos tener en él, si nos creemos lo que dice el presidente o no. “A los españoles lo que les interesa la economía”, dijo Esteban González Pons, y es verdad. Pero no a toda costa.
 
Esta es la confianza que a mi personalmente me interesa, la que sustenta las duras medidas que el gobierno ha tomado y probablemente haya de tomar y hace que lo que él ejerce no sea solo poder, sino también autoridad. Sin duda, los fríos números de la mayoría parlamentaria harán que tal cosa sea, de momento, irrelevante, pero creo que los ciudadanos nos merecemos algo más que el que dentro de cuatro años podamos cambiar el voto.
 
Hace pocos días publicaba algunas reflexiones sobre este asunto, y me parece que, lamentablemente, siguen vigentes. Por un lado, no me basta que el presidente diga que se ha equivocado y que le han defraudado. Existe también una culpa in vigilando y, como él mismo dice, ha tenido cuatro años para verificar si esa confianza era o no merecida y lo que se ha hecho es protegerle y ampararle.
 
Por otro, me importa, pero no mucho, si los sobresueldos se han declarado o no. Lo que verdaderamente me importa, tal y como señalaba en el post antes enlazado, es de dónde se ha sacado ese dinero con el que se han pagado los sobresueldos y, particularmente, si ese dinero se ha entregado al partido a cambio de favores en otros sitios. Eso sí que sería muy grave y no he oído una palabra sobre eso.
 
Lo de la moción de censura me interesa poco. Me parece fuera de lugar que afine tanto el presidente con si se está desvirtuando la Constitución amenazando con la moción pero luego se hagan trazos gruesísimos con otras cosas.
 
Personalmente, ni doy ni dejo de dar credibilidad a las acusaciones de Bárcenas pero, eso sí, no acepto en modo alguno presunción de inocencia alegada varias veces por el presidente porque ésta, como ya dije en el mencionado post, opera en el marco penal, que implica graves restricciones de derechos; pero no opera en el marco de las relaciones interpersonales ni políticas, donde no es necesaria un acta notarial para que uno se percate de lo que está ocurriendo, o se mosquee ante algunos indicios. En estos casos, o me das prueba cumplida o te borro de mi lista. Y, de ser falso lo que dice Bárcenas, habría que haber justificado mucho más ampliamente la cobertura que se le ha dado desde el punto de vista económico, social y político y las razones del la “indemnización en diferido”; habría que sacar unas “contra cuentas” reales, mostrando la falta de conexión entre donaciones y concesiones, desmontar las acusaciones de sobresueldos en B con la prueba de su correcta declaración, etc, etc.
 
Las acusaciones son graves y el que las hace tenía medios para conocer lo que dice, y eso exige una cumplida respuesta, no bastando mirar para otro lado y negarlo todo. Si con motivo de un divorcio, uno de los cónyuges acusa al otro de graves delitos, puede ser que sus razones para acusar sean non sanctas, pero el otro no se libra de la duda con alegar que el acusador le odia.
 
En definitiva, las explicaciones han estado formalmente bien construidas, pero han sido muy insuficientes, y eso no genera confianza en que el presidente no haya tenido nada que ver en el asunto. De poco nos vale, pero es así. Nos queda la confianza en los tribunales o en las elecciones. Y esperemos no acabar como  en Francia, donde se amnistiaron los sobornos.
 
Algo sacaríamos, eso sí, si las promesas de leyes que ha hecho el presidente se convirtieran en una realidad efectiva. Pero tampoco creo en ellas, pues la reforma del Consejo General del Poder Judicial me ha demostrado en qué quedan las promesas. Ya sólo nos valen hechos. Sólo hechos.

Tres en uno: las resoluciones del TS en los casos Blanco, Matas y Barcina (II). El caso Matas

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El pasado lunes publiqué el primer post dedicado a esta interesante triada, analizando el caso Blanco. Vamos a continuar hoy con el -sin duda- más complejo y trascendente de la serie. Me atrevería incluso a decir que esta sentencia de 15 de julio de 2013 es una de las más preocupantes que he tenido el disgusto de leer en estos últimos años. A cambio, tiene la ventaja de poner de manifiesto, de una manera transparente, la situación crítica por la que atravesamos, cómo hemos llegado aquí, y cómo NO vamos a salir de aquí. El que los medios de comunicación hayan guardado casi un absoluto silencio sobre esta sentencia resulta también extraordinariamente revelador.
 
Comencemos por el relato de los hechos probados, que intentaré resumir al máximo, pues sólo en la sentencia de instancia ocupan 23 folios (la del TS tiene 124). En el fondo el tema es muy sencillo y fácil de comprender, pues así han funcionado y siguen funcionando las Administraciones españolas y su extensa galaxia de empresas públicas.
 
Jaume Matas gana las elecciones en Baleares en 2003 y necesita un tipo competente que le prepare los discursos. Lo encuentra en el periodista del diario El Mundo/El día de Baleares, Antonio Alemany. Pero el problema es que el Sr. Alemany quiere aceptar el trabajo (y cobrar, claro) pero no figurar en ningún lado, porque pretende seguir manteniendo su condición de articulista de dicho diario y sus otras actividades profesionales y comerciales. Arreglar la situación no era fácil, como se le explica al Sr. Matas, pues por la vía de un contrato menor de asesoría no era factible satisfacer la contraprestación económica que las partes consideraban adecuada, aparte de no permitir al periodista la discreción y compatibilidad que éste anhelaba. Así que después de trampear durante una temporada a través de facturas mensuales, se decide por el Sr. Matas resolver el caso de una vez, preparando un concurso público a la medida del Sr. Alemany, y utilizando a tal fin como tapadera la empresa de un amigo de ambos, que percibiría a cambio una comisión del 5%. Así que, en agosto de 2003, se prepara el expediente administrativo con la intervención de unos cuantos políticos y funcionarios del Gobierno balear previamente instruidos (al menos alguno de ellos). Se licita en octubre de ese año y la sociedad tapadera es la única que presenta una oferta (lógico, dado que como se dice en el argot, todo el mundo debía saber que el concurso ya tenía bicho). El contrato administrativo fue posteriormente prorrogado en dos ocasiones. Y más tarde, para aumentar el sueldo al periodista, se elabora un contrato menor de asesoría en virtud del cual se factura por servicios inexistentes o, al menos, no diferentes de por los mismos por los que se venía ya cobrando.
 
Pero ahí no acaba el asunto, porque el Sr. Alemany, un tanto crecido a la vista del éxito de su relación con el Sr. Matas, le propone montar una agencia de noticias específica para Baleares, para lo cual (pues es obvio que para estas cosas nadie quiere arriesgar su propio dinero) necesitaba una buena subvención por parte de la Comunidad. Para ello se vuelve a utilizar una sociedad pantalla, que en abril de 2006 realiza la pertinente solicitud de subvención. Al margen de otras irregularidades, lo significativo en este caso es que el Sr. Matas instruye debidamente a su personal técnico y político para que concedan la máxima puntuación posible a la subvención solicitada por el Sr. Alemany, siempre a través de su tapadera. En julio de 2006 se dicta la correspondiente resolución por la que se le concede una subvención de 449.734 euros, el 96,6% del importe del proyecto.
 
Por estos hechos la Audiencia condena al Sr. Matas por los delitos de fraude a la Administración, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil, malversación de fondos y prevaricación a la pena de 5 años y tres meses (fundamentalmente por los hechos del concurso amañado), y por un delito de tráfico de influencias a 9 meses de prisión (por los hechos de la subvención teledirigida). Se condena también al periodista y a otros políticos y funcionarios, pero su caso no nos interesa ahora.
 
Pues bien, el Tribunal Supremo anula las condenas por todos los delitos salvo por el de tráfico de influencias (sin entidad para determinar el ingreso en prisión), que ratifica en todos sus términos (empleando, por cierto, argumentos que olvida tres días después en el auto de Blanco, como comentamos en el post anterior). Pero lo interesante, sin duda, es que por los hechos indicados en primer lugar –básicamente los del concurso público amañado- pese a que su veracidad troncal no se discuta (salvo ciertas implicaciones muy menores relacionadas con juicios de inferencia de estados subjetivos), no se sanciona absolutamente a nadie.
 
El TS se pone ya de entrada la venda antes de la herida al comienzo de su fundamentación con el consabido excursus referido al principio de legalidad (ya se sabe: “sin perjuicio de la valoración ética sobre la reprochabilidad de ciertos actos… si en la conducta enjuiciada no concurren rigurosamente los elementos típicos integradores de la figura delictiva… el principio de legalidad impide que nadie pueda ser sancionado…”). No seré yo, por supuesto, quien critique la bondad de tales principios –ni la separación entre moral y Derecho ni el principio de legalidad- pero sí su utilización en este caso concreto. A nadie se le escapa que esta ha sido y es la vía habitual de construcción del clientelismo y del caciquismo en España, y, por supuesto, de instrumentación de la corrupción. Una corrupción light, si se quiere (en muchas ocasiones nada light) pero en cualquier caso químicamente pura. A veces hasta con buena conciencia: “esto, claro, lo hago por España (Cataluña, Navarra, Baleares…), porque mi partido y España (Cataluña, Navarra…) son la  misma cosa”, pero siempre –y esta es su verdadera nota característica- por la puerta de atrás, sin respetar las normas vigentes, y, claro, sin asumir ningún compromiso ni responsabilidad pública por lo que se hace, no sea que a uno le castigue el electorado en algunos miserables puntos porcentuales.
 
Pues bien, esta práctica –que es el auténtico cáncer de la sociedad española- es lo que esta sentencia deja impune, asombrosamente. Pese a la multitud de delitos que la rondan (falsedades, fraude a la Administración, malversaciones y prevaricación) ni uno sólo da el tipo (vaya por Dios, qué mala suerte). Si tuviera que ocuparme de todos ellos este comentario no tendría fin, así que por eso voy a centrarme en el más evidente: el de la prevaricación.
 
El art. 404 del CP señala lo siguiente:
 
A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
 
Con el fin de aclarar su significación en este ámbito, hay que recordar que la jurisprudencia (véase la sentencia del TS de 8 de junio de 2006) exige que el funcionario adopte una resolución que contradiga un claro texto legal sin ningún fundamento, con conocimiento de actuar contra Derecho, o una resolución para la que carece de competencia, u omitiendo totalmente las formalidades procesales administrativas y, de esta manera, actuando con desviación de poder y produciendo un resultado materialmente injusto.
 
Pues bien, la Audiencia había condenado al Sr. Matas como inductor, pero el TS considera que el hecho probado no encaja en el tipo. Analiza detalladamente toda la tramitación y no ve la resolución o resoluciones injustas por ningún lado. Se buscaba una asistencia técnica, para ello se elaboró un expediente formalmente impecable, esa asistencia efectivamente se prestó, tenía además interés público… ¿Dónde está el problema?
 
Así, como suena.
 
Claro que el TS afirma que puede haber una “mera ilegalidad administrativa” (sic), pero para saltar de ahí al delito se necesita un “plus”, consistente en “una resolución injusta y arbitraria no sostenible mediante ningún método de interpretación”. Y esa resolución no se ve por ningún lado.
 
La verdad es que esta interpretación a mí me parece completamente chocante desde el punto de vista jurídico  (al margen de terrorífica desde el punto de vista político y social, como antes he señalado). Simular un concurso para contratar con una persona con la que directamente no cabe hacerlo, ¿no es una resolución injusta y arbitraria? ¿Es defendible con algún método de interpretación? ¿Con cuál?
 
Me consuela (poco, la verdad) que también le parezca chocante a la propia Audiencia que dictó la sentencia de instancia y al magistrado D. Alberto Jorge Barreiro, que emite un voto particular al respecto. Tanto una como otro afirman que con ese contrato simulado  se han pulverizado todos los esquemas, requisitos y finalidades de la contratación administrativa. Se trata de un contrato con causa falsa, un mero ropaje que no tenía otro fin que contratar a una persona determinada, ajena además a la empresa licitadora. Sin embargo, la sentencia del TS no se molesta en absoluto en discutir esta argumentación, no le dedica ni una sola línea. El voto particular insiste mucho en que con ese concurso simulado se quería eludir una clara incompatibilidad legal (el régimen de dedicación absoluta y exclusiva del personal eventual determinado por la legislación autonómica) lo que determina un claro fraude de ley, pero, en mi modesta opinión, la existencia de dicha incompatibilidad ni siquiera sería necesaria para apreciar la prevaricación. El argumento clave es que con esa simulación se están defraudando simplemente los fundamentos básicos de la contratación administrativa (lograr concurrencia, competencia, el mejor contratista posible, servir los intereses generales, no despilfarrar dinero público, igualdad de oportunidades, etc.) de una manera completamente arbitraria para beneficiar a dos señores: al Presidente de la Comunidad y al que le hace los discursos. En definitiva: “Éste es mi chiringuito y yo sé, al margen de las normas, lo que es mejor para mí y para el pueblo”. ¿No es esto arbitrariedad? Si no lo es, ¿en qué clase de Estado vivimos?
 
En uno en que se castiga a Matas a una pena leve por instruir a un funcionario para que le dé a una subvención la máxima calificación, y a ninguna por instruir a un montón de funcionarios para cocinar un concurso simulado cuyo único fin es encubrir un contrato irregular con una persona. A partir de esta sentencia todas las Administraciones y empresas públicas españolas saben que amañar concursos administrativos –si lo hacen de manera formalmente correcta- no es un delito, sino una mera ilegalidad administrativa. Antes existía la duda  y pese a ello tales cosas proliferaban. Imagínense ahora.
 
Como dicen en los culebrones, continuará (desgraciadamente).