Tres en uno: las resoluciones del Tribunal Supremo en los casos Blanco, Matas y Barcina (y IV). Conclusión

Según el diccionario de la RAE una triada es un conjunto de tres cosas especialmente vinculadas entre sí. Mi propósito en este post de conclusión es examinar qué vincula a estos tres interesantes supuestos y qué podemos aprender de ello.

Lo primero que les vincula es, sin duda alguna, el trato benevolente que han recibido del TS. Los indicios de tráfico de influencias en el caso del Sr. Blanco, de prevaricación en el del Sr. Matas, y de cohecho en el de la Sra. Barcina, eran lo suficientemente claros como para merecer un procesamiento, una condena y una investigación, respectivamente. He intentado demostrar que los razonamientos jurídicos empleados en sus tres decisiones por el Tribunal Supremo contradicen el tenor literal de la ley, su propia jurisprudencia y, lo que es mucho peor, desvirtúan completamente los tipos penales y sientan un precedente gravísimo de cara al futuro.

El TS insiste en los tres casos que “con independencia del reproche moral” que merezcan tales conductas, la sanción penal es improcedente si la conducta no encaja perfectamente en el tipo. Muy bien, pero el problema es que si estas conductas no encajan en el tipo, entonces el tipo es totalmente inoperante para combatir las conductas que más han contribuido a pervertir el funcionamiento de nuestro sistema político-administrativo: favores políticos para consolidar la clientela, contratación de amigos sin sujetarse a los procedimientos legales, sobresueldos, conflictos de intereses, etc. Si nos parece muy grave mandar a la cárcel a nuestros políticos por estas razones, lo procedente es derogar los correspondientes artículos del Código Penal y no pretender engañarnos a nosotros mismos con su existencia. Aunque, en realidad, tras estas decisiones podemos afirmar que están completamente derogados, por lo menos en lo que concierne a la alta Administración del Estado. El único inconveniente es que los ha derogado el TS, y no el Parlamento, que es el constitucionalmente competente para ello (y que aunque quizá desearía hacerlo, no tiene el valor necesario).

Lo segundo que tienen en común estos casos es que los tres revelan una misma actitud por parte de nuestros políticos, por cierto enormemente extendida. Esa actitud se resume en la idea “voy a hacer lo que quiero hacer, pero sin asumir ninguna responsabilidad política por ello”. Nuestros políticos siempre quieren estar en misa y repicando. Quieren contratar a sus amigos, pero sin que se note. Quieren subirse el sueldo, pero sin pagar el coste político por ello. El caso Barcina no es diferente de los sobresueldos del caso Bárcenas. Los políticos ganan poco, en comparación con sus homólogos europeos, así que es justo compensarles de alguna manera, pero, claro, sin que se enteren los parados españoles, no porque necesariamente no lo vayan a entender, sino porque es mejor no correr el riesgo de intentarlo.

Si se fijan, comprobaran que la mayoría de los casos judiciales con más repercusión mediática en los últimos años obedecen a este esquema. Desde el chivatazo a la cúpula de ETA, a éstos que venimos comentado en esta serie, pasando por el famoso caso Bárcenas, todos ellos responden siempre a esa idea de que hay cosas que conviene hacer, pero que -como vivimos en una democracia- mejor que los ciudadanos no se enteren de que se hacen. Ahora bien –y este el lógico corolario- como el problema de hacer las cosas por la puerta de atrás es que al final alguien siempre se entera y el asunto termina en los juzgados, entonces nuestros políticos necesitan a los jueces para que cierren el círculo y les echen una mano. Al final son ellos los que deben aportar su granito de arena y sacarles las castañas del fuego. Supongo que a esta responsabilidad “compartida” (siempre en beneficio de la patria) es a lo que se refería Alfonso Guerra con eso de que Montesquieu estaba muerto. Cuando comente en el futuro la inminente sentencia del TEDH sobre la doctrina Parot volveremos sobre el tema, que también tiene mucho que ver con ese triste caso.

Por ese motivo, y esta es la última vinculación que quiero destacar ahora, esta triada vuelve a demostrar la completa ausencia de responsabilidad política en nuestro país. Al exonerar a estos tres insignes políticos el TS se ha cansado de decir que lo hace “sin perjuicio del reproche moral” que sus conductas pueden implicar. El que una determinada actuación no constituya delito (muchas veces por misericordia judicial) no significa que no sea impresentable e impropia de un gestor de recursos públicos. Sin embargo, dada la absoluta confusión de responsabilidad política y responsabilidad penal que existe en España, la exoneración, pese al relato de los hechos probados (y probables), ha supuesto un espaldarazo para los tres (bueno, para el Sr. Matas un poco menos, pero porque todavía le queda tralla). Parece como si hubiera que pedirles perdón y todo.

Precisamente, porque nuestros políticos son tan reacios a asumir sus responsabilidades políticas, estas decisiones del TS son tan graves. Quizás no lo serían en otro país, pero aquí sí. Cabría decir que han ayudado a consolidar definitivamente nuestro sistema extractivo, si no estuviera ya tan consolidado. El Derecho penal debe ser el último recurso, efectivamente, pero el problema es que aquí no hay ningún otro, por culpa, precisamente, de los que quieren beneficiarse de dicho principio. Y sin embargo, como decían los clásicos, “nemini dolus suus prodesse debet”.

Campaña para dar asilo a los traductores afganos del ejército español

Leo que tras la retirada de las tropas españolas de Badghis, en Afganistán, no se ha previsto ninguna acción especial por parte del ministerio de Defensa en relación con los traductores afganos que durante mucho tiempo han estado al servicio del ejército. Salvo que se pueda considerar acción especial dejarles en la estacada, y con el peligro grave y cierto de replesalias trágicas por parte de los talibanes.
Si es exactamente esto lo que ha ocurrido, sin matices – y según el diario “El Mundo” es así-, cabe decir que en nuestro ministerio de Defensa anida mucha miseria moral.
Se ha iniciado una campaña en Change.org para que se les conceda asilo en España, con esta información:
Las tropas españolas en la provincia de Badghis, Afganistán, vuelven a casa, pero los traductores que han estado ahí haciendo de intérpretes para ellos se quedan temiendo por sus vidas. España tenía cerca de 40 traductores en Badghis. Algunos ya se han trasladado a otras zonas de Afganistán pero otros temen por sus vidas. La hostilidad de sectores de la población hacia ellos por haber colaborado y trabajado para las tropas extranjeras les pone en el punto de mira.  Marcharse y dejarles en la estacada es casi firmar su sentencia de muerte. Por favor, firma esta petición para pedir a las autoridades correspondientes que España se haga cargo de estas personas y no las deje tiradas. No merecen ser abandonadas a su suerte.
Para firmar, PINCHE AQUÍ.
 

Campaña para dar asilo a los traductores afganos del ejército español

Leo que tras la retirada de las tropas españolas de Badghis, en Afganistán, no se ha previsto ninguna acción especial por parte del ministerio de Defensa en relación con los traductores afganos que durante mucho tiempo han estado al servicio del ejército. Salvo que se pueda considerar acción especial dejarles en la estacada, y con el peligro grave y cierto de replesalias trágicas por parte de los talibanes.

Si es exactamente esto lo que ha ocurrido, sin matices – y según el diario “El Mundo” es así-, cabe decir que en nuestro ministerio de Defensa anida mucha miseria moral.

Se ha iniciado una campaña en Change.org para que se les conceda asilo en España, con esta información:

Las tropas españolas en la provincia de Badghis, Afganistán, vuelven a casa, pero los traductores que han estado ahí haciendo de intérpretes para ellos se quedan temiendo por sus vidas. España tenía cerca de 40 traductores en Badghis. Algunos ya se han trasladado a otras zonas de Afganistán pero otros temen por sus vidas. La hostilidad de sectores de la población hacia ellos por haber colaborado y trabajado para las tropas extranjeras les pone en el punto de mira.  Marcharse y dejarles en la estacada es casi firmar su sentencia de muerte. Por favor, firma esta petición para pedir a las autoridades correspondientes que España se haga cargo de estas personas y no las deje tiradas. No merecen ser abandonadas a su suerte.

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Tres en uno: las resoluciones del Tribunal Supremo en los casos Blanco, Matas y Barcina (III). El caso Barcina

Las golondrinas vienen y van. El blog renueva su imagen. Se acaban las vacaciones y pronto comenzará un nuevo curso escolar. Pero hay algo que permanece constante: nuestras ganas de preguntarnos si hay Derecho, si los encargados de defender el Estado de Derecho, piedra angular de nuestra convivencia democrática, cumplen con su deber. Ya hemos examinado los casos Blanco y Matas de esta interesante triada y nos han dejado muy preocupados. Tras el merecido descanso estival conviene retomar las buenas costumbres y seguir preocupándose. Aquí les dejo un nuevo motivo para hacerlo.
El pasado 24 de julio, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo -a la vista de una Exposición Razonada elevada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, que entiende que debe recibirse declaración en concepto de imputada a la Sra. Barcina, Presidenta del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, como presuntamente responsable de un delito de cohecho impropio- dicta un auto por el que se declara competente para la instrucción de caso y, acto seguido, acuerda simultáneamente el archivo de las actuaciones.
En primer lugar hay que tener en cuenta que nos encontramos en una fase absolutamente preliminar. Muy anterior, no sólo a una sentencia como la del caso Matas, obviamente, sino también al auto que rechaza la solicitud de suplicatorio del Sr. Blanco después de una larga instrucción realizada por el propio TS. Aquí lo que se discute es si el TS va a hacerse cargo de continuar esa instrucción que ha iniciado el Juzgado pero que, debido a la existencia de una persona aforada a la que se considera conveniente tomar declaración como imputada, tendría que pasar al TS.
En su Exposición, el Juzgado relaciona una serie de indicios que considera que podrían encajar en el delito de cohecho impropio o en otros todavía por calificar. Básicamente, la Sra. Barcina (junto con otras personas no aforadas) habría estado cobrando dietas pagadas por Caja Navarra como consecuencia de su (supuesta) asistencia a las sesiones de trabajo de un órgano no previsto en sus estatutos. Lo que los estatutos de la Caja prevén es una Junta de Entidades Fundadoras con funciones consultivas integrada por un montón de personas, entre ellas el Presidente del Gobierno de Navarra. Pues bien, de forma completamente “espontánea” se proceden a realizar una serie de “sesiones de reporte” que reúnen sólo a tres miembros de esa Junta (presidentes y vicepresidentes, es decir, Presidente del Gobierno, Consejero de Economía y Alcalde de Pamplona).  Entre agosto de 2010 y septiembre de 2011 se reúnen ocho veces, percibiendo dietas a razón de 2680 euros por sesión para el presidente y 1717 euros para los vicepresidentes. Esas cantidades las llamamos “dietas”,  pero lo cierto es que no aparecen con esa denominación en las cuentas de la entidad, ni se comunicaban a nadie. El contenido de esas “sesiones”, a la vista de las actas presentadas, se limitaba a darse por enterados de lo que se les informaba, sin que conste ningún tipo de participación ni actividad alguna por parte de sus integrantes.
El art. 422 del Código Penal dice lo siguiente:
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.
El Juzgado de Instrucción entiende que la conducta es subsumible, puesto que se trata de pagos realizados por un sujeto (Caja Navarra) a una autoridad con la finalidad de predisponerle a su favor, sin que sea preciso que se persiga con ello la adopción de actos injustos.
Pues bien, el TS desestima de raíz dicha calificación. Después de advertirnos una vez más (con cita expresa de la sentencia de Matas) de que con independencia del reproche moral que pueda suscitarnos una determinada conducta, el Derecho Penal se rige por el principio de legalidad estricta, que prohíbe expresamente la aplicación del tipo a casos distintos de los expresamente previstos en él, considera que en la conducta descrita no concurren los elementos de la tipicidad por los siguientes argumentos:
1º.-  Porque las dietas no se cobraron en su condición de Presidenta del Gobierno, sino por su pertenencia a la Junta de Entidades Fundadoras (sic).
2º.- Porque “plantea dudas” que esas dietas sean dádivas. Una dádiva es una entrega sin contraprestación, y en este caso los emolumentos se corresponden con una actividad a la que el sujeto activo ha dedicado tiempo, esfuerzo y que le podría generar responsabilidad.
3º.- Y, porque, “con mayor importancia”, aquí no concurre el elemento típico de la bilateralidad. Es decir, el cohecho exige que una persona ofrezca y que otra reciba. Aquí, sin embargo, quien convoca (formalmente) esas “sesiones de reporte” es la propia presidenta, que de esta manera es quién dispone el pago de la cuota y, además, quién la recibe. Es cierto que la Caja la paga, claro, pero lo único que hace es aquietarse a una orden de devengo que es ajena a ella. Ergo, aquí no hay un ofrecimiento “ajeno” al sujeto activo. Y esa falta de ajenidad excluye, además, otros posibles delitos, como el hurto o la apropiación indebida, al no actuarse contra la voluntad del titular del patrimonio (sic).
Estimado lector, ¿es usted un fino jurista? ¿No? Quizá sea por eso por lo que no lo entienda. Yo, como tampoco lo soy, y menos en el ámbito penal, sólo voy a manifestar aquí mis perplejidades.
En primer lugar, lo de que se pagaron las dietas no por ser Presidenta del Gobierno (y responsable última de la autoridad regulatoria y del protectorado de la Caja) sino por ser presidenta de la Junta de Entidades, no merece mucho comentario. Llevado al extremo, permitiría a cualquier empresa pública cohechar a cualesquiera funcionarios o autoridades que ostentasen un cargo en su estructura por la vía de afirmar que se le paga por razón de ese cargo y no por su condición pública. Incluso más lejos, si el funcionario o autoridad ni siquiera ostenta cargo corporativo alguno, sino que es presidente de una peña de mus o dominó, se le podría cohechar por la vía de decir que se paga una subvención a los integrantes de esa peña para que difundan ese arte en el territorio correspondiente, y no por su condición de autoridad.
En segundo lugar, el que aquí exista una contraprestación y no una dádiva es precisamente lo que se discute y lo que el archivo decretado por el TS va a impedir investigar más a fondo. El TS  comienza diciendo que el caso plantea dudas para, de forma sorprendente y sin solución de continuidad, alegar inmediatamente que no hay contraprestación, sin entrar a valorar el que ese órgano no existiese estatutariamente, ni examinar para nada la actividad que se ejerció en él ni, insisto, permitir que tales cosas se investiguen. Lo que resulta particularmente grave cuando una de las acusaciones solicitó a la Guardia Civil un informe pericial sobre las fechas de generación de los soportes informáticos de las actas correspondientes (no vaya a ser que todas se redactasen el mismo día) informe que todavía estaba pendiente de emitir cuando se decreta el archivo.
Pero, en tercer lugar, el argumento al que se le quiere dar mayor peso por el TS, el de la falta de bilateralidad, es el que más perplejidad produce. Resulta que como la que convocaba las reuniones es la presidenta, ella se ordena pagar a sí misma y no hay ajenidad alguna. Magnífico. Yo a partir de este mes voy a constituir con mis dos hijos pequeños una “sesión de reporte” del Consejo de Administración del Banco de Santander y les voy a pasar unas dietas mensuales de 4000 euros (cantidad modesta, sin duda, a la vista de la capitalización de la entidad). Pero sospecho que por muy modesta que sea no me las van a pagar. Creo que habrá alguien en la entidad que diga si se pagan o no, por mucho que yo “lo ordene”. Ya, claro, ahora lo entiendo, debe ser que si no se pagan hay bilateralidad y si se pagan no la hay. La entidad en este último caso asume simplemente una actitud “pasiva”, un mero “aquietarse”. Será entonces cuestión de intentarlo muchas veces a ver si el Banco de Santander en una de esas se aquieta (¡hay que ver la suerte de la Sra. Barcina que Caja Navarra se aquietó a la primera!).
Sin duda la Sra. Barcina ostentaba un cargo consultivo en dicha entidad y yo en el Santander soy un mero accionista minoritario, pero el principio es exactamente el mismo. El órgano de gobierno de una entidad (del que no formaba parte la Sra. Barcina) no le paga a nadie sin una autorización para hacerlo adoptado por ese mismo órgano, de una manera directa o indirecta. Hablar aquí de falta de ajenidad es simplemente una broma. Pero es que el TS ponga negro sobre blanco que como no hay ajenidad tampoco hay apropiación indebida es algo todavía mucho más grave. Implica que el Consejero-Delegado de cualquier Caja puede desvalijarla ordenándose pagar a si mismo cualquier cantidad por labores de asesoramiento en materia de ikebana.
Termino ya con este auto. Al igual que ocurrió con el caso Blanco, aunque me atrevería a decir que todavía con mucho menor motivo, a la Sra. Barcina se le ha querido ahorrar la incomodidad y el riesgo de un procesamiento del que pienso no se hubiera librado ningún otro ciudadano-funcionario de a pié. Pero la gravedad de este triste episodio se multiplica cuando nos percatamos de la incidencia que tiene el aforamiento y el trato benevolente que se dispensa a nuestras más altas autoridades con relación al resto de encausados no aforados. No podemos olvidar que junto a la Sra. Barcina había otros imputados cuya situación actual es de lo más singular. Aunque no han sido objeto de atención específica por parte del TS dada su condición de no aforados, cabe preguntarse en base a la argumentación empleada hay que entender que su procesamiento ya no procede y se debe acordar también el archivo de las actuaciones, o el instructor puede hacer caso omiso de esta argumentación tan curiosa y seguir para adelante (postura por la que me inclino). Interesante dilema al que se somete aquí al valor Justicia (tratar igual los casos iguales dando a cada uno lo suyo) y cuyo análisis más detallado pospongo para los comentarios, pero, en cualquier caso, creo que la conclusión es clara: si vas a delinquir, hazlo en buena compañía.
Conclusión de la triada.
Había pensado incluirla en este post, pero creo que merece la pena dedicarle uno para ella solita.