El limbo bancario*

Los estudios comparados sitúan a la banca española entre las más eficientes del mundo. Dispone de modernos y sofisticados sistemas de pagos. Su personal goza de la más alta cualificación. Sin embargo, algunos hechos parecen contrastar con la afirmación anterior. Por ejemplo, fijémonos en el pago de los salarios a través de la banca. Nóminas debitadas en las cuentas de las empresas pagadoras los viernes, son abonadas en las cuentas de los trabajadores beneficiarios el martes. Es decir, y estamos hablando de una misma plaza, se necesitan hasta tres días para mover el dinero de una cuenta a otra. Se tarda más en ejecutar el pago a través del banco que enviando los billetes por mensajero. En una época en la que un tercio de los europeos compra por internet, resulta extraño que la banca necesite varios días para realizar una anotación contable, y me refiero al abono de los fondos al beneficiario de la transferencia, ya que el débito al ordenante lo realiza de modo inmediato. ¿Por qué esta tardanza? Hay que descartar que la causa del retraso sea la insuficiencia de los medios técnicos empleados o la falta de competencia del personal bancario que debe utilizarlos. De hecho se puede, pues las transferencias interbancarias y entre grandes empresas ya se hacen sin tardanza. Los informes internacionales avalan la eficiencia de la banca española. La razón, pues, tiene que ser otra.

El dinero que se transfiere en los pagos de nóminas o por cualquier otro concepto se debita de forma inmediata en la cuenta del ordenante y tarda unos días en ser abonado su importe en la del beneficiario. Pero ¿dónde está el dinero durante la ejecución de la operación? No estando en el lugar de origen, tampoco está en el de destino. Podemos decir que está en tránsito o, mejor dicho, en un lugar apartado en el otro mundo, es decir, en el limbo bancario.

Las nuevas tecnologías han mejorado los sistemas interbancarios. Los sistemas de tarjetas permiten la comprobación en línea de los saldos bancarios. Sin embargo, los plazos que necesita la banca para mover el dinero entre cuentas no se reducen. Y no se reducen porque la banca tiene interés en mantener esos plazos. Generan saldos transitorios de tesorería que pueden ser rentabilizados por cuenta propia. Es lo cierto que la banca obtiene una renta de esos saldos transitorios, y de ahí que prolongue la ejecución de las transferencias mas allá de lo que la técnica actual justifica.

Se hacía necesaria una intervención pública que impusiera la reducción del plazo de las transferencias al mínimo necesario para su ejecución. Recordemos que los sistemas de pagos son las arterias de la vida económica y que los retrasos en las transferencias perjudican la circulación. La medida, como otras muchas que mejoran el sistema financiero, ha venido de una norma europea. La Directiva 2007/64/CE, sobre servicios de pago, incorporada al Derecho interno español por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, fijó un plazo de un día hábil para la ejecución de las transferencias en la Unión Europea. Si bien el banco puede establecer una hora máxima a partir de la cual cualquier orden de pago que reciba la considera recibida el siguiente día hábil. Por ejemplo, que las órdenes recibidas a partir de las 12 horas, dispongan de dos días hábiles para su ejecución.

Con la transposición de la Directiva europea la fecha de abono debe coincidir con la fecha de valor o efectiva, es decir el momento a partir del cual los fondos comienzan a generar intereses. Ya no es posible dejar baldíos unos días los fondos del cliente abonados en cuenta. Pero en el plazo que media entre el cargo al ordenante y el abono al beneficiario, los fondos permanecen en poder del banco del ordenante dándole frutos en el mercado monetario.

Se ha avanzado mucho con la Directiva europea. Pero es una solución incompleta. Se debería hablar de la pronta realización de las transferencias o de su ejecución en el plazo más breve posible. De hecho, en los actuales sistemas de pago media un instante entre el cargo al ordenante y el abono al beneficiario. En la práctica son operaciones simultáneas. De operar de este modo, se reduciría al mínimo el tiempo de espera en esa zona, entre el bien y el mal, que es el limbo bancario.

No se trata de establecer, como ocurre en la vigente normativa, un plazo en el que la banca pueda disponer de los fondos en tránsito, sean los días que sean, a modo de compensación por el servicio. Se trata de fijar un principio que es también un comportamiento: el de mejor prestación de un servicio de mediación en los pagos en interés de la clientela. Cuestión distinta son los precios a cobrar por la prestación de tal servicio. Serán los fijados por las entidades en un régimen de libre concurrencia o, al menos, así debería ser. El cobro indirecto del servicio mediante la rentabilización por cuenta propia de los saldos transitorios perjudica a los clientes y a la economía en su conjunto, al crear un incentivo para retrasar la ejecución de las transferencias.

Los servicios de pagos cuestan a los ciudadanos europeos el uno por ciento del PIB de la Unión Europea, es decir, 130 000 millones de euros al año. La Comisión Europea se plantea incentivar la competencia permitiendo el desarrollo de sistemas de pago por telefonía móvil e internet gestionado por empresas no bancarias, es decir el pago en red. Pero no menciona la necesaria reforma de las cámaras de compensación para que permitan las transferencias en línea, acabando con el limbo bancario.

(*) Esta entrada actualiza la publicada hace más de una década atendiendo a la amable solicitud de los editores de ¿Hay Derecho?.

La Comisión para la verdad y la regeneración ¿Un informe Nolan para España?

Reproducimos a continuación el artículo publicado el pasado jueves por nuestra coeditora Elisa de la Nuez en el diario El Mundo, en el que defiende la conveniencia de impulsar en España una Comisión de análisis de los males de nuestro sistema democrático al estilo de la realizada en el Reino Unido a mediados de los años noventa y que cristalizó en el informe Nolan. Si tienen interés por conocer el contenido de dicho informe pinchen aquí.
 
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Tal y como suele suceder en la vida, volvemos de vacaciones y seguimos con los mismos problemas políticos e institucionales que teníamos cuando nos fuimos. La clase política, encabezada por el Presidente del Gobierno, sigue empecinada en negar que nos encontramos ante el final del régimen iniciado en la Transición, que ya no es capaz de dar satisfacción a las legítimas aspiraciones democráticas de los ciudadanos españoles aquí y ahora. Muy especialmente a las nuevas generaciones que, habiendo nacido después de la Transición, son inmunes al discurso oficialista sobre las bondades del sistema, y perciben con claridad sus limitaciones, especialmente en comparación con otras democracias maduras donde ya viven bastantes jóvenes españoles.
Ante esta situación y siendo evidente que los viejos partidos políticos todavía mayoritarios no están por la labor de hacerse el harakiri despojándose en beneficio de la sociedad del enorme poder alcanzado (ni siquiera por la vía más modesta de reconocer las dimensiones del problema por ser muy difícil ver algo cuando tu interés depende de no hacerlo) ¿qué soluciones hay? No es una pregunta retórica, dado que este bloqueo institucional está generando una frustración enorme en la ciudadanía que puede tener consecuencias muy graves no solo a corto plazo y para los viejos partidos, sino en el medio plazo y para la democracia. Urge recuperar la confianza de los españoles en una democracia que, por maltrecha que esté, nos ha dado la época de más prosperidad y estabilidad de nuestra historia. Pero también parece claro que las iniciativas de regeneración serias –más allá de las maniobras de distracción de un Gobierno que se niega a asumir responsabilidad alguna por el caso Bárcenas- solo pueden surgir de la sociedad civil. El problema es que, más allá de la concienciación de la opinión pública sobre su necesidad y urgencia, es precisa la colaboración de los políticos para  su implantación efectiva.
El domingo pasado el director de este periódico hablaba de la necesidad de promover una “Comisión para la Verdad y la Regeneración” para intentar superar este bloqueo. Sugería también que esta Comisión, con base parlamentaria pero con participación externa para reforzar su credibilidad, podía funcionar en paralelo con un Gobierno  centrado en combatir la crisis económica. Vaya por delante que soy de los que piensan que es imposible un crecimiento sostenido sin una regeneración institucional profunda, una transformación de las reglas de juego para recuperar los principios del mérito, el esfuerzo y la capacidad y una reforma del Estado de las autonomías que lo haga viable  política y económicamente. Así que no soy partidaria de esta dualidad un tanto esquizofrénica .  Pero lo cierto es que el Presidente del Gobierno no parece dispuesto a dimitir, ni su partido a reemplazarle por otra persona  que no esté tocada por el caso Bárcenas –como podría hacer perfectamente desde un punto de vista jurídico- ni tampoco quiere adelantar las elecciones, dada la elevada posibilidad de perder muchos votantes. Tampoco la oposición parece tener ganas de plantear una moción de censura que perdería, y nuestros socios y acreedores están más interesados en recuperar su dinero que en la calidad democrática de nuestras instituciones, seguramente porque piensan,  no sin razón, que este es un problema doméstico.
Por tanto, siendo prácticos, creo que merece la pena analizar la propuesta de una Comisión  para la Verdad y la Regeneración capaz de realizar una  “auditoría democrática” y proponer las medidas necesarias para transformar nuestra actual partitocracia en una democracia madura. Afortunadamente  no se trataría de investigar y depurar casos de vulneración de derechos humanos acaecidos durante una dictadura sino de analizar el funcionamiento real de nuestras instituciones, empezando por los partidos políticos y su financiación, origen de gran parte de los problemas de corrupción, sin interferir por supuesto  en los procedimientos judiciales en curso. Procedimientos judiciales de los que, pese a la creencia popular, tampoco cabe esperar mucho en términos de regeneración democrática puesto que los Tribunales no están para depurar responsabilidades políticas sino jurídicas (e incluso con respecto a estas conviene no ser optimistas a la vista de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo en los casos Matas, Barcina y Blanco).
Precedentes no faltan dado que  los problemas de nuestra democracia no son únicos, ni mucho menos. El más relevante es sin duda el informe Nolan, elaborado por una “Royal Commission” que se  elevó al Parlamento británico el 16 de mayo de 1995 y que se enfrentó de manera sistemática con dos fenómenos que conocemos bien en España: la partitocracia y la corrupción política que habían provocado “ansiedad” en la ciudadanía. Este informe marcó un hito en el sistema político inglés siendo su propósito declarado la reconstrucción de la confianza pública en el sistema.
¿Es posible una Comisión Nolan en España? Jurídicamente parece factible, dado que una Comisión con este objetivo tendría encaje como Comisión Parlamentaria cuyo objeto y finalidad puede ser muy variado. Efectivamente  el Reglamento del Congreso permite el establecimiento de Comisiones no permanentes para la realización de un trabajo concreto, que se extinguen cuando termina el trabajo o en todo caso cuando finaliza la legislatura. En particular, el art. 53 del Reglamento del Congreso permite a la Mesa del Congreso crear Comisiones a iniciativa propia o de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara y previa audiencia de la Junta de Portavoces.
En cambio no considero conveniente que nuestra Comisión Nolan sea una Comisión de Investigación, dado el rotundo fracaso de este tipo de Comisiones. Por eso pienso que pedir que nuestro Parlamento actual cree una (o varias porque la tarea sería ingente) Comisiones de Investigación sobre los principales escándalos de corrupción de nuestro país puede ser hasta contraproducente, dado  que  su previsible falta de resultados podría generar una frustración y una desafección ciudadana hacia las instituciones aún mayor. Como ejemplo de su inutilidad, ahí tienen los tres últimos y sonados casos de Comisión de Investigación a nivel estatal (Caso Bankia) regional (caso ERES Andalucía) y  local (caso Madrid Arena). ¿Consecuencias prácticas de las Comisiones? Ninguna. Las únicas dimisiones y ceses producidos han sido consecuencia de resoluciones judiciales que han imputado a determinados cargos.
La razón por la que estas Comisiones no funcionan es muy sencilla: los partidos mayoritarios se las arreglan para inutilizarlas con o sin mayorías absolutas (hoy por ti, mañana por mí, ocasiones no faltan). Las Comisiones de Investigación se convierten así en un teatrillo sin mayor trascendencia o, por decirlo en términos más castizos, en un paripé. Las conclusiones se imponen o se pactan para que el partido responsable de los hechos objeto de la investigación no sufra daño político alguno.
¿Qué requisitos tendría que reunir nuestra Comisión Nolan entonces? Pues idealmente los mismos que una Royal Commission. Esta figura, como señala García de Enterría, hace referencia a una formación independiente que cuenta en su seno con expertos independientes y con representantes de los partidos  (aunque minoritarios) actuando bajo la autoridad general del Parlamento con la finalidad de efectuar un estudio objetivo de un problema determinado para proponer sobre esta base unas recomendaciones para solucionarlo que dado el prestigio de la institución suelen ser aceptadas por todos los grupos parlamentarios. En nuestro caso esta Comisión podría configurarse como una Comisión de estudios que analice el funcionamiento real de la democracia española en las tres últimas décadas, con participación de representantes de los grupos parlamentarios pero sobre todo con representantes y expertos de la sociedad civil que deberían ser la mayoría. Si para conseguir este objetivo hace falta modificar el Reglamento del Congreso, hágase, merece la pena.
La principal virtud de una Comisión de estas características sería el reconocimiento de la verdad: en España tenemos una partitocracia ahogada por escándalos continuos de corrupción, muchos de los cuales tienen su origen en la propia financiación irregular de los partidos. Nada nuevo bajo el sol, pero lo que es preocupante es que no se haga nada. Daríamos un gran paso puesto que el problema del bloqueo institucional a las reformas deriva de la negativa de nuestros gobernantes a reconocer una realidad que es evidente para todos los ciudadanos mínimamente ilustrados. Que en el seno del Parlamento se pueda realizar un diagnóstico o una auditoría democrática con libertad y rigor es esencial.
Para ello, sería preciso que esta Comisión no solo no esté compuesta exclusiva ni mayoritariamente por parlamentarios sino que no reproduzca milimétricamente la composición de las Cámaras. Es fundamental la presencia de personas independientes con experiencia profesional dilatada y sin intereses partidistas (por ejemplo, los anglosajones suelen recurrir a jueces o catedráticos jubilados) y la publicidad no solo de sus conclusiones sino también de sus debates.  Porque si este trabajo no se hace desde las instituciones se hará desde fuera de ellas, de forma desordenada, a golpe de titular y con bastantes menos garantías para todos.