“Vecinos por Torrelodones”: informe de la alcaldesa

Como es conocido por nuestros lectores, a los editores del blog nos ha interesado mucho  la experiencia municipal en Torrelodones (Madrid) tras las últimas elecciones, en las cuales una serie de ciudadanos del pueblo se agruparon en una plataforma  ciudadana, “Vecinos por Torrelodones”, independiente de los partidos tradicionales, y desde entonces gobiernan el municipio con maneras muy diferentes a las de estos.  A esta experiencia le dedicamos en su momento un post y hemos pedido a la alcaldesa, Elena Biurrun, que nos haga un informe de su gestión hasta ahora, para su conocimiento general, debate y cómo no, posible crítica por parte de todos los lectores. Los editores.

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“Vecinos por Torrelodones” es un partido político local formado por ciudadanos que se reunieron en 2005 para intentar parar un típico pelotazo urbanístico con el consabido campo de golf, viviendas y centro comercial. Conseguimos pararlo y hoy gobernamos en minoría el Ayuntamiento de Torrelodones (tenemos 9 de los 21 concejales del consistorio).

Nos presentamos a las últimas elecciones con un programa electoral muy sencillo: Contenía 22 compromisos que cumpliríamos en el caso de llegar a gobernar (algo inimaginable en mayo de 2011).  Tras dos años de gobierno hemos cumplido 17 y están en vías de completarse otros 3. Los vecinos pueden ir haciendo seguimiento a través de nuestros boletines informativos, buzoneados regularmente en los 7000 hogares de Torrelodones, así como en nuestra página web.

De los 9 concejales de Vecinos sólo 3 tenemos dedicación exclusiva, y los otros 6 compaginan sus responsabilidades municipales con sus actividades profesionales. Nos presentamos a las elecciones tras varios años de intenso trabajo en común, conociéndonos y sabiendo con quién compartíamos responsabilidades.

Lo primero que hicimos al llegar a la alcaldía fue bajarnos el sueldo y eliminar los cargos de confianza. La reducción en un 21% del salario de la Alcaldesa, la limitación a 3 del número de concejales con dedicación exclusiva (frente a los 6 anteriores) y la eliminación de los cargos de confianza de la alcaldía supusieron y suponen un ahorro de más de 250.000 euros anuales, casi un 50% con respecto a la legislatura anterior. De este modo, y pese a que el número de concejales pasó, por imperativo legal, de 17 a 21, el coste total de los cargos políticos es un 37% inferior al de la legislatura anteriorsin que se haya exigido ningún sacrificio económico a la oposición.

Cada uno de los concejales de Vecinos tiene experiencia profesional en las áreas que encabeza, algo fundamental para dinamizar el trabajo interno y dirigir el trabajo de equipo. No obstante, defendemos y practicamos la transversalidad de las competencias municipales, por lo que el trabajo coordinado entre concejalías y su personal es muy frecuente en Torrelodones. Desde el primer día defendimos la necesidad de aplicar criterios profesionales en la toma de decisiones, lo que exige contratar asesoramientos externos puntuales en todos aquellos temas técnicos que así lo exigen, separando claramente el papel de los políticos y el de los técnicos: los primeros definen estrategias y marcan prioridades; los segundos proponen los medios para alcanzarlas.

Precisamente una de nuestras prioridades ha sido facilitar el máximo de información a los ciudadanos como paso previo para lograr su participación en las decisiones municipales.

En la oposición buzoneamos bimensualmente 7.000 boletines, una revista trimestral,  creamos una página web, canales en Vimeo y Youtube…, y ya desde el Ayuntamiento hemos realizado un gran esfuerzo para para abrir el máximo número de canales de información y participación con los ciudadanos, tanto directos como a través de las redes sociales

Tomamos la decisión de abrir la política local y acercarla al ciudadano. Para ello trasladamos los plenos a horario de tarde y los retransmitimos vía web y radio. Asimismo permitimos a los vecinos preguntar directamente en el pleno.

Abrimos y democratizamos la política de comunicación del Ayuntamiento, abriendo espacio en la revista municipal  a los grupos municipales, que teníamos vetada la participación, así como a asociaciones y vecinos. El contenido de la revista municipal lo decide un Comité de Medios en el que el equipo de gobierno tiene uno de los 4 votos. La información en la web se actualiza diariamente, y se apuesta claramente por abrir las vías de participación vecinal a través de las redes. Facebook y Twitter se han convertido en herramientas indispensables en nuestra manera de entender la comunicación directa con los vecinos del municipio.

Hemos potenciado también los canales tradicionales creando la concejalía de Atención al Vecino, ubicada con toda la intención en las dependencias de alcaldía. El mensaje es claro: todo aquel que quiera, tiene acceso directo al equipo. La política de proximidad es pieza clave, máxime en un municipio como el nuestro, de 23.000 habitantes.

Varios de los miembros del ejecutivo tenemos también cuenta propia en twitter, lo que implica estar permanentemente abiertos a las sugerencias y quejas de los vecinos, y también a dialogar con todo aquel que se lo propone.

Paralelamente a nuestra labor de gobierno, el partido mantiene abiertas sus vías de comunicación directa con los vecinos. Hemos potenciado las herramientas de participación vecinal, creando consejos sectoriales y dotando de contenidos a los ya existentes. Tenemos claro que el futuro del municipio lo tenemos que decidir entre todos. Para ello estamos inmersos en la elaboración de un Plan Estratégico Participativo de Torrelodones, un Plan Rector de Actividad Física y Deporte, además de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que contó con una interesante participación vecinal hace un año, cuyo diagnóstico está permitiendo realizar importantes inversiones en materia de movilidad en Torrelodones.

En estos dos años hemos apostado también por dotar de transparencia y rigor a las decisiones relevantes. Por ello hemos apostado por la figura del jurado en algunos concursos importantes, invitando a participar a expertos cualificados en determinadas áreas. Así, desde la concejalía de urbanismo se apostó por contar en el Colegio de Arquitectos de Madrid para sacar adelante dos concursos clave: peatonalización del centro de Torrelodoones y mejora y adecuación de los 3 parques del pueblo. Desde la concejalía de comunicación se licitó concurso para designar la agencia de comunicación del ayuntamiento, contando para ello con un jurado externo formado por profesionales del sector publicitario; y actualmente estamos inmersos en la licitación de un espacio de coworking, para lo que hemos contado con la colaboración desinteresada de Iñaki Ortega (@InakiOrtega), director de Madrid Emprende y Joaquin Velázquez (@JoaquinBoston), subdirector de emprendimiento de la Comunidad de Madrid, entre otros.

Una apuesta clara de nuestro equipo ha sido la transparencia, sin esperar a legislaciones que parecen no llegar nunca. Hemos creado la sección Transparencia administrativa; donde se publican los presupuestos, su estado de ejecución, liquidación, los gastos realizados por cada una de las concejalías, los convenios firmados por el Ayuntamiento, el planeamiento urbanístico… Asimismo hemos realizado una auditoría del periodo 2007-2012.

Todo ello lo hemos acompañado de un claro control del gasto municipal, de forma que hemos logrado superávit presupuestario en las anualidades que hemos gobernado, hemos reducido la deuda municipal en un 25% y hemos saneado la sociedad urbanística municipal.

En realidad somos muy previsibles: estamos haciendo lo que nos comprometimos a hacer y lo estamos haciendo de la forma más sencilla que sabemos: aplicando profesionalidad y sentido común, defendiendo lo público, lo que exige eficiencia en el gasto y una clara definición de prioridades.

El limbo bancario*

Los estudios comparados sitúan a la banca española entre las más eficientes del mundo. Dispone de modernos y sofisticados sistemas de pagos. Su personal goza de la más alta cualificación. Sin embargo, algunos hechos parecen contrastar con la afirmación anterior. Por ejemplo, fijémonos en el pago de los salarios a través de la banca. Nóminas debitadas en las cuentas de las empresas pagadoras los viernes, son abonadas en las cuentas de los trabajadores beneficiarios el martes. Es decir, y estamos hablando de una misma plaza, se necesitan hasta tres días para mover el dinero de una cuenta a otra. Se tarda más en ejecutar el pago a través del banco que enviando los billetes por mensajero. En una época en la que un tercio de los europeos compra por internet, resulta extraño que la banca necesite varios días para realizar una anotación contable, y me refiero al abono de los fondos al beneficiario de la transferencia, ya que el débito al ordenante lo realiza de modo inmediato. ¿Por qué esta tardanza? Hay que descartar que la causa del retraso sea la insuficiencia de los medios técnicos empleados o la falta de competencia del personal bancario que debe utilizarlos. De hecho se puede, pues las transferencias interbancarias y entre grandes empresas ya se hacen sin tardanza. Los informes internacionales avalan la eficiencia de la banca española. La razón, pues, tiene que ser otra.
El dinero que se transfiere en los pagos de nóminas o por cualquier otro concepto se debita de forma inmediata en la cuenta del ordenante y tarda unos días en ser abonado su importe en la del beneficiario. Pero ¿dónde está el dinero durante la ejecución de la operación? No estando en el lugar de origen, tampoco está en el de destino. Podemos decir que está en tránsito o, mejor dicho, en un lugar apartado en el otro mundo, es decir, en el limbo bancario.
Las nuevas tecnologías han mejorado los sistemas interbancarios. Los sistemas de tarjetas permiten la comprobación en línea de los saldos bancarios. Sin embargo, los plazos que necesita la banca para mover el dinero entre cuentas no se reducen. Y no se reducen porque la banca tiene interés en mantener esos plazos. Generan saldos transitorios de tesorería que pueden ser rentabilizados por cuenta propia. Es lo cierto que la banca obtiene una renta de esos saldos transitorios, y de ahí que prolongue la ejecución de las transferencias mas allá de lo que la técnica actual justifica.
Se hacía necesaria una intervención pública que impusiera la reducción del plazo de las transferencias al mínimo necesario para su ejecución. Recordemos que los sistemas de pagos son las arterias de la vida económica y que los retrasos en las transferencias perjudican la circulación. La medida, como otras muchas que mejoran el sistema financiero, ha venido de una norma europea. La Directiva 2007/64/CE, sobre servicios de pago, incorporada al Derecho interno español por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, fijó un plazo de un día hábil para la ejecución de las transferencias en la Unión Europea. Si bien el banco puede establecer una hora máxima a partir de la cual cualquier orden de pago que reciba la considera recibida el siguiente día hábil. Por ejemplo, que las órdenes recibidas a partir de las 12 horas, dispongan de dos días hábiles para su ejecución.
Con la transposición de la Directiva europea la fecha de abono debe coincidir con la fecha de valor o efectiva, es decir el momento a partir del cual los fondos comienzan a generar intereses. Ya no es posible dejar baldíos unos días los fondos del cliente abonados en cuenta. Pero en el plazo que media entre el cargo al ordenante y el abono al beneficiario, los fondos permanecen en poder del banco del ordenante dándole frutos en el mercado monetario.
Se ha avanzado mucho con la Directiva europea. Pero es una solución incompleta. Se debería hablar de la pronta realización de las transferencias o de su ejecución en el plazo más breve posible. De hecho, en los actuales sistemas de pago media un instante entre el cargo al ordenante y el abono al beneficiario. En la práctica son operaciones simultáneas. De operar de este modo, se reduciría al mínimo el tiempo de espera en esa zona, entre el bien y el mal, que es el limbo bancario.
No se trata de establecer, como ocurre en la vigente normativa, un plazo en el que la banca pueda disponer de los fondos en tránsito, sean los días que sean, a modo de compensación por el servicio. Se trata de fijar un principio que es también un comportamiento: el de mejor prestación de un servicio de mediación en los pagos en interés de la clientela. Cuestión distinta son los precios a cobrar por la prestación de tal servicio. Serán los fijados por las entidades en un régimen de libre concurrencia o, al menos, así debería ser. El cobro indirecto del servicio mediante la rentabilización por cuenta propia de los saldos transitorios perjudica a los clientes y a la economía en su conjunto, al crear un incentivo para retrasar la ejecución de las transferencias.
Los servicios de pagos cuestan a los ciudadanos europeos el uno por ciento del PIB de la Unión Europea, es decir, 130 000 millones de euros al año. La Comisión Europea se plantea incentivar la competencia permitiendo el desarrollo de sistemas de pago por telefonía móvil e internet gestionado por empresas no bancarias, es decir el pago en red. Pero no menciona la necesaria reforma de las cámaras de compensación para que permitan las transferencias en línea, acabando con el limbo bancario.
(*) Esta entrada actualiza la publicada hace más de una década atendiendo a la amable solicitud de los editores de ¿Hay Derecho?.