El Gobierno cumple su promesa electoral y baja impuestos.. a algunos.

 

Debo confesar que no he leído el programa electoral del Partido Popular para las pasadas elecciones generales de noviembre de 2011. Pero si creemos lo que dicen los medios de comunicación, los portavoces de los partidos de la oposición e incluso algunos eminentes miembros del propio PP, está siendo clamoroso el incumplimiento por el Gobierno de Mariano Rajoy de las promesas electorales que hicieron a los españoles que les votaron masivamente en aquellas elecciones.

 

En particular se le echa en cara al Gobierno no sólo no haber bajado los impuestos, sino hacer todo lo contrario, pues, efectivamente, no sólo ha incrementado los tipos de gravamen de las figuras impositivas ya existentes y resucitado alguna figura en desuso, sino que ha creado cuantas nuevas se le van ocurriendo a su fértil ingenio recaudador de fondos de los ciudadanos. ¿De todos? No, porque en la vida real, como en los álbumes de Astérix, también hay una aldea de irreductibles galos que resiste todavía y siempre al invasor.

 

Allá para finales de 2012, mediante la Ley 7/2012, de 29 de octubre se modificó el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores. Ese artículo, que declara la exención de tributación indirecta en la transmisión de valores y participaciones en sociedades, excluye de dicha exención, y, por tanto, somete a tributación, aquellas operaciones que encubran una transmisión de bienes inmuebles, para evitar que, mediante el negocio explícito de transmisión de participaciones o acciones, se oculte una transmisión subrepticia de bienes inmuebles eludiendo el pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Uno de los motivos de la reforma de octubre de 2012 fue incluir en la exención la “transmisión empresarial” de valores, aunque dicha transmisión conllevase  la transmisión indirecta de bienes inmuebles, operación que antes de octubre tributaba por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Una medida muy oportuna para dejar de pagar el Impuesto, en su modalidad de Transmisiones Onerosas, si los Bancos vendían sus participaciones en las “sociedades de gestión de activos”, es decir, las sociedades que los Bancos han ido creando para traspasarles los activos inmobiliarios que habían ido adquiriendo en procesos de ejecución hipotecaria o de daciones en pago, en el marco de las denominadas “operaciones de reestructuración bancaria”.

 

En realidad ni siquiera hacía falta para ello acudir a la reforma del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, pues ya en la Disposición adicional Cuarta del Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, se declaraba sin aplicación el artículo 108 a estas operaciones de “reestructuración bancaria”; precepto que ha sido posteriormente trasladado al artículo 8.2 de la Ley 8/2012, de 30 de octubre.

 

Como se ve, no sólo un escudo protector antiimpuestos, sino dos; pues, ya que hablamos de galos y romanos, todo el mundo sabe, desde el sitio de Alesia por Julio César, que dos empalizadas siempre aseguran la defensa mejor que una sola.

 

¿Cuántos impuestos ha “perdonado” el Gobierno al sector bancario con esa medida? Poco a poco vamos disponiendo de datos. Así, recientemente, la prensa ha dado cuenta de la proyectada venta por Caixabank (La Caixa) del  51% de su sociedad de gestión de activos (Servihábitat) por unos 189 millones de euros. Esta operación sigue a otras, como la de Bankia (90 millones de euros) o Catalunya Caixa, según informa la noticia. Para hacernos idea de la rebaja de impuestos del Gobierno, y centrándonos sólo en la operación de La Caixa, teniendo en cuenta que, conforme al artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores la base imponible es el “valor real” de los inmuebles, la base del ITP hubiera alcanzado unos 189 millones, o más, si los servicios de valoración de las correspondientes CCAA hubieran revisado los valores al alza, como es práctica habitual, según unos ilusorios “valores reales”. En cuanto al tipo de gravamen, dependería de la Comunidad Autónoma de que se tratara, oscilando entre el 7% la más baja y hasta el 10%.

 

Así pues, la cantidad dejada de ingresar en las arcas públicas en la operación de La Caixa no bajaría de 15 millones de euros y podría superar la cifra de 18 millones de euros, que no es poca cantidad, y que se habrá evaporado por obra y gracia de nuestro Gobierno rebajador de impuestos.

 

La cosa es aún más llamativa si tenemos en cuenta que en los últimos tiempos se han ido elevando los tipos en casi todas las CCAA; y concretamente en la Comunidad donde Caixabank tiene su domicilio social se acaba de subir, a partir del 1 de agosto, con la característica estivalidad y alevosía de los regímenes de dudosa actitud democrática ante los ciudadanos, el tipo impositivo por la transmisión de inmuebles con carácter general a nada menos que el 10% (, impuesto que debe pagar todo ciudadano catalán, por modesto que sea, que quiera comprarse una vivienda para cobijarse él y su familia.

 

Así que, después de todo, resulta que el Gobierno sí ha cumplido su promesa electoral de bajar impuestos. Bueno, al menos los de algunos. Los de los de siempre, ya saben: los irreductibles galos que poseen la poción mágica que les da una fuerza irresistible… hasta para el Gobierno.

Lo que tienen en común Bell y Alcalá de Henares

 
La pequeña y humilde ciudad de Bell (cuya historia se cuenta en el interesantísimo libro de Bueno de Mesquita y Alastair Smith, el manual del dictador (Siruela, 2013) de menos de 40.000 habitantes, en el estado de California, tuvo un administrador hasta el 2010 que con la complicidad del alcalde y del resto de la Corporación construyó un entramado institucional que posibilitó que todos ellos percibieran salarios muy elevados -su  administrador Rizzo cobraba más que el presidente de Estados Unidos- y pudieran mantenerse en el poder durante quinquenios a pesar de esquilmar el presupuesto y tener unos impuestos muy altos.
 
La ciudad de Alcalá de Henares de unos 200.000 habitantes tiene, y ha tenido, un alcalde que cobra por encima de los cien mil euros  -más que el Presidente del Gobierno-, unos concejales con sueldos disparados y unos empleados municipales con específicos y productividades irregulares cuyos salarios son muy superiores a los normales en la Administración Pública;  más de cien de ellos a percibir cantidades por encima de los 100.000 euros.
 
California, en el año 2005, aprobó una Ley para limitar el salario de los regidores municipales y controlar mejor su gestión presupuestaria. Esa Ley se aplicaba a todas las ciudades que tenían un régimen general. El administrador de Bell,  Rizzo, para evitar su aplicación logró cambiar el régimen de su ciudad y hacerla “aforada”. De esta  forma podía sortear los controles externos sobre los salarios y el presupuesto municipal. Para justificar ese régimen aseguró a sus ciudadanos que nadie mejor que las autoridades locales podían saber lo que convenía a su comunidad, y que había que evitar que políticos alejados decidieran por la localidad. Para ello convoco unas elecciones, cuando más le convenía, a fin de asegurar una baja participación: votaron menos de 400 personas y logró 336 votos a favor. Algo lógico, ya que era un tema abstruso, que a nadie interesaba, salvo a los pocos que estaban en la pomada y vivían fenomenal del presupuesto municipal por la decisiones de Rizzo y compañía.
 
El ayuntamiento de Alcalá de Henares tampoco está sometido al régimen municipal general, es un municipio de “gran población”, al haberlo acordado así la Asamblea de Madrid en noviembre de 2004, con el apoyo del PP y PSOE, según lo previsto en la Ley de Grandes Ciudades de 2003. Este acuerdo se adoptó en teoría para aumentar la participación ciudadana y mejorar el gobierno local. Esto dijeron, aunque la realidad ha sido otra, como en el caso de la cuidad de Bell. Basta echar un breve vistazo a las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas de Madrid de 31 de enero de este año sobre la gestión municipal durante el ejercicio 2010.
 
En ese informe se recoge la existencia de múltiples y graves irregularidades: estados contables falseados por importes cercanos a 25 millones de euros, contrayéndose obligaciones sin los correspondientes contratos y realizándose luego reconocimientos extrajudiciales de crédito; falseamiento del inventariado del ayuntamiento por 67 millones de euros; dejar de cobrarse irregularmente 6 millones de euros de impuestos; no contabilizarse 12 millones de euros de deuda con el Consorcio de Transportes; modificaciones del presupuesto que no se corresponde con la realidad del gasto; no elaborarse el informe trimestral sobre cumplimiento de plazos de pagos que exige la Ley de lucha contra la morosidad; fraccionamientos indebidos de los contratos, muchos de los cuales sirvieron para colocar publicidad en medios locales afines por valor superior a 1.300.000 euros; contratación realizada irregularmente de forma directa y verbal; la existencia de 19 cuentas del ayuntamiento, que no figuran en los registros de tesorería, abiertas por personas no habilitadas y de las que pueden disponer personas no autorizadas para ello; pagos a los empleados públicos en concepto de productividad que sobrepasan en 1.200.000 euros los autorizados; inexistencia de una relación de puestos de trabajo con una adecuada definición de complementos específicos, que además se están pagando por encima de lo legalmente permitido; irregularidades en la empresa municipal de la vivienda y en el ente Alcalá Desarrollo, desde donde se drenaba dinero a sindicatos y organizaciones empresariales, y que además servía para hacer encuestas de opinión y colocar a gente amiga; y todo esto, entre otras cosas.
 
Habrá quien se pregunte, cómo ha sido posible este manifiesto falseamiento de las cuentas. Por muchas razones, pero entre otras porque la intervención municipal no ha funcionado. La interventora de ese ejercicio cobraba un salario superior a 140.000 euros y además era la copropietaria de un piso que fue alquilado por el ayuntamiento desde 2003, cuando ya ejercía ese cargo, por mas de 112.000 euros. Esa funcionaria municipal hizo constar que el ayuntamiento tenía un superávit de 8.883.350 euros en el año 2010, cuando debería haber fijado un resultado negativo por importe de 14.237.574 euros y toleró que se desvirtuara completamente el remanente de tesorería y la partida de deudores presupuestarios. Gracias a su aquiescencia ficticiamente pudo la corporación transmitir que se cumplía con la estabilidad presupuestaria y evitar los controles que hubiera conllevado un plan de reequilibrio financiero a las puertas del proceso electoral del 2011.
 
Esta realidad contable muestra un alcalde y un equipo de Gobierno que han gestionado desastrosamente y que se han beneficiado del presupuesto público para cobrar más de lo aceptable, regar a su clientela local, tapar sus errores de gestión y de esa forma conseguir apoyos para ganar las elecciones. Como en la ciudad de Bell. Pero si han podido hacerlo tan impunemente, es porque ha hay fallos institucionales. La Ley de Grandes Ciudades permitió el nombramiento por libre designación del interventor; la ampliación de la estructura organizativa municipal; la posibilidad de colocar más cargos de confianza; y menos límites en la gestión, incluido el presupuesto, del alcalde y su equipo de gobierno, frente al antiguo control del pleno.
 
Y también porque los diputados del PP y PSOE de la Asamblea de Madrid sabían que con esa Ley (Madrid es una de las Comunidades que más ha usado el tramite parlamentario para crear grandes ciudades) se podría colocar más gente del partido y usar el presupusto en su interés y en el del control político de la sociedad civil de esos municipios. La corporación de Alcalá no tuvo que manipular la fecha de la votación para que, como en Bell unos pocos electores interesados la convirtieran en Gran Ciudad, le bastó el apoyo de sus conmilitones de partido.
 
En el siguiente post trataré la respuesta institucional que han merecido estas graves irregularidades y qué pasa ahora en Alcalá de Henares. Pero, para empezar un botón: mientras los regidores y el administrador de la ciudad de Bell acabaron en la carcel por cobrar por falsas asistencias a reuniones de entes muncipales paralelos, el que era alcalde de Alcalá y presidente de la Federación de Municipios de la Comuidad de Madrid, Bartolome Gonzalez, a esa fecha sigue de diputado en la Asamblea de Madrid y como alto cargo regional del PP.