Por qué no soy nacionalista

Ser nacionalista en territorios donde se ha constituido en ideología ambientalmente dominante tiene indudables ventajas. Permite sentirte asimilado e integrado, apaciguar la inseguridad ancestral de la persona solitaria, que encuentra alivio cuando por fin se siente acogido en la tribu. El nacionalismo, además, como cierto tipo de plantas, no permite que crezcan sentimientos identitarios diferentes a su alrededor. Todo ha de ser asimilado y normalizado, y lo que sobreviva ha de hacerlo de forma subterránea, en la clandestinidad.

La integración en la tribu nacionalista tiene además ventajas adicionales. Los pecados del nacionalista lo son menos ante sus conmilitones. Una buena bandera permite tapar muchas vergüenzas, como vemos en el caso de CiU y Artur Más.

Con tantos incentivos se puede comprender la dificultad de apartarse de esa corriente tan avasalladora. Especialmente para las personas que han crecido en ese ambiente como los jóvenes en Cataluña y País Vasco. Sin embargo es posible. Yo soy la prueba.

Muchos me preguntan por qué, habiendo nacido yo en Bilbao y proviniendo de una familia euskaldun y nacionalista vasca, decidí no seguir esa moda. Que cómo es posible que habiendo sido criada y educada en ese ambiente abertzale donde sólo hay una única verdad y todo lo demás es intolerable e inaceptable, hoy el nacionalismo vasco esté en las antípodas de mi ideología.

Para empezar debo explicar que nací en los últimos años de la década de los 80. Cuando ETA perpetraba sus más sangrientos asesinatos y la mayoría de la sociedad vasca seguía anestesiada y miraba hacia otro lado. Todavía tenían que pasar muchos años hasta que el asesinato de Miguel Ángel Blanco despertara a la sociedad de su cruel y aletargado silencio. Recuerdo que desde pequeña me invadía una curiosidad casi enfermiza que me hacía preguntarlo todo, también sobre ETA y recuerdo que mis padres trataban siempre de cambiar de tema, no darle importancia; quizás no fuera fácil explicarle a una niña pequeña que en su propia tierra, entre sus vecinos, se encontraban terroristas sanguinarios que asesinaban indiscriminadamente a todo aquel que no pensara como dictaba su doctrina, que en parte se compartía. Pero es esa curiosidad, ese afán de comprender, lo que me hizo libre y, por tanto, me desvió.

Siendo ya más mayor y siendo consciente de qué clase de individuos eran aquellos que se hacían llamar gudaris (soldados vascos) y que afirmaban luchar por la libertad de la patria vasca, sentí un asco y una decepción terribles. Pero peor fue saber que tanta y tanta gente los apoyaba con su silencio cómplice. Mi familia nunca estuvo de acuerdo con la violencia para conseguir la independencia; la mayoría de ellos son de derechas, del PNV, lo que los abertzales llaman despectivamente ‘el nacionalismo burgués’; otra parte de mi familia, en cambio, es abertzale, de izquierdas. Mi familia pertenece a esa gran masa de la sociedad vasca que no estando de acuerdo con la violencia, jamás alzaron la voz por si acaso les pasaba algo, por miedo, por vergüenza, por comodidad. Ese silencio cómplice que daba alas a los terroristas para creerse dueños y señores de una tierra que es de todos, no suya.

En el colegio la situación era parecida. Un colegio católico, nacionalista vasco, donde nos enseñaban a amar al País Vasco, perdón, Euskal Herria, y a mirar con ojos recelosos hacia España, ese país cercano y lejano al mismo tiempo, que un buen día, con todo su poderío militar, ocupó nuestra tierra y aquí seguimos después de los siglos. Eso nos venían a contar en resumidas cuentas. Todavía recuerdo las clases de Geografía. Esos mapas del País Vasco, el mapa político, el de los montes, el litográfico, todos ellos con sus siete provincias, no tres. Hasta que llegué a la adolescencia estaba convencida de que el País Vasco estaba formado por las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, y las tres provincias del sur de Francia. Así me habían enseñado en el colegio y así me lo habían confirmado en casa.

En el instituto las cosas no eran diferentes. La Guerra Civil española era explicada en las clases de Historia desde una perspectiva tan deformada que nos daba la sensación de que fue una guerra entre españoles y vascos; realmente parecía que más allá de las fronteras vascas no hubo bombas, ni fusilamientos, ni nada. Todo se lo llevó nuestra pobre Euskal Herria.

A Geografía e Historia habría que sumarle las clases de literatura, que eran más de lo mismo. El folklore vasco, las canciones vascas, los cuentos tradicionales vascos y las danzas vascas estaban bien presentes en cualquier fiesta de colegio, barrio o ciudad; de las tradiciones españolas nunca había ni rastro.

Cuando un niño se cría en ese ambiente, termina por amar con un tipo de amor patológico su tierra y a aborrecer lo demás, especialmente si ‘lo demás’, como le han contado, ha intentado destruir aquélla patria.

Sólo la cultura, los libros, los viajes, pueden ayudar a ese niño a ver más allá de sí mismo, a comprobar que no todo es como le contaron, que no todo es blanco y negro y que lo demás, lo que tanto le enseñaron a odiar, en realidad no es así.

Los hay que se quedaron atrás, que no quisieron despertar de ese sueño utópico de la Euskal Herria herida que algún día se levantará y será un país bello de color verde, con sus prados llenos de aizkolaris y harrijasotzailes, donde la gente será más feliz, vivirá más años y los niños ya no estarán oprimidos.

Seguir los dictados del nacionalismo vasco es lo más cómodo, apoyarlos activa o pasivamente, y no llevarles la contraria para ser aceptado en la sociedad vasca como uno más. Eso es lo fácil.

Lo difícil es decir NO, no querer ser engañado, no asumir su verdad como la única de las posibles, no querer pertenecer al rebaño que ciegamente sigue al pastor. Muchos nacionalistas por eso reaccionan con tanta hostilidad ante la famosa frase de Pío Baroja “el nacionalismo se cura viajando”. Reaccionan así porque saben que es cierto. Porque saben que viajar, leer, preguntar, conocer otras culturas, otras gentes y otras ideologías, tener altura de miras y no dejarse influir, ayuda a no caer en las garras del nacionalismo, a no aceptar una sola idea como una verdad única y absoluta, a ser más libre. En toda persona existe una semilla de libertad y un afán de comprender la realidad sin delegar en otros guías, en los brujos de la tribu, toda explicación. Lo honesto, aunque no sea lo más cómodo, es dejar que esa semilla y ese afán crezcan. Y por eso mismo yo no soy nacionalista.

Poderes electrónicos para emprendedores…y registradores.

 
Tras el extraño intento del Gobierno de pseudo privatizar el Registro Civil mediante su cesión al Cuerpo de Registradores, tan criticado y rechazado incluso por los propios registradores de base, se ha consumado en la Ley de Emprendedores  otra medida que también resulta difícil de entender, al menos desde el punto de vista de los intereses generales. Se trata de la nueva posibilidad de inscripción de poderes electrónicos en el Registro Mercantil, que recoge la nueva Ley de Emprendedores, que establece en su artículo 40:
“Artículo 40. Apoderamientos electrónicos.
Los apoderamientos y sus revocaciones, otorgados por administradores o apoderados de sociedades mercantiles o por emprendedores de responsabilidad limitada podrán también ser conferidos en documento electrónico, siempre que el documento de apoderamiento sea suscrito con la firma electrónica reconocida del poderdante. Dicho documento podrá ser remitido directamente por medios electrónicos al Registro que corresponda.”
Mucho se puede decir sobre el posible alcance de esta medida y del coste que puede suponer para la seguridad jurídica. Respecto a lo segundo hay que apuntar que esos poderes ya no van a garantizar un consentimiento informado y válido para crear el poder por parte de quien tenga legitimidad para ello, con lo que tampoco queda asegurada la validez de los contratos que se celebren en base a ellos. Y cualquier empleado desleal o socio enfadado que en un momento dado, en un descuido, pueda hacerse con la tarjeta de firma y sus claves puede crear un poder aparente y desfalcar limpiamente con él a la sociedad ¡Y sin dejar siquiera rastro de su autoría!
Por otra parte su eficacia será necesariamente limitada. Obviamente, por el artículo 1280 del Código Civil deben seguir constando en escritura notarial, entre otros, “el poder para administrar bienes, y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a tercero“. Ninguna actuación ante notario puede hacerse con estos poderes electrónicos, que  no un dejan de ser documentos privados. Lo que es lógico, pues el negocio documentado en escritura ha de tener la garantía del consentimiento fehaciente de todas las personas que intervienen en el negocio jurídico. Tampoco pueden prescindir de esa forma de eficacia los poderes generales de administración. Parece que su ámbito debería reducirse a las gestiones administrativas y poco más.
 
Pero no me voy a extender ahora en esos problemas, que pueden dar para varios posts. Me voy a limitar ahora a explicar las consecuencias económicas de esta medida de aparente vanguardia tecnológica.
Porque un usuario poco informado puede pensar al leer este artículo: ¡qué bien, qué modernos y tecnológicos vamos a ser, qué cómodo, menos formalidades! ¡Sin tener que pasar por notario! ¡Nos ahorramos los 60 o 70 euritos de la escritura! Sin embargo pronto comprobará que, de ahorro, nada. Basta comparar lo que va a ser el funcionamiento de esos nuevos poderes electrónicos con el sistema tradicional del poder notarial, que también subsiste.
¿Cómo se acredita la existencia del poder notarial? Pues exhibiendo la copia autorizada del poder notarial, que supone un título legitimador en el tráfico jurídico. Sistema que permite asegurarse no sólo de la legitimidad de su origen, sino también de la inmediata eficacia de la revocación del poder, pues basta con recuperar esa copia autorizada para “desarmar” al apoderado en el que se haya perdido la confianza, ya que el apoderado no puede obtener nuevas copias si no se le ha autorizado para ello (cosa desaconsejable) ¿Y cuántas veces puede utilizarse esa copia? Todas las que se quiera ¿Y qué cuesta cada vez que se utiliza? Nada. Sistema, por tanto eficaz, seguro, sencillo y barato.
Pero veamos cómo serán las cosas con este nuevo sistema alternativo. Dado que el poder electrónico, al contrario de la copia notarial, carece de un soporte físico fehaciente ¿Cómo se va a acreditar la existencia y subsistencia del poder electrónico cada vez que se quiera utilizar? Pues necesariamente mediante una consulta al Registro Mercantil. Y ahí caben dos posibilidades: o bien paga por la nota simple telemática, lo que exige contratar ese servicio, con el severo inconveniente de que la información no es fehaciente ni por tanto da suficientes garantías, o bien se paga, pero mucho más aún, para tener seguridad plena mediante la solicitud de una certificación registral (que será generalmente electrónica) de ese poder justo antes de la operación que sea.
Y aquí está el problema. Esa certificación o información registral del poder no sirve para operaciones futuras, dado que puede haberse revocado e inscrito la revocación con posterioridad, con eficacia para terceros. Por lo tanto hay que solicitar la información o certificación al Registro Mercantil cada vez que se vaya a utilizar ese poder ¿Y qué significa eso? Pues la necesidad de pagar cada vez. Lo que, eso sí, supondrá unos nuevos y abundantes ingresos continuados para los registradores mercantiles.
Tal vez al principio algunos ingenuos puedan usar el sistema por buscar un menor coste. Pero van a acabar pagando mucho más. Por lo que no es probable que el sistema tenga éxito si hay suficiente información. Sin embargo pueden tener la tentación de usarlo ciertas entidades que siempre consiguen trasladar esos costes de transacción derivados a los usuarios de sus servicios. Para ellas sí puede haber un pequeño ahorro de costes, aunque a cambio sus clientes vayan a tener que pagar mucho más. Pero supongo que también han de considerar el coste reputacional de este tipo de medidas.
En definitiva, estos nuevos poderes inscribibles en documento privado con firma electrónica van a ser de eficacia restringida, mucho más inseguros, y en general bastante más caros.
Podemos así legítimamente preguntarnos el por qué de esta medida, claramente perjudicial para los intereses generales aunque favorezca unos intereses particulares bien determinados. Resulta difícil creer que se deba al hecho de que el Presidente sea registrador (no excedente, sino titular del Registro de Santa Pola, que lleva en sustitución). Y cuesta admitir que haya sido defendida por el Director General de los Registros, dado que es precisamente un registrador mercantil y que con la medida puede ver notoriamente incrementados sus ingresos en cuanto se reincorpore a su Registro. Dadas estas circunstancias, que incitan a la sospecha, el Gobierno debería haber sido muy aséptico, y haberse abstenido de impulsar esta medida. Ya se sabe que la mujer del César no sólo debe ser honrada, sino también parecerlo. Sin embargo esas consideraciones no parecen haber sido tenidas en cuenta.
Sin embargo, a pesar de esta merecida crítica, creo que de cara al futuro también se pueden sacar de esta medida conclusiones positivas. Si se quiere avanzar de verdad en agilidad y economía habría que empezar por hacer público y accesible por internet el contenido del Registro Mercantil. Y hacer gratuitas las consultas on line al mismo. Si ya se paga por inscribir no se entiende que también deba pagarse por consultas on line a un sistema cuyo mantenimiento no resultaría nada caro.
Pero además es ya innegable que en materia de poderes no es necesaria la doble calificación de notario y registrador. El poder notarial debería poder ser inscrito directamente por el notario por vías informáticas seguras, e incorporar la acreditación de esa inscripción al propio poder. Con lo que sí se conseguiría de verdad un sistema muy ágil y más barato sin perjudicar en absoluto la seguridad jurídica, pues el notario seguiría controlando lo que no es posible controlar en el documento privado electrónico: la capacidad, la legitimación y el nombramiento del otorgante y su válido consentimiento informado. Es por esa vía, y no por la que se quiere abrir, por la que debería caminar un legislador que de verdad quisiera satisfacer los intereses generales.